El pasado 26 de septiembre en Berlín, un millón de personas votaron a favor de expropiar a las grandes inmobiliarias. Este es el mayor avance en la lucha de clases en Alemania desde hace décadas. 

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En una consulta no vinculante, celebrada el pasado 26 de septiembre en Berlín, un millón de personas votaron a favor de expropiar a las grandes inmobiliarias. Según los resultados de esta iniciativa ciudadana, llamada "Expropiar ‘Deutsche Wohnen’ & Co" -DWE por sus siglas en inglés, un 56,4% de los berlineses (frente a un 39% en contra) estaría a favor de expropiar más de 240.000 inmuebles pertenecientes a grandes empresas inmobiliarias con ánimo de lucro, como Deutsche Wohnen. Este es el mayor avance en la lucha de clases en Alemania desde hace décadas. Da una idea del estado de ánimo combativo que está emergiendo entre los trabajadores y la juventud.

Una crisis gestándose desde hace décadas

En Alemania, la mitad de sus residentes vive de alquiler. En las grandes ciudades, el número es aún mayor: alrededor del 75 por ciento de los habitantes urbanos vive de alquiler. Desde la crisis financiera de 2008, los alquileres se han disparado al mismo tiempo que los inversores de todo el mundo, incapaces de encontrar vías de inversión rentables, han encontrado un "refugio seguro" en la especulación inmobiliaria. Esto está llevando a una tendencia generalizada en muchas de las llamadas "ciudades globales" como Londres, Nueva York, Toronto, Tel Aviv y Berlín: los precios de las casas y los alquileres se disparan damnificando a los mismos trabajadores que mantienen en funcionamiento dichas ciudades.

Tras la caída del muro y la reunificación bajo la economía capitalista de Alemania occidental, existían casi 500.000 inmuebles de propiedad municipal en Berlín, lo que representa aproximadamente el 30 por ciento de todas las viviendas de la ciudad. Desde principios de la década de 1990, se han privatizado más de 200.000 viviendas bajo la administración del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) y DIE LINKE, un partido reformista de izquierda. Bajo este gobierno de coalición, el volumen de viviendas municipales disminuyó pasando de contar con más de 370.000 a tener solo 95.000 apartamentos a partir de 2019. Son estas privatizaciones masivas, dirigidas por los partidos supuestamente de "izquierda", las que han creado los gigantes inmobiliarios como Vonovia y, sobre todo, Deutsche Wohnen, que hoy domina a los residentes de la clase trabajadora.

La justificación de estas privatizaciones fue el nivel de deuda del Estado federal de Berlín. El Senado nunca planteó la cuestión de hacer que los ricos pagaran la deuda mediante el aumento de impuestos o por cualquier otro medio. En cambio, ha sido la clase trabajadora la que ha pagado. El resultado ha sido un drástico aumento de los alquileres en Berlín. Los residentes de la antigua RDA, donde los alquileres equivalían a alrededor de 1 marco de Alemania del Este por metro cuadrado, se vieron especialmente afectados por estos cambios. Pero incluso en Berlín Occidental, la gente había estado pagando solo 4 marcos por metro cuadrado. En la actualidad, el precio para nuevos alquileres ronda los 11 euros el metro cuadrado.

El 28% de los empleados berlineses ocupan puestos de baja remuneración. Muchos tienen un empleo precario. 10,000 estudiantes en la ciudad se quedarán sin vivienda al comienzo del próximo semestre. Sin embargo, las empresas inmobiliarias reciben varias ayudas a nivel estatal, incluso a través de ayudas sociales, que son esencialmente un subsidio estatal a los alquileres exorbitantes. A finales de 2020, más de 580.000 residentes dependían de Hartz IV, un tipo de prestación por desempleo en Alemania, u otras prestaciones como la ayuda a la vivienda. Esto representa el 15,5 por ciento de toda la población de Berlín, gran parte de estas ayudas va directamente a las grandes corporaciones inmobiliarias.

Si se nacionalizara el mercado de la vivienda en Berlín y el municipio se apropiara del parque de viviendas, el Estado ahorraría todo este dinero y, por lo tanto, podría gastarse en satisfacer necesidades sociales reales, en lugar de dárselo a los capitalistas.

Resistencia

La resistencia contra las condiciones de la vivienda en general, y las empresas inmobiliarias privadas en particular, lleva algún tiempo gestándose en Berlín. Han ido surgiendo asociaciones de inquilinos para luchar contra estas empresas. La experiencia de estos enfrentamientos llevó a miles de residentes a la conclusión de que no basta con luchar solo contra sus inmobiliarias, sobre todo teniendo en cuenta las inmensas acciones que poseen estas gigantescas corporaciones como Deutsche Wohnen. Así surgió en 2018 la iniciativa de expropiar DWE, reivindicando un referéndum sobre la expropiación de las grandes inmobiliarias, incluidas empresas como Deutsche Wohnen.

Los activistas de DWE llevaron a cabo una maravillosa campaña. En solo dos años, convencieron a una clara mayoría de berlineses de que la cuestión de la vivienda solo puede resolverse mediante la expropiación de las empresas inmobiliarias privadas. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa se convirtió en un movimiento de hasta 2.000 activistas. Lograron su éxito histórico a través de métodos de base, incluidas campañas de folletos y carteles, innumerables conversaciones puerta a puerta, manifestaciones, discusiones con colegas de trabajo, etc. Con esta iniciativa, un destello de la lucha de clases comenzó a afianzarse una vez más en Berlín.

Los referendos en Alemania tienen que superar muchos obstáculos. Primero, se debe recopilar una cierta cantidad de firmas. Este proceso ocurrió en dos fases: entre abril y junio de 2019, los activistas de DWE recogieron las firmas de 77.001 berlineses a favor de un referéndum, superando con creces el umbral de las 20.000 firmas. Le siguió una extensa revisión por parte de la administración del Senado de Berlín, bloqueando la iniciativa al retrasarse constantemente. No fue hasta el 17 de septiembre de 2020 cuando se completó el control de admisibilidad del referéndum.

En la segunda fase, que duró hasta el 26 de junio de 2021, los activistas de DWE lograron reunir la asombrosa cantidad de 359.063 firmas a favor de un referéndum. Las autoridades del distrito revisaron 272.941 firmas, de las cuales 183.711 fueron declaradas inválidas, 41.557 porque los firmantes no eran ciudadanos alemanes, lo que dice mucho sobre los derechos democráticos otorgados a migrantes y refugiados. En total, 789.000 residentes de Berlín no fueron elegibles para votar en el referéndum, ya que no tienen pasaportes alemanes. Sin embargo, la petición de referéndum fue un éxito, ya que solo fueron necesarias 170.000 firmas.

Los tribunales anulan el límite de alquiler

Un punto de inflexión decisivo en la campaña para el referéndum se produjo el 25 de marzo de 2021, cuando el Tribunal Constitucional Federal declaró inconstitucional el límite de alquiler de Berlín tras una demanda del partido CDU / CSU y el partido liberal FDP. El límite de alquiler fue introducido el 20 de febrero de 2020 por el gobierno de coalición gobernante SPD-DIE LINKE-Verde en Berlín. La ley limitó los alquileres existentes de 1,5 millones de viviendas en la capital alemana a los niveles de 2019. Esta decisión afectó a nueve de cada diez apartamentos de alquiler y se limitó inicialmente hasta 2025. La intención de esta ley era precisamente desmovilizar la campaña por el referéndum de expropiación.

Aunque el límite del alquiler fue bien recibido por los trabajadores y los jóvenes, dejó abiertas muchas posibilidades para que los propietarios aumenten los alquileres de todos modos. Una encuesta realizada por el banco alemán Sparkasse mostró que solo el 22 por ciento de los residentes de Berlín pudieron reducir sus costos de alquiler. Las inmobiliarias evitaron el límite del alquiler de varias maneras y pasaron a la ofensiva para reducirlo por completo. Sus representantes políticos, los 284 miembros del parlamento federal alemán del FDP y CDU / CSU, iniciaron una revisión del límite de alquiler a través del Tribunal Constitucional Federal, que presentaron en una solicitud conjunta, para determinar si el Estado de Berlín tiene derecho a intervenir legalmente en la determinación de los precios de los alquileres.

Así, el Tribunal Constitucional alemán declaró nulo el límite de alquiler, alegando que era incompatible con la constitución alemana, porque, según el código civil alemán, tal poder legislativo recae exclusivamente en el gobierno federal. Las asociaciones de propietarios, las empresas inmobiliarias y sus representantes políticos, que ya estaban inmersos en una campaña feroz contra el referéndum de DWE, se sintieron envalentonados por el fallo judicial.

Pero el 26 de septiembre encontraron que su victoria contra el tope de alquiler tenía un precio: el 56 por ciento votó a favor de la expropiación de las grandes empresas inmobiliarias de Berlín. La revocación del límite de alquiler había radicalizado a muchos berlineses, convenciéndolos de que, si no se puede convencer a las grandes empresas para que acepten modestas restricciones a su lucro, deben ser expropiadas por completo.

El gobierno no actuará

El referéndum pide al Senado que tome todas las medidas necesarias para que las carteras de los gigantes inmobiliarios pasen a ser de propiedad común. Con este fin, debería aprobarse una ley que permita la socialización de las acciones de todas las empresas inmobiliarias privadas con más de 3.000 viviendas en el Estado de Berlín.

El referéndum muestra que las cuestiones de clase, cuando son llevadas a la sociedad con persistencia por activistas tenaces con las ideas y los argumentos correctos, pueden ganar un amplio apoyo popular. La “expropiación” ya no es un fantasma, al menos cuando se trata de corporaciones inmobiliarias, sino una demanda de más de un millón de berlineses que gozan de la simpatía de la clase trabajadora de toda Alemania. Este giro en la conciencia popular debe usarse para ampliar la lucha de clases y atraer aún más gente a la actividad política.

El resultado del referéndum es un claro llamamiento del pueblo al Senado de Berlín para que adopte medidas serias. Sin embargo, a excepción de DIE LINKE, todos los partidos se oponen a esta decisión democrática. Cabe señalar que ninguno de estos partidos ha recibido nada que se acerque ni remotamente a los niveles de apoyo de los que goza el referéndum en las elecciones a la Cámara de Representantes (es decir, el parlamento del Estado federal de Berlín).

Los Verdes quieren usar el resultado como palanca para impulsar un nuevo límite de alquiler después de que los tribunales anularan el último, pero ven la expropiación como último recurso. El SPD, el CDU (el partido conservador alemán más grande), el FDP (un partido liberal clásico) y el AfD (un partido de extrema derecha) se oponen fundamentalmente a tal acción. Por lo tanto, está claro que ninguna coalición conducirá a la puesta en práctica de la resolución. Es de esperar que los políticos berlineses recurran al aplazamiento y al sabotaje.

El SPD ya está liderando el camino en la venta del mandato popular. Su alcalde saliente, Müller, ha llegado a un acuerdo con las inmobiliarias Vonovia y Deutsche Wohnen para comprar más de 14.750 pisos, muchos de los cuales necesitan renovación, así como 450 locales comerciales por 2.500 millones de euros, 24 veces el precio que pagaron las corporaciones cuando se privatizaron estas propiedades. La sucesora de Müller, Franziska Giffey (SPD), mientras tanto, ha dicho que quiere "respetar" la decisión de DWE, pero quiere comprobar la "constitucionalidad" de socializar la vivienda. Se trata de una pista falsa que pretende atrapar al movimiento en un proceso de disputas legales hasta que se instale la desmoralización y el agotamiento. Varias opiniones legales ya han confirmado el hecho de que la socialización es perfectamente legal.

La necesidad de un programa socialista

La coalición SPD-DIE LINKE-Verdes que probablemente se forme a raíz de las últimas elecciones no cambiará nada. Será otra coalición de austeridad. Al prepararse para unirse a tal coalición, los líderes de DIE LINKE una vez más se someten de la manera más cobarde a las limitaciones del capitalismo, que inevitablemente exigirá más ataques al nivel de vida de la clase trabajadora. Por citar sólo un ejemplo, DIE LINKE acordó en la última legislatura la privatización del ferrocarril suburbano en Berlín.

No es de extrañar que exista una desconfianza y una desmoralización generalizadas con DIE LINKE entre las capas más radicales de la sociedad. En cambio, los líderes de DIE LINKE deberían haberse negado a participar en tal coalición de gobierno. Deberían haber formado una oposición socialista para dar una voz firme al movimiento en el parlamento, pero aún más importante en las calles, los sindicatos y centros de trabajo.

Lo que muestra el referéndum sobre la vivienda es que debajo de la superficie hay un estado de ánimo muy radical de indignación y voluntad de lucha. Pero DIE LINKE ha sido completamente incapaz de conectarse con este estado de ánimo. La dirección de DIE LINKE apoyó el referéndum en palabras. Sin embargo, a pesar de poseer importantes recursos, un gran aparato y una vasta red de activistas y sindicalistas, no hizo absolutamente nada para movilizarlos en apoyo de la campaña. Es reprochable a los líderes de DIE LINKE que esta campaña fuera dirigida por activistas de base en gran parte no organizados.

La consecuencia de su tímida actitud ha sido clara: mientras que el referéndum mostró un estado de ánimo muy radical en la sociedad, las elecciones locales de Berlín, que tuvieron lugar al mismo tiempo, vieron a DIE LINKE disminuir su voto un 1,6 por ciento en comparación con su resultado de 2017.

No se puede decir nada mejor sobre la dirección y el aparato de la Federación Alemana de Sindicatos (DGB). Las direcciones de la DGB están jugando un papel cobarde y la federación carece de una postura clara sobre el referéndum. Solo unos pocos sindicatos tomaron una posición a favor, e incluso estos solo apoyaron el referéndum de palabra. Los sindicatos no se movilizaron en las calles ni en los centros de trabajo. Como DIE LINKE, no pusieron su aparato y su peso detrás de la campaña. Esto ilustra el estancamiento al que ha llegado el reformismo. Mientras la clase trabajadora, y especialmente la juventud, se radicaliza y comienza a luchar contra la austeridad, la caída del nivel de vida, los cierres y los despidos, los reformistas no ofrecen otra cosa más que gestionar la crisis del capitalismo en interés de la clase dominante, por lo que buscan frenar el movimiento.

El movimiento de la vivienda en Berlín se enfrenta ahora al problema de la perspectiva y el programa. La cuestión de la vivienda es solo uno de los muchos problemas que crea el sistema capitalista. Durante décadas, los capitalistas, sus Estados y gobiernos han hecho pagar a la clase trabajadora por cada problema que ha surgido como resultado de este sistema de producción con fines de lucro.

Esto ha servido para radicalizar a millones de trabajadores y jóvenes. Los trabajadores son los que han soportado la peor parte de la crisis producida por la pandemia. Esto sumado a la inflación que se avecina, pone sobre la mesa la lucha de clases en Alemania, ya que los trabajadores se verán obligados a luchar para defender sus condiciones. La perspectiva es una lucha de clases creciente en todos los ámbitos, y el movimiento DWE debe vincularse con estas luchas y este estado de ánimo.

Sobre todo, es necesario conectar la lucha actual con todas las demás luchas de la clase obrera alemana sobre la base de un programa socialista. De esta manera, la lucha podría generalizarse a escala nacional contra el sistema capitalista en su conjunto. Esto llegaría a sectores cada vez más amplios de la clase trabajadora, no solo para ofrecer apoyo a un referéndum en particular, sino para participar activamente en las calles y centros de trabajo. Esto profundizaría la lucha en escala y métodos.

La propiedad privada de los medios de producción es la razón de la crisis general que azota a todos los países del planeta. El movimiento de la vivienda de Berlín señala la salida. Necesitamos expropiar a las inmobiliarias, y más. Toda la clase capitalista tiene que ser expropiada para que la clase trabajadora pueda tomar el control de la producción y poner fin a la producción con fines de lucro. Más aún, todas las máquinas y el conocimiento que posee la sociedad podrían dirigirse a la satisfacción de necesidades reales. Sin una economía planificada socialista no se puede resolver la crisis de la vivienda, ni la crisis del cambio climático, la epidemia de Covid, ni ningún otro problema socioeconómico.