Europa

Estos días el pueblo de Catalunya está librando una batalla épica contra el aparato represivo de todo un Estado, blandiendo el derecho a decidir su destino frente a todos los perros y lobos que aúllan venganza ante el desafío revolucionario de no ver aceptada su legalidad ni sus imposiciones. Decenas de miles salen a diario a las calles de toda Catalunya, vemos los primeros pasos de la entrada en escena de la clase obrera en los acontecimientos, y también los primeros elementos de organización popular con la creación de comités de lucha en algunos barrios. Millones observan confusos y expectantes en el resto del estado español. Los próximos días se anuncian decisivos.

Miles de personas han tomado las calles de Barcelona para defender el Referéndum del 1-O y el autogobierno de Catalunya. Conforme arrecia la represión policial y la proclamación de facto de un estado de excepción, que incluye en la práctica la anulación del autogobierno catalán, la detención de 12 personas, en su mayoría altos cargos de la Generalitat y el allanamiento sin orden judicial de la sede de la CUP, la situación se aproxima al punto de ebullición de una situación revolucionaria.

En el mediodía de este domingo 17 de septiembre se celebró en Madrid el acto de apoyo al Referéndum en Catalunya del 1 de octubre, que había sido prohibido en primera instancia por el juez derechista José Yusti por celebrarse en un local municipal, la primera vulneración de derechos democráticos básicos fuera de Catalunya desde que se convocó el Referéndum. Centenares de personas abarrotaron las inmediaciones del lugar, la mayoría de las cuales tuvo que seguir el acto en la calle por la falta de aforo del local.

La actualidad política está marcada por las consecuencias del atentado yihadista de agosto en Barcelona, la situación en Catalunya y el comienzo de un declive claro del gobierno del PP. En paralelo, vemos un resurgimiento incuestionable de las luchas obreras. Rajoy está tratando desesperadamente de capitalizar a su favor los dos primeros aspectos de la manera más vergonzosa y ruin para apuntalar su debilidad, pero la situación social y económica, más la corrupción desaforada de su partido y sus políticas reaccionarias, limitan sus posibilidades de revertir la situación.

Incluso antes de que el Consejo Nacional Electoral anunciara los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente del domingo en Venezuela, la oposición y el imperialismo ya habían declarado que había habido fraude masivo y que no reconocerían la legitimidad de la Asamblea. Desde entonces, han aumentado la presión en todos los frentes. ¿Cómo enfrentarles?

Federica Montseny speaks at the historical meeting of the CNT in Barcelona on 1977, the first one after 36 years of dictatorship in Spain. Manel Armengol

Este año se cumple el 40º aniversario del que fue, sin duda, el año decisivo de la llamada Transición. En el año 1977 tuvieron lugar los asesinatos de Atocha, que elevaron la temperatura revolucionaria de la sociedad a su grado máximo, la legalización de los sindicatos y de los partidos de izquierda, entre ellos el PCE; la celebración de las elecciones semidemocráticas del 15 de junio, así como la firma de los infames Pactos de la Moncloa, que sellarían la traición a las expectativas populares despertadas a la muerte del dictador.

La entrega incondicional por ETA de su arsenal de armas a un grupo de verificadores internacionales, anunciada para el 8 de abril, es un paso consecuente con su decisión manifestada hace más de 5 años de abandonar definitivamente la lucha armada. Con este acto, ETA y el conjunto de la izquierda abertzale insisten en reafirmar su voluntad de luchar por sus objetivos a través de medios puramente políticos.

Cuatro personas han muerto y al menos 20 han resultado heridas en lo que la policía está describiendo como un “incidente terrorista”, esta tarde en el centro de Londres.

En tiempos normales, las elecciones generales holandesas no serían noticia de primera plana en todo el mundo. Pero no estamos en tiempos normales. Holanda, durante décadas fue considerada uno de los países sólidos y estables del norte de Europa. Ese ya no es el caso, conforme la crisis del capitalismo mundial ha impactado en este pequeño país.

Lohen11

Quien haya seguido atentamente los juicios del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra los cargos del anterior gobierno de la Generalitat, imputados por poner urnas en la consulta del 9N del 2014, habrá podido apreciar dos verdades que emergen claramente: por un lado queda cada vez más evidente el carácter reaccionario del régimen del 78 –que no desaprovecha ninguna ocasión para mostrar su (débil) músculo contra cualquier clamor de autodeterminación del pueblo de Catalunya– y por el otro, la más que clara falta de voluntad de la dirección convergente de el llamado "Procés" de romper con el régimen.

Pasada la resaca de los primeros 100 días de gobierno, el país y la clase trabajadora han vuelto a la rutina de su realidad diaria. Ya no hay elecciones a la vista ni perspectiva de cambio inmediato de gobierno. Tampoco hay perspectiva de cambio en la política de Rajoy. El fraude de la política burguesa comienza a quedar en evidencia. Los dirigentes del PP ya han reconocido que su pacto de gobierno y las medidas acordadas con Ciudadanos fueron sólo una puesta en escena hipócrita entre ambos para vender la investidura de Rajoy ante los electores.

En septiembre de 2016, escribíamos en nuestro periódico: "Las presidenciales del 2017 no son unas elecciones normales, precedidas de una campaña normal". Ahora es tan evidente que incluso los "expertos" de los medios de comunicación lo han llegado a comprender. Para ello, tuvieron que renunciar a muchas de sus certezas. A veces uno de ellos estalla y grita: "¡No podemos prever nada!" Sus colegas en el fondo, no se atreven a contradecirlo: ellos también escribieron decenas de artículos sobre el "inevitable" duelo entre Sarkozy y Hollande (o Valls y Juppé, etc.), y luego sobre la victoria "casi segura" de François Fillon...

El día 6 de Marzo, los estibadores inician una huelga contra un decreto del Gobierno del PP que destruye hasta los cimientos los derechos sociales conseguidos con la organización y la lucha, y recogidos en convenios y leyes, como el Convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por España en 1973, para garantía y regularidad del empleo y las retribuciones mínimas de este colectivo de trabajadores.