En noviembre de 2025, Donald Trump enviaba una carta al presidente paraguayo Santiago Peña felicitándolo por su gestión económica y asegurándose que Estados Unidos estaba con él “al 100%”. Dos meses antes, Javier Milei había presentado a Paraguay como “un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica” para Argentina y el resto de Sudamérica. 

En julio de 2026, el presidente chileno José Antonio Kast se sumó a los elogios. De repente, el capitalismo paraguayo parecía haberse convertido en uno de los modelos a seguir para América Latina. Pero, la mañana del 4 de noviembre, casi la mitad de la población paraguaya despertó sin acceso a sus cuentas bancarias. 

El derrumbe de Ueno Bank, una de las entidades financieras de mayor crecimiento del país, desató una crisis política, económica y social que puso contra las cuerdas al gobierno. El escándalo provocó la renuncia del presidente del Banco Central, movilizaciones de ahorristas, jubilados y trabajadores, y una fractura dentro del propio Partido Colorado que llevó a Santiago Peña a presentar su renuncia ante el Congreso. La dimisión no fue aceptada y el 6 de noviembre el Senado terminó destituyéndolo por 44 votos a favor, sin votos en contra. Esa misma noche, Peña fue detenido en su domicilio que fue apedreado y atacado con furia por manifestantes que gritaban ¡Devolve la plata, ladrón!. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia y el Partido Colorado por ahora conserva el gobierno. 

El “milagro económico” de Paraguay se ha convertido en un infierno para numerosas familias, pequeños comerciantes y trabajadores que utilizaban sus cuentas para cobrar salarios, pagar sus gastos y desarrollar sus actividades del día a día. 

La entidad bancaria declaraba cerca de tres millones de clientes, una cifra equivalente a casi la mitad de los habitantes de Paraguay, y administraba aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, entre ellos importantes recursos del instituto de Previsión Social, encargado de administrar fondos jubilatorios y prestaciones sanitarias de los trabajadores. 

Mientras comenzaban las protestas, se multiplicaban las denuncias sobre préstamos a empresas vinculadas con los propietarios del banco, irregularidades en sus balances y las relaciones entre los grandes grupos empresariales y las autoridades encargadas de supervisar el sistema financiero. 

Para poder entender que sucedió es necesario observar qué había detrás de aquella estabilidad económica que Trump, Milei y Kast presentaban como un ejemplo para toda América Latina. 

La crisis vuelve a dejar al descubierto la podredumbre de una oligarquía paraguaya cuyos intereses se extienden desde los grandes negocios agrícolas y ganaderos hasta el capital financiero y el aparato estatal, en un país donde el narcotráfico y el lavado de dinero controla sectores de la economía y del poder político. 

La estructura económica detrás del capitalismo paraguayo 

El capitalismo paraguayo se desarrolló históricamente sobre una enorme concentración de la propiedad de la tierra, la producción agrícola y ganadera destinada principalmente a la exportación y una estrecha dependencia del mercado mundial, particularmente de Brasil y Argentina. Según el censo agropecuario, las grandes fincas de más de 1.000 hectáreas representan apenas el 1,6% del total, pero concentran el 77% de la superficie agropecuaria censada. Esta brutal concentración de la tierra en manos de los grandes latifundistas se profundizó especialmente durante los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner, cuando millones de hectáreas fueron entregadas irregularmente a militares, funcionarios y empresarios vinculados al régimen. La concentración de la tierra fue también una de las principales bases del poder colorado. 

Pero esta oligarquía no limita sus negocios a la producción agrícola y ganadera. Sus intereses se extienden al comercio, la industria, las finanzas y los servicios, estrechamente vinculados mediante el crédito bancario y sus relaciones con el Estado. El propio Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank, es un ejemplo de este entramado. Sus negocios abarcan desde establecimientos ganaderos y forestales hasta empresas tecnológicas, comerciales y financieras. 

Este crecimiento de los grandes grupos capitalistas contrasta con las condiciones de vida de la clase trabajadora paraguaya, que es sometida a unos niveles de informalidad que alcanzan al 64% de los trabajadores. Mientras los empresarios ampliaban sus negocios y acumulaban enormes fortunas, grandes sectores de la clase trabajadora, con ingresos precarios, se veían obligados a recurrir al endeudamiento para sostener su consumo y financiar gastos que no podían cubrir con sus pésimos salarios. La expansión del crédito al consumo y de los servicios financieros permitió incorporar a millones de personas al negocio bancario, sin resolver la precariedad de sus condiciones de vida. Esta es la esencia del capitalismo paraguayo. Mientras los grandes capitalistas acumulan riqueza apropiándose del valor producido por el trabajo, las dificultades económicas de los trabajadores se convierten en una nueva fuente de ganancias para los bancos, que también se apropian de parte de sus ingresos mediante los intereses. 

La más grande estafa 

El prontuario de Ueno Bank permite observar cómo se desarrolló este proceso. En 2021, el Grupo Vázquez adquirió Financiera El Comercio, que en 2023 se transformó en banco digital y al año siguiente absorbió Visión Banco. En apenas unos años, una pequeña financiera se convirtió en una de las principales entidades bancarias del país, mediante una agresiva expansión del crédito, la captación de depósitos, incluidos importantes fondos públicos que se multiplicaron durante el gobierno de Peña, y sus estrechas relaciones con el poder político. El propio presidente Santiago Peña había sido accionista de una sociedad vinculada al Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, mientras que Carlos Carvallo pasó de dirigir Ueno a presidir el Banco Central, precisamente el organismo encargado de supervisarlo. Pero detrás de este crecimiento se acumulaban graves irregularidades financieras y préstamos millonarios a empresas vinculadas con sus propietarios. 

Cuando, ante el derrumbe, el Banco Central intervino la entidad, quedó expuesta la insolvencia que esfumó los ahorros de miles de trabajadores, jubilados y pequeños comerciantes. 

El Estado, los bancos y una historia que se repite 

El Estado no es una institución neutral que se encuentra por encima de las clases sociales. Como explicaron Marx y Engels, el Estado capitalista es un instrumento de dominación de la burguesía, cuya función fundamental consiste en garantizar las relaciones de propiedad y las condiciones que permiten la explotación del trabajo asalariado y la acumulación del capital. Lo importante es tener en claro que no se trata simplemente de corrupción o de funcionarios que favorecen a determinados empresarios, sino de relaciones económicas y políticas propias e inherentes del funcionamiento del capitalismo. 

En Paraguay, esta relación tiene antecedentes no muy lejanos. Entre 1995 y 1998, una profunda crisis bancaria, marcada por préstamos irregulares, dejó enormes pérdidas en los fondos jubilatorios, mientras el Estado terminó asumiendo buena parte de ellas mediante bonos públicos. Vemos entonces un mecanismo recurrente del capitalismo. Mientras los banqueros se apropian de las ganancias, cuando sus negocios se hunden el Estado interviene con recursos públicos para rescatarlos, trasladando las pérdidas al conjunto de los trabajadores. 

El Partido Colorado 

La crisis financiera se transformó rápidamente en una crisis del Partido Colorado, que ha dominado la vida política paraguaya durante la mayor parte de las últimas ocho décadas. Su extenso dominio de la escena política no se puede explicar solamente por mecanismos electorales ni por la capacidad de sus dirigentes para conservar el poder. Sino que tiene raíces materiales en las relaciones construidas entre los grandes terratenientes, los empresarios, las Fuerzas Armadas y el aparato estatal. 

La dictadura de Alfredo Stroessner consolidó una estructura de poder que combinaba represión política pura y dura, entrega de tierras a militares, funcionarios y empresarios, privilegios económicos y una extensa red de favores, empleos públicos y beneficios distribuidos a través del Partido Colorado para garantizar la lealtad a la dictadura. El control férreo de las instituciones del Estado permitió fortalecer a los grupos empresariales vinculados al poder y asegurar la continuidad de sus intereses. La caída de la dictadura en 1989 no desmanteló estas relaciones, que continuaron siendo una de las principales bases del poder colorado. 

Es precisamente esta estructura la que permite comprender cómo el Partido Colorado ha conseguido sobrevivir a las sucesivas crisis políticas y enfrentamientos internos. La destitución de Peña volvió a demostrar esa capacidad de reorganización. La mayoría colorada en Diputados bloqueó el juicio político contra Pedro Alliana, quien asumió la presidencia, mientras el Partido Colorado conseguía conservar el gobierno. 

El Partido Liberal, otra de las fuerzas políticas tradicionales de la burguesía paraguaya, también impulsó el juicio político contra Peña y Alliana. No es la primera vez que interviene en una crisis para disputar el gobierno. En 2012, después de integrar la coalición del presidente progresista Fernando Lugo, apoyó su destitución y permitió que su vicepresidente liberal, Federico Franco, asumiera la presidencia. Hoy vuelve a intervenir en una crisis política para disputar el poder, pero sus enfrentamientos con el Partido Colorado no significan un cuestionamiento del poder económico de los grandes capitalistas. 

Las movilizaciones y las perspectivas de la clase trabajadora 

Cuando la inmovilización de los depósitos afectó a numerosos ahorristas, entre ellos trabajadores y jubilados, comenzaron a organizarse protestas y movilizaciones. Los trabajadores del propio Ueno Bank se movilizaron para reclamar garantías sobre sus puestos de trabajo. 

Un dato central es que Paraguay tiene una tradición de movimientos de masas explosivos. 

En marzo de 1999, el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña desencadenó una crisis que culminó con la renuncia del presidente Raúl Cubas, después de jornadas de enfrentamientos en las que confluyeron estudiantes, trabajadores y campesinos. 

En 2017, las movilizaciones contra el intento de habilitar la reelección presidencial de Horacio Cartes provocaron una profunda crisis política y obligaron al gobierno a abandonar su iniciativa. 

Más recientemente, en marzo de 2021, la desastrosa gestión de la pandemia, el colapso sanitario y las denuncias de corrupción desencadenaron una nueva explosión social contra el gobierno de Mario Abdo Benítez. Lo que comenzó con las exigencias de medicamentos y atención sanitaria se transformó rápidamente en un movimiento que reclamaba la salida del gobierno bajo la consigna “que se vayan todos”. 

En 1999, 2017 y 2021, las masas demostraron su capacidad para enfrentar a los gobiernos y obligarlos a retroceder. Pero los presidentes pueden caer mientras los grandes capitalistas conservan intacto su poder económico. Hoy, con Peña destituido y Alliana en la presidencia, vuelve a plantearse el mismo problema. 

Lo sucedido con Ueno Bank ha sacado a la luz las contradicciones que permanecían ocultas detrás de los indicadores de crecimiento y de la estabilidad que los organismos internacionales y los gobiernos lacayos de Trump venían celebrando. 

El problema de fondo no se resolvió con la destitución de Santiago Peña ni con su reemplazo por Pedro Alliana, tan odiado como su antecesor, mientras la bronca crece en las calles y los manifestantes también exigen su cabeza, en medio de un profundo rechazo a las instituciones del régimen. 

Las masas están aprendiendo a través de la experiencia quién controla los principales recursos de la economía, cómo se relacionan los grandes grupos empresariales con el aparato estatal y quién termina pagando las consecuencias cuando los “negocios” capitalistas fracasan. 

Ahora, lo indispensable es que las movilizaciones continúen en las calles. Distintas organizaciones sociales y sindicales ya comenzaron a discutir la posibilidad de una huelga general, mientras los docentes convocaron a un paro nacional por tiempo indefinido a partir del 9 de noviembre, en defensa de los fondos jubilatorios y contra las consecuencias del derrumbe de Ueno Bank. Este es el camino a seguir. Es necesario organizar asambleas de masas en los barrios, los lugares de trabajo y entre la juventud, para coordinar las luchas y avanzar hacia una intervención organizada del conjunto de la clase trabajadora. La podredumbre del Ueno Bank es una expresión clara y directa de la podredumbre del capitalismo.  

Lo que está sucediendo en Paraguay no es un hecho aislado. La dura derrota electoral sufrida por Trump en Estados Unidos, las movilizaciones que derrotaron al bolsonarismo en Brasil muestran que la aparente fortaleza de la derecha trumpista comienza a resquebrajarse.  Al mismo tiempo, en América Latina, el paro nacional en Colombia,  las movilizaciones estudiantiles en Chile y la movilización de la Universidad en Argentina demuestran que la clase trabajadora y la juventud están entrando en escena. Así como las protestas y huelgas que sacuden Europa. Lejos de la estabilidad que prometían estos gobiernos, las contradicciones del capitalismo están preparando nuevos enfrentamientos y períodos de intensa lucha de clases. 

Pero para que esta nueva crisis no termine en otro recambio de dirigentes es necesario fortalecer un movimiento independiente de los partidos de la burguesía, con un programa que parta de las reivindicaciones inmediatas y cuestione el poder de los grandes capitalistas. 

La apertura de los libros contables de Ueno Bank, la confiscación de las fortunas de los verdaderos dueños del Paraguay y la nacionalización del banco sin indemnización a sus grandes accionistas y bajo control democrático de los trabajadores deben formar parte de la lucha por la devolución de los ahorros y la protección de los fondos jubilatorios. Que sean los empresarios, banqueros y terratenientes responsables quienes paguen las consecuencias de sus estafas y no la clase trabajadora. 

¡Que se vayan todos! 

¡Que gobiernen los trabajadores!