Venezuela: Sobre el derecho al aborto

Dedicado a Vanessa Rosales y a todas las mujeres que luchan por la emancipación de sus propias vidas y destino.

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Introducción

Las fuerzas del marxismo revolucionario reconocen al aborto inducido como un derecho democrático, lo que significa que el Estado tiene el deber de garantizar por vías legales (formales) y en materia de salud pública (en los hechos), este derecho para la protección de la vida, la salud y la emancipación sexual y reproductiva de las mujeres. 

Sin embargo, a diferencia de los países capitalistas avanzados, el 96% de las mujeres en América Latina viven en regímenes legales donde la interrupción voluntaria del embarazo es restringida, estigmatizada y, lo peor de todo, penalizada. Pero, como ha quedado demostrado con todo rigor científico, la ilegalización de esta práctica no disminuye los abortos clandestinos. Al contrario, es causante de un elevado número de muertes asociadas al embarazo.

La cárcel, la esclavitud doméstica o el cementerio son las opciones que la sociedad patriarcal y burguesa impone a las mujeres gestantes de escasos recursos económicos, sin profesión, solteras, ni oportunidad de decidir.

Contra el aborto se levanta una montaña de propaganda negativa, propia de conservadores y timoratos. Contra la decisión autónoma de las mujeres cunde una niebla de prejuicios y creencias religiosas, que poco o nada tienen que ver con varios hechos concretos que afectan la vida de millones de mujeres jóvenes. Como veremos, sea por el resultado de la penalización, la muerte de la gestante o la condena de llevar un parto no deseado a término, el mal llamado movimiento provida es en realidad la antítesis de la vida. Sus representantes, desde los elegantes cardenales del vaticano hasta ex compañeros de izquierda, como Daniel Ortega y compañía, utilizan la demagogia y la mentira como arma.

Lo inadmisible se vuelve virtud. El amor por la cruz un principio por encima de la pluralidad de creencias. La iglesia católica y sus grupos de presión obligan a miles de mujeres, con la espada de la moralidad burguesa, a parir a toda costa, a pesar de los riesgos que ello representa. No importa si la mujer perece en el proceso por alguna complicación (hipertensión o preeclampsia) previsible por los adelantos técnicos, si fue violada, si es adolescente, pobre o el feto viene con malformaciones. La vida desde la “concepción” es un milagro y punto.

La legislación venezolana, por ejemplo, es una de las más restrictivas de la región en materia de aborto. El código Penal sólo contempla un causal para acceder a la interrupción del embarazo: Cuando la vida de la gestante corre peligro. Durante los últimos 20 años este debate ha sido excluido de la agenda parlamentaria, de las decisiones ejecutivas, de los debates partidistas. Se le trata como un tabú incómodo, sin viabilidad en el país. La norma es parir hasta 6 muchachos si es posible. Cada primer parto recibe un “¿y pa ́ cuando el segundo?”, independientemente de la situación económica y social de los desafortunados padres.

Pero después si esa “bendición de dios” llega con vida, la abandonan a su suerte, a su “libre albedrío”. Nadie en la sociedad capitalista se encarga de él o de ella, sino la madre misma. La mayoría de las veces a merced de la caridad del hambre, la violencia, la prostitución y el despojo. Una vez que nace el niño, se acaba el amor cristiano por dicho prójimo.

Mientras tanto la crisis más destructiva que ha conocido el país, con la hiperinflación más alta del mundo y un colapso generalizado de los servicios públicos, coloca a la mujer en una situación de gran vulnerabilidad. Con cada año que pasa la alimentación en cada hogar alcanza para menos bocas, el agua para menos cuerpos y los estudios superiores son casi un privilegio.

La violencia machista derivada de tradiciones añejas y de la traslación de la propiedad privada de los medios de producción a las relaciones humanas son otros eslabones de la cadena. Ante esa situación compleja y absorta de dificultades, los abortos clandestinos -una opción difícil y para nada deseable-, existen en Venezuela como una salida desesperada. La insuficiente educación sexual, reproductiva y el limitado acceso a anticonceptivos, agrava la situación imperante y coloca a las mujeres ante un callejón sin salida.

Ciertamente, el aborto no es el único factor a través del cual se resolverá el problema de la alta incidencia de embarazos no planeados y de embarazos adolescentes en el país, ni de la paternidad irresponsable. Pero en nuestra sociedad ambos problemas están ligados a la cultura propia de nuestro capitalismo atrasado, y, en tal sentido la legalización del aborto es una herramienta fundamental y un paso necesario para luchar por la superación de dicha cultura.

Lógicamente, tal medida debe acompañarse con campañas de concientización de la juventud, con la democratización del acceso a los métodos anticonceptivos -que hoy por hoy son un lujo en nuestro país-, la elevación general del nivel de vida de los trabajadores, etc. Los marxistas concebimos la lucha por la legalización del aborto como una cuestión fundamental para la emancipación de la mujer, pero en el marco de la opresión capitalista debe acompañarse de otras medidas, y de otras luchas. 

Hoy en día existen métodos seguros y médicos cualificados para llevar a cabo un aborto sin ningún riesgo. De hecho, un aborto en condiciones seguras es mucho menos peligroso que un parto natural. Desde una visión amplia, la legalización y la despenalización del aborto influyen positivamente en la disminución de muertes vinculadas al embarazo, tal y como se comprueba en los casos de Cuba, EEUU o la mayoría de los países europeos.

En Venezuela los diferentes grupos feministas tienen muchos obstáculos en el camino para lograr su legalización e institucionalización como práctica médica. Los arreglos organizativos, programáticos y unitarios aún están por hacerse. Pero creemos que en ese transitar una política de clarificación es clave. Debemos dar una batalla política para lograr que el pueblo trabajador comprenda la necesidad imprescindible del derecho al aborto, y para ello es necesario exponer nuestras ideas tantas veces como sea posible. Pasar de las consigas estridentes a la explicación paciente de nuestras ideas.

Es necesario que las trabajadoras y trabajadores comprendamos que abortar no es un crimen, que en biología no existe eso de “vida humana” que tanto conmueve a los provida, que los abortos clandestinos son un riego para la gestante, que la decisión sobre el cuerpo de la mujer es de ella y de nadie más, que en muchos casos un embarazo no deseado es una condena que cambia la vida para mal. Que en asuntos reproductivos la cosa va más allá del uso o no de un condón. Que para desarrollar nuestras fuerzas productivas necesitamos a jóvenes preparadas, con sus energías enfocadas en la tarea gigantesca de construir una nueva sociedad, empoderadas de la más avanzada técnica y cultura, en condiciones de igualdad real con sus compañeros hombres.

¿Son el embrión o el feto una vida humana?

Dejemos que la ciencia allane el camino que debemos tomar. Empecemos por definir: ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción del desarrollo de un embrión o feto antes de que pueda existir de forma extrauterina. Existen abortos naturales e inducidos. Estos últimos ocupan la atención del presente trabajo. Pueden llevarse a cabo con fármacos o intervenciones quirúrgicas. Por lo general, muchos de los abortos inducidos se practican antes de las 8 semanas, siendo expulsado del organismo femenino apenas un coágulo de sangre. No hay descuartizamientos, ni un bebé llorando o luchando por su vida, como hacen creer ciertos sectores oscurantistas.

Entre un embrión, un feto y un neonato o persona nacida hay importantes diferencias cualitativas. El embrión, que puede medir hasta 4 cm, se forma a la cuarta semana, va desarrollando la columna vertebral, vasos sanguíneos, nervios y corazón. Sin embargo, como demuestran importantes avances en materia neurocientífica, aunque se forman los primeros cimientos neurológicos, el desarrollo aún es insuficiente para la existencia de conciencia, pensamiento o desarrollo cognitivo, apenas hay algunas señales o indicios cerebrales.

Para la semana 14, plazo límite para practicar un aborto en muchos de los países donde la práctica es legal de forma amplia, el embrión ya habrá dado paso al feto. En esta fase ya se pueden apreciar algunos rasgos faciales y extremidades. Puede moverse y tener reflejos, pero, como dice el Dr. Gazanniga, todavía no es un organismo sensible o consciente, sólo un cúmulo de procesos motores sensoriales inducidos por actos reflejos. De la semana 6 a la 14, aunque hay una gran proliferación de neuronas en desarrollo, hay escasa actividad cerebral y así se mantiene durante las semanas por venir.

Ahora bien, pongamos las cosas en su lugar. Si legalmente reconocemos que el deceso de una persona acontece con la muerte o el cese de la actividad cerebral, ¿Por qué sería un crimen abortar un conjunto de células que no tienen ni siquiera conciencia de su propia existencia? ¿Cómo podemos considerar a un feto una “persona viva”, si durante su primer trimestre tiene una muy pero muy escasa actividad cerebral, como para ser considerada  una entidad independiente?

Por otro lado, la especie humana es un mamífero placentario. El desarrollo del feto depende del oxígeno, los nutrientes y los anticuerpos que son proporcionados a través de la placenta. Sin esas provisiones vitales su existencia futura sería imposible. Aunque el feto contenga información genética de un cuerpo diferente a la madre (genes del padre), el sistema inmunológico complejo que se ha creado durante el embarazo evita el rechazo del feto, comportándose casi como un órgano más de la futura madre. Entonces, sólo podemos considerar a la “persona humana” con vida propia (aunque con una dependencia aún evidente, pues le tocará ser amamantado, educado y cuidado), cuando se desprende totalmente del cuerpo de su madre.

Como bien explica el biólogo argentino Alberto Kornblihtt el concepto de vida humana no existe, por rigor científico, en biología. Se trata más bien, de un concepto que ha derivado de convencionalismos sociales, morales y religiosos. El concepto válido para la ciencia biológica es el de vida. La vida es una forma particular de organización de la materia que no depende de la consciencia humana para su existencia. Dicha vida se circunscribe a la actividad celular. Para que la vida sea posible en una célula requiere de dos condiciones fundamentales: La división y el metabolismo. Por supuesto que en el cigoto, embrión, feto y la persona nacida hay células. Pero también las hay, como afirma Kornblihtt, en los espermatozoides que los hombres eyaculan fuera de la vagina -cuando éste es el caso-, en los óvulos expulsados por la mujer durante la menstruación, e incluso por algún tiempo en los cuerpos humanos sin vida.

Abortos penalizados e inseguros: Un problema de salud pública

Como hemos señalado, en la mayoría de los países de América Latina se penaliza el aborto. Estos países tienen muchos rasgos comunes en sus estructuras políticas y sociales: grandes desigualdades económicas, pobreza extrema, conservadurismo religioso, inestabilidad política, corrupción pública, deudas y conflictos sociales por trabajo, pan y tierra. En estas latitudes del mundo el aborto clandestino y en condiciones inseguras se han vuelto un problema de salud pública.

Como lo deja claro la posición oficial de la OMS, las muertes asociadas a la interrupción voluntaria del embarazo son de las más fáciles de prevenir desde un punto de vista técnico; bajo procedimientos asistidos por profesionales cualificados y métodos seguros. No obstante, las tasas de mortalidad se disparan día a día por el incumplimiento de ambas condiciones. 

La OMS calcula que en todo el planeta se realizan unos 25 millones de abortos inseguros, casi todos ellos en los países semicoloniales, es decir, en el mal llamado tercer mundo. La África subsahariana, América Latina y el Caribe compiten por el primer lugar. Según un estudio del Guttmacher Institute, entre 2010 y 2014, en nuestra región se practicaron 6,5 millones de abortos. Sólo 1 de cada cuatro se realizaron en condiciones de seguridad. Las víctimas fatales se estiman entre cinco mil y diez mil cada año.

Incluso, a falta de cifras oficiales, la cifra real puede ser mucho más alta como lo indican Tomas Frejka y Lucille C. Atkin https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12812/NP60-09_es.pdf?sequence=1 Una investigación de 1985 reveló que en los países semicoloniales el subregistro de defunciones maternas tienen un déficit alrededor del 70%.  En Colombia, por ejemplo, se detectó que el 66% de las muertes maternas atribuibles a infecciones o hemorragias, en realidad se debían a infecciones derivadas por abortos inducidos. 

Allí donde la práctica se persigue con mayor saña los abortos no esperan por la legalización para llevarse a cabo. De la misma manera, la penalización espera contenerlos sin resultado satisfactorio. Todo lo contrario. Como lo demuestran las cifras, la interrupción voluntaria del embarazo ocurre tanto en los países con estatus legal en términos amplios, como en aquellos países, mayoritarios en América Latina, donde es un derecho restringido o prohibido totalmente. Su situación de región semicolonial y atrasada desde un punto de vista económico, resulta determinante a este respecto. 

Se estima que entre 2015 y 2019, donde el aborto es legal 40 mujeres de cada 1,000 optaron por interrumpir el embarazo. En los países donde la práctica está restringida pero se permite bajo causales específicos, como preservar la salud o la vida de la mujer, la tasa es de 35 mujeres por cada 1.000. Donde la prohibición es total es de 40 igualmente. En conclusión, como se puede apreciar, las restricciones han fracasado en su cometido; no son el producto de un capricho femenino. Por el contrario, sus condiciones materiales de vida y el tipo de sociedad que las rodea tienen un peso mayor a la hora de sopesar la decisión. 

La presión que se ejerce sobre la mujer, la estigmatización y el miedo, las empuja a buscar soluciones inseguras y clandestinas, donde aguarda el silencio y la finalidad de lucro por encima de la vida misma. La cárcel, violencia, prejuicios o una alta probabilidad de muerte son las opciones que tienen ante la penalización. La libertad de decidir y vivir, de ser entendidas y respetadas, es el camino de la legalización.

En el mismo lapso de tiempo señalado arriba, unos 121 millones de embarazos no deseados ocurrieron aproximadamente en todo el mundo. El 61% de las embarazadas decidió abortar, lo que significa que por cada año se practicaron en total 73 millones de abortos. Específicamente en América Latina y el Caribe, donde la educación sexual y reproductiva es atacada por la iglesia y el acceso a preservativos es costoso, 69 mujeres por cada 1000 tuvieron un embarazo no deseado, y 32 por cada 1000 decidieron proceder con el aborto. Resaltamos estas cifras porque sin una visión integral y completa del asunto, será muy difícil preparar soluciones de largo aliento.

Como vemos las tasas de embarazos no planeados más elevadas corresponden a los países semicoloniales, y con mayor acento donde el aborto es restringido o prohibido. Es claro que las mujeres en América Latina y el Caribe, y en todo el mal llamado tercer mundo para decir verdad, no tienen el mismo derecho a gozar de su libertad sexual en condiciones de igualdad que sus compañeras norteamericanas o europeas. Acá la división internacional del trabajo bajo el capitalismo, donde unos ganan y otros pierden, también tiene sus efectos. Las violaciones impunes, viejas tradiciones machistas, la falta de acceso a preservativos eficaces, la ausencia de educación sexual y reproductiva y el poder de la iglesia, son algunos de los grandes obstáculos para la emancipación y desarrollo humano integral de la mujer latinoamericana.

Sobre el aborto inducido existen 3 tipos de legislaciones. En primer lugar, están los países donde se prohíbe totalmente la práctica, sea cual sea la circunstancia. En segundo lugar aquellos donde es permitido o restringido bajo ciertos causales (que varían de país en país), como por ejemplo cuando la vida de la gestante o su salud física y mental corren peligro, cuando el embarazo es producto de una violación, cuando existe una malformación en el feto o por razones socio económicas. Por último, existen abortos legalizados o despenalizados que lo permiten bajo plazos específicos (que pueden variar desde la semana 8, 12, 14 o hasta la semana número 20 de gestación), como el caso de Cuba, donde sin ser ley existe como una práctica institucionalizada en el país. 

Luego de los ascensos de los gobiernos progresistas en la región los avances en esta materia fueron casi insignificantes. Cinco países de América Latina y el Caribe prohíben bajo cualquier circunstancia el aborto, a saber: El salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Republica Dominicana. Otros doce los restringen sólo bajo ciertos causales: México, Belice, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Chile. Por último, cinco países y dos Estados de México tienen una legalidad o despenalización ajustada a plazos: Argentina, Cuba, Guayana Francesa, Puerto Rico y los estados mexicanos de Oaxaca y Ciudad de México. 

El Salvador, a partir la reforma del código penal de 1998, que protege la vida desde la concepción, se ha tornado uno de los países donde la penalización es de las más severas: la mujer que incurra en un aborto, incluyendo al personal médico que la ha asistido, puede ser condenada con hasta 40 años de cárcel.

Esta legislación es mucho más insidiosa de lo que parece; si se trata de un aborto espontáneo, puede ser acusada y procesada como si se tratase de un aborto inducido. Tal es el caso de la joven Imelda Palacios, quien era violada por su padrastro desde los 12 años. Producto de esos largos años de abuso, Imelda quedó embarazada a sus 20 años. A las 37 semanas sufrió un mareo en el baño y el desprendimiento del bebé. 

Sin embargo, el niño pudo sobrevivir, por lo que pudo comprobarse a través de pruebas de ADN que fue fecundado por el padrastro de Imelda, pero aun así, la mujer fue acusada de tentativa de homicidio agravado y condenada a 40 años de prisión. En 2019 fue absuelta. Otras 150 mujeres también siguen la misma ruta. La mayoría son mujeres analfabetas, de zonas rurales y por lo tanto pobres. Estas compañeras difícilmente pueden pagar un control efectivo de su embarazo y pasan a depender de los malogrados sistemas de salud públicos. Acá los gobiernos reformistas del FMLN demostraron su incapacidad para defender el derecho de la mujer a decidir. 

Por otro lado, el caso de Nicaragua representó un retroceso brutal. Como parte de su viraje conservador y con el afán de ganarse la venia de la iglesia católica nicaragüense, el presidente Daniel Ortega prohibió bajo cualquier circunstancia el aborto (2006). Se eliminó el aborto terapéutico que permitía el código procesal penal desde 1893. Las penas contra las mujeres que decidan abortar van desde 4 a 8 años de cárcel. 

En el caso de Venezuela, a pesar de los 20 años que han transcurrido desde el inicio de la Revolución Bolivariana, y de toda la retórica feminista de sus dirigentes, este país sigue siendo uno de los países más restrictivos en la materia. Sólo permite el aborto bajo un causal: cuando la vida de la mujer corre peligro. Con una alta tasa de feminicidios, la mujer también debe cargar con el peso de un embarazo no deseado, o exponerse a los riesgos de abortar de forma clandestina. Uno de los casos más recientes y que seguramente dejará un precedente, es la detención de Vanessa Rosales. El aborto inducido tiene penas de hasta 2 años, como queda estipulado en los artículos 430 y 431 del código penal.

En Ecuador, un intento de reforma por parte de un sector de Alianza País fue atacado por uno de los elementos otrora más influyentes de ese partido: Rafael Correa, quien empleó la eufemística frase: “Radical en lo económico y social pero conservador en lo moral”, amenazando con renunciar a la presidencia en el caso de efectuarse la discusión y aprobación del proyecto. En Bolivia, una reforma aprobada por el gobierno de Evo Morales también sufrió un retroceso por la presión de grupos conservadores y católicos en 2018. 

La otra cara de la moneda sobre el aborto en América Latina se llama Cuba. El primer país en despenalizarlo en nuestro continente (1961), y en institucionalizarlo como un derecho garantizado por el Estado a través del sistema de salud público (1965). Esta medida fue uno de los tantos frutos de la revolución cubana en su época de mayores avances y conquistas políticas, sociales y económicas para el pueblo. La tasa de mortalidad vinculada a abortos inseguros bajó a 0. Sólo se penaliza a quienes lo practiquen de manera clandestina, bajo intereses de lucro o si se lleva a cabo sin consentimiento de la madre.

Como llegó a comentar el presidente de la sociedad científica cubana para el desarrollo de la familia, el Doctor Miguel Sosa: «El aborto o legrado en Cuba es fácil, seguro, cómodo y gratuito».
 
El caso de Cuba nos enseña otra cosa: como hemos comentado en un apartado anterior, la visión integral de prevención y planificación familiar es clave. El aborto como práctica para interrumpir el embarazo debe ser dejado como última opción y no emplearse como medio anticonceptivo. Pero eso sólo es posible si desde el Estado se garantiza el acceso oportuno a anticonceptivos gratuitos, de calidad y diversos.

En el caso de que la oferta de anticonceptivos sea insuficiente y las condiciones económicas no sean óptimas, para muchas mujeres el aborto será siempre una opción a la cual recurrir, incluso en primera instancia. En Cuba, la insuficiente provisión de anticonceptivos ha convertido al aborto en otro método de anticoncepción más, lo que a la larga también puede convertirse en un problema de salud pública. 

Ahora bien, a fin de no caer en el error de desarrollar una crítica ultraizquierdista -ni tampoco oportunista- en torno a tal fenómeno, es necesario estudiarlo a la luz del análisis marxista de las causas de la precariedad de los servicios en la isla.

Como hemos explicado en artículos y declaraciones de nuestra internacional sobre la Revolución Cubana, por un lado está el papel del bloqueo imperialista criminal, como factor que incide de manera importante en la escasez crónica de ciertos bienes y servicios en la isla, pero también, está el aislamiento de la revolución a un solo país, es decir, su no extensión al resto del continente, a lo que se suma la ausencia de un régimen de democracia obrera genuina. Este último factor determina que la planificación de la economía -uno de los pilares de la revolución-, se lleve a cabo bajo métodos burocráticos. Cuando la planificación económica se lleva a cabo bajo métodos burocráticos, siempre una minoría privilegiada será la que tenga mayor y mejor acceso a los bienes y servicios producidos en la sociedad, o, lo que es lo mismo, a la riqueza material producida por la clase trabajadora.

Entre la mano de obra barata y la desigualdad de género. 

Los números reflejan que nuestro continente tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes. Las jóvenes, al ser madres, tienen mayores dificultades para ingresar a las universidades o desempeñar actividades laborales, lo que de una u otra manera dificulta su inserción en el proceso social de producción. Acá el papel de la mujer sigue siendo, aún y con todos los avances en materia legislativa dados dentro de la sociedad burguesa, el de proveer herederos a sus maridos y mano de obra barata para el capital.

Ahora bien, no es precisamente una casualidad que en los países del norte tengan legislaciones más progresistas en torno al aborto y los países del sur sean más restrictivos.  En la medida en que el proletariado va creciendo y los medios de producción se van estancando el ejército industrial de reserva aumenta. En la medida que prolifere la mano de obra excedente los salarios se verán presionados hacia abajo. La cada vez mayor oferta de mano de obra representará una ventaja para la burguesía local y los capitales extranjeros quienes estarán en condiciones ventajosas para imponer peores condiciones laborales y salariales. Aumentan sus ganancias a costa de mayor pobreza, exclusión y criminalidad. 

Allí donde la industria no pueda absorber la fuerza de trabajo excedente se elevan en gran medida los fenómenos de la migración, la economía informal y la lumpenización. Lo primero alimentará el chovinismo de los gobiernos para justificar recortes laborales desde una perspectiva xenofóbica: “La culpa de que no tengas trabajo ni buenos salarios es de los inmigrantes, no nuestra”. Lo segundo, crea los soldados para los grupos criminales, el narcotráfico, la prostitución y el sicariato. Hordas de jóvenes hambrientos y pobres terminan robando, vendiendo droga, prostituyéndose o matando a sueldo. Incluso desde esta última perspectiva, se crean los elementos que ayudan a la reacción en el combate contra los movimientos populares en alza.

Separación de la iglesia y el Estado; por el derecho a decidir.

La iglesia católica o los grupos evangélicos deben limitar sus actividades a lo interno de sus feligresías. No deben incidir, de ninguna manera, en las decisiones del Estado, ni mucho menos imponer sus puntos de vista en detrimento a la pluralidad de creencias y culturas que existen dentro de la sociedad. Ya esto no representa una lacra de la sociedad burguesa, sino un arcaísmo del mundo medieval y feudal. Prohibir el aborto, amparados en la creencia de un dios que provee la vida, es imponer una estrecha creencia al resto de la sociedad. Con la aprobación del aborto no buscamos obligar a la mujer a llevarlo a cabo. Por el contrario, sólo colocamos la opción sobre la mesa, independientemente de la circunstancia. Al final es su decisión propia y de nadie más.

La lucha por la igualdad de la mujer debe ir más allá de la formalidad que brinda la ley. El aborto es una condición fundamental para ése objetivo, mientras perduren los signos más bárbaros y atroces de la sociedad burguesa. La mujer no puede ser libre y competir de manera justa, ni incorporarse al proceso productivo, si no tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. No podemos vencer la esclavitud doméstica del hogar si la obligamos a parir y a recluirse en las 4 paredes de su casa. Ella tiene derecho al estudio, al disfrute de la cultura, de la ciencia y el arte, pero sobre todo a decidir si desea o no ser madre. 

¿Qué el aborto es una salida para nada deseable? Por su puesto, ninguna mujer toma la decisión de abortar a la ligera. Muchas terminan cargadas con traumas de por vida. Pero es y será una opción necesaria e inevitable mientras exista la pobreza, el hambre y la desigualdad de oportunidades.

La única manera de ir reduciendo los abortos no es prohibiéndolos, como ha quedado más que demostrado en la práctica concreta. Sólo mediante la construcción de una sociedad verdaderamente libre, mucho más humana, con profundo respeto por la vida, una sociedad sin violaciones, prostitución ni feminicidios, donde las mujeres sean realmente libres, tanto de la opresión del capital sobre el trabajo, como de la opresión doméstica, una sociedad donde la salud, la alimentación, los cuidados maternos, la educación y el parto humanizado sean garantizados por el Estado, no sólo por ley, sino en los hechos concretos, se puede reducir considerablemente la decisión de abortar.

Para reducir la tasa de abortos las mujeres necesitan gozar del derecho a desarrollarse como seres humanos integrales, y a tal fin, como ya hemos señalado, es necesario acabar con la explotación capitalista. Es en el progreso humano, en el mejoramiento material de las vidas y no en la barbarie del todos contra todos, donde se encuentra la clave verdadera para una vida digna y feliz.

La legislación del aborto no basta: por un sistema de salud público y de calidad. 

Ahora bien, la lucha por la legalización del aborto es un primer paso para las mujeres. Las reformas legales y las luchas parlamentarias son fundamentales en el camino. Representan una escuela de lucha y alcances progresivos, pero, sin un sistema de salud público gratuito y de calidad, que realmente ofrezca condiciones de higiene mínimas para un aborto seguro, la aplicación de la ley no será materialmente posible.

Si la legalización no va acompañada por una trasformación radical de los sistemas públicos de salud en la América Latina -así como en el resto del mundo semi colonial-, esto derivará en un negocio legal para las empresas privadas, como es el caso de los dos estados mexicanos donde el aborto, más que un derecho, es un servicio que pueden prestar las empresas privadas. 

En uno de los estados mexicanos donde la práctica está permitida existen sólo 13 clínicas públicas, con una población de 4 millones de mujeres. Pero cientos de clínicas privadas tienen el permiso para efectuar abortos a un costo que va desde los 2.500 hasta los 5.000 pesos, es decir, que puede estar comprendido entre los 120$ y los 240$. Debe tenerse en cuenta que el salario mínimo mensual en México se sitúa en torno a los 250$.

A las mujeres se les deben garantizar los cuidados prenatales y posnatales en cualquier centro de salud de forma gratuita. En el caso de decidir abortar, el servicio debe ser semejante, proveyendo todas las atenciones médicas y fármacos necesarios.

Ningún médico puede, so pena de ir a la cárcel y de retirarle sus credenciales, aplicar objeción de conciencia ante la necesidad de un aborto. La vida de una mujer está por encima de la creencia religiosa del médico en cuestión, nada ni nadie puede estar en condiciones de negar el procedimiento. 

Por último, apostamos por la consolidación de un frente de mujeres unidas por el aborto seguro, gratuito y de calidad. Es hora de colocar a un lado las diferencias y luchar de forma unitaria de cara a la legalización completa del aborto, y a la materialización efectiva de las condiciones necesarias para su realización. Que este nuevo período legislativo, altamente conservador y antipopular, se encuentre con un cuerpo de mujeres altamente organizado y combativo. Un frente de compañeras que, codo a codo con sus compañeros trabajadores, -dejando de lado cualquier tentativa de división de género de carácter reaccionario-, luche por sus derechos no sólo desde el punto de vista legal, sino también en la consolidación de un sistema de salud gratuito y accesible para todos.

Asumimos como propia la consigna de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito nacida en Argentina, pero incorporándole una bandera más:

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir y atención médica gratuita y de calidad para vivir!