Uribe: Corte Suprema dicta casa por cárcel al hombre de la motosierra

El pasado 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, llenó de esperanza a las miles de familias que esperan justicia ante los crímenes por los que se señala como responsable al expresidente y desde hace días, exsenador Álvaro Uribe. La Corte dictó la medida de casa por cárcel basándose en una posible manipulación de testigos, fraude procesal y soborno. En todo caso, esos serían los delitos menos graves que ha cometido.

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La Corte omite en la sentencia otros delitos de mayor importancia, como el apoyo a la organización y financiamiento de grupos antisubversivos (paramilitares), narcotráfico y violación a los derechos humanos.

El exsenador, al ser reseñado como el preso #1087985, niega las acusaciones y afirma que las causas de su detención radican en haber confrontado testimonios en su contra, “comprados por FARC, su nueva generación y sus aliados”. También señala que no existen pruebas en su contra, solo inferencias, que ha sido interceptado ilegalmente y al mismo tiempo, pide transparencia en el proceso.

A pesar del control que ejerce el uribismo como ala de la clase dominante colombiana en los medios de comunicación, en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=XLdmlVL_-7g&feature=share se puede observar el reporte que realizara CARACOL sobre las “Interceptaciones a Álvaro Uribe: estos son los audios que investiga la Corte suprema”, en la que señalan que son más de 27 mil los audios revisados por esta instancia judicial, en la investigación contra Uribe.

En uno de los audios que comprometerían a Uribe, éste se comunica con el ganadero Juan Guillermo Villegas. La llamada se logró interceptar debido a un proceso de investigación que en aquel momento se estaba efectuando en contra de Villegas. En uno de dichos audios el ganadero exhorta a Uribe a pronunciarse ante las denuncias públicas contra su persona.

A su vez, existen llamadas en las que el mismo Juan Guillermo Villegas mantiene contacto telefónico con un tal Humberto. Según la Corte Suprema de Colombia, se trataría en realidad de Humberto Gómez, un misterioso sujeto que estuvo recorriendo varias cárceles en todo el país. Los investigadores designados llegaron a indagar si esas visitas buscaban ayuda (falsos testigos), a favor de la investigación que se llevaba contra Uribe.

Otro de los audios de importancia sería el de una conversación entre Uribe y el ex alcalde de Amagá, en el departamento de Antioquia, Wilser Molina, quien estaría haciendo seguimiento a testigos para que declarasen a favor de Uribe y en contra el Senador Iván Cepeda.

Antecedentes

A finales del año 2014, Álvaro Uribe, en su carácter de Senador, acudió a la Corte Suprema para presentar denuncias contra el también senador Iván Cepeda, por la supuesta búsqueda de falsos testigos. Por su parte, Cepeda le había acusado previamente en el Congreso de tener vínculo directo con grupos paramilitares y narcotraficantes.

El congresista Iván Cepeda ha llevado durante años una lucha para demostrar la vinculación de Uribe con los narcos y los grupos paramilitares. En ese mismo año 2014, durante una sesión del parlamento televisada a todo el país, Cepeda presentó videos, audios y documentos de forma cronológica, que consideraba como pruebas fehacientes de las relaciones entabladas por Uribe con personas vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo, a lo largo de toda su carrera política.

Cuatro años más tarde, la Corte desestimó los cargos contra Cepeda, y abrió una investigación contra el ex presidente por delitos de soborno y fraude procesal, específicamente manipulación de testigos, lo que ha abierto las puertas a los acontecimientos de estas últimas semanas.

Verdugo pidiendo clemencia

A través de su cuenta personal en la red social Twitter, el mismo 4 de agosto, el «intocable» y «todopoderoso» expresidente Uribe, apelando a la lástima, señaló, «la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria». Por supuesto, las reacciones de afectos y adversos no se hicieron esperar.

Sin embargo, no habían pasado 24 horas desde que fuese dictada la sentencia contra Uribe, cuando convenientemente ya se anunciaba que había dado positivo para COVID-19, y que pasaría el proceso de recuperación en su finca “El Ubérrimo”, una modesta propiedad de 1500 hectáreas.

Una vez superado el coronavirus, el muy astuto ex presidente presentó su renuncia al senado de la república, buscando que su caso pase a la justicia ordinaria, a competencia de la Fiscalía General de la Republica, institución a cargo de Francisco Barbosa, aliado del ahora exsenador y amigo personal del presidente Duque.

También hubo un intento desde el Centro Democrático para llamar a las masas a la calle, como ya lo había intentado en períodos anteriores. Sin embargo, se estrellaron contra la realidad: el país está en uno de sus peores momentos, con una pandemia acosando su salud y exacerbando la angustia económica, y con el gobierno, sirviente de Uribe, mostrándose inepto, indolente e incapaz.

Hay cosas más importantes por las cuales preocuparse. De hecho las jugarretas del hombre se han visto como símbolo de debilidad por parte de la mayoría de la población, que no para de hacer mofa de su situación. Muestra de eso son las encuestas oficiales que señalan una disminución de su popularidad en un 50%. De hecho, el 65% señaló estar de acuerdo con la detención.

Pero ¿quién es Uribe Vélez?

Uribe, en tanto político corrupto, criminal y asesino de trabajadores, campesinos y activistas sociales de todo el país, ha sido históricamente un instrumento efectivo para la realización de los intereses del imperialismo norteamericano en Colombia.

Este siniestro personaje ha contado con el apoyo interno de la burguesía hacendaria y de sus aliados en el narcotráfico, para la explotación de los trabajadores y campesinos de Colombia por parte de los grandes capitales imperialistas norteamericanos, que a su vez, han jugado un papel fundamental en su proyecto narcoparamilitar.

Si bien Uribe no es un militar, y su gobierno no fue propiamente hablando una dictadura como las que que se vieron en Suramérica en el marco del plan Cóndor, los métodos que Uribe ha utilizado históricamente contra los trabajadores y la izquierda han sido relativamente similares a los métodos del fascismo. Sobre todo, destaca la organización de bandas armadas, constituidas a partir de los sectores desclasados del proletariado y del campesinado pobre, para exterminar a la izquierda y a miles de activistas sociales a lo largo y ancho del país.

Aunque no se le han imputado cargos de mayor relevancia, actualmente el sistema de justicia colombiano, a través de la Corte Suprema y de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, tiene cerca de sesenta investigaciones abiertas contra el ex presidente. Entre tales investigaciones resaltan la vinculación con el paramilitarismo, narcotráfico y la violación de los derechos humanos.

De igual forma, en este momento Uribe es investigado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, que en el año 2018 abrió un proceso en su contra, en el cual se le relaciona con la masacre de La Granja.

Por otro lado, en el año 2015 el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, solicitó se investigase a Uribe por su participación en la masacre de El Aro, ocurrida en el departamento de Antioquia en el año 1997, cuando era gobernador de dicho departamento.

Así mismo, durante su gestión como presidente de Colombia, se realizaron miles de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) de civiles presentados como guerrilleros, que el ejército hacía pasar como bajas en combate, bajo la dirección de Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa.

Según informe que maneja la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), serían más de 10 mil los colombianos víctimas en estos hechos. Sin embargo, por estos delitos de lesa humanidad, hasta la fecha han sido condenados poco más de 20 militares en todo el país, con condenas que van desde los 37 a 52 años de cárcel.

Aunado a ello, reportes de la prensa extranjera demuestran que luego de la posesión de Duque, el alto mando militar, con el General Nicasio Martínez a la cabeza, dio instrucciones que sugerían un llamado a retomar esta práctica.

Círculo de criminales

Otra evidencia que salta a la vista, de la responsabilidad de Uribe en los crímenes cometidos, consiste en las condenas que ya han sido sentenciadas contra su círculo de colaboradores más cercano, incluyendo sus familiares.

Muchos de los funcionarios que llevaron cargos importantes dentro de su gobierno, como Andrés Arias, uno de sus hombres más cercanos y quien es apodado “Uribito”, fue condenado por entregar subsidios millonarios a terratenientes.

El general Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad de Álvaro Uribe siendo presidente, fue condenado a 13 años de cárcel en Estados Unidos por favorecer el narcotráfico de paramilitares. Una vez cumplida esa condena, fue capturado en Colombia por desapariciones de defensores de derechos humanos. Otro ex jefe de seguridad de Uribe también condenado, es el general Flavio Buitrago, acusado de enriquecimiento ilícito.

Por su parte, el ex ministro de Uribe Diego Palacios fue acusado con base en su directa participación en la ‘yidispótica’, aquel famoso escándalo sobre las altas sumas de dinero que fueron pagadas a varios senadores, con la finalidad de votar a favor de la reelección de Uribe.

De igual forma, Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe, quien fue la fórmula de Álvaro mientras estuvo en el Congreso como senador, fue condenado por sus nexos con el paramilitarismo. Se presume además, que Mario Uribe era el encargado de hacer el “trabajo sucio” con los políticos burgueses. Actualmente su hermano Santiago Uribe es investigado por la fundación de los 12 apóstoles, grupo paramilitar del departamento de Antioquia.

Uribe condenado, pero la clase dominante no cesa de hacer sangrar al pueblo trabajador

En las últimas semanas 9 jóvenes fueron masacrados en Samaniego, 5 jóvenes masacrados en Cali, 2 jóvenes masacrados en Cauca y Nariño, un joven mutilado por su condición de género, 2 indígenas masacrados en Corinto, 5 personas en la masacre de Arauca y 3 jóvenes en la masacre del Norte de Santander.

Estos hechos se suman a los más de 200 líderes sociales muertos en lo que va de año, y a los 200 reinsertados de las FARC asesinados. Mientras todo esto sucede, Uribe y su títere en la Casa de Nariño, Iván Duque, se preocupan por la liberación de Venezuela del supuesto régimen dictatorial que hoy gobierna en ese país.

Ante las últimas masacres de las que se ha tenido conocimiento, el equipo de la ONU en Colombia emitió un comunicado el pasado 17 de agosto, en el que expresa su enérgica condena por las matanzas, declarando que han documentado 33 masacres en lo que va de año.

También, hicieron un llamado a las autoridades competentes a realizar todas las acciones necesarias para erradicar la violencia y a no escatimar esfuerzos en investigaciones y judicializaciones, de quienes atentan contra las garantías de seguridad en las comunidades pobres del país.

Ahora bien, estos llamados contra la violencia, por sí solos, y además proviniendo de un organismo internacional afín a los intereses históricos del capitalismo imperialista, como lo es la ONU, son poco menos que buenas palabras. No obstante, sí permiten evidenciar la magnitud de la represión violenta que las clases dominantes y el Estado ejercen sin piedad contra el pueblo trabajador.

En efecto, a pesar de la detención del hombre de la motosierra, aún no cesan los asesinatos, la persecución y el terror contra las masas trabajadoras, como hemos podido ver. El problema de la violencia en Colombia va más a allá de Uribe y sus amigos.

La violencia y el terror son instrumentos que ha utilizado históricamente la clase dominante, contra quienes generan la riqueza del país mediante la venta de su fuerza de trabajo, ello, con el propósito de poder sacarles hasta la última gota de plusvalía.

Por lo tanto, la superación real y definitiva de la violencia en Colombia sólo podrá ser posible cuando echemos abajo al sistema capitalista, que sólo ofrece muerte y destrucción a los que viven de su esfuerzo y sudor.

La sentencia contra Uribe y las contradicciones de fondo de la sociedad colombiana

Como ocurre con todos los fenómenos y hechos sociales en la historia, el caso del enjuiciamiento a Uribe es también el reflejo de contradicciones políticas, sociales y económicas más profundas en el seno de la sociedad colombiana.

Por un lado está la cuestión de la existencia de contradicciones entre los intereses de distintos sectores de la propia burguesía terrateniente colombiana. La misma burguesía que desde hace más de cuarenta años ha venido fortaleciendo sus vínculos con el narcotráfico.

Adicionalmente, debemos señalar que una parte de la burguesía terrateniente tiene fuertes intereses en el capital financiero. Por ejemplo, la familia Santos tiene intereses en ambos campos, aparte de tener una influencia histórica en los medios de comunicación.

La crisis histórica del capitalismo colombiano atrasado, agudizada por la propia decadencia actual del capitalismo como sistema económico mundial, ha empujado en los últimos años a un sector del uribismo a cambiar de bando. Dicho sector había participado originalmente en el proceso de despojo de tierras a comunidades campesinas, y había apoyado la nefasta política de seguridad democrática, para luego romper con su orientación original, y apoyar el proceso de negociación de paz con las FARC. Es necesario señalar que ese sector fue minoritario, y además, como ha ocurrido históricamente, los acuerdosde paz no fueron cumplidos por su parte.

Detrás de este viraje, se encuentran los mezquinos intereses de estos empresarios sanguinarios, de impulsar una política de legitimación de su propiedad sobre las tierras que arrancaron de forma violenta de las manos del campesinado, con el fin de promover las inversiones nacionales y extranjeras en estas tierras productivas. Específicamente, buscaban la titulación de aproximadamente 3 millones de hectáreas, de entre las 10 millones de hectáreas despojadas a campesinos.

La contradicción entre estas tendencias de la burguesía colombiana se expresaría más tarde incluso en el ámbito político e institucional. Por ejemplo, recordemos cómo las llamadas Altas Cortes fueron espiadas por el propio gobierno de Uribe en su momento, y, cómo ya hemos señalado, cómo éstas luego han respondido, enjuiciando a una serie de personeros cercanos al ex senador.

Buena parte de la izquierda colombiana tomó este hecho como una evidencia para creer en el Estado de Derecho. Debemos señalar con responsabilidad que esto es absurdo. Como hemos señalado al inicio de este artículo, Uribe está siendo juzgado por el que es quizás, el menor de sus delitos. De todas sus fechorías, sólo se le adelanta investigación por unas pocas. Realmente el estado burgués no funciona, ni tampoco garantiza justicia para los pobres.

Por otro lado, está la cuestión de la presión creciente de las masas trabajadoras, que han venido dando síntomas claros de un creciente malestar social, ante un sistema que sólo ofrece sufrimiento y muertes a las mayorías, a cambio el enriquecimiento de unas pocas familias.

No podemos perder de vista las protestas de estudiantes y trabajadores hacia finales del año pasado. Aunque en estos momentos han disminuido como consecuencia de la situación política y social originada por la pandemia y las medidas de cuarentena, podrían reavivarse en cualquier momento, incluso en el marco de la cuarentena. La razón de ello radica en las condiciones de existencia cada vez más insoportables, que deben enfrentar los pobres y trabajadores colombianos cada día que pasa.

De hecho, a pesar de la pandemia se han adelantado movilizaciones. El descontento social en Colombia no disminuye y la popularidad de Duque pasa por su peor momento.

A ello se suma el hecho de cómo el gobierno ha administrado la situación de la pandemia, agudizando la crisis del sistema de salud, y profundizado el impacto sobre los sectores más empobrecidos de la sociedad.

Un atisbo de lo que está por venir, ha sido la reciente protesta silenciosa con trapos rojos colgados de las ventanas de miles de hogares de familias trabajadoras, ante la creciente exasperación de no poder contar con recursos para sostenerse.

Por lo tanto, dentro de ése contexto político y social las medidas judiciales contra Uribe, que obviamente han pasado por las manos del aparato de Estado burgués, podrían considerarse también como una válvula de escape para disipar el descontento y presión social de las masas. El malestar social podría estallar en cualquier momento, poniendo en peligro la propia estabilidad de todo el sistema capitalista en el país.

Desde la Corriente Marxista Internacional nos unimos al clamor y a las demandas de justicia de las miles de familias colombianas y de las MAFAPOCOLOMBIA (Madres falsos positivos de Colombia), ante las horrorosas muertes a las que fueron sometidos sus hijos.

Asimismo, respaldamos la lucha de los campesinos desplazados de sus tierras, de los estudiantes que han exigido en las calles una educación gratuita e incluyente, y condenamos la intromisión del gobierno de los EE.UU. en el proceso judicial que se adelanta contra Uribe.

Señalamos también, que la lucha por reformas democráticas fundamentales, y por la conquista de derechos políticos y civiles básicos para los trabajadores y trabajadoras, pasa en definitiva por la lucha para abolir el sistema capitalista, basado en la propiedad privada de los medios de producción y el aparato de Estado burgués.

Bajo este régimen social de desigualdad impuesta a fuerza de sangre y fuego, es imposible lograr derechos democráticos de forma genuina y definitiva, así como una paz duradera para todo el pueblo trabajador y oprimido de Colombia.

La cruda realidad histórica de este país, debe dejarnos claro que sólo el socialismo puede garantizar justicia. Realmente Colombia no tendría como sustentar a un régimen reformista. La alternativa a Duque-Uribe es la dictadura del proletariado. No hay otra opción históricamente viable.