Tras meses de debates, polémicas y controversias, los grupos políticos catalanes Convergencia i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA, vinculada a nivel estatal con IU) y Candidatures d’Unitat Popular (CUP) – que tienen una mayoría decisiva en el Parlament de Catalunya – han suscrito un acuerdo para convocar un referéndum el 9 de noviembre de 2014 y consultar a la población catalana si quiere que Catalunya forme un Estado propio y el mismo sea independiente.
Las burguesías española y catalana nunca resolverán el problema nacional
La respuesta de la derecha españolista del PP y de los demagogos reaccionarios de UPyD no se ha hecho esperar, rechazando de plano la legalidad de dicho referéndum. Rajoy ha declarado que garantiza “que dicho referéndum no se va a celebrar”, porque “choca con el fundamento de la Constitución, que es la indisoluble unidad de España”. Algunos dirigentes del PP y de UPyD exigieron, incluso, la inhabilitación del President de la Generalitat, Artur Mas, y la anulación de la autonomía catalana, si dicha consulta fuera convocada.
Los dirigentes del PSOE no se quedaron atrás, temerosos de que los señalaran con el dedo, y se sumaron a este coro ensordecedor, diciendo que nunca apoyarían el derecho de autodeterminación para Cataluña “por ser anticonstitucional”.
Sí al derecho de autodeterminación
La corriente marxista Lucha de Clases defiende la potestad irrestricta de cualquier organismo elegido por el voto popular – en este caso, un parlamento autonómico – de proponer y celebrar cualquier referéndum o consulta popular sobre los temas que considere pertinentes en su ámbito de actuación.
Por eso rechazamos, como un ataque elemental a los derechos democráticos, las amenazas de la derecha reaccionaria contra la celebración de este referéndum y contra la autonomía catalana. Esta reacción – y no se podía esperar otra – demuestra el carácter profundamente anti-democrático de la burguesía española, en éste y otros temas.
La Corriente marxista Lucha de Clases siempre ha defendido el derecho de autodeterminación para Catalunya – así como para el País Vasco y Galicia. Consideramos un derecho democrático básico que los pueblos catalán, vasco y gallego puedan decidir en un referéndum democrático el tipo de relación que quieren mantener con el resto del Estado español, incluida la opción de la independencia.
No es por casualidad que el PP use un lenguaje de tufo franquista para oponerse a este derecho democrático, apelando a la “unidad indisoluble” de España. La unidad de un territorio o de un Estado sólo debe darse de manera voluntaria, no impuesta. Y ha sido justamente la negación y el atropello de los derechos democráticos básicos de las nacionalidades históricas que forman parte del Estado español – como el derecho de autodeterminación – la explicación de la pervivencia de la llamada cuestión nacional y de sus episodios periódicos de agravamiento, como el actual.
No a la unidad forzada, sí a la unidad voluntaria
La política reaccionaria del PP y del aparato de Estado (especialmente, la judicatura), con su ideología nacionalista española opresora y fascistoide, ha envenenado aún más la situación. Llevan una década de provocaciones, insultos y atropellos al sentimiento nacional catalán. La crisis actual ha acentuado los problemas, por los intentos del gobierno español de socavar las competencias autonómicas con la excusa de reducir drásticamente el gasto público para privilegiar el pago de la deuda.
Precisamente, porque defendemos la unidad de la clase trabajadora del Estado español en la lucha común contra la burguesía española y las burguesías nacionalistas catalana y vasca – única manera de garantizar el triunfo de la revolución socialista en el Estado español, como una primera etapa de la revolución socialista europea – es que debemos eliminar cualquier elemento de desconfianza mutua, y cualquier atisbo o sentimiento de opresión nacional entre los obreros catalanes, vascos o gallegos.
Y esto sólo puede conseguirse dejando claro que rechazamos cualquier pretensión de unión forzada, que solo estamos interesados en una unión y colaboración voluntaria y fraternal, en pie de igualdad, sin ningún status privilegiado para ninguna nacionalidad o idioma en el conjunto del Estado, como ha sido el caso hasta ahora de la nacionalidad española y del idioma castellano.
PSOE y PCE defendieron el derecho de autodeterminación en el pasado
Es una desgracia que, ya en los años 70, los partidos tradicionales de la clase obrera española– el PSOE y el PCE, con Felipe González y Santiago Carrillo a la cabeza – abandonaran después de la muerte del dictador la defensa del derecho de autodeterminación para Catalunya, Euskadi y Galicia, que figuraba en sus programas. En aquél momento los partidos de izquierda tenían una amplia mayoría en Catalunya. El PSC y el PSUC sacaron casi el 50% de los votos en las elecciones generales de 1977, mientras que lo que después fue CiU apenas superaba el 20%. Fue el giro a la derecha de los dirigentes de los partidos obreros en éste y otros temas, lo que permitió a los partidos nacionalistas burgueses y pequeñoburgueses de estas nacionalidades enarbolar en solitario la defensa de dichas consignas, permitiéndoles agrupar una base social significativa.
La dirección socialdemócrata del PSOE ha profundizado todos estos años su adaptación e integración al sistema capitalista, abrazando el nacionalismo burgués español reaccionario y la monarquía decrépita de Juan Carlos. Afortunadamente, el PCE e IU han retomado activa y valientemente la consigna del derecho de autodeterminación para estas nacionalidades y la defensa de una República Federal. Esto le abre a IU la posibilidad de una audiencia amplísima en Catalunya, Euskadi y Galicia si saca todas las conclusiones que se derivan de la defensa de esa consigna.
El fracaso de los Constitución del 78 y del régimen político que resultó de la Transición
La derecha española y la dirección del PSOE dicen que el derecho de autodeterminación es “anticonstitucional”. Pero eso solo viene a demostrar que la Constitución de 1978 fue un engaño, un acuerdo espurio entre los representantes del viejo régimen franquista y las direcciones obreras. Se nos impuso la monarquía y el Rey que había nombrado Franco como su sucesor, la bandera monárquico-franquista, la gran propiedad privada, el rancio concepto de la “unidad de España” – garantizada por las Fuerzas Armadas – y la impunidad de los crímenes del franquismo. Las promesas del derecho de autodeterminación fueron abandonadas. Y todo bajo la amenaza de un inexistente “peligro de involución”, después de que durante los dos años precedentes – de 1976 a 1978 – los dirigentes del PSOE y del PCE frustraran las aspiraciones revolucionarias de millones de trabajadores por un cambio radical y socialista de la sociedad.
Ahora, bajo el martilleo de la crisis económica y social más grave en décadas del sistema capitalista español e internacional, el engaño y la mezquindad de la Constitución del 78 se muestran a ojos vista, así como el descrédito de las principales instituciones del Estado, comenzando por la monarquía. Lo que tenemos ante nuestros ojos es una crisis de régimen, de todo el sistema político y económico que rige en el Estado español, y que requiere ser sustituido.
Los mismos (PP y PSOE) que reclaman la sagrada intangibilidad de la Constitución para no dar cabida al derecho de autodeterminación, no tuvieron reparos en pactar una reforma constitucional en septiembre del 2011, a espaldas del pueblo, que da prioridad al pago de la deuda al capital financiero, sobre los gastos sociales, el empleo, la educación, la sanidad y las pensiones.
Es más, no sólo exigimos el derecho democrático a la autodeterminación. Hay un descrédito creciente del anacrónico sistema monárquico, elemento clave en la crisis de régimen actual que intentan tapar cuidadosamente tanto el PP como el PSOE. Por eso exigimos también el derecho democrático del pueblo español, como muy bien defiende Izquierda Unida, a decidir en un referéndum democrático la continuidad de la monarquía y la proclamación de la República. Y si esta Constitución no da cabida a reclamos democráticos y políticos que tienen un apoyo y una audiencia de masas cada vez mayor, es una confirmación de lo lejos que está de representar y defender los intereses populares.
Ninguna confianza ni apoyo al nacionalismo burgués de CiU
Dicho esto, no podemos dejar de señalar con menos insistencia la hipocresía en todo este asunto de la coalición política de la burguesía nacionalista catalana, CiU.
¿Cómo es posible que el partido que dice liderar los derechos democráticos del pueblo catalán apoye la “Ley Mordaza” del PP, que impone más represión a la protesta social y otorga a los guardias de seguridad privados funciones de policía? Pues esto es lo que CiU quiere también para el pueblo catalán cuando se movilice para exigir sus derechos.
¿CiU nos habla de democracia? Ahora se descubrió que el Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (Cesicat), una especie de servicio secreto catalán dependiente de la Generalitat-¡sí la Generalitat también tiene su propio servicio secreto de espionaje, similar al CNI español! – vigila y espía ilegalmente a activistas populares y de izquierda catalanes (Ver El hundimiento del ‘CNI catalán’, El País)
CiU y ERC han defendido la actuación de la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra, en todos los casos de represión contra los trabajadores y la población catalana del último año: represión de la manifestación de la Huelga general del 14-N, donde una manifestante perdió un ojo, paliza mortal de los Mossos a un empresario hostelero del Raval, represión de los trabajadores de Panrico en Santa Perpètua de Mogoda, etc.
¿Nos hablan de defensa de los derechos sociales? CiU apoyó completamente, y sigue defendiendo, la contra reforma laboral del PP de 2012, y la votó en el Parlamento español, y cuya entrada en vigor ha significado un ataque salvaje a los salarios y a las condiciones laborales de los trabajadores, en primer lugar a los catalanes.
CiU ha aplicado diligentemente todos los recortes y ajustes sociales habidos y por haber en educación, sanidad, etc., siendo en algunos casos la Generalitat “pionera” en el afán recortador y privatizador.Si de lo que se trata es de desconocer la “legalidad” española con la convocatoria de este referéndum, aunque sea simbólicamente ¿por qué el gobierno de CiU y ERC no plantean en ningún momento – aunque sea simbólicamente- negarse a aplicar los recortes al gasto público catalán? ¿Por qué apoyan los desahucios de las familias catalanas sin recursos, como las del Bloc de Salt, en Girona, la semana pasada?
Por no hablar del apoyo de CiU a las principales medidas reaccionarias del PP, tanto en los anteriores gobiernos de Aznar como en el actual de Mariano Rajoy.
No es casual que cada propuesta soberanista de CiU suela plantearse después de cada movilización de masas de los trabajadores y jóvenes catalanes contra su política económica y social. Sólo este otoño ha habido dos manifestaciones de masas con 200.000 personas para protestar contra esta política: los pasados 24 de octubre, en la manifestación de la comunidad educativa, y el 24 de noviembre en la manifestación de la Cumbre Social que incluía el rechazo a los presupuestos antisociales del 2014 propuestos por la Generalitat, y aprobados la semana pasada con el apoyo de ERC.
Justamente, ERC, que se dice progresista, apoyó completamente estos presupuestos del gobierno de CiU que consagran más recortes sociales, todo en aras de salvaguardar la “sagrada unión nacional” catalana, aunque sea a costa de hacer más pobres a las familias obreras catalanas.
El día después del anuncio de la fecha y las preguntas del referendum por parte de Mas (arropado por ERC, ICV-EUIA y las CUP), los Mossos d'Esquadra desalojaban a las familias del Bloc de Salt, en Girona, el bloque de viviendas del SAREB ocupado por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas para alojar a familias desahuciadas por los bancos. El mismo día, se reincorporaban los Mossos d'Esquadra imputados por la muerte del empresario Benítez en el Raval. Para Mas y CiU, el referéndum de autodeterminación es una conveniente cortina de humo para desviar la atención de su política reaccionaria, privatizadora y represiva.
Lo mismo se aplica a la burguesía española y al gobierno de Rajoy, para el cual agitar el espantajo de la independencia de Catalunya, le sirve para tratar de desviar la atención de su política de recortes y ataques a trabajadores, jubilados, estudiantes, parados, etc. sus propios escándalos de corrupción e intentar recomponer su base social sobre la base del nacionalismo español reaccionario.
En realidad, no hay ninguna diferencia sustancial en todos los aspectos decisivos entre la política del PP y la de CiU. Los presupuestos de la Generalitat vigentes hasta ahora (prorrogados con el voto de ERC) son los que CiU y PP pactaron en Febrero del 2012. Cuando se produjo el espectáculo bochornoso de la beatificación masiva de “mártires” franquistas en Tarragona el 13 de Octubre, el president Mas no tuvo empacho en compartir primera fila junto a la plana mayor del PP: el ministro de justicia Gallardón, el de Interior Fernández Díaz, y el presidente del Congreso, Posada.
Por el contrario, los intereses de la clase trabajadora son los mismos en Barcelona, Sevilla, Madrid o Bilbao, y sus enemigos también son comunes. Los aliados naturales del pueblo catalán en la defensa de sus derechos democráticos y contra el gobierno del PP son aquellos que sufren sus políticas reaccionarias en todo el estado: la comunidad educativa movilizada, los mineros asturianos, los trabajadores del sector naval en Galicia y en Cádiz, los trabajadores de la limpieza de Madrid, los jornaleros andaluces…
La burguesía catalana es hermana de clase y cómplice de la burguesía española, y sigue fundamentalmente la misma política de hacer pagar a la clase trabajadora el peso de la crisis de su sistema.
Por otro lado, hay que colocar en sus justos términos el “progresismo” que dice defender ERC. La insistencia de la cúpula de ERC en que una Catalunya independiente permanecería en la Unión Europea y acataría sus leyes y decisiones – y, por lo tanto, su política de austeridad permanente – simplemente subraya el carácter burgués de la dirección de esta organización y su actitud servil hacia el imperialismo europeo.
CiU busca un pacto con la burguesía española
Como hemos explicado otras veces, el interés de CiU y del sector de la burguesía catalana que representa es utilizar las sanas aspiraciones nacionales del pueblo catalán como moneda de cambio para reforzar su posición como clase dominante en Catalunya frente a sus compinches de la burguesía centralista española. No está interesada realmente en la independencia de Catalunya, o en todo caso en una mera independencia formal que deje todo tal como está con algunas prebendas más, tal como plantea el Partido Nacionalista Escocés para el caso de Escocia, que ahora propone la libra como moneda, el Banco de Inglaterra como banco nacional, la BBC como TV estatal, y a la reina Isabel como jefa de Estado de una Escocia “independiente” ¡Vaya burla!
Una separación genuina del Estado español, en líneas capitalistas, le crearía más problemas que ventajas a la burguesía catalana, al exponerse a represalias en el mercado español que representa una parte sustancial de su negocio, y al generar incertidumbre sobre el destino de las inversiones extranjeras que, como las españolas, representan una parte significativa de la economía catalana.
En realidad, CiU trata de utilizar el fuerte sentimiento de la población a favor de un Estado propio para forzar un acuerdo con la burguesía española y sus representantes políticos sobre un nuevo régimen fiscal y un mayor grado de autonomía, no para el interés de la población catalana, sino para mantener la hegemonía política en la sociedad catalana y acrecentar sus beneficios y prebendas.
El papel de la izquierda catalana
Por eso nos parece lamentable que los grupos más significativos de la izquierda catalana: ICV-EUiA y las CUP hayan practicado un seguidismo a CiU en el tema nacional, y en el referéndum en particular, completamente acrítico.
Una cosa es aprovechar las rivalidades y contradicciones que se da en este tema entre las burguesías española y catalana, y entre sus partidos políticos, para hacer avanzar los derechos democráticos y políticos del pueblo catalán, y otra cosa muy diferente es prestar apoyo político, avalar o certificar cartas de aval democrático a CiU y a la burguesía nacionalista catalana.
Una posición de izquierda y clasista consecuente – como la que deberían haber planteado los compañeros de la dirección de ICV-EUiA y de las CUP – tendría que haber manifestado, aproximadamente, lo siguiente:
“CiU se ve obligada a dar algunos pasos adelante forzada por las circunstancias y a defender de palabra los derechos democráticos del pueblo catalán, movida por sus propios intereses de clase egoístas contra los de la burguesía española. Pero CiU nunca irá hasta el final para defender estos derechos. Más aún, terminará traicionándolos para alcanzar un acuerdo con sus compinches españoles, si eso favorece sus intereses de clase, o si la movilización de masas escapa a su control y amenaza dichos intereses.
"Apoyamos la convocatoria de este referéndum como un paso adelante en el ejercicio de los derechos democráticos del pueblo catalán, y que ha sido el fruto de su movilización masiva en estos dos años, y estamos dispuestos a aportar nuestros votos en el Parlament a favor de esa iniciativa; pero nos negamos a firmar ningún acuerdo político con CiU, que es enemiga de los intereses populares, y mucho menos aparecer en la foto o en las pantallas de televisión unidos de la mano para darle ningún tipo de credibilidad política o democrática. Por lo demás, permanecemos en oposición irreductible a toda su política, en el Parlament y en la calle.
"Sabemos perfectamente, como ocurrió en Irlanda en 1922 tras su independencia del Reino Unido, que al día siguiente de una eventual Catalunya independiente la burguesía catalana, junto a la pequeña burguesía reaccionaria, trataría a la izquierda y a los socialistas revolucionarios catalanes como a los peores enemigos del nuevo Estado, e intentaría perseguirnos y reprimirnos implacablemente por amenazar sus intereses de clase. Por eso no podemos sembrar ni alentar ningún tipo de ilusiones acerca del carácter progresista de la burguesía catalana, ni en el terreno de los derechos nacionales ni en ningún otro.”
Una posición de este tipo aseguraría la independencia de clase de los sectores más conscientes y avanzados de la clase obrera y sumaría el apoyo de los sectores más progresistas de la sociedad catalana; debilitaría la "unidad sagrada”, en torno a la burguesía nacionalista, que promueven CiU y los jefes pequeñoburgueses de ERC; y haría avanzar la conciencia política y de clase de amplias capas de la clase obrera catalana. Esto tendría también un efecto en acercar y ganar la simpatía a favor de los derechos democráticos del pueblo catalán de cientos de miles de trabajadores españoles, que están intoxicados por la propaganda venenosa del nacionalismo español y las rivalidades y enfrentamientos nacionales que promueven los nacionalistas burgueses españoles y catalanes.
¿Y si no se celebra el referéndum? Limitaciones del nacionalismo de CiU y ERC
Cuando aún no se había secado la tinta del papel donde se firmó el acuerdo sobre el referéndum catalán, ya CiU y ERC se mostraban dispuestos a aplazar la fecha o cambiar las preguntas para satisfacer al gobierno de Rajoy a cambio de que el parlamento español reconociera la consulta. Ni que decir tiene que ni CiU ni ERC se molestaron en consultar a ICV-EUiA ni a las CUP para pedirles su parecer sobre esto.
Más aún, tanto CiU como ERC dan por sentado que si el Parlamento español, como es lo más probable, rechaza la validez del referéndum catalán, éste no se celebrará y, en su lugar, se adelantarán las elecciones autonómicas “plebiscitarias” para elegir un nuevo Parlament, calculando que de esa manera obtendrían una mayoría más amplia. Sin embargo, no sabemos qué es lo que cambiará con eso. En el Parlament actual CiU y ERC ya tienen una mayoría sólida. Al parecer, CiU-ERC ni siquiera se plantean desoír la opinión del Parlamento español y seguir adelante con el referéndum, aunque sea para mostrar simbólicamente la posición de la mayoría del pueblo catalán sobre su autodeterminación. Pero, incluso, aunque se celebre ese referéndum y triunfe la tesis independentista eso no traerá un Estado propio a Catalunya y mucho menos la independencia, porque la burguesía española y su aparato de Estado jamás estarán dispuestos a otorgarla voluntariamente.
Descartado el llamamiento, por su temperamento y constitución de clase, que la burguesía catalana lidere una insurrección civil o popular de la población catalana para proclamar unilateralmente su Estado o la independencia, la realidad nos muestra las enormes limitaciones que tienen la burguesía y la pequeñaburguesía nacionalista para luchar consecuentemente por los derechos democráticos nacionales en la época actual.
Por todo lo anterior sería impropio denominar el referéndum del 9 de noviembre de 2014 como un ejercicio genuino del derecho de autodeterminación. Este implica, en rigor, el acatamiento por los poderes del Estado del resultado de dicho referéndum y su puesta en práctica inmediata. Aquí, en primer lugar, no sabemos si se celebrará el referéndum; y en segundo lugar, aunque se celebre, su resultado – sea cual sea – no será puesto en práctica. Sería más apropiado, entonces, denominarlo “consulta popular”, una votación para conocer la opinión del pueblo catalán sobre la relación que debe mantener Cataluña con el resto del Estado español, pero no un referéndum de autodeterminación.
Sólo la clase obrera defiende consecuentemente los derechos democráticos
Toda la experiencia histórica enseña que sólo la clase obrera, a la cabeza de los demás sectores oprimidos de la sociedad, está en condiciones de luchar hasta el final por los derechos democráticos, incluido el derecho de autodeterminación. Y esa misma experiencia histórica también nos muestra que la manera de hacerlo es con los métodos propios de la clase obrera: las movilizaciones de masas, las huelgas, etc. y con la formación de un gobierno obrero que aplique medidas socialistas de expropiación contra la burguesía.
El problema de Catalunya no es su vínculo con el Estado español, como plantean los nacionalistas burgueses y pequeñoburgueses. Si fuera así, el mundo capitalista sería un paraíso en la tierra con unos pocos países problemáticos, como el Estado español. No, la cosa no es tan simple. El problema es el capitalismo, la propiedad privada de los grandes medios de producción, un sistema basado en el lucro privado y la explotación de la mayoría, que genera crisis, pobreza y miseria; como vemos en todas partes.
Sólo un gobierno obrero, sustentado en las organizaciones de izquierdas que defiendan el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas junto con la expropiación de los banqueros, monopolios, y latifundios, bajo el control democrático de los trabajadores, puede hacer realidad ese derecho y resolver los acuciantes problemas económicos y sociales que afectan a la mayoría.
Los trabajadores no estamos interesados ni ganamos nada con la opresión o la retención forzada de ningún pueblo dentro de las fronteras de un Estado. Estamos convencidos de que la experiencia hará ver que resulta más ventajoso permanecer unidos voluntariamente en una federación socialista. Frente al egoísmo burgués, los marxistas, los socialistas revolucionarios, oponemos la solidaridad y fraternidad obrera, la unión y colaboración desinteresada de los pueblos, a través de la propiedad colectiva y la planificación democrática en común de nuestros recursos productivos. Esto haría avanzar y progresar a todos los pueblos que forman actualmente el Estado español, junto a una Portugal socialista si quisiera incorporarse voluntariamente a esta federación, con el mayor grado de autonomía y autogobierno para cada uno, en el marco de en una Europa unida socialista y en un mundo socialista unido, sin fronteras que nos dividan y enfrenten.
Izquierda Unida tiene una responsabilidad histórica
Izquierda Unida, que ha enarbolado valientemente la defensa del derecho de autodeterminación, dentro y fuera de Catalunya, tiene una responsabilidad histórica. Su defensa de este derecho, así como de la República federal, para ser consistentes y ofrecer una alternativa convincente para ganar el apoyo mayoritario de la clase obrera española, catalana, vasca y gallega, debe completarse con la defensa y agitación de un programa de transición al socialismo.
Este programa debe recoger desde las demandas más básicas sobre salarios, pensiones, viviendas, empleo, repudio de la deuda, etc. hasta otras más avanzadas como el derecho de autodeterminación, y culminar con la nacionalización, bajo control obrero y sin indemnización salvo a pequeños accionistas y ahorradores, de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes para planificar democráticamente la economía en beneficio de la inmensa mayoría de la sociedad. Una política socialista audaz no significa el "reparto de la miseria", sino la elevación del conjunto del nivel de vida de la población a un nivel muy superior al existente actualmente en las zonas y comunidades más desarrolladas del Estado: Euskadi, Madrid o Catalunya, y de Europa: Alemania, países nórdicos, etc.
Junto a esto, IU debería lanzar de manera inmediata una campaña pública audaz en todo el Estado agitando estas ideas, haciendo un énfasis especial fuera de Catalunya en combatir el reaccionario nacionalismo español opresivo del PP y de UPyD, y en defender el derecho que le asiste al pueblo catalán a decidir su futuro. Por otro lado, dentro de Catalunya, ICV-EUiA debería insistir en la necesidad de mantener la unidad voluntaria del pueblo catalán con el resto de pueblos que integran el Estado español y con Portugal por medio de una Federación Socialista.
No nos cabe duda de que una campaña de este tipo permitiría a IU emerger con una fuerza decisiva en todo el Estado y ayudaría a socavar los enfrentamientos y divisiones nacionales en el conjunto de la sociedad, y en la clase obrera en particular, que con tanto ahínco persiguen las burguesías española y nacionalistas.