Soberanía nacional o independencia de clase: la izquierda ante el problema migratorio

A raíz de la crisis de Ceuta hemos visto posiciones implícita o explícitamente favorables a una política de puerta cerrada desde varias instancias de la izquierda basándose en la defensa de la soberanía nacional. La izquierda debe abordar el problema migratorio desde una posición de intransigente independencia de clase y combatir las políticas que pretenden dividir a la clase trabajadora por razones de origen, raza o religión.

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Los debates sobre controles migratorios en el seno del movimiento obrero se remontan a los tiempos de la II Internacional, momento en el que se daban grandes flujos migratorios hacia América desde Europa y Asia, así como dentro de Europa de los países más atrasados hacia los más industrializados. En aquel momento, los sectores más conservadores del sindicalismo estadounidense, entre otros, propugnaban en el seno de la internacional la necesidad de controlar la inmigración desde países periféricos, aludiendo a la competencia por los salarios y al supuesto atraso cultural y político de estos trabajadores. Es sorprendente cómo estos argumentos expuestos hace más de cien años se parecen a los que hoy esgrimen ciertas izquierdas para justificar posiciones de control de la inmigración que, en última instancia, se deben a su profundo nacionalismo.

En el momento en que la izquierda renuncia a la transformación socialista de la sociedad, ante la cuestión migratoria tiende siempre adaptarse a los límites objetivos del capitalismo en crisis, bien sea aceptando la necesidad de los controles migratorios, bien sea intentando maquillar la realidad de la política migratoria con frases vacías sobre solidaridad y humanitarismo. En relación a esto, los lectores pueden encontrar la posición de la Corriente Marxista Internacional en este artículo.

A raíz de la crisis de Ceuta hemos visto posiciones implícita o explícitamente favorables a una política de puerta cerrada desde varias instancias de la izquierda basándose en la defensa de la soberanía nacional. En particular, la dirección del PCE situó esta defensa como primer punto de su comunicado del 18 de mayo. Hemos visto posicionamientos similares por parte de organizaciones estalinistas de nuevo cuño y también de columnistas y ensayistas de la izquierda.

¿La soberanía nacional de quién?

La idea de la soberanía nacional pertenece a los tiempos de la revolución industrial y la construcción del Estado-nación, al tiempo de las revoluciones burguesas que en España pasaron de largo. Sin duda fue una idea revolucionaria en su momento, significaba pasar de la soberanía personal de los monarcas del antiguo régimen a adecuar las instituciones políticas al desarrollo del capitalismo fabril naciente; unificando el mercado nacional, eliminando las aduanas interiores, unificando los pesos y medidas e imponiendo una lengua común, y estableciendo libertades individuales con más o menos limitaciones según el país y la coyuntura concreta. Doscientos años después, en la época del capitalismo imperialista en decadencia, con unas economías nacionales cada vez más interdependientes, la soberanía nacional ha dejado de ser una idea revolucionaria para convertirse en un principio reaccionario que apuntala los elementos clave del sistema capitalista: la propiedad privada de los medios de producción y la existencia del Estado-nacional. Ambos han dejado de ser hace mucho tiempo impulsores para el desarrollo de las fuerzas productivas para ser frenos al mismo. Las crisis de sobreproducción y las guerras comerciales son una condena explícita a la camisa de fuerza que estas instituciones suponen para el desarrollo de la economía y la sociedad a día de hoy. Más aún, frecuentemente, la apelación a la “soberanía nacional” trata de ocultar la política imperialista de saqueo y opresión por parte de los países capitalistas desarrollados sobre los más atrasados, como testimonian en particular todos los conflictos bélicos relevantes ocurridos desde la I Guerra Mundial hasta la fecha.

Paradójicamente, la respuesta de buena parte de las derechas a nivel internacional, y que es imitada por buena parte de la izquierda reformista, es la de un repliegue nacional frente al capitalismo globalizado y al caos y la incertidumbre que éste genera. Es una utopía reaccionaria pensar que con medidas autárquicas y proteccionistas se puede conseguir a día de hoy un bienestar similar al que tuvieron los países centrales (nunca los periféricos) en las épocas de auge del capitalismo. Pero, y en la medida en que la izquierda no plantea una alternativa basada en el análisis científico y riguroso del marxismo, estas ideas obtienen amplia audiencia entre amplias capas de las sociedades europeas, básicamente al no ser contrarrestadas las tendencias conservadoras de la mentalidad dominante, con el recuerdo de un pasado muchas veces idealizado. Al mismo tiempo, la cuestión no resuelta de las nacionalidades sin Estado resurge con fuerza en esta época de crisis capitalista, añadiendo aún más inestabilidad en la situación mundial y, en el caso concreto del Estado español, suponiendo el desafío más serio al statu quo.

La izquierda reformista y sus portavoces mediáticos están situando el debate en las coordenadas de las Cortes de Cádiz, cuando hoy en día estamos en una realidad totalmente distinta: la de un capitalismo global en crisis y la de unos Estados-nación que han agotado su papel progresista. La misma izquierda reformista, la de tradición estalinista en particular, que ante la crisis catalana hizo de la "unidad de los trabajadores" un señuelo para ocultar su apoyo efectivo a la unidad de España bajo la monarquía y el régimen del 78, usa hoy la idea de la soberanía nacional para, en la práctica, hacer bloque con la burguesía nacional en su deseo de controlar los flujos migratorios en su propio beneficio y no en el de los trabajadores migrantes y autóctonos. Cuando la dirección del PCE, en su comunicado del 18 de mayo, plantea como primer punto la defensa de la "soberanía nacional" española, está asumiendo implícitamente unos intereses que no son los de la clase obrera sino los de la clase dominante y está, a su vez, alimentando la teoría lunática de la ultraderecha de la "invasión marroquí".

No perdamos el punto de vista independiente de clase

La soberanía real y efectiva, independientemente de lo que diga la Constitución, corresponde sólo a la clase dominante y a sus servidores en el aparato del Estado. En el momento en que la izquierda olvida esto y asume el control de la inmigración y la soberanía nacional, sólo beneficia a la reacción.

El mejor ejemplo de esto es el propio desarrollo de la crisis política posterior a la oleada migratoria del 18 de mayo. Los representantes políticos de la burguesía están aprovechando dicha crisis para debilitar la posición del gobierno central, sin importarles poco o nada que ello fortalezca la posición del régimen marroquí. Vox, en particular, representa la vanguardia de esta ofensiva, lanzando una andanada de odio racista contra los ciudadanos españoles de origen arabo-bereber y de religión musulmana en Ceuta y Melilla, llamándolos “quintacolumnistas” del régimen marroquí. Los efectos potencialmente destructivos de esta política de Vox, que está recibiendo el apoyo tácito del resto de las derechas y del aparato del Estado (con la única resistencia del PP ceutí) son evidentes para cualquiera con un mínimo de perspicacia política. Cualquier ataque a los derechos civiles y a la integridad física de los musulmanes de Ceuta y Melilla arrojaría a estos en brazos del Majzen, la élite corrupta gobernante de Marruecos.Paradójicamente, eso comprometería seriamente la soberanía española sobre las ciudades autónomas que, dicen, pretenden defender. Pero más importante y grave que esto, abriría una espiral de enfrentamientos intercomunitarios en estas. Esto tendría su correlato en la Península con una presión cada vez mayor del aparato del Estado y las escuadras fascistas sobre la población africana inmigrada y un ambiente cada vez más tóxico de nacionalismo español etnicista, el que se basa en los mitos de la Reconquista y en la identificación de españolidad y catolicismo.

La izquierda debe explicar las verdades elementales que cualquier trabajador puede comprender. Debe explicar que si la inmigración genera competencia por los salarios, es porque al patrón le conviene al poder reducir las condiciones de trabajadores sin derechos; que si hay competencia por los recursos sociales (mucha menos de la que se dice), es porque los distintos gobiernos no han parado de ejecutar recortes en estos servicios desde 2008. Que mantener a cientos de miles de trabajadores en la ilegalidad sólo beneficia a las patronales más atrasadas y parasitarias del país que se basan en la sobreexplotación y el fraude para competir en el mercado; y que a los que sí están en situación legal se les mantenga en una situación de apartheid político, sin derecho al voto pese a llevar años viviendo y trabajando en el Estado español, es una aberración antidemocrática que lo único que provoca son mayorías de derechas artificialmente infladas en las zonas donde estos se concentran.

Debe explicar, en suma, que bajo el capitalismo la inmigración ni va a cesar ni puede ser contenida mediante el control de fronteras, ya que los motivos objetivos por los que la gente abandona su tierra van a seguir ahí, y están provocados por el dominio de las multinacionales y las potencias imperialistas (incluída España) sobre los países de origen. Bajo el capitalismo, la “soberanía nacional” es una fantochada hipócrita. Todo lo que entra en el proceso de producción y de circulación de mercancías tiene un carácter mundial y desconoce fronteras, so pena de perecer: las materias primas, la tecnología y las telecomunicaciones, los bienes intermedios, etc. La mercancía “fuerza de trabajo”, los trabajadores asalariados, entran también dentro de esta dinámica.

La izquierda debe, en definitiva, abordar el problema migratorio desde una posición de intransigente independencia de clase y combatir las políticas que pretenden dividir a la clase trabajadora por razones de origen, raza o religión. Esto pasa por la inclusión generalizada de los trabajadores migrantes (estén o no en situación regular) en las organizaciones de clase, en la defensa de derechos políticos para toda la clase trabajadora independientemente de su origen y la defensa de unos servicios públicos de calidad y accesibles para todo el mundo. Y debe, sobre todo, armar a la clase trabajadora con una perspectiva política clara, señalando que el drama de la emigración sólo acabará cuando se acabe con sus causas objetivas, con el dominio del capital, y que para eso hay que organizarse y luchar, no solamente por un Estado español socialista sino por un mundo socialista sin fronteras ni opresión de ningún tipo.