Unos 150 efectivos de la Policía Federal invadieron Cipla en Joinville/SC el 31 de Julio y expulsaron a los trabajadores. Con órdenes judiciales y órdenes de prisión contra los dirigentes de la fábrica que está bajo control obrero, la decisión es pasar la administración a un interventor controlado de los antiguos patrones, los hermanos Anselmo y Luís Batschauer, que tienen que responder por numerosos crímines civiles, tributarios y contra los trabajadores, debido a las deudas acumuladas y la corrupción.
Hasta el momento, el interventor nombrado por el juez ha despedido a 50 trabajadores, empezando por todos los miembros del Consejo de Fábrica elegidos en asamblea. Además de eso, la Policía Federal confiscço todos los bienes que se encontraban en la empresa, incluyendo los de uso personal de los trabajadores. También cancelaron los teléfonos móbiles y los correos electrónicos de la empresa, en un intento de impedir y controlar las comunicaciones.
Inmediatamente se inició una campaña nacional e internacional de resoluciones y en este momento se están realizando dos asambleas públicas. Una frente a las puertas de Cipla, con trabajadores de la empresa que se niegan a aceptar la intervención y con apoyo de representantes de todo el país. La otra en la fábrica ocupada Flasko (Sumaré/SP) que ahora mismo no se encuentra tomada por la PF, a pesar de pertenecer al mismo grupo económico.
Entienda el caso
Hace casi cinco años, los trabajadores de Cipla e Interfibra (de Joinville/SC) y de Flaskó (Sumaré/SP) ocuparon las empresas y las pusieron a funcionar, en respuesta a las amenazas de cierre de las fábricas y al impago de salarios y beneficios atrasados. De esta manera, los trabajadores mantuvieron los puestos de trabajo, la producción y los salarios, al mismo tiempo que organizaban una campaña nacional e internacional de solidaridad. La responsabilidad del gobierno Lula es aceptar el dictámen técnico del BNDES/BADESC que reconoce la viablidad de las empresas, transformando el pasivo en activo, mediante la intervención por parte de los entes públicos. El documento de esta manera justifica la reivindicación de los trabajadores de nacionalización de las empresas, al igual que ocurre en Venezuela y Bolivia.
Al fin y al cabo, cerca del 80% de la deuda millonaria que pesa sobre las empresas es con el erario público y con la seguridad social de los trabajadores, como nel FGTS y el INSS, recogidos pero no pagados. Esos valores nunca fueron cobrados a los antiguos dueños, pero ahora que las fábricas fueron recuperadas por los trabajadores, se les amenaza para quebrar su determinación de mantener los puestos de trabajo y el sustento de sus familias.
Subasta de bienes, máquinaria y equipos, acciones de confiscación de facturación y amenazas de prisión para los dirigentes se conviertieron en una rutina, a pesar de las mobilizaciones y la presion al gobierno federal y de los acuerdos alcanzados con los organismos públicos. Mientras tanto, una decisión judicial favorable a una acción del INSS (Seguridad Social), ejecutada el 31 de Mayo por un fuerte aparato policial, amenaza con transferir la administración a un interventor bajo el control de los hermanos Batschauer, lo mismo que ya ocurrió en otra fábrica del grupo, Profiplast (SC) - cuyos trabajadores sufren cuatro meses de atraso en sus salarios y el impago de sus prestaciones.
Los trabajadores no aceptan esta intervención y resisten frente a la empresa, dispuestos a luchar hasta el final por la defensa de los 1200 puestos de trabajo.