El presidente Nicolás Maduro el 29 de septiembre del presente año, consignó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el proyecto de Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos del Pueblo Venezolano, para su debate y aprobación. En el acto de entrega el mandatario aseveró que esta ley «responde a una necesidad estratégica del Estado en virtud de la agresión multiforme que se ejecuta contra Venezuela.»

[FUENTE ORIGINAL]

Si bien el Estado venezolano ha sido víctima de las sanciones ilegalmente impuestas por parte del imperialismo norteamericano, a las cuales hemos rechazado y condenado fuertemente por los estragos y las consecuencias nefastas para nuestro país y el pueblo venezolano, la ley que presentó el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), no representa una respuesta que garantice la preservación de la soberanía e intereses nacionales ante tal agresión.

Esta ley propone facultar al Ejecutivo Nacional de «desaplicar» normas de rango legal y decisiones judiciales a criterio y «exceptuar» ciertos artículos constitucionales vinculados a la protección de la soberanía económica, política y estratégica de la empresa petrolera venezolana PDVSA, como lo es el artículo 303 de la Carta Magna, de la misma manera que permite al Ejecutivo las negociaciones de tratados internacionales y la creación de fondos manejados con independencia del presupuesto público nacional, esto quiere decir que los ingresos adicionales que se generen bajo la aplicación de esta ley se registrarían separadamente dentro del tesoro nacional, entre otras medidas que solo buscan privilegiar al capital privado y la inversión extranjera, como el someterse a tribunales de arbitraje foráneos para la resolución de conflictos y controversias.

De esta manera el proyecto de ley Antibloqueo, potencia las capacidades y atribuciones del Ejecutivo Nacional incluso por encima de los otros poderes públicos, y limita la divulgación de información, estudios, negociaciones, expedientes y contratos que se realicen en el marco de esta ley, por tanto restringe el acceso a la auditoría popular y fomenta la censura, bajo la amenaza de sanciones civiles, administrativas o penales en contra de personas naturales y jurídicas que incumplan con dicha ley.

En ese sentido debemos manifestar, que este instrumento lejos de brindar herramientas jurídicas para mitigar los efectos de las sanciones contra Venezuela, representan un conjunto de medidas entreguistas, antichavistas y de rapiña en beneficio de la burguesía nacional, los terratenientes, el capital foráneo y en detrimento de nuestra nación. Por ello los marxistas si bien somos conscientes de las limitaciones de la democracia burguesa y de la incapacidad del Estado burgués de resolver la crisis, rechazamos la aprobación de dicho proyecto de ley que bajo un lenguaje legal, general y difuso que intenta ser el mecanismo de entrega de nuestro país y del futuro de generaciones a la explotación capitalista, siendo un instrumento que acentúa la deriva represiva y las medidas antiobreras, antipopulares y regresivas del gobierno en contra de nuestros intereses de clase. Por esta razón hacemos un llamado a las fuerzas revolucionarias y al pueblo venezolano en general a rechazar dicho proyecto de ley para evitar que la Asamblea Nacional Constituyente la apruebe en contra de los intereses de todos los venezolanos.

¡Revolución o nada!
¡Abajo el proyecto de Ley Antibloqueo!