Por una postura de clase e internacionalista: Una contribución al debate sobre el conflicto Venezuela Guyana y el Referéndum sobre el Esequibo

El domingo 3 de diciembre, se realizará en nuestro país una consulta popular, convocada por el gobierno nacional, referente al conflicto territorial sobre la Guayana Esequiba, una extensa región que se encuentra bajo jurisdicción de la República Cooperativa de Guyana, pero que históricamente Venezuela ha reclamado como suya en un conflicto que supera los 180 años. La zona comprende dos tercios del territorio que controla Guyana, país que se independizó del imperio británico en 1966. Este Referéndum se enmarca en una escalada en las tensiones entre los gobiernos de los países mencionados, donde los discursos y los actos de lado y lado están plagados de chovinismo.

Publicado originalmente en Lucha de Clases Venezuela

La controversia, luego de un periodo donde era poco o nada considerada, volvió a tomar fuerza a partir del año 2015 cuando la petrolera Exxon Mobil, con aval del Georgetown, descubrió importantes yacimientos petroleros en la zona atlántica del territorio en disputa. Hace pocos meses, el gobierno guyanés efectuó varias licitaciones en torno a los bloques petroleros: Stabroek, Roraima y Kaieteur, pertenecientes a áreas marinas pendientes de delimitar, acto que fue rechazado por las autoridades venezolanas. El pasado 17 de octubre, representantes del gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) firmaron el “Acuerdo Parcial para la Protección de los Intereses Vitales de la Nación”, en el que la capa de nuevos ricos del PSUV y la oligarquía tradicional ratificaron la reclamación venezolana sobre la Guayana Esequiba.

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Actualmente, la controversia viene siendo abordada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), luego de que el caso le fuera asignado en 2018 por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. Este fue el resultado de décadas de mediación fracasada de Naciones Unidas para encontrar una solución, a través del mecanismo de “buen oficiante” contemplado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. El gobierno venezolano no reconoce la jurisdicción de la CIJ, la cual en 2020 –por pedido previo y unilateral de Guyana– se declaró “competente” para emitir una decisión definitiva sobre la controversia y validar el Laudo Arbitral de París de 1899. Conviene recordar que para Venezuela, el Laudo parisino se considera “nulo e írrito”, mientras se defiende la legitimidad del Acuerdo de Ginebra de 1966. La subsiguiente objeción que presentó la parte venezolana a la declaración de la CIJ fue rechazada el pasado 6 de abril.

Breve historia de la controversia, desde una mirada de clase

El conflicto territorial entre Venezuela y Guyana hunde sus raíces en el colonialismo europeo, se desarrolla con el expansionismo del imperio británico en el siglo XIX y se afirma con el ascenso del imperialismo estadounidense. La zona conocida como Guayana Esequiba formaba parte de los territorios que comprendían la Capitanía General de Venezuela, colonia española fundada en 1777, que comenzaría su proceso de emancipación a partir de 1810. La frontera oriental de estos territorios se encontraba en los márgenes del río Esequibo. En 1814, las provincias bajo dominio colonial holandés que limitaban con Venezuela fueron cedidas a Gran Bretaña.

El imperio británico reconoció en 1825 la independencia de la Gran Colombia, de la que Venezuela formó parte, y en 1831 fusionó las provincias adquiridas por los holandeses, creando la Guyana Británica. Años después, el descubrimiento de oro en el Esequibo impulsó los primeros movimientos de colonos británicos a cruzar hacia Venezuela. Tras la devastación de la guerra de independencia, Venezuela se encontró en una situación de profunda debilidad para defender su soberanía frente al expansionismo del imperio británico, que para entonces ya estaba consolidado como la principal potencia económica, militar y colonial del planeta.

Venezuela y la corona británica alcanzaron un acuerdo en 1850 donde ambos países se comprometieron a no ocupar el territorio en pugna, algo que no fue cumplido por la potencia colonial que siguió expandiéndose hasta alcanzar las bocas del río Orinoco (que en la actualidad fijan los límites orientales venezolanos). Incluso hubo planes para incorporar territorios del actual Estado apure de Venezuela a la Guyana Británica.

La débil burguesía venezolana depositó su confianza sobre la justicia de su reclamo al imperialismo estadounidense, que se estaba erigiendo como la potencia dominante del continente. El gobierno de este país propuso, en 1895, solucionar la disputa a través de un arbitraje, y tanto norteamericanos como británicos acordaron bilateralmente en 1897 proceder por esa vía. Así, en el año 1899, se efectuó en París un Laudo Arbitral sin la participación de representación venezolana, que contó con cinco jueces: dos británicos, dos norteamericanos y un ruso. Como era de esperarse, el fallo final del arbitraje, emitido el 3 de octubre de 1899, legitimó el despojo británico del extenso territorio del Esequibo. La oficialidad guyanesa ha basado históricamente la soberanía de su país sobre el Esequibo en la sentencia de este Laudo.

En 1949 se publicó el Memorándum de Mallet Prevost, un documento póstumo de uno de los abogados participantes en el Laudo parisino, quien denunció la existencia de un trato entre los representantes británicos y el juez ruso, Friedrich Martens, como parte de un acuerdo entre el reino unido y la Rusia zarista. Catorce años después, Venezuela denunció ante la ONU los vicios del Laudo de 1899.

Aquí es preciso no pasar por alto el cambio de carácter que había tomado la reclamación venezolana, ante los innumerables vuelcos geopolíticos que el desarrollo del capitalismo en su fase imperialista, revolución de octubre, dos guerras mundiales, revoluciones coloniales y la guerra fría habían introducido en el mundo. Tras la segunda guerra mundial, el planeta fue testigo de numerosas revoluciones y levantamientos de las colonias bajo dominio europeo en África, Asia y América. La Guyana Británica no fue la excepción. En 1950 se funda en este país el Partido Progresista del Pueblo (PPP), el cual ganó en 1953 la mayoría de escaños en las primeras elecciones permitidas para la Cámara de la Asamblea. Su principal dirigente, Cheddi Jagan, se convirtió en Primer Ministro de un gobierno bajo tutela británica. Las ideas de izquierda promovidas por Jagan, aunque reformistas, preocuparon a ingleses y estadounidenses, en un mundo marcado por las tensiones de la guerra fría. Meses después de los comicios, Gran Bretaña envió tropas a Guyana, destituyó a Jagan y disolvió la legislatura. Acto seguido, EEUU promovió, bajo reaccionarias líneas raciales, una escisión en el PPP encabezada por Forbes Burnham, quien fundó el partido Congreso Nacional Popular (CNP).

En Venezuela, tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958 –como fruto de una insurrección popular–, los partidos AD, COPEI y URD alcanzaron el Pacto de Punto Fijo, para, entre otras cosas, asegurar el resguardo de los intereses estadounidenses en nuestro país. Del lado guyanés, en 1961 se realizaron nuevas elecciones que el PPP ganó con estrecho margen, lo que le permitió a Jagan encabezar nuevamente un gobierno limitado. Inmediatamente, dicho gobierno fue desestabilizado con actos de violencia racial, fomentados por Washington, con participación de la CIA y colaboración británica. La burguesía venezolana, a través de sus gobiernos de entonces, no dudó en implicarse de lleno en la situación. Según el documento 523 del volumen XXXI de la Oficina del Historiador del Departamento de Estado, el gobierno adeco de Raúl Leoni participó en una conspiración donde propuso entrenar a 100 mercenarios, financiar la desestabilización en Guyana, propinar un golpe de Estado a Jagan y secuestrar a este y su esposa para ser llevados a Venezuela. Estos planes no terminaron ejecutándose pues el imperialismo estadounidense optó por la asunción al gobierno por parte de Burnham y el PNC mediante el fraude.

Este oscuro episodio es omitido casi por completo en la historia venezolana sobre la controversia con Guyana. Y se trata de un episodio importantísimo para entender cómo la reclamación territorial de Venezuela pasó de ser una justa protesta contra el despojo colonialista e imperialista, a convertirse en una demanda que cumplía un papel reaccionario en el proceso de liberación nacional del pueblo guyanés.

Tras numerosas negociaciones, el 17 de febrero de 1966, Venezuela, Reino Unido y la Guyana Británica – próxima a declarar su independencia– firmaron el Acuerdo de Ginebra, en el que las partes se comprometieron a alcanzar una solución pacífica y negociada a la controversia, con intermediación de la ONU. El arreglo establecía el establecimiento de una comisión mixta, venezolano-guyanesa, que tendría un lapso de cuatro años para poner fin al diferendo. Dicho lapso de tiempo se cumplió y ante la negativa de las burguesías de ambos países a ceder un ápice en sus exigencias, la controversia se estancó hasta el día de hoy. Se trata de un mecanismo estéril, que es incapaz de solucionar nada. La argumentación venezolana sobre el Acuerdo de Ginebra, que suele ser vendido como la gran panacea, resulta llamativo al ser este fallido instrumento el mismo que, bajo las condiciones de la última década, abrió las puertas a la creciente y peligrosa disputa actual.

Pese a que Guyana, tras su independencia, estuvo gobernada por el pro-yanqui PNC, la burguesía venezolana no detuvo su ofensiva desestabilizadora para intentar recuperar el Esequibo. En octubre de 1966 personal militar y civil de Venezuela tomó la isla de Anacoco. Al año siguiente, Venezuela tuvo sus manos metidas en la realización de la Conferencia Indígena de Kabakaburi, que clamó por el desarrollo del Esequibo bajo soberanía venezolana. Posteriormente, en 1968 Venezuela expandió su mar territorial alrededor de 12 millas marinas en el área en disputa, hecho que fue repudiado por el gobierno Guyanés. Por último, y de nuevo instrumentalizando demandas de los pueblos indígenas con fines reaccionarios, el gobierno venezolano apoyó la revuelta separatista de Rupununi, que produjo entre 70 y 100 muertos, en 1969. Los líderes de la rebelión huyeron a Venezuela donde serían nacionalizados. Ante todo el prontuario que hemos querido mencionar de pasada, queda en evidencia la deslegitimación histórica de la demanda territorial venezolana.

El Esequibo, sus riquezas y el creciente interés imperialista

La Guayana Esequiba cuenta con un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados, que abarca desde la cuenca del Orinoco hasta el curso del Río Esequibo. Esta zona tiene salida al océano Atlántico, atraviesa una extensa área selvática, una cadena de montañas al oeste y las llanuras del Rupununi al sur. Posee una población estimada en 128 mil habitantes, donde predominan las comunidades indígenas Arawak, Arecuna, Warao, Makushi, Wapisian, Akawais, Wai-Wai y Patamona, algunas de las cuales no se deben a ninguna autoridad nacional venezolana o guyanesa.

El territorio posee enormes riquezas minerales, forestales, hídricas y de biodiversidad. Sin embargo, los descubrimientos en el ramo energético han despertado las apetencias de los distintos intereses imperialistas, y de las burguesías de Guyana y Venezuela por ser las beneficiarias en la acción de rematar y entregar tales riquezas a las multinacionales. Con el patrocinio de la Exxon y el imperialismo estadounidense, la burguesía guyanesa se propone dar al traste con la controversia territorial de forma definitiva, para asegurar su papel como socia menor de la expoliación de su país.

Recordemos que Guyana ha sido históricamente el segundo país más pobre del continente americano, detrás de Haití. Esta situación apunta a cambiar en los próximos años, al menos a nivel macroeconómico. La exportación de petróleo y gas del país a partir del 2019, lo ha convertido en la economía que más está creciendo en el mundo, con una expansión de su PIB de un 57,8% en 2022 y una estimación de un 38,4% para 2023, según datos del Banco Mundial y del FMI respectivamente. Sin embargo, la pobreza general y extrema siguen siendo un problema importante, especialmente en las zonas rurales e indígenas. Aunque un gran crecimiento del PIB puede impulsar cierta reducción de la pobreza, la acostumbrada desigualdad en la captación de ingresos en este país implicará que un pequeño segmento de la población concentrará para sí la enorme riqueza nacional, a condición de que la clase obrera no luche por una mejor distribución.

Gracias a los descubrimientos de la Exxon Mobil y compañías asociadas, las reservas de petróleo de Guyana se han elevado a 11.000 millones de barriles y las de gas en 17 billones de pies cúbicos. El problema es que buena parte de esas reservas se ubican en bloques territoriales disputados por Venezuela. Actualmente, EEUU y Europa se esfuerzan por disponer de nuevos proveedores de campos explotables para abastecer sus economías, ante un mundo sumergido en una crisis energética, agudizada por la guerra en Ucrania, las sanciones y bloqueos a las exportaciones energéticas de Rusia, la despreciable campaña militar israelí contra el pueblo palestino y los riesgos de una implicación de otros países árabes en el conflicto. Durante los últimos años, la sed insaciable de recursos energéticos ha impulsado un crecimiento de hasta un 110% de la inversión extranjera directa en Guyana..Este país produce en la actualidad poco menos de 400 mil barriles de crudo por día, y estima llevar esa cifra a 1,2 millones para 2027 con el fin de convertirse en el mayor productor de petróleo per cápita del mundo.

Como vemos, hay muchas presiones e intereses en juego para un fallo de la CIJ favorable a Guyana, algo que la mayoría de analistas contemplan como la posibilidad más probable.

Para asegurar la delantera de las multinacionales estadounidenses frente a sus competidores, la Casa Blanca ha fortalecido los lazos políticos con Guyana, con un interés y una atención inusitada si se compara con las décadas anteriores. En 2020, tras la asunción de Irfaan Alí como presidente de Guyana, el secretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, visitó el país, hecho que repetiría el actual titular de este mismo cargo, Antony Blinken, en julio del presente año. A mediados del 2022, una delegación de alto nivel encabezada por el presidente de Guyana, visitó EEUU por invitación de la Casa Blanca para reunirse de nuevo con Antony Blinken, senadores, congresistas y demás funcionarios estadounidenses. En esta misma visita, el fiscal general guyanés, Anil Nandlall, destacó la ”cooperación” que el FBI tiene con los organismos de justicia de su país.

Este estrechamiento de relaciones diplomáticas ha tenido su correlato militar. En enero de 2021 se realizaron en Guyana ejercicios navales conjuntos entre las flotas estadounidense y la local, con visita incluida del jefe del comando sur, Craig Faller, para reunirse con el presidente Alí. Cinco meses después, se realizaron los ejercicios militares “Tradewinds”, con la participación de la DEA y 23 países del Caribe, teniendo a Guyana como base de operaciones. Los “Tradewinds” de 2023 contaron con la misma sede el pasado mes de julio, esta vez con la intervención de Países Bajos, Reino Unido y Francia, además de 18 países de América.

El nacionalismo exacerbado de lado y lado

El reclamo venezolano sobre la Guayana Esequiba constituye una de las banderas que históricamente ha enarbolado la burguesía tradicional para expresar sus frustradas aspiraciones de dominio y poder regional, y también para desorientar y manipular a la población, tanto en periodos de agudización de la lucha de clases como en coyunturas electorales. Los gobiernos adecos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni lo hicieron en la década del 60 del siglo pasado, para intentar contrarrestar la conflictividad social de aquella época, así como el copeyano Luis Herrera Campins, en medio del paquetazo dictado por el FMI y para promover al candidato de su partido en las elecciones presidenciales de 1983. Actualmente, gobierno y derecha defienden la idea de que el Esequibo es venezolano, aunque con diferencias en cuanto a nociones y estrategias.

La oposición proimperialista, nucleada en los partidos de la PUD, ha llamado a la población a hacer uso de su libre albedrío y decidir libremente sobre las preguntas del Referéndum del 3 de diciembre. Uno de sus principales dirigentes, el ex candidato presidencial Henríque Capriles, dijo que votará en la consulta en un mensaje que se lee como una invitación a la participación. «Por supuesto que voy a votar. Esto no se trata de Maduro, ni se trata del PSUV, esto es un tema de los que somos venezolanos, de los que sabemos desde que tenemos uso de razón que el Esequibo es territorio nacional». Asimismo, la líder del ala de línea más dura de la derecha y candidata presidencial electa en las pasadas primarias opositoras, María Corina Machado, señaló: “La soberanía se ejerce, no se consulta” y pidió suspender el Referéndum, no por oponerse a la vieja reclamación venezolana sobre el Esequibo, sino por considerarlo un error que podría perjudicar a Venezuela ante la CIJ.

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Por otro lado, académicos derechistas como Allan Brewer Carías han expresado que el juicio que lleva la CIJ en la Haya es una “oportunidad” para que Venezuela presente su caso y compruebe sus derechos territoriales sobre la Guayana Esequiba, como si dicho tribunal fuese imparcial y no estuviese sujeto a las presiones y lobby’s políticos imperialistas. Tamaña ingenuidad recuerda a los sectores de la burguesía que depositaron su confianza en el fraudulento Laudo Arbitral de 1899.

La agudización del conflicto le ha dado al PSUV la oportunidad de mantener distraída a la población de los múltiples problemas que enfrenta y de las responsabilidades del gobierno en casi todos ellos. Lamentablemente, la jugada parece estar surtiendo los efectos esperados. Mientras tanto, las medidas de ajuste antipopular, combinadas con represión y vulneración de derechos políticos y democráticos sigue su curso.

En torno al Referéndum, Maduro busca exaltar su figura como “líder de la nación” frente a la amenaza extranjera de Exxon Mobil, el imperialismo estadounidense y Guyana, manipulando y distorsionando el instinto antiimperialista –conscirnte o inconsciente– de amplias capas de la población. Lo que desde el gobierno no se dice es que en la explotación de los recursos del Esequibo no solo participa la Exxon Mobil, sino también la estadounidense Chevron y la china CNOOC Ltd, ambas compañías que hacen vida en Venezuela en empresas mixtas con PDVSA, aprovechando las ventajas que les ha ofrecido la política entreguista de Maduro. Esta contradicción revela que el supuesto antiimperialismo del gobierno hace aguas por todos lados. 

Claramente, la campaña patriotera del PSUV está dirigida a despertar, atraer, volver a convencer y aglutinar simpatías de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Incluso, no es descartable que si el Referéndum logra un gran porcentaje de participación, se usen los resultados en ilusorios ejercicios de comparación con la votación de las primarias de la derecha. La decadente lógica tradicional de la politiquería burguesa venezolana nos ha acostumbrado a ver y anticipar mediocres espectáculos de esta naturaleza.

Voceros gubernamentales llaman todos los días a “deponer las diferencias por la patria”, lo que equivale a pedir al pueblo trabajador que se una a sus explotadores y opresores en función de una pretendida “causa común”. Como no podía ser de otra manera, los grupos de derecha comprados por el gobierno para dividir a la oposición, aquellos de donde destacan personajes como José Brito y Luis Eduardo Martínez, se han plegado completamente a esta maniobra.

Algunos sectores de la izquierda del chavismo han capitulado de forma vergonzosa ante la comparsa que clama la deposición de las reivindicaciones y el “cierre de filas” por la patria. Destaca la postura presentada por la constitucionalista María Alejandra Díaz, quien en un claro tono beligerante, alude a que Venezuela no puede abandonar la tesis de conflicto y debe demostrar ante Guyana –que es catalogada por esta como el enemigo– “una capacidad de disuasión creíble”. Todo aquel que pueda entender, sabe que Díaz se refiere a la necesidad de emprender un despliegue militar. No se podía esperar otra cosa de alguien que ha manifestado en reiteradas oportunidades simpatías con el dictador Marcos Pérez Jiménez, quien en los 50 del siglo XX supo expresar ideales reaccionarios de nacionalismo burgués, mientras paradójicamente servía como instrumento del imperialismo estadounidense en la región, toda vez que reprimía, censuraba y perseguía principalmente a la clase obrera y la izquierda.

De esta manera, podemos ver como la mayoría de sectores del espectro político compiten por mostrarse como los más grandes paladines de la nación. Pero más allá de la retórica, los polos dominantes de la política nacional han demostrado en el pasado lo poco que aprecian al país por el cual se rasgan las vestiduras. Las distintas fracciones de la oposición proimperialista son herederas del puntofijismo, que saqueó al país para beneficio de las élites criollas y de sus socios extranjeros, además de perseguir y asesinar a líderes populares, obreros y de izquierda. Desde principios del presente siglo, estos mismos personajes no tuvieron reparos en organizar golpes de Estado, llamar a la intervención militar extranjera, ordenar incursiones de mercenarios estadounidenses y promover sanciones económicas contra su país.

Al otro lado, tenemos al gobierno sacando la carta del nacionalismo, luego de haber pulverizado los salarios y derechos fundamentales de la clase obrera, invitando a capitalistas de todo el mundo para que vengan a explotar la mano de obra más barata del planeta, en las nuevas Zonas Económicas Especiales, con exoneraciones tributarias, subsidios indirectos y un marco desregulatorio complementado con criminalización de la actividad sindical. Al final, todos los chillidos hipócritas, tanto de las marionetas políticas de la burguesía tradicional como de la capa de nuevos ricos del PSUV, representan la puja de estos sectores por ser los subastadores de las riquezas del Esequibo y saqueadores de las migajas que, hipotéticamente, le quedarían al país de realizarse sus aspiraciones. Fugadas casi todas las riquezas petroleras de Venezuela a manos de estos, sus miradas ahora se enfilan hacia un territorio en disputa que sueñan aprovechar.

Del lado guyanés, la cosa no es diferente. El viernes 24 de noviembre, el presidente de Guyana, Irfaan Alí, acompañado de oficiales militares, encabezó un acto nacionalista en la montaña de Pakarampa, a escasos kilómetros del Estado Bolívar de Venezuela, donde recitó el ”Juramento de Lealtad Nacional” y fue izada una gigantesca bandera de este país. La administración del PPP, ha planteado la opción de establecer bases militares con apoyo extranjero en el Esequibo y ha anunciado la visita de funcionarios del Departamento de Defensa de EEUU. Todas estas acciones y amenazas constituyen peligrosos actos de provocación, que desde Lucha de Clases – CMI Venezuela rechazamos de forma categórica.

Así, atestiguamos como voceros gubernamentales de ambos países elevan cada vez más el tono, bajo la mirada atenta e interesada de las distintas potencias imperialistas. Sobre millonarias campañas publicitarias, las clases dominantes de Venezuela y Guyana invitan a los trabajadores a olvidar sus problemas, para que centren su atención en la amenaza del otro lado de la frontera. Si bien los “patriotas” de ambos países intentan barnizar su retórica con una que otra alusión a la paz, la atmósfera que están creando solo puede fomentar insanos odios nacionales entre los pueblos. Incontables son las guerras fratricidas y los baños de sangre que se promovieron desde la hipocresía y el victimismo manipulador de las clases dominantes.

A los trabajadores de la ciudad y el campo, guyaneses y venezolanos, se nos está invitando a un peligroso juego de confrontación, donde solo nosotros pondremos los muertos en caso de que el conflicto escale al escenario bélico. Es necesario tener claridad sobre este asunto: las élites de ambos lados de la frontera solo creen en la soberanía de sus cuentas bancarias. Su única patria es el capital, patria que están dispuestos a defender hasta con la última gota de sangre de los trabajadores y pobres de los dos países.

La trampa del nacionalismo burgués

A lo largo de la historia del capitalismo, las clases dominantes han sabido cómo fomentar e instrumentalizar el chovinismo para asegurar su hegemonía. En última instancia, el nacionalismo reaccionario de las élites siempre cumple el papel de disfrazar y ocultar ante la población sus oscuros propósitos.

Este patrón se evidenció de forma clara en los albores de la Primera Guerra Mundial. Aquí el chovinismo sirvió para que millones de hombres marcharan orgullosos a su muerte, en aras de posicionar mejor a sus burguesías en la disputa por mercados y recursos. La socialdemocracia en aquel entonces se plegó entusiasta a esta ola chovinista, en lo que puede considerarse como uno de los más grandes crímenes políticos de la historia.

Un caso más reciente fue la Guerra de las Malvinas en 1982, iniciada por la incursión de tropas argentinas en las Islas por órdenes del dictador militar Galtieri. Tal decisión fue una maniobra desesperada concebida para salvar a este reaccionario régimen de su crisis terminal. Estos monstruos que torturaron y desaparecieron a miles de argentinos, basaron su maniobra en la creencia de que los británicos, con los que siempre mantuvieron buenas relaciones, nunca harían nada. Grave error. Nunca contemplaron que para cualquier potencia imperialista, mantener su prestigio y posición fuerte es una cuestión de honor. La admósfera nacionalista promovida por los militares logró, en las primeras de cambio, cegar a amplios sectores, incluyendo a algunos grupos de izquierda. De todos ellos, destaca la criminal capitulación de Nahuel Moreno y su partido a la política de la dictadura militar argentina.

Es importante aclarar que para el marxismo no todo nacionalismo es reaccionario. El surgimiento o existencia de una conciencia nacional en un pueblo que valora su identidad cultural, idioma y tradiciones, es natural, saludable y necesario. Si se trata de un nacionalismo que surge como respuesta a una opresión concreta y quienes lo enarbolan apuntan a reivindicar sus derechos nacionales y su liberación, estamos ante una forma de nacionalismo progresista que debe ser apoyado por todo revolucionario. Esta distinción es vital para evitar caer en la trampa del chovinismo burgués. La genuina lucha contra toda forma de opresión nacional debe entenderse como parte de la lucha más amplia por la emancipación revolucionaria de los trabajadores. Lo anteriormente dicho no puede ser confundido con el nacionalismo utilizado por la burguesía para perpetuar su dominio y mantener divididos a los oprimidos.

El marxismo siempre ha abordado con seriedad todo lo relacionado con la cuestión nacional. Revolucionarios como Lenin y Trotsky defendieron incondicionalmente a los grupos étnicos oprimidos y a las naciones dominadas por el imperialismo. No obstante, en ningún momento propusieron alianzas entre la clase obrera y los supuestos sectores nacionalistas de la burguesía, que son incapaces de luchar de forma resuelta contra el imperialismo y completar las tareas inacabadas de la revolución democrático-burguesa en nuestros países. Todas sus consideraciones tácticas preservaron en todo lugar el principio de independencia de clases de las organizaciones proletarias. Sobre este ejemplo, deberían mirarse hoy los que se asumen como revolucionarios, mientras respaldan la idea de recuperar el Esequibo por “todos los nedios”.

No podemos perder de vista la cuestión de la autodeterminación de los habitantes de El Esequibo. Si bien dijimos que en estos territorios habitan diversos pueblos indígenas, donde algunos no se adhieren a ninguna jurisdicción nacional más allá de su comunidad, la absoluta mayoría de la población se siente parte de Guyana. Conviene que todo revolucionario se pregunte: ¿estoy dispuesto a apoyar la recuperación del Esequibo en contra de la voluntad de quienes han vivido toda su vida allí?

En este punto, debemos aceptar varias verdades. Bajó el capitalismo, los mecanismos diplomáticos para resolver estas controversias, de forma satisfactoria para todas las partes, son siempre fallidos y estériles. Por otro lado, tenemos la circunstancia de que Guyana ya está ejerciendo control sobre el territorio, y lo más probable es que la CIJ falle a favor de este país. Estos factores nos llevan a una conclusión inevitable: la única posibilidad que tiene Venezuela de recuperar el Esequibo es la vía de la confrontación bélica. Incluso en este escenario, la alianza militar de Guyana con EEUU hace que el objetivo parezca irrealizable. En este sentido, preguntamos a los patriotas de izquierda lo siguiente: ¿estarían dispuestos a apoyar el sometimiento de un pueblo hermano que no quiere ser venezolano?. Si la respuesta es afirmativa, llama la atención ver a sectores que por un lado expresan una correcta solidaridad con Palestina, estando dispuestos al mismo tiempo a aceptar que Venezuela juegue un papel similar al de Israel.

Lo que se oculta detrás del Referéndum

Es bastante claro que el gobierno busca con el Referéndum, inicialmente, evidenciar ante la CIJ y el mundo un respaldo de la mayoría del país a su posición respecto a la controversia y al juicio que se desarrolla en La Haya. La millonaria campaña que ha ejecutado intenta por todos los medios movilizar una gran participación para dar una gran muestra de “unidad nacional”. Según un reciente estudio de la encuestadora Datanálisis, aproximadamente el 40% de los consultados tiene la intención de participar en el Referéndum, mientras que el 20% aún no se ha decidido. Por otro lado, la encuestadora Hinterlaces, que tiene cercanías con el gobierno, estima una participación del 72% en el evento.

La consulta popular en cuestión propone las siguientes interrogantes:

Pregunta 1: “¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al Derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?”

Pregunta 2: “¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?”

Pregunta 3: “¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?”

Pregunta 4: “¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios conforme a Derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?”

Pregunta 5: “¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?”

La apuesta gubernamental es que el electorado marque cinco veces ”si”, para que rechace, en la primera pregunta, el Laudo sobre el que se basa el gobierno de Guyana para reclamar su soberanía sobre El Esequibo; para validar popularmente el instrumento sobre el que Venezuela plantea definir la controversia en la segunda interrogante; para sostener, con base en un mandato nacional, el desconocimiento a la muy probable decisión de la CIJ de beneficiar a Guyana; y en la cuarta pregunta, impugnar la entrega de concesiones petroleras a las multinacionales por parte de las autoridades del país vecino. Empero, la interrogante que acarrea mayor controversia es la número cinco, pues plantea tajantemente la posibilidad de incorporar la Guayana Esequiba como una nueva entidad estadal.

Sabemos muy bien que habrá un trecho muy grande entre lo que la mayoría apruebe en el Referéndum y lo que al final el gobierno decida hacer. Pero no sería correcto descartar de plano los escenarios más extremos que se pueden abrir a posteriori. El partido de gobierno estará sometido a las presiones chovinistas de la derecha y de los diversos sectores sociales que acudan a la consulta, en pro a que Maduro vaya más allá de sus intenciones iniciales. Tampoco podemos olvidar la presión que pueden ejercer los sectores militares (típicamente ultranacionalistas) de cara a la toma de medidas duras y contundentes. Si el gobierno se muestra vacilante, toda su campaña chovinista se volverá en su contra. En este punto comenzamos a caminar sobre terrenos peligrosos.

En las estimaciones, no podemos excluir la posibilidad de que desde Miraflores se impulsen a futuro medidas legales y constitucionales para hacer efectivo, al menos en el papel, el mandato que se desprenderá de la peligrosa pregunta cinco. Cualquier acción en esa dirección será interpretada como un intento de anexión, lo que sin duda hará que el conflicto escale hacia escenarios potencialmente funestos. Creemos que este panorama es el menos probable. No obstante, factores como el juego de presiones diversas hacia ciertas direcciones y la voluntad del gobierno de sostener el poder a toda costa nos obligan a mantener los ojos abiertos.

En todo momento, China –que tiene intereses en el terreno– y EEUU, desde sus instancias particulares, presionarán para que la controversia no se salga de control. Después de todo, no sería conveniente para estas potencias dejar que una guerra dañe sus planes de producción en la zona. Además, en el contexto actual, con el enorme rechazo de la opinión pública estadounidense a las aventuras bélicas de su gobierno y con los otros frentes de guerra abiertos en el mundo, con participación indirecta de EEUU, lo más probable es que el tío Sam intente, por un lado, presionar diplomáticamente a Maduro para que desista en los canales de negociación que tienen aperturados, y, por el otro, mostrarse ante el mundo fuerte y amenazante, instalando bases militares en el Esequibo como un elemento disuasivo importante y como un enclave de gran valor estratégico para incidir con más fuerza en el mediano y largo plazo (con todas las opciones sobre la mesa) en la política guyanesa, venezolana, caribeña y sudamericana.

Una peligrosa puerta que se está abriendo tiene que ver con el uso del Referéndum y sus resultados, en medio de la presente cruzada chovinista, para perseguir, censurar, desconocer, coaccionar y confiscar derechos de aquellos que, bajo una posición crítica, de clase e internacionalista, rechacen la maniobra del gobierno, tachándolos de elementos “anti-venezolanos” o “anti-nacionales”. De hecho, ya se han podido conocer amenazas de despido a trabajadores si no van a votar al Referéndum y el retiro de beneficios como las bolsas de alimentos CLAP, entre otras. Desde Lucha de Clases rechazamos todas estas acciones y la pretensión gubernamental de reforzar su actual política represiva, sobre la base de un discurso de odio chovinista y reaccionario.

Por una posición de clase e internacionalista

Los revolucionarios consecuentes en Venezuela tenemos el deber de rechazar la maniobra del gobierno en torno al Referéndum, concebido como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas que aquejan a la clase trabajadora. La misma no solo es capaz de desencadenar potenciales riesgos para nuestra nación, sino que también exacerba el chovinismo y cultiva odios nacionales hacia el pueblo guyanés.

Necesario es defender una posición internacionalista, ante el chovinismo vergonzante de los explotadores de lado y lado, y de los patrioteros de todos los colores. Los trabajadores venezolanos y guyaneses tienen todo en común entre sí, y nada que los una a sus respectivas burguesías. El pueblo trabajador, tanto al este como al oeste del río Esequibo, tienen los mismos enemigos: los buitres imperialistas y sus burguesías entreguistas. La guerra de clases, dirigida a derribar el régimen social capitalista, es el único tipo de guerra que debemos estar dispuestos a librar.

Es crucial comprender que bajo el sistema capitalista no hay oportunidades de solución satisfactoria de la controversia para los pueblos. La única senda hacia una resolución real y justa, radica en la necesidad de que los trabajadores de ambos países, a la cabeza de todos los oprimidos, derroquen a sus respectivas clases dominantes y avancen hacia la construcción del socialismo. Solo por este camino, librados del yugo de quienes nos han expoliado toda la vida, y en el marco de una Federación Socialista de Estados de América Latina y el Caribe, se podrán utilizar las riquezas de esta región en beneficio de toda la población.

Ante los riesgos de una confrontación, necesario es llamar a la unidad de los trabajadores venezolanos y guyaneses. Este momento es crucial para superar las barreras nacionales impuestas por los imperios coloniales, el imperialismo y nuestras burguesías, aspirando poder algún día ajustar cuentas con todos ellos. En caso de una guerra, la movilización internacionalista y la negativa de la clase obrera a colaborar con apoyos, carne de cañón y logística, puede pararle los pies a las clases dominantes. Sin esperar hasta que el escenario más funesto se desate, es vital que los trabajadores nos levantemos para detener el actual círculo conflictivo y con este mismo envión luchar por construir un futuro libre de explotación y opresión.