La defensa del Referéndum catalán del 1 de octubre y la lucha contra la represión de las instituciones catalanas y de quienes promueven el Referéndum, son un deber de cualquier militante o simpatizante de izquierdas y de cualquier demócrata sincero.

La suspensión por parte de un juez reaccionario del acto de apoyo el Referéndum en Madrid, a celebrarse el domingo 17 de septiembre, es un serio aviso de cómo el régimen pretende basarse en la cuestión nacional catalana para extender su ataque a los derechos democráticos en todo el Estado. En estas condiciones, la izquierda española y el movimiento obrero no pueden permanecer impasibles. Las herramientas que hoy usan contra el derecho de Catalunya a decidir su futuro serán utilizadas mañana contra nuestras luchas y aspiraciones.

Nuestros derechos democráticos, cercenados por el aparato del Estado

A la esperada ilegalización de la Ley del Referéndum por parte del Tribunal Constitucional, que lleva años actuando al dictado de la derecha, se ha sumado la denuncia del Fiscal del Estado contra el gobierno catalán con cargos que implican prisión y multas, y  contra la Mesa de del Parlament. También se ha insinuado la potestad del Tribunal Constitucional para inhabilitar al presidente Puigdemont e incluso de intervenir la autonomía de Catalunya. Igualmente, el Tribunal Supremo de Cataluña ha iniciado un proceso contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la Mesa del mismo, por haber permitido que se tramitara la ley.

Se han enviado cientos de policías y guardias civiles para registrar imprentas y medios de comunicación para detectar la impresión de papeletas, y para la búsqueda de urnas que puedan utilizarse el día del referéndum, tarea a la que ahora el Fiscal del Estado ha ordenado que se incorporen los Mossos d’Esquadra.

Las fuerzas policiales podrán disolver a la fuerza cualquier acto de votación, sea el que sea, el 1 de octubre. Y se amenaza con inhabilitar a los alcaldes que faciliten la cesión de locales municipales para poder votar.

Cientos de cargos públicos y miles de voluntarios están amenazados con acciones represivas si colaboran en la organización del referéndum.

Se ha notificado a los medios de comunicación, no sólo en Catalunya, la prohibición de "informar sobre los acuerdos o acciones que permitan la preparación o la celebración del referéndum".

El caso más reciente, igual de escandaloso, es que el juez reaccionario Yusti Bastarreche, ha prohibido la celebración de un acto en Madrid en apoyo al referéndum de Catalunya el domingo 17 de septiembre con la excusa de que se celebra en instalaciones municipales. En lo que es una interpretación política y personal de la ley, su auto declara que ningún organismo público puede otorgar instalaciones para apoyar un referéndum que ha sido declarado ilegal. Es más se permite decir que este acto se dirige claramente contra lo dispuesto en la Constitución Española, en cuanto a que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que su sistema de forma política es la monarquía parlamentaria.

Para este caballero, un acto a favor de la República, o del socialismo, también debería ser prohibido en instalaciones municipales –que están para servir a actividades e iniciativas de asociaciones políticas, vecinales o culturales sin locales o recursos propios– porque irían contra el orden vigente.

La libertad de expresión como derecho fundamental de esa misma Constitución ha sido pisoteada de la manera más flagrante. Y por si faltara algo declara que contra su resolución “no cabe recurso alguno”. Vemos aquí, como en Catalunya, actuar a la casta judicial como un poder supremo y autónomo, superior a la voluntad popular y a los derechos democráticos. Queda así al descubierto el auténtico carácter de clase del estado burgués, del que el poder judicial es parte. 

Se da la circunstancia que este juez firmó hace 3 años un manifiesto “contra el secesionismo” en el que se dice que “El secesionismo catalán se hermana con el populismo antieuropeo y promueve la derrota de la democracia española". Y prosigue: "Reclamamos al Estado que aplique toda la ley y advierta con claridad de las consecuencias de violarla. Ninguna infracción debe quedar impune y ninguna sentencia puede ser desacatada". No está demás añadir que la firma de tan insigne juez va acompañada de lo más granado de la caverna política, intelectual y mediática del país, como: la ex diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, Joaquín Leguina; los escritores Mario Vargas Llosa; Fernando Sánchez Dragó,Albert Boadella; o los periodistas Arcadi Espada, Hermann Tertsch o Carlos Herrera

Vemos entonces cómo, en su ataque al referéndum catalán, el aparato judicial –cuyos miembros principales se reclutan de familias burguesas y ricachonas, muchas de ellas con vínculos directos con el franquismo– está arrasando con todo tipo de derechos democráticos: expresarse libremente en una votación aprobada por un parlamento representativo como el catalán, la libertad de informar, la libertad de expresión, el derecho a la libre reunión y, por supuesto, el derecho a la autodeterminación. Y, por encima de todo, la coacción física por parte de las fuerzas represivas contra aquellos que quieren ejercer sus derechos democráticos.

La defensa del derecho a decidir es la defensa de todos los derechos democráticos

Son unos ilusos quienes piensan, desde la izquierda y el pensamiento progresista, que la supresión por la fuerza del referéndum del 1 de octubre no va a tener efectos en sus derechos democráticos. Todo acto de represión eleva la autoridad moral y confianza de quien lo comete, ante sí mismo. Si no hay una respuesta popular, jueces reaccionarios como los del Tribunal Constitucional, o como el Juez Bastarreche, se sentirán más seguros, confiados y respaldados para proseguir en sus actuaciones reaccionarias para violentar otros derechos que no comulguen con su pensamiento político o los intereses del régimen. El policía o guardia civil o, para el caso, el Mosso; que ve elevada sus facultades para entrar impunemente en imprentas, medios de comunicación, para detener y patrullar armado, haciendo ostentación de fuerza sobre gente común y desamparada, se sentirá más confiado y respaldado para actuar por su cuenta con la misma sensación de impunidad en otros casos (manifestaciones, reclamos en la vía pública, protestas obreras, etc.). Criminalizar el referéndum catalán porque pone en cuestión la monarquía, puede dar vía libre a jueces y policías para reprimir cualquier manifestación de republicanismo “porque va contra el orden vigente”.

¿Quién viola la democracia?

Algunos dirigentes de la izquierda española están jugando un papel muy malo en esta situación, particularmente en IU y en Iniciativa per Catalunya, pero también en Podemos.

Han asumido como propio el institucionalismo burgués, en lugar de denunciarlo como una trampa y una estafa. Algunos de ellos, haciéndose eco de la derecha y de los dirigentes del PSOE, han puesto el grito en el cielo porque el Parlament ha forzado los procedimientos parlamentarios para conseguir que se apruebe en tiempo récord la convocatoria del Referéndum. Parece que han perdido, justamente, el mínimo de sensibilidad democrática.

El circuito eléctrico de la democracia burguesa está constituido por hilos muy finos que sólo opera eficientemente con corrientes de intensidad moderada o baja. En épocas de elevada tensión eléctrica, de alto voltaje social, el mecanismo se vuelve ineficiente, se bloquea, los fusibles saltan, se producen cortocircuitos y la corriente deja de circular. En esas condiciones, los partidos del régimen actúan sin rubor: patean el circuito, intervienen el control de mando y fuerzan el mecanismo para adaptarlo a sus intereses. Tal es el mecanismo usual en los parlamentos burgueses. Y la derecha es el mecánico más aventajado en hacer esto.

¿Quién si no ha procedido a forzar principalmente los mecanismos democráticos para sus espurios intereses en esta nueva época de tormentas con aparato eléctrico grueso? La derecha española forzó la legalidad burguesa cuantas veces quiso, como cuando maniobró con el aparato judicial adicto para derogar la reforma del Estatut catalán que consagraba a Catalunya como una nación, violentando la voluntad popular del pueblo catalán que aprobó esa reforma en un referéndum ¿No ha sido acaso el PP quien ha convertido de la manera más descarada los aparatos judicial y policial en departamentos de su gobierno?

 ¿Quién ha recortado los derechos democráticos y sociales que parecían cincelados en acero en nuestro ordenamiento jurídico con la Ley Mordaza, las reformas reaccionarias del Código Penal, y otras, sólo para reprimir la protesta social? ¿Quién consultó al pueblo para autorizar los rescates bancarios y empresariales, pagados con dinero de todos? ¿Quién autorizó al gobierno del PP a otorgar poderes irrestrictos a las fuerzas policiales contra la protesta social, o a confeccionar los informes falsos sobre políticos rivales utilizando el aparato policial? ¿No fueron PP y PSOE quienes reformaron de manera express en una noche el artículo 135 de la Constitución que consagraba la prioridad del pago de la deuda externa sobre los gastos sociales, sin consultar a la población? Y encima dicen que lo que el pueblo vote, está supeditado al plácet de la Unión Europea; si no, no es aplicable.

Por la defensa del Referéndum del 1-O

La derecha franquista española carece de cualquier reserva moral en ningún aspecto. 
¿Cuáles fueron los hechos que rodearon la convocatoria del referéndum catalán? El Parlament de Catalunya, un órgano de elección popular, ante el bloqueo legalista impuesto por el gobierno central, y consciente de que cada paso hacia el referéndum sería boicoteado por el Tribunal Constitucional, a pedido del PP, hizo bien en sortear las trampas de la legalidad burguesa forzando la aprobación de su propia ley, sacudiéndose las propias trampas del gobierno central, para hacer valer sus decisiones, a fin de que se pueda votar el 1 de octubre. Sólo los simples de espíritu o los hipócritas redomados pueden clamar al cielo por el hecho de que el Parlament fuerce la propia legalidad burguesa con una finalidad democrática: votar, como piden el 80% de los catalanes, para conocer la opinión del pueblo sobre un tema de enorme importancia.

Sí, la derecha catalana actúa por sus propios intereses, vota con el PP en Madrid leyes regresivas y trata de eludir su papel de beneficiar al gran capital y sus disputas con la burguesía española sobre el reparto de la tarta, manipulando los sentimientos nacionales en Catalunya para así ocultar su carácter de clase. Eso es verdad, y nos parece lamentable que organizaciones que se dicen progresistas y de izquierdas como ERC y la CUP, sostengan su gobierno en lugar de romper con él y buscar aliados en la izquierda catalana no independentista que defiende el derecho de autodeterminación.

Pero la defensa de este derecho y su aplicación no es un patrimonio del PDeCat, sino de todos los catalanes y de todos los demócratas consecuentes. Porque la única unidad del Estado que nos interesa es la unidad voluntariamente aceptada.

El movimiento popular en Catalunya a favor del derecho de autodeterminación es 100% progresista y debe ser apoyado, entre otras razones porque va dirigido contra la línea de flotación de dos de los pilares del régimen del 78: la concepción franquista y opresora de la “España, una, grande y libre”, y la monarquía. De ahí la histeria de la clase dominante.

El deber de la izquierda en Catalunya es defender coherentemente este derecho y ganar en la calle y en las instituciones la dirección de este movimiento, para arrebatárselo a la derecha nacionalista.

Estamos en un momento, con un gobierno en minoría que gobierna con apoyo de Ciudadanos y el PNV, en que sólo la desobediencia civil puede hacer valer nuestros derechos democráticos pisoteados aquí y allá por la derecha franquista. Sólo la presión popular llevada lo más lejos posible puede forzar los cambios democráticos que nos permitan ampliar nuestros derechos y libertades políticas. El candado del Régimen del 78 se rompe con la movilización popular.

La izquierda española y el movimiento obrero tienen que movilizar

Izquierda Unida y Podemos tienen la responsabilidad principal en encauzar el malestar popular, que existe y está muy extendido, contra las tropelías e iniquidades de este régimen agotado y sus valedores principales en la derecha franquista, y ponerse a la cabeza de la defensa de los derechos democráticos vulnerados, también del referéndum catalán. Deben llamar a la movilización como única manera de proteger nuestros derechos democráticos. Si un juez reaccionario prohíbe un acto en Madrid, IU y PODEMOS deberían volcarse en apoyarlo y garantizar que se realiza, en la calle si hace falta. También los sindicatos de clase: UGT, CCOO y CGT, tienen que dar un paso al frente.

Hace unos días el secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, que no es independentista y sí muy crítico de las políticas de recortes y privatizaciones del gobierno de Puigdemont, afirmaba en una entrevista a cuartopoder.es que “Si Rajoy interviene la autonomía catalana tendrá enfrente a CCOO”.

También declaró: “el sindicato está poniendo soluciones encima de la mesa para vertebrar la mayoría social catalana. Esto es vertebrar la mayoría que está por el derecho a decidir, una mayoría que recibió la negación del PP, una negación miope para dar una solución a un modelo territorial que está agotado”. Y por último, añadía: “Nuestra organización defenderá la autonomía y la capacidad de autogobierno y defenderemos las instituciones catalanas si son agredidas por el simple hecho de fomentar un hecho democrático”.

Pues bien, esa agresión ya está ejerciéndose, el movimiento obrero catalán y español no pueden permanecer de brazos cruzados en esta situación. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Además de la defensa genérica del derecho a decidir, los sindicatos deberían movilizar sus fuerzas para defender el referéndum del 1 de Octubre y llamar a participar masivamente en el mismo, como rechazo a los atropellos del régimen del 78. CCOO es la central sindical mayoritaria en Catalunya y el actual secretario general de la UGT a nivel estatal, Josep María Álvarez, exsecretario general de la UGT catalana, también ha declarado su apoyo al “derecho a decidir”. CGT nuclea a contingentes importantes de trabajadores en muchas empresas. Sólo el movimiento obrero tiene la fuerza y la cohesión suficientes para impulsar una movilización extensa, más aún UGT, CCOO y CGT, que son organizaciones que hermanan a los trabajadores de Catalunya con los del resto del Estado. Si la derecha franquista se enfrentara a un movimiento combinado de los sindicatos y la izquierda, sería la mejor manera de tirar para atrás la política represiva de Rajoy en Catalunya y en todo el Estado y preparar las condiciones para la caída del gobierno.

Por otro lado, hay que exigir  la dirección del “nuevo PSOE”, si quiere ser creíble, que rompa su frente de “unidad nacional” con PP y Ciudadanos en este tema, y se una a la movilización popular por la defensa de los derechos democráticos.

¿A quién pertenece Catalunya, a quién pertenece España?

La izquierda española tiene un deber elemental que explicar. Tan falso es que Catalunya “pertenezca” a España como que España pertenezca a los españoles. La población común y corriente, y en particular las familias obreras que formamos el 80% de esa población, no poseemos el país. España pertenece a 1.085 individuos que controlan el 80,5% de la riqueza nacional, pertenece a quienes forman la gran oligarquía de las 200 familias que controlan las 35 multinacionales del IBEX y las 100 mayores empresas del país. Son ellos quienes deciden quién trabaja y quién no, si cobras 700 euros o 1.500, si estudias en la Universidad o no, si te exilias del país o estás parado, si sobran o faltan médicos y profesores. La auténtica soberanía nacional pasa porque el pueblo sea dueño de la riqueza que produce.

Los intereses de los grandes capitalistas españoles en relación a Catalunya no son los mismos que los de los trabajadores. Ellos lo miran en términos de pérdidas y ganancias para sus negocios, lo mismo que el aparato del Estado y la monarquía lo miran como una cuestión de prestigio, prebendas e imposición. A los trabajadores sólo nos interesa una relación de hermandad y de colaboración fraternal voluntaria y en pie de igualdad.

Por una salida socialista y republicana a la cuestión nacional

Una vez más está demostrándose que incluso la defensa y aplicación de derechos democráticos elementales son cada vez más incompatibles con este régimen capitalista y su Constitución de 1978. Que bajo esta falsa e hipócrita democracia burguesa, y su régimen monárquico, no decidimos nada. Temen al pueblo que se rebela y abusan de sus leyes para maniatarnos y reprimirnos. Cada vez queda más claro que la lucha consecuente por los derechos democráticos, incluido el derecho de autodeterminación, está indisolublemente vinculada a la lucha contra el capitalismo y la oligarquía que nos gobierna. La lucha por el socialismo y la República en el Estado español y en Catalunya es la única manera de asegurar nuestros derechos democráticos y una relación fraternal y solidaria, de igual a igual, libremente decidida, entre todos los pueblos del Estado español.