La Corriente Socialista Militante apoya la intervención por 30 días de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), decretada por el gobierno de Cristina Fernández, y su nacionalización, mediante ley que discutirá el Congreso a partir de la propuesta hecha por el ejecutivo. También rechazamos las amenazas imperialistas de represalias contra estas medidas, y llamamos a la solidaridad popular internacional.
Un paso adelante que debe completarse con la estatización total de la compañía, bajo control obrero y social
La ley, de aprobarse sin cambios, declara de interés público la explotación de hidrocarburos y le otorgaría una mayoría al Estado argentino del 51% del capital accionario de la empresa (expropiando ese 51% del 57% que posee Repsol, sin tocar la parte que poseen el grupo Petersen - zi y otros accionistas menores). Según la propuesta del gobierno, ese 51% de las acciones del Estado se repartirían aproximadamente en un 26% para el Estado nacional y un 25% para los gobiernos de las provincias con producción petrolera.
Es lógico que estas medidas hayan despertado un apoyo unánime en el pueblo trabajador argentino que siempre consideró a YPF una empresa estatal emblemática. Recordemos que es la principal empresa del país por volumen de negocios y de ganancias.
YPF nació en 1922 como empresa petrolera estatal de Argentina. Fue el gobierno de Carlos Menem quien inició su proceso de vaciamiento y privatización, que culminó en 1999 con la venta de la compañía a la petrolera española Repsol.
No obstante, YPF sigue siendo la principal compañía de petróleo y gas de Argentina. Actualmente, posee un 41% de la producción petrolera del país y un 55% de la capacidad de refinación del petróleo. Y esto pese a que YPF ha reducido “un 30%-35% su producción de crudo en los últimos años y más del 40% la de gas”, según un documento de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
Según informó la misma presidenta Cristina Fernández en su discurso de ayer, desde 1999 hasta el 2011 las ganancias netas de YPF fueron de 16.450 millones de dólares, de los que repartió entre sus accionistas 13.246 millones, un 80,5% del total; cuando el promedio de reparto de ganancias en las compañías del sector es del 30%, el resto se supone que va a inversiones. Esto demuestra el nulo interés inversor de los directivos de Repsol en la exploración hidrocarburífera y su hambre insaciable por saquear los recursos para conseguir ganancias.
La situación de la producción hidrocarburífera en Argentina viene empeorando año tras año. La producción petrolera global descendió desde 2001, de 46 millones de metros cúbicos a 34 millones en 2011, según el Instituto Argentino de Petróleo (IAP). La producción global de gas también está en descenso desde 2006, de 52.000 millones de m3 a 46.000 millones en 2011, según la misma fuente. Los pozos explorados para gas y petróleo que eran 103 en 1980, bajaron a 41 en 2000 y se desplomaron a 26 en 2010, de acuerdo con un informe ante la comisión de Energía del Congreso basado en datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Argentina es un caso excepcional de país productor de hidrocarburos, al permanecer hasta ahora toda la producción y la comercialización en manos privadas. Las consecuencias de esto es que la mayor parte de los hidrocarburos se exportan dejando miles de millones de dólares a una docena de compañías privadas, algunas de capitales nacionales, mientras que el Estado debió gastar el año pasado 9.300 millones de dólares para importar el combustible faltante en el país, y se esperaba que este año esa cifra subiera hasta 12.000 millones de dólares. Hasta ahora la táctica de todas estas compañías fue reducir sus inversiones al mínimo como un chantaje al Estado para arrancarle compromisos de ampliación de las concesiones de explotación de hidrocarburos.
La reacción de la burguesía nacional y de la oposición
Un elemento curioso en todo esto es que, mientras que estas medidas nacionalizadoras del gobierno han sido celebradas con júbilo por la clase obrera argentina, han encontrado una frialdad inocultable en los grandes empresarios nacionales, en sus medios masivos de comunicación (Clarín, La Nación, Perfil, etc.), así como en los partidos de oposición (Coalición Cívica, UCR, PRO) con la excepción de Proyecto Sur y el Frente Amplio Progresista. La principal patronal, Unión Industrial Argentina, no ha publicado comunicado alguno. Esto demuestra que la burguesía nacional siente sus intereses más cercanos a la burguesía extranjera que a los de su pueblo, ya que sus medios de vida y sus privilegios sociales provienen de la misma fuente: del saqueo de la riqueza del pueblo y de la explotación de los trabajadores. Siente, por lo tanto, más cercana su solidaridad con la propiedad de las multinacionales (con quienes comparte muchos negocios e inversiones) que con las necesidades del pueblo trabajador. No es casualidad que todos estos sectores empresarios compartan la misma actitud opositora hacia el gobierno de Cristina Fernández y su apoyo indisimulado a políticos reaccionarios de derecha como Macri.
La reacción en España
La reacción histérica de los jefes de Repsol, amenazando con tomar acciones legales, es comprensible ya que casi el 50% de las reservas probadas del conjunto de Repsol al cierre de 2011 (del total de 2.179 millones de barriles equivalentes de petróleo, la parte que le correspondía a YPF era de 1.013 millones de barriles). Lo que podría implicar una reducción equivalente en sus ganancias anuales.
La respuesta del gobierno español ha sido igualmente histérica y arrogante, con un nítido contenido imperialista, describiendo la nacionalización parcial de YPF como “un ataque a España” y que tomarán “represalias”, como si de piratas se tratara. En realidad, YPF pertenece al pueblo argentino, compuesto por trabajadores y demás sectores populares, cuyas riquezas naturales y empresas estatales le fueron arrebatadas y saqueadas por una conjunción formada por compañías multinacionales, un puñado de grandes empresarios nacionales, y políticos y burócratas sindicales corruptos.
Claramente, también con esta actitud, el gobierno de Rajoy pretende darle un impulso al nacionalismo español para tratar de desviar la atención sobre la creciente oposición interna a su política social reaccionaria que le ha provocado ya una huelga general que contó con la adhesión de más de 10 millones de trabajadores, la pérdida de dos elecciones regionales (Andalucía y Asturias) y una caída de 8 puntos en la intención de voto.
Es de lamentar que los dirigentes “socialistas” del Partido Socialista español (PSOE) se hayan alineado en este tema con la multinacional Repsol (que ni siquiera tiene una composición accionaria mayoritaria de capitales españoles) y con el gobierno reaccionario de derecha de Mariano Rajoy. Pero ya se sabe que para los socialdemócratas la política exterior es sólo una continuación de su política interior. Fue el anterior gobierno de Zapatero quien inició una política antiobrera de ajustes y recortes, lo que los llevó a perder las elecciones. El nuevo gobierno del Partido Popular no hizo sino profundizar y ampliar estos ataques.
Celebramos, en cambio, la actitud de los dirigentes de Izquierda Unida, la tercera fuerza política española, quienes defendieron el derecho del Estado argentino de tomar posesión de sus recursos y calificaron de “vergonzosa” la defensa del gobierno español de la compañía Repsol y sus amenazas contra Argentina. No nos cabe ninguna duda de que esta posición de IU es compartida por la mayoría de los trabajadores y de la juventud española.
Nuestro apoyo, críticas y propuestas
Aunque apoyamos las medidas presentadas por el gobierno, tenemos algunas reservas sobre el alcance y el procedimiento empleado para llevarlas a cabo. En primer lugar, no entendemos por qué si el objetivo de tomar el control de la empresa es para, según se dice, hacer valer los intereses económicos de la nación frente al interés de la ganancia privada, no se extiende la expropiación al 100% del capital, lo que debería incluir al grupo nacional Eskenazi (quien controla el 25,46% de YPF) y a los demás accionistas privados (lo que incluye el 6% restante en manos de Repsol, más un 17% de inversores no especificados). El 49% del capital privado que resta implicará que cientos de millones de dólares seguirán yendo a los bolsillos de esta gente en lugar de servir para atender las acuciantes necesidades económicas y sociales de la empresa y del país. Este va a ser claramente el caso de la participación del grupo Eskenazi, quien compró a Repsol su capital accionario con un crédito a devolver con las ganancias que le corresponden de YPF y que aún no terminó de devolver.
YPF tenía un capital 100% estatal antes del inicio de su proceso de privatización y es lo que demandamos también ahora. Por tanto, no compartimos la posición del gobierno, expresada por la presidenta, cuando planteó en su discurso que el modelo elegido para el futuro de YPF "no es de estatización" sino de "recuperación de la soberanía y control" de los hidrocarburos. "Durante muchos años en distintos sectores de la economía manejados por el Estado, se aplicó un criterio partidario, que siguió dando argumento a que el Estado era inútil y que sólo los privados podían manejar recursos del Estado". Daría la impresión que, haciéndose eco de los prejuicios conscientemente propagados por los mismos privatizadores hace 20 años, el gobierno quisiera enviar una señal conciliadora a la burguesía nacional y al capital multinacional. Pero, justamente, la decisión de expropiar la mayor parte del capital de Repsol fue consecuencia del papel reaccionario jugado en esta empresa por el capital privado que sólo busca maximizar sus ganancias a costa del pueblo trabajador y del desarrollo del país, el mismo interés que van a mantener en YPF el grupo Eskenazi y los demás accionistas privados.
Frente al prejuicio interesado de los empresarios, de un Estado burocrático, derrochador y corrupto, oponemos una YPF 100% estatal bajo el control obrero democrático, no en base a la participación de la burocracia sindical, sino en base a la elección de delegados directamente en asambleas de trabajadores a todos los niveles (producción, transporte, comercialización y administración), que sean revocables en cualquier momento y con el mismo goce de sueldo que en su ocupación habitual.
Por otro lado, tampoco acordamos con indemnizar a Repsol por la expropiación de sus acciones. La presidente lo dijo clarito: este gente consiguió más de 16.400 millones de dólares en ganancias netas (¡declaradas por Repsol mismo sin comprobación real por los organismos del Estado, por lo que seguramente sus ganancias fueron muchísimo mayores!) mientras que supuestamente aportó para la compra 15.000 millones de dólares-pesos en 1999. Esto sin considerar las condiciones fraudulentas de adquisición, el incumplimiento de contratos de concesión, las maniobras de vaciamiento, el daño ambiental, etc. durante todos estos años de privatización.
De manera que, aun con sus mismos datos, Repsol ya amortizó de sobra su compra, por lo que el Estado argentino (es decir, el pueblo argentino) no debería pagarle un solo peso por la expropiación de sus acciones. Todo pago adicional a Repsol, aun cuando el Estado se ahorre algunos cientos de millones de dólares por la devaluación de las acciones de YPF de las últimas semanas, son recursos necesarios para capitalizar la empresa y acrecentar las inversiones necesarias.
Por último, creemos que el 51% de las acciones (expropiadas a Repsol) deberían permanecer íntegramente en posesión del Estado nacional. No pocas veces los gobiernos provinciales, incluso en la actualidad, han cedido al interés de grupos económicos nacionales e internacionales y nos tememos que con un control del 24% de la compañía puedan utilizar esta posición para favorecer negocios privados que irían contra el interés general de una YPF estatal. Por la misma razón, también somos partidarios de una reforma constitucional para que la propiedad de los recursos del subsuelo de la Nación vuelvan al Estado nacional y no sigan bajo la jurisdicción de las provincias.
¡Basta de amenazas imperialistas!
Mientras damos apoyo crítico a las medidas anunciadas el día de ayer por la presidenta Cristina Fernández, y mantenemos nuestra demanda de una YPF 100% estatal bajo control democrático de sus trabajadores, apoyaremos al gobierno contra cualquier ataque que provenga de los poderes imperialistas, sean la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, la Organización Mundial del Comercio, o el G-20, que trate de obligar al gobierno a revertir la nacionalización parcial de YPF –como ha solicitado el lacayo imperial Felipe Calderón, en México, lo que es repudiado por el bravo pueblo mexicano– o que adquiera la forma de represalias políticas o económicas contra la Argentina.
Las organizaciones obreras y populares de nuestro país deberían asumir de manera inmediata el lanzamiento de una campaña internacional de solidaridad para recabar el máximo apoyo de las organizaciones obreras y populares de todo el mundo, comenzando por las latinoamericanas y las españolas, en apoyo a la nacionalización de YPF y contra cualquier amenaza imperialista al pueblo trabajador de Argentina y a su gobierno.
Fuente: El Militante (Argentina)