Nacionalización de las eléctricas y subida digna del SMI – El gobierno debe atender las necesidades obreras

Editorial de Lucha de Clases nº 77 - A pesar de los oficialmente celebrados últimos datos del paro, la situación socioeconómica está siendo lastrada por la pérdida paulatina del poder adquisitivo de la clase trabajadora. El IPC en el mes de julio se ha situado en el nivel más alto desde 2017, alcanzando un 3,3% interanual. En contraposición, los trabajadores protegidos por convenios colectivos han visto crecer su nivel salarial un 1,54% en lo que va de año.

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Es la primera subida desde hace 15 meses, en los que millones de trabajadores bajo condiciones de ERTEs vieron sus ingresos reducidos al 70%.

Estos exiguos incrementos nominales significan, en realidad, un retroceso en el poder adquisitivo del 1,76%, mientras la economía se recupera a un ritmo del 6,5%. Para empeorar la situación, hay que considerar que la cantidad de trabajadores sujetos a convenios colectivos está en mínimos históricos: más de la mitad de los trabajadores se encuentran a merced del SMI.

Una subida miserable del SMI

La patronal ha desatado una campaña histérica contra la raquítica subida del SMI planteada por el Gobierno, 15€, hasta los 965 euros mensuales. Esto, a pesar de la estridencia de las patronales, representa un miserable avance de 1,57%, en consonancia con lo pactado por las cúpulas sindicales. Sus contrapropuestas, ante una subida que afectará directamente a no más del 10% de trabajadores, van desde la oposición cerrada hasta la propuesta de un SMI por territorios supeditado a la productividad.

Lo más llamativo es que los dirigentes sindicales ni siquiera plantean una subida en relación al crecimiento económico, sino del 2,6% frente al 1,57% propuesto por Yolanda Díaz y el 6,5% de aumento del PIB.

Una política mínimamente de clase por parte del autodenominado “gobierno más progresista de la historia” debería partir del aumento en relación al PIB estatal. Ni siquiera esto pondría en peligro los beneficios capitalistas. De hecho, entidades como el FMI e instituciones europeas llevan varios años apuntando a la necesidad del incremento del salario mínimo en España con el fin de favorecer el dinamismo económico, amenazado por las tasas de trabajadores pobres. Según Yolanda Díaz, uno de cada tres trabajadores en el Estado español es pobre o está en riesgo de caer en esta situación. Esta estadística sólo es superada en la UE por Rumanía.

Causas del empobrecimiento de la clase trabajadora

Mientras las cúpulas de CCOO y UGT y la ministra de trabajo se someten “lealmente” al dogma de la concertación con la patronal, la burguesía sigue cometiendo sus desmanes a todos los niveles. Desde el campo hasta la industria, pasando por los servicios, todos los sectores están sometidos a una pérdida continua de derechos y salarios, mientras que las reformas laborales del 2010 y 2012 siguen incólumes. Lo único planteado es una supuesta “próxima revisión” de sus artículos más lesivos. A su vez, la Ley Mordaza, que torpedea objetivamente la protesta social, se mantiene sin visos de ser ni siquiera revisada.

Los sectores ligados a la distribución de servicios y bienes básicos no cesan en su escalada de precios. Tanto en la alimentación como en la energía y transportes se han registrado picos históricos que no guardan relación directa con los costes de producción, trampeando por parte de los oligopolios las supuestas leyes del mercado.

El caso paradigmático de las eléctricas

Las familias trabajadoras se están viendo afectadas por tarifas energéticas de máximos históricos. La subida en los costes de producción no es la explicación fundamental, como se esgrime por parte de las eléctricas, para los incrementos de la factura. Sus argumentos están en contraposición con los beneficios obtenidos, precisamente en el período de mayor subida de los costes soportados por las familias. Endesa en 2020 generó un beneficio neto de 1.394 millones y Naturgy e Iberdrola obtuvieron otros 3.611 millones. Este es el milagro de la privatización a precio de saldo de un sector estratégico bajo el gobierno de Aznar en 2003.

El pasado 2 de Septiembre el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista volvió a dispararse, alcanzando un nuevo récord histórico de 140 €/MWh. Según datos aportados por el OMIE, el precio de la luz aumentó hasta un 188% con respecto al del 1 de septiembre del año anterior.

En un acto de bandidaje empresarial, el precio final de la electricidad se marca por el de la energía que en cada momento está más cara en el mercado (gas, hidroeléctrica, eólica, etc.). Al ser el gas natural la fuente más cara, esta fuente es la que empuja al alza la factura de la luz, generando los llamados “beneficios caídos del cielo”. La ausencia de inversiones en las centrales nucleares e hidroeléctricas ya amortizadas, e incluso en la red de distribución, operan en favor de ingresos extras. Esto ha tenido en los últimos meses de gran severidad climática, un reflejo en la interrupción del servicio en numerosos barrios obreros de grandes ciudades.

A estos actos de pillaje, se suman fraudes de menor escala. Así, Endesa fue multada el año pasado con 300.000 € por cambiar de compañía a un cliente fallecido cinco meses antes. Naturgy fue sancionada en 2019 con 1,2 millones por prácticas similares, tras una denuncia de FACUA por cambiar la tarifa de gas a 48.700 clientes, sin informar del encarecimiento de la misma, de entre un 8% y un 14%. Estas multas esgrimidas por Garzón, al frente del Ministerio de Consumo como medidas de control que funcionan, solo pueden causar risa a los dueños de estas compañías cuando las comparan con sus márgenes de negocio.

Hay que añadir que estas compañías además van a acceder a una fuente de ingresos extra a cargo de los Fondos Europeos “Next Generation” para la llamada transición energética. Ya han solicitado oficialmente subvenciones por valor de 53.000 millones de euros para la implantación extensiva de plantas fotovoltaicas. Ya han activado procesos de expropiación de terrenos a precios de 3 €/m², como denuncian organizaciones ecologistas agrupadas en la plataforma estatal Aliente, especialmente en la zona sur del país.

Qué haría un gobierno obrero

Aun en un marco capitalista, un gobierno obrero en el poder debería al menos crear las bases económicas y políticas para fomentar la movilización de la clase trabajadora, alentando la lucha de clases y el avance de la recuperación del terreno perdido a manos de anteriores gobiernos reaccionarios en manos de la derecha. En su lugar, el gobierno no se plantea ni una sola medida que no sea aceptada por la burguesía.

El caso de las eléctricas exige una intervención drástica por parte del Gobierno, nacionalizando el sector y sometiéndolo al control de los trabajadores y usuarios. Esto sería el primer paso necesario para implantar un sistema racional de producción y abastecimiento de la energía, basado en criterios sociales y ambientales que creará miles de puestos de trabajo para realizar una verdadera transición energética, aboliendo en primer lugar el mercado especulativo de compra-venta de los derechos de emisión de CO2, que también empuja al alza el precio de la electricidad. En lugar de ello, el Gobierno está incluso en oposición al tímido planteamiento de Unidas Podemos (UP) de crear una empresa pública para competir en el mercado e influir en las tarifas, dejando en manos privadas las infraestructuras actuales.

El caso energético es sólo un ejemplo. Todos estos desmanes se acumulan a los retrocesos en cuanto a servicios públicos, condiciones laborales, destrucción de empleo y protección social (jubilaciones, desempleo, etc.), que se mantienen en la línea de las últimas décadas. Esto está creando un peligroso desafecto en la base social del gobierno PSOE-UP, lo que representa una seria amenaza para su continuidad. Así, en su pretensión de no desbordar el marco de diálogo y conciliación de clases para mantenerse en el poder, sólo está creando las condiciones políticas para su próxima derrota.

En este contexto, UP, atada a un pacto de gobierno insuficiente, ni siquiera presenta contrapropuestas audaces que preparen una futura recuperación de las posiciones perdidas. Sus dirigentes se limitan a tímidas protestas en los medios de comunicación, negándose a llamar a cualquier movilización en las calles. Si el gobierno de Sánchez está poniendo en peligro su propia continuidad en el poder, UP se sitúa al borde de su propia viabilidad como fuerza política.

Estamos convencidos de que la bancarrota del posibilismo de los dirigentes no refleja el verdadero estado de ánimo de la clase obrera y su conciencia. Es necesario construir una referencia revolucionaria que sea capaz de ponerse al frente de los próximos enfrentamientos de clase que se avecinan.

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