México: López Obrador amenazado por la clase dominante

El gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador está tratando de balancear entre la voluntad y la aspiración de las masas que lo llevaron al poder, y las demandas de la burguesía. A pesar de lo intentos de aplacar a la clase dominante, éstos no confían en AMLO y quieren que se vaya.

En África, América Latina y Asia, la explotación de la mayoría de la población por parte de pequeñas élites gobernantes confabulados con el imperialismo es mucho más fuerte que en las potencias capitalistas avanzadas. Aquí, millones de trabajadores, campesinos y pobres urbanos ya viven al borde del abismo en tiempos "ordinarios". La pandemia del COVID-19 y la crisis capitalista amenazan con inclinarlas hacia la desesperación absoluta. Pero las masas no aceptarán esto de brazos cruzados.

En México, el gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador fue impulsado al poder en 2018 por la ira de millones de personas y el deseo de un cambio radical. Las injusticias que prometió combatir ahora están siendo exacerbadas por la crisis, al igual que la incompatibilidad de sus promesas con el capitalismo y el imperialismo. De hecho, la pandemia está agravando las tensiones entre el gobierno y la burguesía mexicana, que amenazan con caer en un conflicto abierto.

Aliados dudosos

López Obrador encarna el anhelo de un cambio radical en la sociedad mexicana. Ha prometido encaminar a México en su "cuarta transformación", a la altura de la guerra de independencia contra España, el movimiento liberal de Benito Juárez en la década de 1850-60, y la Revolución Mexicana de la década de 1910. Muchos de sus planes son audaces y mejorarían los medios de vida de millones de mexicanos. Está genuinamente comprometido a mejorar la suerte de las masas. Algunas de sus políticas, como las becas para estudiantes y aprendices y las pensiones adicionales para los adultos mayores ya han aliviado la difícil situación de los más vulnerables de la sociedad.

Sin embargo, López Obrador cree que es posible transformar la sociedad dentro de los límites del capitalismo. Esta reciente declaración resume su filosofía reformista: "Por supuesto, queremos apoyar a los empresarios, pero también queremos apoyar a los indígenas, a los campesinos, a los taxistas, a los pequeños tenderos, a los estudiantes, queremos apoyar a todos". En su opinión, no es el capitalismo como tal el culpable de la injusticia lo que azota a México, sino el neoliberalismo, es decir, una línea específica de la ideología capitalista. Por lo tanto, ha tratado de conseguir el apoyo de los capitalistas "progresistas" embarcandose en proyectos de desarrollo financiados por el Estado, como los Trenes Maya y Transístmico en el sur del país, la creación de zonas económicas especiales en el norte, lucrativos arrendamientos de petróleo, o mediante el uso de bancos privados para distribuir beneficios sociales. López Obrador ha hecho esfuerzos para seducir al hombre más rico del país, Carlos Slim, quien será uno de los principales beneficiarios de sus proyectos de desarrollo. Otros, como Ricardo Salinas, que posee vastos monopolios en el comercio minorista, los medios de comunicación y las finanzas, y el magnate Alfonso Romo, han sido llevados a consejos consultivos especiales. El gobierno hace una distinción entre los empresarios que "hacen inversiones y generan empleo con tenacidad y persistencia, obtienen beneficios legítimos y ayudan al desarrollo del país" y aquellos "que acumulan grandes fortunas ilegalmente, sobre la base de la corrupción".

La desigualdad, el subdesarrollo y la corrupción son, en opinión de López Obrador, en última instancia, la consecuencia de decisiones ideológicas equivocadas por parte de los responsables políticos. Esto también exonera el aparato estatal de cualquier culpa. Simplemente había sido"robado por una pequeña minoría". Bajo un liderazgo adecuado, el Estado puede estar orientado a proteger a los débiles y comprobar la codicia de los poderosos. En este sentido, ha respetado el protocolo constitucional y las formalidades de la división de poderes, garantizando la "independencia" del poder judicial y del Banco Central, por ejemplo. Sin embargo, el aparato estatal no es neutro, sino un instrumento para mantener la explotación de clase. En medio de la miseria prevaleciente y la grave desigualdad de los países excoloniales como México, la clase dominante debe asegurar la lealtad del Estado a través de privilegios desmesurados, que se complementan invariablemente con la corrupción, e inculcando la ideología reaccionaria en este aparato represivo e imbuyéndola con un sentimiento de impunidad. Las estrechas conexiones entre los funcionarios del Estado mexicano en todos los escalones de la administración, desde policías locales hasta gobernadores estatales, cárteles de la droga y crimen organizado es un hecho puntual. La violación de los derechos humanos de activistas y manifestantes es recurrente. A veces, esto ha llegado al punto del asesinato en masa, como en la masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. Como López Obrador está empezando a darse cuenta, la máquina administrativa que maneja oficialmente está lejos de ser neutral.

El capitalismo mexicano está atado de pies y manos al imperialismo estadounidense. Este último absorbe el 80 por ciento de las exportaciones mexicanas. La división del trabajo entre los dos países muestra una estructura imperialista clásica, mediante la cual México exporta materias primas y bienes industriales baratos e importa productos básicos con un alto valor agregado. Los magnates de la industria mexicana dependen principalmente del mercado estadounidense y se preocupan poco por la demanda interna. Por lo tanto, no es sorprendente que López Obrador también haya tratado de satisfacer los intereses estadounidenses. Con la USMCA, se instruyó una actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, que el partido de López Obrador considera un "instrumento útil para los intercambios económicos y comerciales". Bajo la presión de Donald Trump, desplegó las fuerzas armadas en la frontera con Guatemala para bloquear la entrada de migrantes centroamericanos a México en su camino a Río Grande. Los dos gobiernos también han colaborado en la llamada "guerra contra las drogas".

Gigantes económicos, enanos políticos

La noción de López Obrador de que la justicia social se puede lograr sin desafiar los intereses fundamentales de la burguesía mexicana, el aparato estatal y el imperialismo estadounidense se ha ido desmoronando desde que asumió el poder. La pandemia COVID-19 está haciendo esta verdad más evidente. Incluso si el gobierno ha prometido proteger e incluso fomentar la empresa privada, la burguesía está en su contra. Temen no verse beneficiados en el compromiso de López Obrador con la redistribución. Su campaña contra la corrupción amenaza con secar una importante fuente de ingresos para la clase dominante, que complementa su actividad "legal" con ganancias ilegales o "semi-legales" extraídas de las arcas estatales. La reversión de los programas de privatización y algunas asociaciones público-privadas puestas en marcha por gobiernos anteriores, sobre todo en petróleo y energía y en la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, privará a los capitalistas de inversiones jugosas.

Sin embargo, la principal preocupación de la burguesía no es directamente económica, sino política. No controlan a López Obrador como solían controlar a los presidentes anteriores, que eran títeres obedientes en sus manos. Su base social es una masa efervescente e impaciente. Navegó hacia el poder en una ola de disturbios sociales y encarna las expectativas de un cambio radical. Si no cumple, sus votantes lo harán responsable. Es sensible a la presión de las bases. La burguesía mexicana es especialmente dominante políticamente porque es especialmente rapaz económicamente; requiere un gobierno que mantenga a la clase trabajadora bajo su bota. López Obrador no hará esto, y sus promesas han acortado la autoconfianza de las masas. La burocracia estatal también está cansada de la "austeridad republicana" del presidente, que implica recortes a los salarios de funcionarios de alto rango y una mayor transparencia. Los escalones superiores del aparato estatal y las fuerzas armadas son muy sensibles a la presión de la clase dominante, a la que están obligados por un millón de hilos.

Desde que López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018, se ha producido una huelga de capital sobre la economía mexicana. En 2019, las inversiones cayeron un 2,2 por ciento, cayendo a su nivel más bajo en seis años. Esta caída es aún más fuerte cuando se incluye la inversión extranjera. Algunos capitalistas poderosos, como Claudio X. González, han llegado a una estrategia de insurgencia abierta contra el gobierno. Los sectores del aparato estatal también han obstaculizado las políticas del ejecutivo y han ejercido un chantaje abierto. Por ejemplo, en julio de 2019 la policía de la capital orquestó una serie de motines y protestas, supuestamente contra la reorganización de las fuerzas de seguridad, pero estas manifestaciones tuvieron una clara política. En noviembre, el general del ejército Gaytán Ochoa criticó abiertamente al gobierno y afirmó que no representaba a toda la nación. Estaba expresando en voz alta lo que muchos de sus colegas piensan en privado. López Obrador ha tratado de apaciguar a los militares a través de concesiones económicas, como la construcción de un nuevo aeropuerto en la capital, todo ello al mismo tiempo que establece una nueva y poderosa fuerza directamente subordinada ante él, la Guardia Nacional. Un sector de la clase dominante también ha tratado de generar movilizaciones reaccionarias contra el presidente. Varias organizaciones de extrema derecha han aparecido en los últimos meses, algunas de ellas con retórica abiertamente violenta y golpista. Sin embargo, la derecha ha fracasado rotundamente en su esfuerzo por desafiar a López Obrador en las calles. Intentaron cooptar la huelga de mujeres el 8 de marzo, pero una vez más no tuvieron éxito.

Esto revela la impotencia política de la burguesía. Aunque ejercen poder económico y tienen aliados influyentes dentro del aparato estatal, carecen de una base social. Son gigantes económicos, pero enanos políticos. Sus partidos tradicionales, el PRI (Partido Revolucionario Institucional), el PAN (Partido De Acción Nacional) y el PRD (Partido de la Revolución Democrática) son extremadamente impopulares después de décadas de desastrosa administración tanto a nivel nacional como regional. Rondan el 5-10 por ciento en las encuestas de opinión. El intento del expresidente Felipe Calderón de lanzar un nuevo partido de derecha, México Libre, también ha sido ineficaz. López Obrador ganó las elecciones con mayoría absoluta. Aunque ha perdido fuerza, sigue siendo popular y encabeza las encuestas de opinión. De hecho, es la debilidad de sus adversarios más que su propia fuerza lo que explica la solidez política del gobierno.

A la luz de su vulnerabilidad política, un sector de la clase dominante ha estado tratando de influir (y socavar) el gobierno desde dentro en lugar de desafiarlo desde fuera. Esto es especialmente cierto para los oligarcas más poderosos del país, como los mencionados Carlos Slim, Alfonso Romo o Ricardo Salinas; así como otros como Antonio del Valle (Mexichem), Valentín Diez Morodo (Citibanamex), Emilio Azcárraga (Televisa) o Rogelio Zambrano (Cemex). López Obrador les ha acogido con los brazos abiertos. Estos magnates están en una posición más fuerte para presionar al gobierno y tienen más confianza que los capitalistas medianos. Los capitalistas e imperialistas más inteligentes también valoran la capacidad de López Obrador para controlar a las masas, algo que fue visto con gran alivio durante las insurrecciones que sacudieron a América Latina en el otoño. Del mismo modo, la administración Trump ha tolerado a López Obrador por la falta de una alternativa mejor, y en la medida en que ha tocado la línea de intereses básicos de Estados Unidos. El presidente ha utilizado la amenaza de un acercamiento con China y los controles migratorios como palanca para fortalecer su mano frente a Washington. Esto ha tenido un efecto, como lo atestiguan las concesiones estadounidenses a México sobre las negociaciones sobre los precios del petróleo. Sin embargo, todos estos son aliados dudosos que están dispuestos a traicionarlo en cualquier momento. La crisis COVID-19 lo ha sacado a la superficie.

La clase dominante se rebela

Ahora hay un conflicto abierto entre el gobierno y un número creciente de capitalistas. Ante la pandemia COVID-19 y la profunda caída económica que ha provocado, López Obrador ha decidido dar largas. La magnitud de la depresión no tiene precedentes. El PIB del país puede haber caído casi un 10 por ciento, según algunas estimaciones. La parálisis provocada por el bloqueo y la caída de las exportaciones a los Estados Unidos y las remesas de los trabajadores migrantes se agrava con el desplome del precio del petróleo, una fuente importante de ingresos para el Estado. Sin embargo, López Obrador ha insistido en que la crisis no arruinará sus programas sociales. Por el contrario, en abril anunció una batería de nuevas medidas para ayudar a los más pobres de la sociedad, así como a las pequeñas empresas y los empresarios. Hasta 22 millones de mexicanos son ahora elegibles para recibir beneficios estatales. Para compensar la pérdida de ingresos, el gobierno profundizará en los salarios de funcionarios estatales de alto rango y en gastos innecesarios. López Obrador también se ha negado a subvencionar a las grandes corporaciones. Además, está firmemente en contra de asumir deuda adicional, que pesa como una lápida en las economías latinoamericanas.

La clase dominante, tanto en México como en el extranjero, está furiosa con estas políticas. Paradójicamente, piden al gobierno que abandone su "austeridad republicana", asuma tanta deuda adicional como sea necesaria y se embarque en una política de "estímulo" económico, poniendo las arcas del Estado al servicio del capital privado. Un editor extremadamente agresivo en el Financial Times fijó el tono de estas demandas:

"Cada vez más voces en la élite mexicana hablan de una tragedia inminente. Los líderes empresariales han propuesto un plan alternativo de respuesta al virus. A veces se puede escuchar la extraña voz disidente dentro de la alianza gobernante del Sr. López Obrador. Pero México tiene una presidencia imperial y un presidente imperioso. El tiempo es peligrosamente corto. Los políticos a través de las líneas partidistas, gobernadores estatales y líderes empresariales deben unirse para acordar un programa económico y de salud integral para hacer frente al coronavirus y presionarlo a su presidente. Deberían impugnarse jurídicamente algunas de sus políticas más cuestionables. La terrible catástrofe humanitaria de Venezuela es una clara advertencia de lo que otros cuatro años y medio del señor López Obrador podrían hacerle a México".

Las principales cámaras empresariales en México, COPARMEX, COPAMIN y CCE, han hecho llamamientos para que el Estado suscriba deuda privada, para un encierro menos estricto, para subsidios estatales por salarios, desregulación, exenciones fiscales y políticas similares destinadas a rescatar el capitalismo y hacer que los trabajadores hagan pagar la cuenta. "El plan de López Obrador no es lo que esperábamos, lo que necesitábamos", dijo el líder de COPAMIN, "las consecuencias podrían ser muy graves". En un acto de desafío flagrante que marca un cambio cualitativo en la relación entre la presidencia y la oligarquía, una estación de televisión propiedad de Ricardo Salinas, que forma parte de un consejo asesor del gobierno y fue considerado un capitalista "progresista", aconsejó a su audiencia que ignorara el consejo de las autoridades sanitarias. De hecho, el imperio minorista de Salinas permaneció abierto durante el encierro de las regulaciones gubernamentales. En lugar de castigar este peligroso acto de rebelión, López Obrador trató de apaciguar a Salinas, enfatizando que respeta la libertad de expresión. También ha pasado a la práctica con proyectos de desarrollo público-privados, como el ferrocarril maya, para ayudar a endulzar el estado de ánimo de la clase dominante. El gobierno llama a la "unidad nacional". Pero cuando se enfrentan a una crisis de este tipo, ninguna concesión a medias satisfará a la patronal.

La burguesía está redoblando su presión sobre el gobierno. Su objetivo es asegurar la sumisión absoluta del presidente y, en última instancia, expulsarlo. Recientemente se filtró una grabación de una reunión entre el periodista de derecha Ferriz de Con y un grupo de importantes empresarios, entre ellos el presidente de una de las cámaras empresariales más importantes de México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El tenor de esta conversación fue abiertamente golpista: "Será muy difícil rescatar a nuestros negocios si, además de nuestras dificultades actuales, tenemos un gobierno que no hará concesiones y no nos proporciona oxígeno. Debemos adoptar una táctica diferente". Continuó describiendo planes para expulsar al presidente a través de una rebelión de gobernadores de derecha. Están tratando de movilizar el aparato estatal contra el ejecutivo. Tres gobernadores en los estados del norte que limitan con Estados Unidos emitieron una declaración conjunta denunciando la gestión de la crisis del gobierno. El gobernador de Baja California también emitió críticas similares. Pertenece al partido gobernante MORENA. De hecho, este último se está separando seriamente del partido. En el último período, López Obrador adoptó una política de puertas abiertas en MORENA. Como parte de su visión reformista y conciliadora, acogió con beneplácito la llegada al partido de todo tipo de oportunistas, muchos de ellos desertores del PRI, PRD y PAN, así como agentes de la clase dominante, como el crack neoliberal Esteban Moctezuma. Muchos de ellos están poniendo un freno a los planes del gobierno.

Al mismo tiempo, los sectores de la burocracia también se rebelan contra el ejecutivo. El Banco Central de México anunció un paquete de estímulo, mediante el cual inyectará 750 millones de pesos al sector financiero. Esto va en contra de la promesa de López Obrador de no subvencionar bancos y corporaciones. Emitió severas observaciones en contra de las políticas del banco, pero está obstaculizado por su compromiso con la llamada división de poderes. Más en serio, el Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, anunció que proporcionaría 12.000 millones de dólares estadounidenses para las empresas mexicanas. Supuestamente, el beneficiario final serán las "pequeñas empresas". En realidad, sin embargo, los bonos atenderán a grandes bancos y corporaciones, que más tarde están destinados a prestar crédito barato a las empresas más pequeñas. Gigantes de la industria mexicana, como Cemex, Mabe y Axtel ya han solicitado el programa. La Secretaría de Hacienda respaldó el acuerdo – en desafío, al parecer, de la voluntad de López Obrador, quien criticó abiertamente la forma en que este plan había sido "impuesto" al gobierno, y advirtió que el Estado no suscribiría ninguno de estos préstamos. Este episodio apunta a profundas divisiones dentro del gabinete.

La pandemia COVID-19 ha radicalizado la oposición contra López Obrador. Sin embargo, un golpe de Estado violento es muy improbable en este momento. Si bien seguramente hay muchos oficiales que apoyarían tal movimiento, sería una apuesta temeraria que inevitablemente sería contraproducente. La burguesía sigue siendo muy débil políticamente. De hecho, la pandemia ha aumentado la popularidad de López Obrador. Se ha visto que el gobierno gestiona la crisis de manera eficaz, ya que el número de muertes sigue siendo relativamente bajo. Lo más importante es que los ataques contra el gobierno han galvanizado su base de apoyo. Por ejemplo, después de que la estación de televisión, Azteca Trece, de Ricardo Salinas pidiera a los ciudadanos que ignoraran a las autoridades, una petición en Change.org, pedir al gobierno que suspendiera su licencia, obtuvo 150.000 firmas en un solo día. Por lo tanto, sólo los reaccionarios más trastornados contemplan la acción violenta contra López Obrador. La mayoría de los capitalistas han optado por una estrategia de desgaste: participar en el sabotaje económico, impulsar una cuña dentro de MORENA y dentro del aparato estatal, e intensificar el ataque mediático, con miras a socavar su base de apoyo. En el futuro, esto podría conducir a un golpe de Estado "blando", por el cual López Obrador sería derrocado constitucionalmente, como ocurrió en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff en 2016.

El gobierno mexicano también ha estado cediendo ante el imperialismo estadounidense. Washington ha instado a México a mantener sus industrias funcionando mientras intenta reabrir su economía. A medida que las cadenas de producción en ambos países están entrelazadas, la política económica mexicana debe marchar en bloque hacia la de Trump. Hasta ahora, esta presión ha considerado la economía, pero si la situación política se polariza más, no se puede descartar la intromisión abierta contra López Obrador. La reapertura de la propia industria podría politizarse rápidamente, ya que los trabajadores de las maquilas de la frontera han organizado huelgas muy combativas.

Bonapartismo, sui generis

En países excoloniales como México, el capital extranjero domina la economía. Esto significa que la clase trabajadora nacional es relativamente fuerte frente a la burguesía nacional. Además, esta última está socialmente aislado por la falta de una aristocracia de grandes trabajadores o una burguesía mezquina próspera, como existe en los países imperialistas. Reflexionando sobre las políticas de Lázaro Cárdenas, Trotsky explicó que una estructura social tan desequilibrada inevitablemente tiene tendencias bonapartistas de un tipo peculiar:

“En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al prole­tariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno gira entre el capital extran­jero y el nacional, entre la relativamente débil burgue­sía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista de índole particular. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capitalismo extran­jero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o maniobrando con el prole­tariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ga­nando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros.”

El gobierno mexicano hoy muestra claramente tales rasgos bonapartistas "plebeyos". La crisis del COVID-19 los potencializará. Enfrentado a la burguesía, López Obrador se apoyará en su poderosa base popular para reafirmar su autoridad. Incluso podría llamar a sus seguidores a la calle si se siente acorralado. Tal acto de equilibrio entre clases aumentará el poder del gobierno. Sin embargo, esto se basará en un equilibrio catastrófico que podría implosionar en cualquier momento.

López Obrador es muy popular en este momento, pero esta popularidad no está escrita en piedra. Se basa en la expectativa de que logrará un cambio social radical. Si continúa su política de apaciguamiento hacia la clase dominante, eventualmente socavará su propia base de apoyo y decepcionará a sus seguidores. Esto prepararía el terreno para la victoria de la reacción, como ocurrió en Brasil en 2016. Hasta ahora, la clase obrera ha sido en gran medida un observador pasivo de las recientes situaciones. Un enfrentamiento decisivo entre el gobierno y la clase dominante inevitablemente lo arrastraría al combate. Si López Obrador pide a las masas que se movilicen para defender su gobierno contra los ataques de la clase dominante, los trabajadores, los campesinos y los pobres responderían con entusiasmo, como siempre lo han hecho en el pasado.