Una gran victoria popular representa la constitucionalidad de la Ley 26.522, llamada de Servicios de Comunicación Audiovisual y conocida como “Ley de Medios”.
Sin duda este es un gran paso adelante que ayudará a limitar el poder de fuego de aquellos medios que utilizan su posición dominante para violentar sistemáticamente la democracia al deformar la realidad de una manera obscena, abierta y descarada.
La desmonopolización del Grupo Clarín, junto a otros grupos cuyas licencias exceden a las previstas por la ley, traerá consigo una mayor pluralidad en cuanto a los contenidos y las voces en los medios audiovisuales al romper con el entramado de poder mediático construido por las corporaciones junto al genocida Jorge Rafael Videla primero y el neoliberal Carlos Saúl Menem después.
Con 4 votos a favor de la constitucionalidad total de la norma, 2 a favor pero en disidencia y 1 voto negativo la Corte Suprema de Justicia, luego de 4 años de sancionada la ley, abrió la puerta para un nuevo y fundamental capitulo en la lucha de los trabajadores y el pueblo pobre por la democratización de la palabra en la Argentina y en América Latina.
Antecedentes ¿De dónde viene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ?
En nuestro país los intentos por regular los medios de comunicación tienen una larga historia, el triunfo reciente es un escalón fundamental en un largo camino siendo varios los gobiernos, democráticos y dictatoriales, que han introducido legislaciones o modificaciones en materia comunicacional.
La oposición de derecha y los propios medios han instalado en sectores de la sociedad, la idea de que esta ley es un rayo que cae en un cielo despejado, intentando reducir el debate a un conflicto coyuntural entre el gobierno y Clarín. Pero en realidad este es un debate que tiene raíces muy lejanas en el tiempo y que forma parte de una lucha histórica.
La vieja Ley de Telégrafos sancionada en 1875 por el presidente Nicolás Avellaneda es uno de los primeros antecedentes. La radiodifusión, aparecida en los años 20, fue reconocida por ley en el decreto 21.004 firmado en plena “década infame” por el militar Agustín Pedro Justo en 1933.
En 1946 Perón dispuso la creación del Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR)
Será hasta la sanción de la ley 14.467 en el año 1957, en plena Revolución fusiladora, que comenzó el proceso de regulación de los servicios de Radiodifusión y televisión. Aparecía el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CNRT) y el Servicio Oficial de Radiodifusión y Televisión (SORT).
Sobre el final de la dictadura el general Pedro E. Aramburu anunció la adjudicación de las primeras licencias para canales de televisión privados. Comenzaba la privatización de los medios.
En mayo de 1967, el gobierno de facto de Juan Carlos Ongania promulgó la ley 17.282, que cambiaba la forma en que serían concedidas las licencias para la explotación y utilización de las emisoras tanto de radio como de televisión.
En 1972, el último dictador de la “Revolución Argentina” Alejandro A. Lanusse, dictó el decreto-ley 19.768 que daba creación a el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), un organismo encargado de la adjudicación, finalización y revocación de licencias. La última ley fue la 22.285, que se encargaba de regular de manera diferenciada la radiodifusión de las telecomunicaciones durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983.
El objetivo de esta ley era contar con un sistema de medios de comunicación controlados por las Fuerzas Armadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional
Será en este período cuando los diarios Clarín, La Nación y La Razón se apoderaran, con el secuestro y la tortura como método, de Papel Prensa S.A único productor de papel de diario y pilar fundamental con el cual Clarín pasa de ser un diario, a construir en unos años un grupo multimediático.
Con el retorno de la democracia en 1983, se iniciará una nueva etapa política en el país, será el radical Raúl Alfonsín esta vez que el impulse en 1987 el proyecto del COCODE (Consejo para la Consolidación de la Democracia) que buscaba lograr la planificación de medios de nuestro país.
Este proyecto junto al algunos de similares características, fueron boicoteados abiertamente por el establishment mediático y económico que operó para derribar al gobierno de Alfonsín, impidiendo la consolidación del primer gobierno constitucional luego de décadas de dictadura.
Raúl Alfonsín le manifestaría, 6 meses antes de terminar su mandato, a Héctor Magnetto: "Permítame terminar mi mandato”, a lo cual el CEO de Clarín respondió, "No, usted ya es un estorbo".
Con la llegada de Carlos Menem al poder, se profundizaba el modelo neoliberal que beneficiaría ampliamente al Grupo Clarín y alejaría cualquier posibilidad de democratización de los medios.
Durante sus dos mandatos gubernamentales se realizaron algunas modificaciones que permitieron la formación de multimedios nacionales y luego la concentración y extranjerización del sistema de medios.
En este periodo, también se autorizo a las empresas de periodismo impreso para ser titulares de radios y canales de televisión (Ley 23.696 de Reforma del Estado, art. 65)
La primera privatización del gobierno menemista tuvo como beneficiario al Grupo Clarín al que se le entregó el hasta entonces estatal canal 13.
El poder mediático se consolidaba cada vez más y los futuros gobiernos cada vez se arrodillaban más ante ese poder de fuego que gobernaba tras las sombras.
Coalición por una Radiodifusión Democrática
Convocada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) en 2004 se crea la Coalición por una Radiodifusión Democrática constituyéndose como un grupo de sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, políticas, culturales, radios comunitarias, pequeñas radios y organismos de derechos humanos que elaboran 21 puntos básicos para una nueva ley de radiodifusión. Este hecho representa el antecedente más inmediato del cual deriva la recientemente constitucional ley de medios.
Los 21 puntos tenían por objetivo terminar con la ley 22.285 de la última dictadura, con el fin de precisar una serie de pautas fundamentales para establecer una red de medios de comunicación compatibles con los procesos constitucionales democráticos.
El 7 de de diciembre de 2007 desde las altas esferas dirigenciales del Kirchnerismo se comete un grave error político al autorizar la fusión entre Cablevisión S.A y Multicanal S.A fortaleciendo política y económicamente al Grupo Clarín, principal beneficiario de esta operación comercial al pasar a controlar el 90% del negocio del cable en nuestro país.
Con un marcado carácter anti monopólico comenzarán en 2008 por todo el país una seria de foros de discusión donde los ciudadanos y organizaciones interesadas en democratizar los medios, llevaron adelante una serie de debates para aportar su contribución al mejoramiento de la ley y la mejor forma de impulsarla.
Tomando en cuenta los aportes de los profusos debates y luego de realizarle algunas modificaciones, la ley entrará en discusión parlamentaria.
El Frente Para la Victoria que contaba en su plataforma electoral la reforma del mapa mediático será la fuerza política que tomará la ley como bandera, batallando por su aprobación en ambas cámaras.
El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual fue anunciado por la Presidenta Cristina Kirchner en marzo de 2009, en un acto en el Teatro Argentino de La Plata.
Siendo aprobada por la cámara de diputados, luego de realizarle más de 100 modificaciones, pasaría por la cámara de Senadores de la Nación, que convirtió en ley el proyecto con 44 votos a favor y 24 en contra.
La ley que contaba con un amplísimo respaldo popular fue aprobada en medio de enormes manifestaciones de apoyo a la misma, que constituyeron el principal impulso para su imposición en el Congreso. Sin este respaldo masivo en las calles la ley hubiese naufragado indefectiblemente.
Luego de su aprobación comenzará una larga batalla judicial donde el grupo Clarín, aliado a un sector de la mafia judicial, presentará una serie de medidas cautelares que paralizarían la ley durante 4 años, escapando así a su cumplimiento a la vez que llevaba adelante una feroz campaña de terrorismo mediático destinado a destituir al gobierno, para sustituirlo por uno afín a sus intereses y que proceda a derogar la ley. Mauricio Macri del PRO , quien se encuentra procesado judicialmente por montar una red de espionaje ilegal en la Ciudad de Buenos Aires ya prometió públicamente realizarle este “favor” al monopolio.
En este contexto la Corte Suprema declara la constitucionalidad este 29 de octubre abriendo un nuevo y trascendente capitulo en esta batalla contra los pulpos mediáticos.
¡Organización popular para la aplicación y profundización de la ley!
Este paso que hemos dado es sin duda significativo, pero no resuelve en absoluto la cuestión. Una ley por sí misma no modifica la realidad.
Sin lugar a duda el grupo Clarín no acatará el fallo de la corte y realizará todo tipo de artilugios para eludirla, por lo cual entramos en un período donde solo la movilización popular sostenida puede presionar y garantizar que la ley entre en real vigencia.
Depende de la militancia, la organización de instancias de debate y movilización que sumen a jóvenes y trabajadores de todo el país para poner en la calle la fuerza capaz de presionar, no sólo por su aplicación efectiva, sino también por su profundización.
Como vimos, la participación popular fue la que le dio el impulso y fuerza suficiente para que la ley fuera aprobada, esto es doblemente más necesario ahora que antes.
Sería importante que aquellas organizaciones políticas, sindicales, culturales, barriales y estudiantiles con poder de movilización organicen un plan conjunto que asegure la ejecución plena para alcanzar la desmonopolización mediática.
Fue un camino arduo y duro el llegar hasta aquí, pero esto sólo es la mitad de un camino que debemos recorrer hasta el final, si realmente queremos democratizar el acceso a la información.
Una lucha de la Patria Grande
El avance significativo que hemos dado al llegar hasta aquí es un claro avance para toda América Latina.
El permanente y violento acoso con que los medios buscan derribar al gobierno de Cristina no es en absoluto un fenómeno local, sino más bien es un problema continental que atañe a la seguridad de nuestros pueblos.
El fermento revolucionario que recorre varios países de nuestra América hace más de una década tiene su origen en los alzamientos, revueltas e insurrecciones populares que marcaron el final del neoliberalismo en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, etc.
La finalización del saqueo neoliberal dio paso a una serie de gobiernos progresistas y populares produciendo el hundimiento de los derechizados partidos tradicionales o conservadores, o al menos limitándolos en cuanto al rechazo generalizado de la población a las políticas que estos impulsan.
Esta situación privó durante años a las burguesías criollas y transnacionales, de fuertes partidos con los cuales golpear al pueblo y garantizar sus intereses. La pérdida del control total o parcial del aparato del estado no podía ser recuperada con los antiguos partidos por lo cual los medios vinieron a ocupar su lugar. Se constituye en la práctica “el partido mediático”.
Utilizando las últimas y más modernas técnicas de manipulación psicológicas enmarcadas en la guerra de IV generación pondrán todo su potencial en marcha.
La deformación total de la realidad tiene como objetivo recuperar el poder político, por lo cual el acoso y la presión sobre los gobiernos populares son constantes y tienen como meta derrocarlos o desgastarlos lentamente hasta hacerlos retroceder.
Así como Clarín, emprende una campaña desestabilizadora tras otra, también los gobiernos de Correa en Ecuador, Maduro en Venezuela o Evo Morales en Bolivia soportan los embates golpistas de los grandes multimedios. Y en México llegaron a imponer a su candidato, Peña Nieto.
Es por eso que la pelea que llevamos adelante en nuestro país debe analizarse en el contexto Latinoamericano.
La necesidad de coordinación con las distintas luchas que se están llevando a cabo en este preciso momento en la Patria Grande es un elemento clave en esta contienda. Avanzar en este sentido es una cuestión de seguridad continental, que no se relaciona solamente con lo ideológico sino con la necesidad concreta de defender los procesos transformadores en nuestro suelo y evitar el avance de la reacción que busca arrasar con todo lo conquistado en las últimas décadas.
Una gran movilización coordinada a nivel continental seria, por ejemplo, una medida valiosísima de apoyo a las distintas “Leyes de medios” que se han aprobado o se encuentran en discusión ahora mismo.
La lucha por la libertad de expresión y la pluralidad de voces es una lucha de toda América Latina que debe ser abordada de conjunto para lograr salir victoriosos.
¡Profundizar! ¡Siempre más! ¡Nunca menos!
A la vez que apoyamos activamente la ley de medios debemos también darnos espacios de debate como para poder analizar los pasos a seguir y sobre todo para poder profundizar una ley que significa un avance claro pero que no resuelve la cuestión de manera absoluta.
El fallo de la corte manifestaba que los medios son formadores de cultura, entendido en el sentido antropológico de la palabra. O sea los medios son constructores de la realidad, son los que muchas veces, determinan simpatías, modas, vocabularios, comportamientos, formas de pensar, amigos, enemigos, etc.
Por esto, son determinantes en el campo de las relaciones sociales al ser formadores de realidad y opinión. Por supuesto, que esto sucede cuando no existe una política que se les oponga abiertamente. La virtud del kirchnerismo fue y es ubicar en su agenda Institucional lo que durante décadas estuvo en las calles, la lucha de amplios sectores que buscaban una legalidad diferente para los medios y sectores populares que buscaban oponerse a los monopolios mediáticos.
Es por eso, que los jueces supremos que apoyaron la norma se inclinaron a favor, estableciendo que la formación de cultura no puede estar en manos de un monopolio, ya que esto homogeniza la cultura lo que constituyen un verdadero suicidio cultural.
Esto es absolutamente cierto pero lo que debemos reflexionar es que tampoco alcanza sólo con desmonopolizar ya que, si bien la cultura no será creada por un monopolio empresarial, será creada por distintos grupos empresarios.
Por lo cual la pluralidad será relativa, debido a que seguirán siendo empresarios privados los dueños de los medios por lo cual nunca reflejarán la realidad que vivimos día a día los trabajadores sino que defenderán los intereses de la clase social a la que pertenecen, la clase burguesa.
No debemos olvidar, que en definitiva, los medios son un pilar fundamental en el aparato ideológico de las clases dominantes.
No es nuestro objetivo reemplazar a un monopolio por varios grupos empresarios, nuestro objetivo es democratizar la palabra garantizando el acceso a la creación y difusión de cultura por parte de los trabajadores y demás sectores oprimidos.
Sólo los trabajadores están interesados en reflejar la realidad tal cual la vivimos día a día. Crear una cultura proletaria hacia el Socialismo acorde a la mayoría aplastante de la sociedad, como lo somos los trabajadores, debe ser el objetivo al que apuntamos tomando la ley de medios no como un fin sino como un punto de partida.
Esto nos muestra que debemos seguir firmemente impulsando la profundización de la democratización de la palabra.
Por eso, el objetivo es que los medios de comunicación dejen de estar al servicio de los negocios privados, que pasen a propiedad estatal para garantizar su funcionamiento adecuado, y que sean puestos bajo control de los trabajadores y de la comunidad para garantizar su democratización y que no sean simples voceros de los gobiernos de turno y de los monopolios.
Para avanzar en la Ley en términos concretos, el Estado debe proveer gratuitamente de todos los medios materiales: imprentas, papel, equipos de emisión de radio y TV, etc. para que puedan acceder a los mismos las organizaciones y asociaciones populares sobre la base de su representatividad real en la sociedad.
¿Pueda haber verdadera libertad de información en el capitalismo?
En la sociedad capitalista dividida en clases antagónicas e irreconciliables (trabajadores por un lado y empresarios capitalistas, terratenientes y banqueros, por otro) hablar de una autentica libertad de la información es una contradicción. Ya que mientras por un lado, una minoría de grandes capitalistas y sus millones tienen a su disposición diarios, radios y canales de TV de alcance masivo para mentir e imponer a la opinión pública sus intereses empresariales, por el otro, lado las organizaciones obreras y populares, que representan a millones de personas, carecen de medios económicos para difundir un programa de radio, una prensa, revista o programa de televisión. Observamos así que la verdadera libertad de expresión es inexistente debido a la asimetría que se produce en la producción y difusión de la palabra.
Pero sabemos que esto sólo podrá conseguirse paralelamente al control obrero y popular de los demás recursos y palancas fundamentales de la economía.
Ha quedado claro y a la vista de todos lo malicioso que representa para los intereses populares que un monopolio controle la información, esto es absolutamente valido también para las distintas ramas de la vida económica.
Así vemos como los monopolios son los responsables, en gran medida, de la inflación y las necesidades que padecen los más postergados. Esta situación se repite en todas las esferas de nuestra vida en sociedad.
Tres breves ejemplos entre muchos de ellos: 3 empresas supermercadistas (Carrefour, Cencosud y Coto) concentran el 83% de las ventas y el 90% de la producción láctea se concentra en 3 empresas: La Serenísima, Sancor y Nestlé (multinacional).
La situación se agrava si examinamos la concentración de la tierra: El 2% de los propietarios (6.660 personas) posee la mitad de la tierra cultivable del país (88 millones de hectáreas), con un promedio de 13.213 has por propiedad. Así, el grupo Cresud (familia Elpzstein) tiene en propiedad 395.429 hectáreas, la familia Lacroze de Fortabat posee 140.000, y el grupo Werthein es propietario de 100.000 hectáreas. Para tener un elemento de comparación, basta decir que la ciudad de Buenos Aires tiene una superficie de 20.000 hectáreas.
Avanzar contra todos los monopolios es avanzar contra el capitalismo y esa es la tarea que debemos contemplar si buscamos que la libertad, ya no sólo la de expresión, sea una realidad concreta y palpable.
Terminar con una minoría que controla todas las esferas de la economía en su propio interés produciendo marginación, pobreza, exclusión y postergaciones, a una gran parte de nuestro pueblo, es el objetivo que debemos buscar. Liberar la palabra es parte de la lucha por liberar la sociedad toda.
Le dijimos basta a Clarín, ahora digámosle basta a los capitalistas que viven a costa de nuestro sudor y sangre.
Somos los trabajadores los únicos productores de riqueza, que ésta sirva para garantizar nuestras condiciones de vida y no para que un grupo privilegiado se dé la gran vida.
Súmate junto a los compañeros que día a día construimos la Corriente Socialista Militante a luchar por estos objetivos
¡Vamos por todo!
¡Nunca menos!