Desde la corriente Lucha de Clases rechazamos la resolución del 15 de abril del Congreso de los Diputados que insta a “la liberación inmediata” de los opositores “arbitrariamente encarcelados” en Venezuela, y la denunciamos como una injerencia inaceptable en la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y como una exhibición impúdica de hipocresía y cinismo por parte del régimen español.
Con esta declaración, el parlamento español se alinea con los intereses del Departamento de Estado norteamericano y de la oposición golpista venezolana. Hay que recordar que los individuos a los que el Congreso considera “pacíficos opositores injustamente encarcelados”, los señores Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, lo están por orden de los tribunales de justicia venezolanos por participar en una nueva intentona golpista contra el gobierno legítimo de Venezuela, con la que la oligarquía venezolana trata, con la ayuda de los gobiernos y las grandes corporaciones y medios de comunicación norteamericanos y europeos, de frenar el proceso revolucionario abierto en 1998 con la elección del presidente Hugo Chávez.
Los señores Ledezma y López ya participaron en el frustrado golpe de estado de 2002, apoyado por el gobierno español de Aznar, que fracasó gracias a la acción de las masas trabajadoras y de los militares leales a la revolución. En aquella ocasión, ambos personajes nunca fueron procesados ni detenidos "en aras de la reconciliación nacional", según argumentó el gobierno del presidente Chávez en aquel momento, pero no por ello han cejado en sus intentos de frenar la revolución bolivariana por la fuerza. Los tres encausados son responsables de hechos de violencia acaecidos en 2014 que han costado al menos 43 víctimas mortales, la gran mayoría del campo revolucionario. De estos hechos, los medios de comunicación españoles no hablan, salvo honrosas excepciones, mientras persisten en la manipulación constante de la realidad venezolana con un relato prefabricado que busca, por un lado, demonizar al gobierno bolivariano y a sus organizaciones afines y crear un estado de opinión favorable al derrocamiento del mismo; y por otro, relacionar el falso relato de la realidad venezolana con la perspectiva que se abriría en el Estado Español con un gobierno de PODEMOS.
La declaración del congreso español se produce tras el anuncio del expresidente del gobierno, Felipe González, de ejercer de abogado de Leopoldo López y Antonio Ledezma; y tras la firma de otro documento de condena contra el gobierno venezolano por parte de 31 expresidentes latinoamericanos y españoles (como González y Aznar), en un arco que va desde la socialdemocracia liberal hasta la extrema derecha.
Parece que los escrúpulos morales de tan loable corporación de antiguos hombres de estado no se han visto sacudidos en la forma de declaraciones de condena similares contra el gobierno mexicano de Peña Nieto por los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa desaparecidos y asesinados en septiembre pasado con la participación de la fuerza pública de este país; ni tampoco contra el gobierno colombiano de José Manuel Santos por las decenas de sindicalistas, campesinos y activistas de derechos humanos asesinados anualmente en Colombia por fuerzas policiales, del ejército, paramilitares y sicarios al servicio de la patronal; o por las decenas de niñas y adolescentes violadas sistemática e impunemente durante años por soldados estadounidenses estacionados en este país.
Lo que esto significa, simplemente, es que estos personajes, que ya actuaban como marionetas de los ricos y del imperialismo cuando ejercían sus cargos en sus países, se comportan exactamente de la misma manera muchos años después de haber abandonado puestos tan honorables.
La declaración del Congreso español ha tenido la respuesta esperada por parte del presidente Nicolás Maduro, denunciando la hipocresía de la misma y la injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela que ésta representa, lo que ha dado pie a un auténtico espectáculo por parte del gobierno de Rajoy, que ha llamado a consultas a su embajador en Caracas. La realidad es que los lloriqueos del PP y del PSOE acerca del respeto a los derechos humanos en Venezuela, basados como decimos en calumnias y falsedades, son sólo una hoja de parra que oculta su objetivo real: defender los intereses de las multinacionales españolas en Venezuela y perjudicar a la oposición de izquierdas, IU y PODEMOS, en casa.
Lo cierto es que la defensa de los derechos humanos es, para los partidos del régimen, algo mucho más negociable cuando se trata de países con los que el Estado Español tiene grandes acuerdos estratégicos y/o grandes negocios. Así, no hemos visto la misma energía que han desplegado contra la “represión” en Venezuela cuando se trata de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que practican los regímenes de Israel, Marruecos, Arabia Saudí, China o los propios EEUU, donde en los últimos 15 años han sido asesinadas por la policía 5.600 personas, fundamentalmente negros e hispanos [1]. Ni que decir tiene que en el Estado Español los derechos humanos están cada vez más amenazados por los desahucios, los recortes sociales y la legislación represiva. La hipocresía y el cinismo del régimen se mide en que mientras se aprueba esta resolución contra la revolución bolivariana, en el Estado Español se aprueba la Ley Mordaza, se condena a penas de cárcel a activistas sociales por ejercer el derecho de manifestación, y el dirigente independentista vasco Arnaldo Otegi permanece en prisión.
La declaración del Congreso salió adelante con los votos de los partidos del régimen; PP, PSOE, UPyD, y los nacionalistas de derechas catalanes y vascos, CiU y PNV. En contra, votaron Izquierda Unida y los nacionalistas de izquierdas de Cataluña, País Vasco y Galicia, denunciando tanto la hipocresía de la resolución como la injerencia en los asuntos internos de Venezuela que ésta supone. Desde Lucha de Clases saludamos esta posición y animamos a que vaya acompañada de una campaña pública de solidaridad con la revolución bolivariana y de explicación de lo que realmente está pasando. Una campaña que tiene que aglutinar a toda la izquierda y los movimientos sociales del Estado Español. En particular, los dirigentes de PODEMOS tienen que abandonar su postura de calculada ambigüedad con la revolución bolivariana, que no le aporta nada electoralmente, y explicar pacientemente lo que está pasando en Venezuela, sin miedo a lo que diga la prensa burguesa y elevando el nivel de comprensión y conocimiento de las grandes masas que miran hacia PODEMOS.
Madrid, 20 de abril de 2015
1. 5.600 según el gobierno federal. Los organismos de Derechos Humanos elevan la cifra a 15.000 personas