Se cumple un mes de paro de médicos y salubristas, cuando Evo Morales ha decidido suspender temporalmente la aplicación de las 8 horas de trabajo para los salubristas. Este conflicto es posiblemente el que más se ha radicalizado entre todos los que se acumulan en el país y, junto al tema salarial, es el que más ha dificultado avances en las mesas de negociación con la COB. Se trata en nuestro criterio de un conflicto emblemático. Por esta razón proponemos una lectura amplia del conflicto desde la situación de la salud a la “salud” general del proceso y los desafíos presentes y futuros para los trabajadores.

Las 8 horas y la Ley General del Trabajo

Como ya hemos señalado, la extensión a 8 horas de la jornada laboral para los salubristas no resuelve ninguno de los problemas reales del sector salud. Si esta medida, como defendido por el Ministro Calvimontes, pretende ser un primer paso, es un paso en la dirección equivocada. La justa reivindicación de la inclusión de los salubristas a los beneficios de la Ley General del Trabajo no es simplemente una forma para compensar las 8 horas: sirve más bien para afirmar que no son los trabajadores los responsables de la mala situación del sector salud. En este sentido debe ser sostenida, no solo para desactivar el conflicto sino para enfocar la atención sobre los verdaderos problemas de la salud.

De hecho tampoco la inclusión de los salubristas a la Ley General del Trabajo puede mejorar el servicio en salud y ampliar su cobertura. Pero es sobre este terreno concreto – mejorar el servicio en salud y ampliar su cobertura – que los trabajadores pueden realmente conquistar apoyo en la población y liderazgo social. Como es fácil de demostrar el actual gobierno es el que más ha avanzado en este terreno. Esta es la razón objetiva del por qué medidas como la extensión a 8 horas de la jornada laboral gozan de apoyo en la opinión pública, permitiendo al gobierno de sostener el conflicto con los salubristas y la situación de paro en los establecimientos de salud sin que se convulsione el país. No entender esto es no entender nada de nuestra coyuntura.

Las mejoras en salud bajo el actual gobierno

En 5 años, desde 2005 a 2010, el número de establecimientos de salud en Bolivia se ha ampliado de 2.870 a 3.410 (+19%) y el gasto en salud por cada habitante se ha incrementado de 57 a 96 dólares (+68%), que representa el aumento más alto en décadas. La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años se ha reducido de 66,7‰ a 54,2‰, y la esperanza de vida al nacer ha subido de 64 a 66 años. De la misma manera se han incrementado el número de consultas y se ha ampliado la atención médica primaria. Tras estos datos – que son en su mayoría del Banco Mundial y no de una fuente del oficialismo – hay personas en carne y huesos que se han beneficiado de una mayor cobertura y accesibilidad de los servicios en salud, particularmente en las capas más vulnerables de la población.

Entre 1998 y 2005 (7 años) el personal en salud – médicos, enfermeras y auxiliares – empleado en los diferentes establecimientos, pasó de 6.400 a 8.700. En cambio entre 2005 y 2009 (4 años) el personal aumentó de 8.700 a 11.000. Es decir que en la mitad del tiempo se contrató el mismo número (2.300) de profesionales. Este dato deberían tomar en cuenta aquellos pocos imbéciles – es la palabra más cordial que se nos ocurre – que aprovechando de una movilización de estudiantes universitarios de las carreras de ciencia de la salud, quemaron en La Paz una bandera cubana, queriendo protestar contra el supuesto hecho que los médicos cubanos les quitarían trabajo. Con este acto solo demostraron su total desconocimiento y desinterés de los problemas de la salud en Bolivia, además de los afanes políticos opositores y conservadores que pretenden manipular la movilización de los salubristas.

Los problemas de la salud en Bolivia

En nuestro país la salud como derecho universal y gratuito existe solo en el dictado constitucional. En la realidad, a pesar de los logros en el último periodo, las cosas son bien diferentes. Por ejemplo el gasto en salud por cada habitante es todavía el más bajo de todo Suramérica y, junto a Haití, el más bajo de todo el continente americano. Guatemala, que es el país que nos antecede en esta clasificación a nivel continental, gasta 196 dólares cada año por la salud de cada uno de sus habitantes y Perú 268 dólares. El promedio de gasto en salud por cada habitante en América Latina y el Caribe es de 671 dólares. Sin financiamientos adecuados, la salud nunca será ni gratuita ni universal y nuestra dependencia de ONGes etc. seguirá siendo necesaria, pese a las denuncias que se hacen a las agencias de cooperación internacional.

Como se nota en el grafico, de la Organización Mundial de la Salud, los recursos humanos – médicos, enfermeras, auxiliares etc. – son totalmente insuficientes y su porcentaje respeto a la población es el más bajo de la región. Sin un aumento sustancial de establecimientos de salud, su organización racional, y sin elevar la cantidad del personal, no se podrá garantizar el acceso a la salud para todos. Las 8 horas tendrán el efecto de reducir, antes que aumentar, la cantidad de profesionales contratados. Una vez más, sin financiamientos de 4, 5 e incluso más veces más de los que se destinan hoy a la salud, no habrá mejoras profundas en este sector.

Hay además una inicua distribución de estos recursos insuficientes. Por ejemplo, si en promedio el gasto en salud es de 97 dólares por habitante, en el Seguro Universitario de La Paz este gasto supera los 600 dólares por afiliado. Esta iniquidad se traduce en el perpetrarse de la desigualdad en el acceso a la salud. Así, según datos de la Organización Mundial de la Salud, si entre el 20% más rico de la población la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años se ha reducido al 31‰, esta misma tasa entre el 20% más pobre sigue del 116‰. En otros términos 1 de cada 10 niños de las familias más pobres del país siguen muriendo por ser pobres.

La situación laboral

Otro problema es la extrema flexibilización del trabajo en el sector, que hace posible que en determinados momentos se puedan enfrentar emergencias sin que esto corresponda a una real ampliación de la cobertura, además de representar una mayor explotación del trabajo. Solo en la Caja Nacional de Salud (CNS) la cantidad del personal contratado a tiempo definido, eventual y precario, representa el 29% (casi un tercio) de los que son de planta y el 22% del total (Fuente: INASES). Lo mismo ocurre en los hospitales públicos, recordemos por ejemplo la lucha de los precarios de la salud en Santa Cruz de los meses pasados.

Además, como la Organización Mundial de la Salud evidencia y el propio Evo Morales ha reconocido en su rueda de prensa de hoy (28 de abril), en Bolivia hay un “número irracional de administrativos sobre los médicos”. De hecho hasta 2009 en todo el sistema de la salud había 1 administrativo cada 2 profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares etc. (fuente: INE). En su rueda de prensa en que suspendía la reglamentación de las 8 horas, Evo Morales brindaba datos según los cuales el número de administrativos sería superior al número de profesionales, índice de una situación que ha ido empeorando desde el punto de vista de la racionalidad del servicio.

La razón de todo esto es simple: las instituciones en salud son tratadas como botín político de nepotismo, cuoteo político y clientelismo, incluso por el propio MAS como el mismo Evo Morales tuvo que admitir alguna vez. Y no podría ser diferente considerando que es el poder político que gobierna las instituciones en salud, incluso la CNS, y no los trabajadores, ni los usuarios ni los movimientos sociales.

¿A qué sirven las 8 horas?

La Constitución Política del Estado actualmente vigente plantea, entre otras cosas, el derecho de todas y todos las bolivianas y los bolivianos a la seguridad social y al “acceso gratuito… a los servicios de salud”. A partir de este mandato el gobierno ha intentado racionalizar la situación e implementar el Seguro Universal en Salud. Este propósito cuenta con el apoyo de cualquier revolucionario honesto y de toda la clase trabajadora, el sector campesino-indígena y la clase media empobrecida, como demuestra la aplastante mayoría conquistada en el referéndum constitucional de 2009.

Desde el punto de vista gubernamental el problema principal a la implementación del Seguro Universal en Salud sería representado por la excesiva fragmentación del sector en una serie de instituciones (cajas) particulares, que no permiten una distribución equitativa de los recursos – humanos y económicos – ni una planificación centralizada y racional del servicio. Para ello, desde el punto de vista de los técnicos del gobierno, sería necesario doblegar la resistencia sindical, la “anarquía sindical” como se le llama en el Plan Nacional de Desarrollo Sectorial 2006/2010 del Ministerio de Salud y Deportes.

Es por esto y no por razones económicas que el gobierno considera imposible la inclusión en la Ley General del Trabajo de los salubristas. Si el problema que dificulta la implementación del Seguro Universal es, desde el punto de vista del gobierno, la inicua distribución de recursos y esto se debe a la fragmentación del sector que a su vez no puede solucionarse por resistencias sindicales, no se puede dar a los trabajadores en salud más derechos – económicos y sindicales – como los que dispone la Ley General del Trabajo.

Solidaridad y desigualdades

Es esto lo que da al conflicto en salud un carácter emblemático. El objetivo, absolutamente compartible, de una salud gratuita, de calidad, calidez y para todos, choca con un “limite físico” simple: ¿Quién paga? ¿Quién debe ser solidario? Al no atacar los poderes económicos y sociales fuertes, el gobierno no tiene otra alternativa que atacar a los trabajadores, apoyándose en los sectores marginalizados de la población. Pero excluyendo a los trabajadores de la planificación en las mejoras del sector se induce en ellos una resistencia corporativa que en realidad es reflejo de la lucha de clase en el país y que impide cualquier mejora real, en salud como en otros campos, además de provocar divisiones en la base social del proceso que solo alimentan el poder improductivo y conservador de la burocracia estatal y su corrupción. Y abren espacio a las infiltraciones y los intentos de manipulación.

Para quedarnos en el tema salud, es bastante indicativo otro dato que confirma lo que venimos diciendo. En base a las estadísticas del Banco Mundial en 2006 el gasto público (del Estado, Alcaldías etc.) como porcentaje del gasto total en salud subió al 69,9%. Esto quiere decir que de cada 100 dólares que se gastaban en salud, 70 los gastaba el Estado y las administraciones publicas. En 2010 este porcentaje había vuelto a bajar a 62,8%. Consecuentemente el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (la riqueza nacional) ha bajado del 5,5 al 4,8 por ciento.

El hecho es que desde 2010 rige un sistema de aportes a la seguridad social a corto plazo (la salud) que es financiado por el 54% con aporte patronal y el 46% con aporte de los trabajadores. Una cuota del 13% de los aportes a la seguridad va a un fondo solidario destinado a financiar la salud para aquellos sectores desprotegidos. Esto es lo que ha permitido una reducción porcentual del gasto público del Estado en salud.

Lo cual quiere decir: a) que se mantiene la estructura neoliberal, implementada por Goni, que exime el Estado del financiar la salud, traicionando el dictado constitucional que afirma que la salud es “primera responsabilidad financiera” del Estado (art.37); b) que se ponen al mismo nivel a trabajadores y empresarios, pidiéndoles el mismo aporte como si 1 peso de quien gana 1000 fuese igual a 1 peso de quien gana 10.000. A esto nos llevan las concepciones “rural”, pequeño-burgués y reformistas que dirigen el proceso e individúan en los más necesitados su motor y en la clase trabajadora un sector “corporativo” y “privilegiado”.

Indicaciones para el proceso

La fuente de cualquier desigualdad en Bolivia es el subdesarrollo de sus fuerzas productivas. La baja productividad de la agricultura (incluso en los sectores orientados a la exportación), el nivel incipiente de la industria (que se basa solo en la masiva explotación laboral) no permiten al país superar su subdesarrollo social y liberar a una capa todavía mayoritaria de su población de una lucha por la simple sobrevivencia. Esto es ABC para cualquier marxista y pensar que el programa del marxismo signifique que Bolivia pueda de la noche a la mañana y contando exclusivamente con sus fuerzas pasar al socialismo y a una sociedad con igualdad y justicia social plena, es una burda caricatura pintada por aquellos que quieren alejar a las masas del marxismo.

Frente a esta situación existen solo dos caminos, no hay tercero. O se expropian a los bancos privados, los latifundistas, las fábricas, las multinacionales y los empresarios nacionales mineros y de hidrocarburos – es decir a los responsables del subdesarrollo de las fuerzas productivas – o se busca generar para ellos mejores condiciones de ganancia para incentivarlos a invertir. Este segundo camino inevitablemente lleva a tener que distribuir el peso del desarrollo de manera inequitativa, incrementando desigualdades. Y produce resultados económicos y políticos diferentes de los esperados.

Económicamente se incentiva no la producción sino el carácter parasitario de empresarios privados y multinacionales. Políticamente se desaniman, decepcionan y dividen a las masas. Así mientras la experiencia histórica revolucionaria mundial demuestra que solo si las masas se reconocen plenamente en el proceso combatirán victoriosamente las fuerzas del imperialismo y la derecha, hoy lamentamos infiltraciones del imperialismo y la derecha por todo lado.

Esto porque el gobierno ha elegido el camino de apoyar al emprendimiento privado y a la inversión extranjera. El resultado es que se hacen inútiles los logros obtenido en materia social. En base al último informe anual del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) Bolivia es el país más desigual de América en cuanto a distribución del rédito. Empresarios, latifundistas y multinacionales sabotean la producción y cualquier reforma: el caso de la reforma de jubilaciones es solo el último de los ejemplos que señalamos.

Su carácter parasitario que succiona recursos antes de entregarlos por el bien de las mayorías es gráficamente representado por el saboteo de las multinacionales de hidrocarburos. En base a cálculos sobre el informe oficial de YPFB, en 2010 la venta de gas a Argentina y Brasil generó 3.588 millones de dólares. Pero YPFB recibió de toda la actividad extractiva en materia de hidrocarburos (gas y petróleo) 2.013 millones de dólares. Esto quiere decir que las multinacionales se llevaron casi el 50% de toda la riqueza generada por gas y petróleo.

Y a pesar de esto hay que pagarles 50 millones de dólares más cada año para que produzcan petróleo, gasolina y GLP, porque supuestamente sus costos de producción superan los 10 dólares por barril de petróleo, cuando la estatal YPFB Chaco produce a un costo de 1,93 dólares por barril. Sin poder ahondar más el análisis del decreto que incentiva la producción de petróleo, lo único cierto es que este no tendrá ningún efecto decisivo como para paliar las necesidades de combustible del país, pero alentará a las multinacionales a exigir igual trato en la producción de gas.

Mientras empresarios y multinacionales se hacen con la cuota más grande de riqueza del país y el gobierno, sin atacar aquellos poderes, exige “solidaridad” a la clase trabajadora, una serie de cambios afectan al “cambio”. Es por esto que decimos que no se trata de dejar tiempo al gobierno, sino de la dirección que se asume. El último congreso del MAS ha demostrado que el partido está siendo incapaz de canalizar los diferentes conflictos en participación y debate para el proceso, porque está atravesado de arriba hacia abajo por pugnas de poder. Si la función del partido es simplemente la de legitimar, sin discutirla, su dirección, estas pugnas son el único resultado posible y cualquier “reingeniería orgánica” construirá solo un nuevo embudo para achicar los espacios del oportunismo, sin combatirlo realmente.

Y la inerte y conservadora burocracia estatal, seguirá siendo cuna de privilegios y freno al proceso. Uno que haya encontrado pega “política“ en una institución de salud, por ejemplo, fácilmente apoyará las 8 horas, mientras se opondrá a un verdadero control social de trabajadores y usuarios que evidenciaría el carácter clientelista de su fuente de empleo. Abusando del apoyo del sector campesino, llamándolo a defender el proceso del “cerco” de los trabajadores, se disimulan las diferencias de clase a su interior y se lo coloca a defensa de la burocracia y como furgón de cola de la burguesía nacional y las multinacionales, en fin de quienes operan contra el proceso mismo.

Indicaciones para la clase trabajadora

Los trabajadores son los productores materiales de la riqueza en el país, pero representan una minoría, aunque relativa, de la población. Un mes de paralizar el trabajo. Por esto el gobierno afirma que la huelga fue un fracaso

lucha dura de los trabajadores en salud contra la implementación de las 8 horas ha obtenido solo la postergación de este conflicto, con el evidente objetivo de evitar que se sume a otros. Dos días de una huelga general real, con paralizaciones de las actividades por ejemplo en Huanuni, en que los trabajadores en cambio pusieron su capacidad organizativa y su liderazgo a servicio de una lucha más amplia, hicieron inmediatamente retirar el gasolinazo.

Los trabajadores ya ahora son presionados a devolver a empresarios y multinacionales la cuota mayor de la riqueza que producen, en nombre de un superior interés nacional, que no existe en régimen de divisiones de la sociedad en clases. Con el aproximarse de la crisis, que Bolivia podría importar desde la frontera con Brasil, país que absorbe el 40% de todas nuestras exportaciones, la presión sobre los trabajadores está destinada a aumentar. Si los trabajadores dejaran que se los aísles, que se los pinte de corporativos como hace el Vicepresidente, cuando de corporativo en la actual situación hay solo el papel del gobierno de árbitro por encima y entre las clases sociales, todo el proceso se encaminaría hacia su derrota.

Es necesario defender una política de clase que hable al conjunto de los explotados y oprimidos del país dándoles una alternativa clara y evidenciando sus diferencias. Y no siempre esta política está siendo defendida por la COB en los diferentes conflictos. Por ejemplo en la pugna por límites entre las comunidades de Coroma y Quillacas, las respectivas CODes de Potosí y Oruro han salido defendiendo a sus departamentos. Y sin embargo el punto no era ni es defender a “su región”, sino la política de clase. Las dos comunidades pugnan por sembradíos de quinua, cuyo precio se ha triplicado en 5 años. Sin embargo y por la misma razón el consumo de quinua entre los campesinos se ha reducido del 34% y la tasa de desnutrición entre menores de 5 años se ha incrementado en las comunidades de productores de quinua. Defender a “su región” en este y otros casos es defender a las capas de campesinos acomodados contra la base misma de las comunidades, a las cuales se puede y debe llegar en cambio planteando una verdadera reforma agraria que liquide el latifundio, apoye la producción y el consumo de productos agrícolas y la propiedad colectiva comunitaria de la tierra, en condiciones de igualdad de acceso a sus riquezas.

Trasportando este ejemplo al caso del sector salud, por cuanto justa y justificada sea la defensa de la inclusión en la Ley General del Trabajo y de instituciones como la CNS, esta no puede ser desvinculada de un programa general de nacionalización completa de los recursos, expropiación de bancos, minas, latifundios y multinacionales para garantizar las inversiones necesarias a la salud, la educación y la vivienda. En base a esto y al control directo de trabajadores y usuarios sobre la administración y las nominas, los trabajadores deben declararse disponibles a apoyar la unificación de todas las cajas en el Seguro Universal de Salud, para centralizar y racionalizar los recursos en salud.

Este papel netamente político que es necesario que la clase trabajadora asuma, solo puede reivindicarse a partir de organizaciones políticas. Un Instrumento Político de los Trabajadores, como planteado hace ya algunos años por la COB y en su último congreso, sería un enorme paso adelante en esta dirección. Sin embargo en las actuales condiciones un Instrumento Político que permita realmente a los trabajadores conquistar la dirección de todo el movimiento de masa, puede surgir solo a partir de cuadros políticos que estén formados en la lucha cotidiana en las filas del proceso por un programa revolucionario, atrayendo alrededor de sí a la militancia dispersa y decepcionada.

Frente a las diferentes necesidades actuales de la coyuntura, a los diferentes niveles de consciencia entre los trabajadores, a la necesidad de defender un programa correcto, a la crisis internacional del capitalismo. Esta organización solo puede ser de vanguardias que busquen conquistar a las masas en un trabajo metódico de lucha, explicando pacientemente y que estén vinculados a la lucha del proletariado mundial. La construcción de esta organización es el norte político de la Corriente Marxista Internacional.

Source: El Militante (Bolivia)