En los últimos meses hemos sido testigos de una notoria desaceleración de la inflación. Febrero y marzo vieron como los precios de muchos bienes y servicios mantuvieron un relativo estancamiento o incluso bajaron momentáneamente. El comportamiento de los precios del mes de junio ha sido similar, coincidiendo con una etapa estacional donde varios rubros (como el queso, varias verduras y algunas frutas) suelen producirse en mayor cuantía que en el resto del año.
Según un informe publicado en mayo por la encuestadora Hinterlaces, la inflación de la canasta básica de abril se situó en un 61,40%, mientras que la de mayo se ubicó en un 44,80% (https://globovision.com/article/hinterlaces-inflacion-de-la-canasta-basica-se-situo-en-44-80-en-mayo). Por su parte, el economista burgués Luis Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, aseveró en días pasados lo siguiente: “(…) Estimamos que para el mes de junio la inflación cerró en 26 por ciento, la mas baja del ciclo hiperinflacionario que se inicio a fines de 2017” (http://www.descifrado.com/2019/07/01/inflacion-de-junio-de-26-es-la-mas-baja-desde-fines-de-2017/). Esta última cifra aproximada para el mes recién concluido, contrasta con el alza de precios del mes de enero que registró un 196,6%, según el BCV.
Conforme a los números anteriores, claramente el gobierno está haciendo retroceder la inflación. Pero, ante lo que en teoría debería ser una buena noticia, cabe preguntarnos ¿a qué costo y de qué manera se está logrando tal situación?, ¿debemos sentir tranquilidad con este hecho? Y más importante aún ¿son los trabajadores los auténticos beneficiarios de este tímido avance?
En nuestro artículo publicado el 4 de septiembre del 2018, donde analizamos el conjunto de medidas del para entonces recién anunciado Plan de Recuperación y Prosperidad Económica, señalamos: “El coro de economistas burgueses no ha parado de insistir en la necesidad de que se apliquen severos ajustes fiscales (medidas de austeridad) y restricciones en la emisión monetaria, como única fórmula para frenar la hiperinflación. Estas personas plantean la vuelta a la “racionalidad en la política económica”, que, en el marco de una sociedad basada en la propiedad privada sobre los medios de producción y la anarquía competitiva, solo se traduce en privaciones, sacrificios y oprobio para los más pobres (…) el liderazgo bolivariano y su intelectualidad, enterrados en el pantano de la colaboración de clases, están en búsqueda de sincerar la economía –aunque no al ritmo demandado por la clase capitalista–, en honor a esta lógica burguesa limitada y anti-popular” (https://luchadeclases.org.ve/?p=6560). A continuación explicaremos como el desarrollo posterior de la orientación gubernamental no ha hecho más que confirmar todas nuestras sospechas.
A todas luces, se viene ejecutando un severo ajuste fiscal no declarado, que está reduciendo el gasto público y el tamaño del Estado, a la par de una estricta dieta monetaria para reducir la liquidez y a costa de estrangular el nivel de consumo. El gobierno bolivariano, objeto de múltiples presiones internas y externas, ha optado por acelerar su paso hacia la desregulación y liberalización de la economía nacional, mediante recetas que irremediablemente descargan el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y oprimidos.
Restricción de la liquidez monetaria
La hiperinflación y la crisis económica que viene afrontando Venezuela, surge como producto del colapso de los precios petroleros del 2014, lo que disparó el déficit fiscal (margen superior de gastos por sobre los ingresos estatales) a altísimos niveles -en algún momento alcanzó el 20%. Para cubrir dicha carencia, el gobierno decidió acometer una política monetaria expansiva no amparada en incrementos de la producción nacional y en las reservas internacionales. El posterior declive de la producción petrolera, de 3 millones de barriles diarios en 2015 a 1 millón en la actualidad según datos oficiales -fuentes secundarias apuntan a que la producción petrolera venezolana se encuentra en 770 mil barriles por día, no hizo más que profundizar el crítico panorama. Acto seguido, las duras sanciones emitidas desde la Casa Blanca, tanto financieras -que impidieron la renegociación de la deuda externa- y las petroleras -que han dificultado la exportación de crudo, llevaron a la economía nacional a una suerte de estado de coma.
Hoy por hoy resulta innegable que una de las principales causas de la hiperinflación en Venezuela yace en el exceso de masa monetaria circulante, la cual el gobierno llegó a incrementar en más de un 60.000% entre 2012 y mediados de 2018. Ésta se topó con el colapso de la producción nacional – según el BCV el PIB se ha contraído en un 52% en los últimos 6 años- y la oferta de bienes en general -con un declive de las importaciones superior al 80% en los 6 años postreros. La importación de alimentos, medicamentos, insumos y maquinaria productiva en el país, mermó severamente debido a que el Ejecutivo, en un esfuerzo desmedido (e ilusorio) por generar confianza en los mercados internacionales, consideró prioridad el pago de la deuda externa por sobre las necesidades fundamentales de la población. Con todo lo que se ha cancelado por concepto de “compromisos internacionales” desde 2015, se hubiese podido importar alimentos para 6 años, a valor del monto destinado para las importaciones de comestibles del año 2013.
Decimos pues que el panorama de escasez, motivado en mayor parte a las causas anteriormente descritas, coincidió con un periodo de inédito crecimiento de la oferta monetaria. Mucho dinero circulante, más la alta velocidad de circulación del mismo (para evitar la inflación en lo posible las personas optan por gastar o invertir su dinero rápidamente en lugar de guardarlo), se encontró con una creciente escasez de bienes y servicios, derivando en alzas constantes de precios. Aunque la usura comercial es un hecho cierto por todos conocido, debemos atenernos a la idea de que ésta se vio potenciada al máximo por el factor escasez, que, ante una creciente circulación dineraria (presión de demanda), puso en una situación de ventaja objetiva a los vendedores por sobre los consumidores. Tales distorsiones económicas explican en parte el por qué las políticas de control de precios fracasaron. Como no podía ser de otra manera, las leyes del mercado capitalista impusieron su dictadura, la cual solo es implacable en la medida en que las relaciones de propiedad burguesas se mantienen en pie.
Ante toda la situación pretérita, el gobierno resolvió a principios de año la aplicación de una política de encaje legal de un 57% y marginal de un 100%, que implica que los bancos del país deben mantener reservados los respectivos porcentajes de sus depósitos totales de manera obligatoria, reduciendo los fondos disponibles para el crédito hacia empresas y personas, y con ésto, restringir la liquidez monetaria. Este factor, aunado a la profunda pauperización salarial -el sueldo mínimo actualmente se ubica en poco menos de 6 US$ mensuales- y los menos frecuentes (y pírricos) ajustes salariales, han generado una contracción del consumo. Lo anterior quiere decir que sobre la base del hambre de los trabajadores se ha podido aminorar la presión de demanda, la misma que, ante la situación de escasez, empujaba a que los precios subieran de forma más acelerada en el pasado reciente.
El Cendas estimó el costo de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) para mayo en 2.552.836 Bs, un 32,7% más alto que el registrado en abril del presente año y con una variación de un 115.865% entre el quinto mes del 2018 y el de 2019. Según estos cálculos, se requerían para entonces 63,8 salarios mínimos de 40.000 Bs para cubrir la totalidad de la CAF (http://www.descifrado.com/2019/06/20/cendas-se-requieren-63-8-salarios-minimos-para-poder-adquirir-la-canasta-alimentaria/). Tales números grafican muy bien la actual situación de los trabajadores venezolanos. Solo estos datos permiten explicar la partida de casi 4 millones de compatriotas hacia naciones vecinas en los últimos años, para buscar cualquier ingreso capaz de superar a los sueldos más bajos de la región y posiblemente del mundo.
Para la dirección bolivariana la crisis amerita cualquier tratamiento menos uno, el verdaderamente revolucionario: nacionalizar las palancas fundamentales de la economía, bajo auténtico control democrático de la clase obrera y el pueblo organizado. Justificadores de lo injustificable podrán asegurar que derrotar la hiperinflación es el objetivo económico supremo, dadas las distorsiones e impedimentos que esta genera para la ansiada recuperación. Ciertamente la inflación no está avanzando a los niveles del 2017 o 2018, sin embargo, el intento de secar de liquidez la economía, de la manera en como se está llevando a cabo, está comprometiendo cualquier posibilidad de despegue económico futuro, pese a los aciagos sacrificios a los cuales se está sometiendo a las mayorías pobres. La restricción del crédito bancario, como consecuencia directa de la medida de encaje, solo puede llevar a una mayor desinversión en la economía real, para sostener la capacidad instalada en la industria, para reponer inventarios en el sector comercial y menos para soñar con el incremento de la producción nacional (algo que la burguesía criolla dejó de hacer desde los 80). Más desabastecimiento, más cierres de empresas (que la burguesía ha multiplicado el último periodo), más desempleo, y en suma, un mayor desplome del PIB; podría ser el precio que los trabajadores y pobres del país tendremos que seguir pagando ante la incapacidad de la dirección bolivariana de completar la revolución, y ante los infructuosos retrocesos que hoy esta misma emprende.
Vale decir que incluso desde el punto de vista burgués, el gobierno trata de abatir la inflación a costa del resto de la economía. El hecho de que la inflación no esté avanzando a niveles pretéritos no quiere decir que la crisis económica en general está menguando. La política monetaria que se ejecuta actualmente constituye un antídoto más nocivo que la propia enfermedad.
El factor cambiario
La hiperinflación en Venezuela también fue impulsada por múltiples depreciaciones del Bolívar, resultantes de las graves distorsiones que ha padecido nuestra economía en los últimos años. Nuevamente, la necesidad de honrar la deuda externa -en detrimento de los intereses nacionales- hizo que las reservas internacionales, como respaldo del Bolívar, cayeran en un 63% desde 2014. Por otro lado, la fuga de divisas, que varios estudios estiman en más de 300.000 millones de US$, desangraron al país a manos de la voracidad corrupta de burgueses, burócratas y militares. La ruina en las cuentas estatales, que produjo escasez de divisas para ofertar de cara a la demanda nacional, se topó con una economía repleta de Bolívares y un público deseoso de desprenderse de ellos, lo que devaluó nuestra moneda incontable cantidad de veces. Frente a la desproporcionada dependencia de nuestra economía sobre las importaciones, las devaluaciones del Bolívar tienen una gran incidencia en el comportamiento de los precios.
Para mitigar las alzas constantes del precio de las divisas, como uno de los factores impulsores de la inflación, el gobierno decidió apelar a la eliminación paulatina de las regulaciones cambiarias, primero con la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, permitiendo la fijación del precio oficial de las divisas al nivel del mercado paralelo (en ocasiones por encima), y finalmente con la supresión del DICOM e instauración de las Mesas de Cambio. La última medida fue posible luego de que desde la Casa Blanca emitieran sanciones contra el BCV el 17 de abril, lo que convirtió en inviables las subastas dirigidas por el ente en el DICOM y llevó al Ejecutivo a acelerar el rumbo liberalizador del modelo cambiario que ya llevaba adelante. Este hecho muestra como las presiones estadounidenses no han sido del todo en vano. A cada coacción del imperialismo y la derecha en periodos específicos, la dirección bolivariana ha respondido con mayores concesiones a la burguesía, la misma que venía clamando la eliminación del control de cambios desde 2003. Sin mayores atenuantes legales y formales para seguir fugando divisas -salvo el hecho de que hoy el Estado no cuenta con moneda extranjera suficiente para transferir renta como en el pasado, y con una liberalización de precios -que hasta economistas burgueses reconocen, las clases dominantes han logrado imponer parte de sus intereses en la política económica por sobre los del pueblo trabajador.
Con la mencionada medida de encaje bancario, en tanto mecanismo que reduce la liquidez monetaria, el gobierno también buscó disminuir la presión hacia las escasas divisas, debido a que si las personas cuentan con menos dinero a su vez demandarán menos monedas externas, bienes y servicios. Si bien estas medidas no han podido frenar el crecimiento del tipo de cambio, por lo menos lo han ralentizado, lo que indudablemente resta fuerza a la inflación.
Ajuste fiscal no declarado
Conforme a la carrera que, en mayor o menor medida, llevan a cabo todos los gobiernos burgueses en el mundo, el ejecutivo nacional viene encaminando serios esfuerzos por recortar el gasto publico y reducir el tamaño del Estado. En un principio, esta situación venia ocurriendo de facto por efecto de la hiperinflación. El alza de precios constante desplomó el valor real de los gastos estatales en más de un 70% entre 2015 y 2018, lo que quiere decir que los altisonantes anuncios gubernamentales de elevaciones en las inversiones en salud, educación, entre otras áreas, siempre correspondieron a simples aumentos nominales, que en moneda nacional quedaron rápidamente erosionados por las reiteradas devaluaciones y la resultante inflación. En los hechos, tales anuncios no podían encubrir la austeridad a la vista de todos. Basta notar el deplorable estado de los servicios públicos, las infraestructuras, la educación y la sanidad, para hacerse una idea.
Con un elevado déficit fiscal, que se cubre con emisión de dinero inorgánico, el gobierno, presionado por los equipos de asesores económicos chinos y rusos, decidió comenzar a poner orden en las cuentas del Estado, en desmedro de los trabajadores públicos y la clase obrera en general. Empleando como ariete el poco conocido Memorando-Circular 2792 del Ministerio para el Proceso Social del Trabajo y diseñado por el Ministerio de Planificación, el gobierno dio vía libre para la igualación de todos sueldos a la baja –al nivel del salario mínimo- en la administración publica, el desconocimiento a las convenciones colectivas suscritas antes de la aplicación del Plan de Recuperación y Prosperidad Económica, la supresión de beneficios socioeconómicos contractuales que eleven los sueldos por encima del mínimo –tanto en el sector estatal como en el privado, y también la vulneración del derecho a huelga. Por fuerza de abaratamiento de las nóminas estatales -a parte de los nuevos favores realizados a los empresarios, el gobierno trata de reducir el déficit fiscal como uno de los motores de la inflación.
Pisoteando derechos y conquistas alcanzadas por la clase obrera, el Ejecutivo acelera la disminución del gasto estatal, aunada a la evidente flexibilización de despidos tanto en el sector público como privado. Para la crisis del decadente capitalismo criollo (que la dirección bolivariana se empeña en salvar a su contradictoria manera) no ha bastado la increíble pulverización del salario en el país, actualmente uno de los mas bajos del planeta. La crisis ha incidido también en la reducción del tamaño del Estado mediante la siguiente forma: motivado a los míseros salarios, no dejan de multiplicarse las renuncias y abandonos de puestos de trabajo en la administración publica. Aunque no contamos con cifras fiables que cuantifiquen el fenómeno, éste no puede ser descartado por lo evidente y diáfano a la vista de todos. La emigración y la búsqueda de mejores ingresos en el sector informal refieren a causas que lo explican, propias de una economía que graba como rótulo un “sálvese quien pueda”. Tampoco podemos olvidar como la política de privatizaciones actual se inscribe dentro de esta atmosfera regresiva y nefasta.
Todos estos elementos muestran la ejecución de un agresivo proceso de ajuste económico de pocos precedentes, que resulta de los efectos de la hiperinflación, la crisis en general y de la permisividad de un gobierno de espaldas a sus bases sociales.
Hay que completar la revolución
Contra toda forma de manipulación y distorsión histórica, debemos señalar que la catástrofe que actualmente vivimos no es obra de la instauración del socialismo en el país, cosa que nunca ocurrió mas allá de la alocada verborrea derechista y la demagogia o ignorancia de la dirigencia bolivariana. Lo que fracasó en Venezuela fue un modelo de regulaciones, que no avanzó lo suficiente en la construcción de una nueva sociedad, pero que tampoco permitió el desarrollo del mercado capitalista.
Ciertamente, se introdujeron controles (cambiario y de precios) al normal funcionamiento de la economía, que si bien en algún momento representaron avances, en el marco del capitalismo los mismos estaban condenados a convertirse en su contrario. Con Chávez a la cabeza se desarrolló una política de nacionalizaciones importante (donde posteriormente la burocracia intervino para impedir el control obrero y desmantelar las empresas). Estos elementos, combinados con el fervor revolucionario de las masas, atemorizaron a los capitalistas lo que profundizó la fuga de capitales y la huelga de inversiones que la burguesía lleva adelante desde hace varias décadas. Lo que hacía falta era avanzar hacia la toma definitiva de las palancas fundamentales de la economía nacional para planificar la producción y la distribución de recursos al servicio de las mayorías. El intentar hacer coexistir todos los progresos sociales logrados con la preservación de las relaciones de propiedad burguesas, solo podía conducir al caos.
La gran lección a extraer por parte de los revolucionarios del mundo es que una revolución no puede quedarse a mitad de camino. Ésta debe ser llevada a cabo hasta el final demoliendo las relaciones de propiedad burguesas y el Estado capitalista. Las consecuencias de no tener esta idea presente se grafican muy bien en la Venezuela de hoy.
A pesar del fatídico contexto actual, la clase obrera y los sectores populares no han sido derrotados de manera definitiva. Múltiples y dispersas iniciativas de discusión y organización se vienen desarrollando en todo el país a nivel de vanguardia. El momento presente demanda la confluencia de todas estas instancias para aglomerar las fuerzas de la izquierda consecuente, preparar una lucha defensiva contra todos los retrocesos que se vienen ejecutando, edificar una alternativa revolucionaria desde abajo y finalmente para dotar de una nueva dirección al movimiento obrero y popular, decidida a defender los intereses de los trabajadores de manera inflexible.
La única salida a este atolladero de miseria y corrupción, pasa por erigir una economía planificada sobre la base de la nacionalización –sin compensación- de los monopolios, latifundios, banca y aseguradoras, y la conformación de un monopolio estatal del comercio exterior, bajo estricto control democrático de la clase obrera y el pueblo organizado. Obviamente, el éxito de este programa depende en gran medida de la destrucción del aparato estatal burgués y su sustitución por un Estado obrero constituido por los órganos de lucha y poder proletario y popular (consejos de trabajadores, consejos campesinos y comunas), que hoy debemos potenciar para que avancen en su maduración necesaria.