La decisión de ETA de disolverse, tras 60 años de existencia, es uno de los acontecimientos más relevantes habidos en el Estado español en las últimas décadas. Los marxistas saludamos este paso y nos alegramos de esta decisión, sentimiento compartido sin duda por millones de personas comunes en el Estado español. En cambio, por razones evidentes, la derecha, las asociaciones de víctimas del terrorismo vinculadas a ésta, el aparato del Estado, así como los periodistas y contertulios del régimen, no disimulan su decepción con la noticia.
ETA y los crímenes impunes del franquismo y de la Transición
Es llamativo que quienes se muestran más duros y vengativos en el tema de las víctimas de ETA, son los mismos que nunca condenaron el alzamiento fascista de Franco de 1936 ni el asesinato de las cientos de miles de personas causado por la represión posterior a lo largo de 40 años. Hasta el día de hoy, en una muestra de desprecio vengativo, niegan un solo euro para rescatar a las víctimas del franquismo de las cunetas y de las tapias de los cementerios. No sólo no han sido juzgados ni han purgado por sus crímenes los representantes políticos de la dictadura ni de su aparato de Estado, sino que notorios ministros de Franco –como Fraga, Fernando Suárez, o Antonio Carro, entre otros– con las manos manchadas de sangre por firmar penas de muerte en los gobiernos del dictador, fueron diputados del PP en la “democracia”.
No por casualidad, ETA nació en plena dictadura franquista y se nutrió en su primera década y media de existencia de los crímenes sangrientos del franquismo, del odio de la población a la policía y a la guardia civil, y de la represión practicada contra el pueblo vasco en los estertores de la dictadura y en los primeros años de la Transición, y que ha continuado hasta el día de hoy.
Todos los medios de comunicación destacan la cifra de las 829 víctimas causadas por ETA, pero se olvidan de mencionar convenientemente a los 188 asesinados durante la Transición –obreros, estudiantes, nacionalistas vascos de izquierdas y sí, también miembros de ETA– en lo que fue una práctica de terrorismo de Estado a manos de la policía, la Guardia Civil y los pistoleros fascistas, entre 1976 y 1982. Muy pocos de sus asesinos fueron juzgados y condenados, casi todos a penas irrisorias. Otro tanto pasó con el terrorismo de Estado practicado por los GAL, bajo los gobiernos de Felipe González, que cometieron 24 asesinatos entre 1983 y 1987; por no hablar de los centenares casos de tortura a los detenidos –incluyendo violaciones y abusos sexuales a detenidas– del entorno de la izquierda abertzale. El gobierno vasco ha atestiguado más de 4.000 casos de tortura en Euskadi entre 1960 y 2013, de los cuales 3.000 desde 1978.
8 años sin actividad armada, y se mantiene la represión
Esta situación contrasta vivamente con lo ocurrido en procesos similares en los últimos años en otras partes del mundo, donde los Estados se involucraron en negociaciones directas con los grupos armados –el IRA en Irlanda del Norte, las FARC en Colombia– para abordar el abandono de la lucha armada, la eliminación de su arsenal de armas, la reinserción en la vida civil de los activistas de dichos grupos y la situación de los presos. Esto es más llamativo aún cuando anteriores gobiernos del PP y del PSOE sí aceptaron sentarse y negociar con ETA años atrás, aun cuando esta organización ni siquiera había manifestado entonces su voluntad de renunciar definitiva e incondicionalmente a la actividad armada.
El gobierno ni siquiera cumple la propia legalidad en el tema de los presos, negándose a su reagrupamiento en sus zonas de origen para facilitar el contacto con sus familiares, como está obligado, manteniendo a la gran mayoría de los presos de ETA en cárceles fuera de Euskadi y Navarra, obligando a sus familiares a desplazarse durante horas y cientos de kilómetros para poder visitarles, apenas por 40 minutos, y negando permisos o suspendiendo visitas con pretextos espurios. A lo largo de los años, cerca de 20 personas han fallecido en accidentes de tráfico cuando viajaban para visitar a sus familiares presos en las cárceles, según la organización Etxerat.
Pese al abandono de ETA de la lucha armada desde hace 8 años, se mantiene la política represiva hacia el entorno abertzale, como si aquéllo no hubiera sucedido. Continúan hasta el día de hoy las torturas, la ilegalización de organizaciones políticas y de solidaridad de la izquierda abertzale, cierre de medios de comunicación, etc. que obliga a muchos jóvenes y activistas abertzales a vivir en condiciones de clandestinidad.
¿Por qué no está feliz la derecha franquista?
ETA no ha conseguido ninguno de sus objetivos políticos. Hace 8 años que dejó de cometer atentados, hace un año entregó todo su arsenal de armas – que increíblemente el Estado Español se negó a recibir ni supervisar– y sus cientos de presos llenan las cárceles cumpliendo largas condenas en prisión. En sus dos últimos comunicados ETA ha pedido disculpas “por el sufrimiento provocado”. Sin embargo, la reacción sigue proclamando: ¡Venganza! ¡Venganza! ¿Por qué?
La explicación es que la derecha española –PP, Ciudadanos– no tiene el más mínimo interés en la resolución del llamado “conflicto vasco” y espera seguir sacando réditos políticos de la actividad etarra del pasado con varios fines. El primero es mantener en un primer plano el tema del “terrorismo” para desviar la atención de la población de los verdaderos problemas sociales provocados por la crisis del capitalismo y por la propia acción reaccionaria del gobierno del PP. El segundo fin es extender el estigma de terrorista a toda acción que desafíe el status quo y al régimen, como hemos visto recientemente con las actividades de desobediencia civil de los Comités de Defensa de la República en Catalunya. En tercer lugar, mantener un código penal altamente represivo que le sirve para reprimir las luchas sociales y la libertad de expresión en un contexto de deslegitimación popular de todo el régimen del 78. El régimen teme que ante la disolución de ETA se incrementen las voces y la presión popular para exigir la derogación de todas estas leyes represivas. En cuarto lugar, el miedo a que la desaparición de ETA dé paso, como en Catalunya, a un potente movimiento de masas que abra un “segundo frente” en el desafío al régimen. Y en quinto lugar, mantener movilizada su base electoral de apoyo entre las capas más atrasadas políticamente de la población, explotando y exacerbando demagógicamente el tema de las víctimas de ETA.
En esta estrategia de mantener “viva” a ETA también colaboran sectores importantes del aparato del Estado, fundamentalmente de los cuerpos policiales, del ejército y de los servicios secretos, el actual CNI. La actividad etarra siempre fue utilizada, no sólo para incrementar la represión general y endurecer el código penal tan caro a la derecha española, sino para justificar la impunidad policial, los privilegios especiales para los altos mandos policiales y militares, y la existencia de fondos reservados que escapan a todo control y con los que se han lucrado en oscuros negocios durante décadas numerosos mandos de la policía y la guardia civil, como los casos Perote, Roldán, Paesa, Villarejo, por nombrar los más conocidos.
La reaccionaria Asociación de Víctimas del Terrorismo no oculta su ideario derechista. Ha recibido ingentes subsidios del Estado, se opone a cualquier reforma progresista en el código penal, defiende con ardor la cadena perpetua, bajo el eufemismo de prisión permanente revisable, y ha estado salpicada por algunos escándalos de corrupción, como pretender hacer pasar como víctimas de ETA a directivos que no lo eran, para que percibieran ayudas económicas, además de ser firme defensora de la delirante teoría de que fue ETA, y no el terrorismo islamista, quien atentó el 11-M del 2004 en Madrid. Otras asociaciones similares, como la Fundación Miguel Angel Blanco, ha aparecido vinculada a la trama de corrupción Gürtel, con la utilización de facturas falsas por valor de 600.000 euros para pagar actos del PP. Por supuesto, ningún fiscal inició acciones penales contra la AVT ni la Fundación Miguel Ángel Blanco por estos hechos. Y desde luego, todas ellas necesitan de la “presencia” de ETA para reforzar su papel social y sus prebendas.
El marxismo y el terrorismo individual - Un balance de la historia de ETA
El nacimiento de ETA, a fines de los años 50 tuvo profundas causas políticas. Una causa principal, ya mencionada, fue la brutal dictadura franquista que hizo que núcleos de jóvenes vascos, emulando los movimientos guerrilleros de la época en Asia, África y América Latina contra la opresión imperialista, se lanzaran por la vía de la lucha armada para combatir a la dictadura. En ese contexto, ETA adoptó como objetivo la lucha por el socialismo en su Segunda Asamblea, a pesar de que muchos de sus militantes provenían de las juventudes del PNV. La otra causa fue la opresión nacional ejercida por el Estado franquista sobre el pueblo vasco, y que continúa hasta la fecha, con la negación del derecho de autodeterminación. Si hay que buscar, por tanto, un responsable por la aparición de ETA no fue otro que el régimen franquista.
Lamentablemente, el abandono de la postura marxista sobre la cuestión nacional por parte del PSOE y PCE, como el derecho de autodeterminación –aparte del programa general de la revolución socialista–, unido a la feroz represión a que el régimen franquista sometía al conjunto del pueblo vasco, por ser la zona donde la lucha asumía una mayor radicalización y combatividad, permitió a los activistas de ETA tener un campo abonado para crearse un espacio político social propio. Además, la muerte y la tortura de muchos de sus activistas a manos de las fuerzas represivas les otorgaba una aureola de mártires y aumentaba su apoyo social.
Muchos activistas de la clase obrera y especialmente de la juventud tenían simpatía y respeto por los militantes de ETA, como parte del movimiento antifranquista. Así, muchos jóvenes tomaron la vía del terrorismo individual creyendo que era la forma más efectiva de luchar contra el dictador.
Cuando los marxistas definimos las acciones de ETA como terrorismo individual, no hacemos una caracterización moral, sino política: la eliminación física de miembros de las fuerzas represivas, del gobierno o de la burguesía por parte de un grupo de individuos autoelegidos. El método del terrorismo individual es un método ajeno a la clase obrera y siempre ha sido combatido por el marxismo. El capitalismo como sistema social no descansa en individuos, sino en el dominio de la burguesía sobre el resto de la sociedad. La clase dominante utiliza el aparato del Estado (ejército, policía, jueces, leyes, etc.) para asegurar su poder y mantener la respuesta de la clase obrera dentro del orden establecido.
El método de eliminar individuos, por muy identificados que estén con la represión, no sirve para acabar con el sistema capitalista, ni aun con una dictadura. Los individuos son sustituidos fácilmente. Las acciones terroristas sirven para que el Estado pueda aumentar su capacidad represiva, justificando sus actos ante el conjunto de la población. Pero sobre todo, los métodos del terrorismo individual intentan sustituir la acción revolucionaria de la clase obrera, basada en la lucha de masas –huelga e insurrección– por la pistola, la metralleta o la bomba. Empequeñecen la organización de los trabajadores y, por tanto, son un obstáculo en su proceso de toma de conciencia. Si con una pistola vale para acabar con la opresión, ¿para qué el debate político y las manifestaciones de masas? ¿Para qué el partido? ¿Para qué los sindicatos? ¿Para qué la revolución socialista?
El carácter contraproducente del terrorismo individual, ya en los años previos a la caída de la dictadura, se demostró en el asesinato del presidente del gobierno franquista, Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973. Pese a su espectacularidad, este acto no añadió nada a la lucha antifranquista. Al contrario, obligó a cancelar las movilizaciones obreras y populares que se preparaban contra el llamado “Proceso 1001”, donde iba a ser juzgada la cúpula de CCOO, y numerosos activistas fueron detenidos o debieron pasar a la clandestinidad.
Años más tarde, a fines de los 70 y comienzos de los años 80, fue el reflujo y el desencanto político provocado por la traición a las expectativas de cambio tras la caída de la dictadura por parte de los dirigentes del PCE y del PSOE, lo que dio nuevos estímulos a ETA. No es casualidad que fuera en aquellos años 1978-1980 cuando ETA cometiera el mayor número de atentados, en paralelo al alza del terrorismo de las bandas fascistas en todo el Estado.
Diversos intentos de negociaciones entre ETA y el Estado español en 1986 y 1989 terminaron en fracaso. Como lo prueba hoy el caso catalán, la burguesía española no puede permitirse la celebración de referéndums democráticos de autodeterminación en Euskadi ni en Catalunya, lo que considera tabú. Y sin embargo, si se hubiera permitido hacerlo entonces, no por exigencia de ETA sino como un derecho democrático básico, ETA habría carecido de motivaciones políticas para seguir actuando y, con bastante probabilidad, se hubiera visto obligada a dejar de actuar 30 años atrás. Por lo tanto, el Estado español tiene tanta responsabilidad en la continuidad de ETA en la “etapa democrática”, como en la que tuvo en el franquismo.
El Estado español, con la complicidad de PP y PSOE en estos años, ha utilizado a ETA para endurecer y avasallar los derechos democráticos en todas partes, y en Euskadi en particular. Lo que hemos visto en estos meses en Catalunya (cierre arbitrario de medios de comunicación, detenciones y allanamientos sin orden judicial, represión policial desenfrenada, etc.) ha sido moneda corriente en Euskadi y Navarra durante los últimos 30 años, sumado a la anulación de derechos penitenciarios a los presos (2º y 3º grado), ilegalizaciones de partidos como Batasuna, y otros, y la práctica cotidiana de la tortura a los presos y detenidos.
Las acciones más espectaculares de ETA desde mediados de los 80 a comienzos de los 90 “para presionar al Estado”, con atentados especialmente cruentos en Hipercor (Barcelona), en las Casas-Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza y Vic, o en la plaza de la República Dominicana en Madrid, sólo sirvieron para empujar a sectores cada vez más amplios de la clase obrera del resto del Estado, y también en Euskadi, al lado del Estado y para aislarla socialmente.
Tras la caída de la cúpula histórica ETA, conformada por la “vieja guardia” de los 70, en Bidart (Francia) en 1992, la dirección recayó en una generación posterior, con un perfil más “militarista” y más alejado aún de la clase obrera. En este ambiente de aislamiento social creciente en Euskadi fue cuando ETA dio un salto adelante en el vacío, a partir de mediados de los años 90, con el asesinato predominante de cargos públicos y figuras relevantes vinculadas al PP y al PSOE. Esta etapa selló su declive irreversible, sobre todo a partir del asesinato en 1997 del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, que provocó el mayor movimiento de masas habido contra ETA hasta entonces, incluido Euskadi. Es suficiente decir que mientras en los 8 años de 1993 a 2001, ETA asesinó a 104 personas, en los últimos 8 años de actividad armada, de 2002 a 2010 la cifra se redujo a 20.
En esta última etapa, diezmada por el aislamiento social, la disensión interna y la infiltración policial, ETA declaró dos treguas y estableció dos negociaciones, una con el gobierno de Aznar en 1998 y otra con Zapatero en 2006; pero ambos gobiernos sintiéndose en posición de fortaleza volvieron a rechazar negociar nada que no fuera la rendición incondicional. No sólo rechazaron el referéndum de autodeterminación sino también la libertad de los presos, que era la demanda mínima a la que ETA no podía renunciar en aquel momento.
Fue así que en 2011, ETA declaró su tregua permanente, a pocos días de las elecciones del 20 de noviembre de 2011. Por razones ya explicadas, el PP no quiso saber nada de negociar el final de ETA en estos años, lo que llevó a la cúpula y al entorno de ETA, con su entorno golpeado por la represión, y cansado de décadas de actividad, al reconocimiento doloroso de haber sido derrotada. Fue así que en abril de 2017 entregó su arsenal y, un año más tarde, este 3 de mayo de 2018, a decretar su disolución.
Su moral y la nuestra
Sí, nos alegramos del final de ETA; pero nuestra alegría y nuestras razones no tienen nada que ver con las de nuestros enemigos de clase ni con las de sus agentes en la izquierda española, fundamentalmente en la dirección del PSOE.
No tenemos nada en común con los herederos de quienes masacraron a nuestros hermanos, padres, abuelos y bisabuelos en la Guerra Civil, la dictadura franquista y los años de la Transición, con quienes promovieron el terrorismo de Estado y la “guerra sucia” en los gobiernos de Felipe González, con la derecha neofranquista que en los últimos años ha cercenado nuestros derechos democráticos duramente conquistados, con la criminalización generalizada en todo el Estado de todos aquellos que deciden luchar contra las lacras de este sistema, ya sea desde la actividad política, las redes sociales o el mundo artístico.
No tenemos nada que ver con la clase capitalista ni sus marionetas en el PP, Ciudadanos y en la socialdemocracia, responsables de otro terrorismo, el terrorismo patronal, que pasa desapercibido en sus escrúpulos morales, como son las muertes por accidentes laborales, consecuencia de la explotación de la clase trabajadora para engordar su afán de lucro. Han sido miles de trabajadores muertos a pie de tajo a lo largo de estos 50 años, que multiplican por 30 o 40 las víctimas de ETA. Sólo el año pasado fallecieron 618 trabajadores por esta causa.
Qué decir del terror diario que sufren miles de familias obreras que son desahuciadas de sus viviendas, despedidas de sus puestos de trabajo, condenadas a la precariedad laboral de por vida, o empujadas al exilio económico y, en los casos extremos, al suicidio.
Y ya que les preocupa tanto la vida humana y la muerte de gente inocente, qué decir de los criminales de guerra en los gobiernos españoles que apoyaron y participaron en las guerras imperialistas en Oriente Medio (como en las dos guerras de Irak en 1991 y 2003) que segaron la vida de cientos de miles de personas, conduciendo a la región a la barbarie. No, nuestra moral nada tiene que ver con la suya. Precisamente, los 200 muertos del atentado del 11-M de 2004 en Madrid, como reacción del terrorismo islamista a la implicación de nuestro país en la guerra de Irak impulsada por Aznar, deben ser también colocados en la cuenta del PP y del capitalismo español.
Esta gente jamás resolverá ni uno sólo de nuestros problemas sociales y mucho menos las cuestiones democráticas pendientes que quedan en el Estado español, como la cuestión nacional vasca y catalana; porque la resolución de todas ellas está vinculada a la superación del régimen monárquico del 78 y del propio sistema capitalista.
En este sentido, nos parece desafortunada la posición tomada por la dirección de PODEMOS, en su afán de ganarse la respetabilidad del régimen, de sumarse acríticamente al coro de partidos del régimen en su crítica a la decisión de ETA de disolverse, mencionando simplemente que “llegó tarde y mal”, sin valorar positivamente la decisión tomada por ETA y sin reprochar a la derecha y al Estado español su responsabilidad principal en la prolongación del conflicto ni su hipocresía por no condenar, y en los hechos apoyar, los crímenes de la dictadura y de los primeros años de la Transición.
Por nuestra parte, contra la derecha española y los reaccionarios, defendemos y exigimos, como medidas inmediatas, el reagrupamiento de los presos de ETA en cárceles de Euskadi y Navarra, y que se les apliquen los mismos derechos que al resto de presos comunes –aplicación del 2º y 3º grado, rebajas legales de condena que correspondan, fin de la política de aislamiento, salidas por motivos familiares y de salud, etc.– la liberación de los presos vascos por motivos políticos y el retorno de los exiliados sin cargos, el levantamiento de la prohibición de los partidos y asociaciones civiles abertzales ilegalizadas, así como de sus medios de comunicación cerrados.
El fracaso político de ETA
La disolución de ETA es también la constatación final del fracaso de los métodos de la llamada “lucha armada”, practicada durante 50 años por esta organización, sin haber conseguido ni uno solo de sus objetivos, la liberación nacional de Euskal Herria y el socialismo. Es más, los métodos de ETA se han demostrado totalmente contraproducentes ya que han sido utilizados por los sucesivos gobiernos y el aparato del Estado para fortalecer ese mismo aparato del Estado, endurecer la represión y restringir los derechos democráticos contra todos. Ha malgastado y desperdiciado las vidas y las iniciativas revolucionarias de dos generaciones de luchadores vascos. La actividad armada de ETA jugó durante décadas un papel pernicioso en mellar las extraordinarias luchas del pueblo vasco por sus derechos democrático-nacionales, favoreciendo la estrategia de la reacción de introducir todo tipo de prejuicios nacionales y moralistas para aislar la lucha del pueblo vasco de sus hermanos de clase en el resto del Estado. Hablemos claro, el pueblo catalán en 5 años de incesantes luchas de masas ha llegado más lejos en la lucha por sus derechos democrático-nacionales, y ha llevado el desafío al Estado español a cotas más elevadas, de lo que la izquierda abertzale jamás ha podido soñar.
De hecho, la desaparición de la actividad armada de ETA y el avance de la lucha de masas –como se ha demostrado en Catalunya– era la precondición básica para que la defensa de los derechos democrático-nacionales de Euskadi, Catalunya y Galicia –como el derecho de autodeterminación– pudiera encontrar un eco más amplio, como ha sucedido, tras ser demonizada durante décadas.
Celebramos que con su disolución, ETA y el conjunto de la izquierda abertzale apuesten por la vía política para luchar por sus objetivos. Desde nuestro punto de vista, esa vía política debe estar basada en los métodos de la lucha y la agitación política de masas, las manifestaciones, las huelgas y, en un punto más elevado, a través de un movimiento revolucionario de masas. Sería un error encauzar la acción política a través de los métodos reformistas clásicos del cretinismo parlamentario, enclaustrando el programa político dentro de los límites del capitalismo, o mendigando un frente común con la burguesía vasca, siempre dispuesta a traicionar el movimiento ante la burguesía española para defender sus negocios e intereses de clase, como estamos viendo en relación al gobierno del PP, y como ha probado recientemente el apoyo del PNV a los presupuestos del Estado.
Vincular la lucha por los derechos democrático-nacionales con el socialismo
La clase obrera y la juventud vasca han estado tradicionalmente en la vanguardia de las luchas y de la conciencia política en el Estado español. En el País Vasco fue donde la lucha contra la dictadura y durante la Transición llegó más lejos. Fueron Euskadi y Navarra los territorios del Estado español donde el voto favorable a la Constitución de 1978 tuvo el menor apoyo popular, y donde se produjo el mayor rechazo popular al ingreso en la OTAN en el referéndum de marzo de 1986. No es casualidad tampoco que en las elecciones legislativas del 20D y del 26J, Podemos y Unidos Podemos obtuvieran aquí su mayor porcentaje de votos de todo el Estado y resultaran, en el caso de Euskadi, las fuerzas más votadas.
La lucha por los derechos democrático-nacionales es inseparable de la lucha por el socialismo. Sólo la clase obrera está en condiciones de llevar hasta el final la lucha contra todo tipo de explotación y opresión, y en asegurar la plena satisfacción de los derechos democráticos más avanzados, comenzando por el derecho del pueblo vasco a decidir por sí mismo qué relación quiere mantener con los demás pueblos del Estado español, incluido el derecho a formar un estado independiente, si esa fuera la voluntad de la mayoría.
Para conseguir esto, juntos en la lucha somos más fuertes. De lo que se trata es de afianzar la unidad en la lucha de la clase obrera y de la juventud vasca con sus hermanos de clase del resto del Estado para derrotar a nuestro enemigo común, el capitalismo y sus sostenedoras –las burguesías española y vasca– para avanzar hacia el socialismo y resolver definitivamente la cuestión nacional vasca.