En las últimas semanas hemos visto un alud de artículos, reportajes y editoriales en los grandes medios; de declaraciones y tomas de posición por parte del PP, Ciudadanos y PSOE; de críticas por parte de las grandes empresas y sus ejércitos de economistas, analistas y fundaciones; en definitiva, de todos los voceros de la clase dominante española, clamando contra el “autoritarismo” del gobierno de Venezuela y el caos económico e institucional supuestamente provocado por éste. Se les llena la boca de palabras como democracia o derechos humanos. El punto culminante de esta histeria contra el gobierno de Venezuela ha sido el viaje de Albert Rivera a Caracas para reunirse con la oposición del país, un llamativo acto con tintes electoralistas apenas fingidos.
Felipe González ya viajó a Venezuela varias veces en 2015 para arropar al opositor Leopoldo López. También Rodríguez Zapatero ha hecho visitas a la oposición de este país. Y, cómo no, a este coctel explosivo de “dictadura chavista” se ha sumado el viejo y manoseado espectro de ETA. El mismo Rivera dijo que “las víctimas del chavismo le recuerdan la violencia de ETA”.
Huelga decir que todos estos estridentes comentarios sobre la situación venezolana parten de análisis absolutamente superficiales y sesgados, que ignoran la verdadera razón del desabastecimiento en el país: la resistencia de los grandes empresarios a acatar los controles de precios del gobierno y a invertir en la economía productiva. Asimismo, se mira hacia otro lado ante los numerosos casos de terrorismo y violencia por parte de los opositores. La misma oposición reconoció en su ley de amnistía su participación en toda clase de actos de violencia y sabotaje. Se esconde también, en un estruendo de alaridos sobre la “dictadura” y la “represión”, que el ejecutivo de Maduro ha sido elegido democráticamente en elecciones avaladas internacionalmente, como ha sido el caso siempre en las numerosas elecciones ganadas por el campo bolivariano.
Esta altisonante campaña ha tenido dos objetivos: por una parte desprestigiar y contribuir a la desestabilización del gobierno bolivariano. La burguesía española, que sigue viendo sus viejas colonias como su cortijo, siempre ha sentido un odio particularmente febril y vitriólico hacia el proceso político venezolano, habiendo participado activamente en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. No soportan que se ponga coto al poder del gran capital español en las antiguas posesiones imperiales. Por otra parte, esta campaña tiene también como blanco a Unidos Podemos, que ha sido repetidamente asociado al gobierno de Nicolás Maduro. Se les ha acusado, en base a evidencias espurias, de ser financiados por Venezuela. ¡Incluso se ha citado a Pablo Iglesias a la asamblea venezolana, controlada por la oposición, para explicar su financiación! ¿Tal vez podríamos empezar por exigir al PP o a Ciudadanos que expliquen su turbia financiación en el congreso español? La burguesía española está aterrada ante la perspectiva de un gobierno de Unidos Podemos, que, impulsado hacia el poder por una potente alza en la lucha de clases, haga peligrar sus geniales prebendas y privilegios. Agitando el fantasma de Venezuela esperan intimidar a los sectores más vacilantes de la población, que cada vez más se están orientando hacia Unidos Podemos.
Esta campaña es de una hipocresía ofensiva. Resulta curioso que estos grandes medios y partidos no digan nada de las masacres de civiles en el Kurdistán por parte del gobierno turco de Erdogan, fiel aliado del gobierno de España y de la UE ¿Y qué pasa con nuestro socio político y económico, el rey de Marruecos, asesino, torturador, déspota, al frente de la ocupación ilegal del Sáhara, y amigo personal del Juan Carlos I y de Felipe González? ¿Y Arabia Saudí, donde se decapita con espadas igual que en el siglo X a opositores, homosexuales y mujeres que se alzan contra la opresión, que bombardea a civiles en Yemen y que apoya a los yihadistas en Siria, y que es uno de nuestros principales compradores de armas (comercio que ese gran demócrata Albert Rivera dice que seguirá permitiendo)? ¿Y Teodoro Obiang, también amigo de Juan Carlos y estrecho aliado de España, que tortura y ejecuta opositores y acumula fortunas multimillonarias mientras la población de Guinea vive en la absoluta miseria (eso sí es hambre y no lo de Venezuela)? ¿Y de los gobiernos golpistas e ilegales de Brasil y Honduras tampoco se dice nada? ¿Y del régimen totalitario y criminal de Uzbekistán, donde España está exportando sus trenes de alta velocidad? ¿Y del Estado colombiano, que colabora con paramilitares y tortura y asesina, tampoco se dice nada? Sí que ha habido viajes de Rajoy, de Zapatero, de Rivera o de Felipe González a muchos de estos países, pero ha sido para estrechar vínculos con estos regímenes sanguinarios. Recordemos, por ejemplo, que Zapatero, que hace algunas semanas viajó a Venezuela a “defender la democracia”, viajó con Moratinos, Bono y un grupo de empresarios españoles en julio de 2014 a Guinea Ecuatorial, una de las más monstruosas dictaduras sobre la faz de la tierra, para hacer negocios con el régimen de Obiang.
Parémonos a mirar el ejemplo de México, uno de los principales socios de la burguesía española en Latinoamérica. Según el New York Times, en México el ejército mató a 3.000 ciudadanos entre 2006 y 2012. Desde 2014 los datos de asesinatos a manos del Estado se mantienen secretos. Desde 2006 ha habido 4.000 denuncias de tortura por parte del ejército y la policía. Sólo 15 han resultado en condenas. Existe un sistema similar al de los "ceros positivos" colombianos, es decir, que el ejército mata a inocentes para inflar las cifras de la lucha contra el narco. Es por esto que, según los datos hasta 2014, por cada 30 asesinados por el ejército sólo hay un herido. ¿Dónde están las declaraciones de denuncia del PP, PSOE y Ciudadanos? ¿Dónde está la jauría de la derecha española? ¿Dónde están los viajes de protesta de González y Rivera? ¿Dónde están las editoriales de El País?
Y no hace falta irse tan lejos para ver la doble moral del establishment español. Mientras se preocupan por la justicia social en Venezuela, en el Estado español tenemos casi cinco millones de parados y cifras récord de pobreza, 100.000 familias han sido desahuciadas en dos años, y somos el país con más desigualdad de la OCDE después de Chipre. Y es curioso que aquellos que claman por los “presos políticos” en Venezuela no les indigne el encarcelamiento de Andrés Bódalo, Diego Cañamero, Alfon, el escandaloso proceso contra los titiriteros, y los incontables casos de represión, encarcelamiento y tortura que se dan en nuestro país.
Queda claro que lo último que la burguesía española y sus voceros tienen en mente son los derechos humanos, la libertad o la democracia. A la derecha española, nacida ella misma de una dictadura fascista que nunca ha condenado (tampoco el “progresista” Albert Rivera), no le importan estas cosas en absoluto. Lo único que les importa es utilizar a Venezuela para agitar en contra del cambio y para justificar la existencia de un estado de cosas podrido e injusto. El hecho de que el establishment español tenga que repetir hasta la saciedad los mantras de Venezuela y ETA muestra su absoluta decadencia política e intelectual, y que, no teniendo absolutamente nada que ofrecer excepto pobreza y desigualdad, tienen que apelar al miedo y a los prejuicios para mantenerse en el poder.