Se ha armado mucho ruido ante la supuesta “reinstauración de Zelaya”, ¿pero qué está sucediendo realmente? Ha habido todo tipo de maniobras e intrigas pero no se han dado pasos concretos para reinstalar a Zelaya como legítimo presidente. En los próximos días veremos cual es el contenido real de este “acuerdo”.

El lunes 26 de octubre colapsaron las negociaciones entre los representantes del presidente legítimo de Honduras, Mel Zelaya, y el régimen de Micheletti, puesto en el cargo por el golpe de estado que destituyó a Zelaya el 28 de junio. Los representantes de Zelaya dijeron que había acuerdo en la mayoría de los puntos planteados anteriormente en el acuerdo de San José, salvo uno, la reinstauración de Zelaya como presidente. Micheletti, presidente gracias al golpe de estado, alardeaba de que sólo dimitiría si Zelaya aceptaba no volver a asumir el cargo.

La llegada de una delegación de alto nivel desde Estados Unidos, encabezada por el subsecretario de estado norteamericano Tom Shannon, cambió toda la situación. A Micheletti, que ya había recibido una llamada telefónica de Hillary Clinton, le dijeron en términos inequívocos que EEUU no reconocería las elecciones del 29 de noviembre convocadas por el régimen golpista a menos que no se alcanzara un compromiso basado en el Acuerdo de San José, incluida la restitución de Zelaya.

En realidad, como hemos explicado antes, los términos del Acuerdo de San José eran ya muy favorables para los golpistas: un gobierno de unidad nacional, amnistía general para los golpistas, Zelaya renunciaría a su idea de convocar una asamblea constituyente y la restitución de Zelaya sería sólo durante un par de meses hasta el 28 de enero, en que habría un nuevo gobierno elegido en unas elecciones dirigidas por las mismas instituciones que habían llevado a cabo el golpe contra Zelaya.

¿Por qué Micheletti se resistió a firmar estos términos durante tanto tiempo? Correctamente, temía que devolviendo a Zelaya al poder, incluso aunque fuera atado de pies y manos y amordazado, eso sería visto como una victoria por parte del movimiento de la resistencia que la población ha organizado durante cuatro meses. Eso era muy peligroso, podría incluso llevar a una victoria en las elecciones a un candidato apoyado por la resistencia. Si las elecciones fueran libres y justas, y la resistencia se presentara unida detrás del dirigente sindical Carlos H. Reyes, podrían incluso ganar la presidencia. Las encuestas también muestran un fuerte apoyo a la candidata del partido de izquierdas Unificación Democrática a la alcaldía de la capital Tegucigalpa.

Sin embargo, la oligarquía estaba claramente dividida. Mientras una parte veía las negociaciones como una táctica dilatoria que al final obligaría a la “comunidad internacional” a reconocer el resultado de sus elecciones del 29 de noviembre, otra parte temía que un boicot masivo a esas elecciones por parte de la población las hiciera ilegítimas. Washington amenazó con incrementar la presión sobre la oligarquía (incluidas sus cuentas bancarias en EEUU).

Parece que al final se alcanzó un acuerdo secreto entre Shannon y el candidato del Partido Nacional, Pepe Lobo, aunque ambas partes negaron enérgicamente que se hubiera producido ese encuentro. El acuerdo remitía al Congreso la restitución de Zelaya, donde los votos de los seguidores de Zelaya en el Partido Liberal (ahora escindidos entre zelayistas y seguidores del golpe) sumados a los votos de los congresistas del Partido Nacional de Lobo tendrían la mayoría. A cambio Zelaya y la “comunidad internacional” reconocerían las elecciones del 29 de noviembre, que Lobo espera ganar (si es necesario recurriendo al fraude).

Zelaya, que se había refugiado en la embajada brasileña durante cinco semanas desde que regresó de incógnito al país el 21 de septiembre, presentó la firma del acuerdo, el viernes 30 de octubre, como una victoria. “Es un triunfo para la democracia hondureña”, dijo Zelaya, “significa mi regreso al poder en los próximos días y la paz para Honduras”.

Represión de 7 de octubre. Photo by G. Trucchi. Un comunicado del Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe también recibía el acuerdo como una victoria del pueblo. Sin duda, de no haber sido por la heroica resistencia de los trabajadores, campesinos y jóvenes de Honduras durante cuatro meses el golpe se habría consolidado y tarde o temprano habría sido legitimado por la comunidad internacional. Pero debemos preguntarnos ¿cuáles son los términos del acuerdo? y si estos términos se van a llevar a la práctica.

El “Acuerdo de San José / Tegucigalpa”, como se conoce, contempla la creación de un gobierno de “reconciliación y unidad nacional”. En la práctica esto significa compartir el poder entre los golpistas y los seguidores de Zelaya, una receta para la parálisis. Además, el presupuesto con el que funcionará este gobierno será el aprobado por el Congreso después del golpe de estado.

El segundo punto del acuerdo descarta cualquier tipo de llamamiento “directo o indirecto” a la convocatoria de una asamblea constituyente, y a cualquier intento de “promover o apoyar cualquier consulta popular con el objetivo de reformar la constitución”. La razón inmediata de la oligarquía para reconocer el golpe fue evitar una consulta popular sobre la necesidad de convocar una asamblea constituyente. Con este punto incluido en el acuerdo, se justifican los “motivos” del golpe de estado.

El punto tres trata el reconocimiento de las elecciones convocadas por el régimen golpista el 29 de noviembre y apela a la población a que participe en las mismas.

El cuarto punto dice que la policía y el ejército estarán bajo el control del Tribunal Supremo Electoral con el propósito de organizar y supervisar las elecciones durante un período de un mes antes del día electoral. Como las elecciones están convocadas para el 29 de noviembre, esto significa que las fuerzas armadas y la policía estarán fuera del control del presidente.

El punto cinco aborda la cuestión de la restitución del presidente. Lo que realmente dice es que la comisión de negociación, “respetuosamente” pide al Congreso Nacional”, “después de consultar con el Tribunal Supremo de Justicia y otras instancias que considere apropiadas”, devolver el Poder Ejecutivo a la situación anterior al 28 de junio, hasta que termine su mandato en el cargo el 27 de enero. Por lo tanto, la decisión de reinstalar a Zelaya al poder se deja en manos del mismo congreso que le destituyó, después de consular al Tribunal Supremo que proporcionó “legitimidad” a su destitución.

Lo que ahí tenemos es un acuerdo en el que Zelaya hace todo tipo de concesiones ¡mientras que se no afirma claramente nada sobre su restitución real! El acuerdo tiene otros puntos (en particular un llamamiento a la comunidad internacional para que reconozca las elecciones y levante las sanciones) y termina con un punto de agradecimientos, insistiendo en el papel jugado por la Organización de Estados Americanos, el presidente norteamericano Obama y la Secretaria de Estado Clinton.

Pero este acuerdo, a pesar de lo malo que es, no pone fin a la saga. Las sesiones del Congreso están suspendidas hasta después de las elecciones, así que tendría que convocarse una sesión extraordinaria para votar la restitución de Zelaya, que aún sigue refugiado en la embajada brasileña. En la reunión del martes 3 de noviembre, los líderes del congreso votaron… pasar la patata caliente a otra parte. Han decidido, antes de tomar una decisión, pedir un dictamen al Tribunal Supremo, al Fiscal General y a otros organismos sobre la restitución de Zelaya.

Mientras tanto, Micheletti ha interpretado la formación de un gobierno de unidad nacional antes del 5 de noviembre a su manera particular. Ha enviado una carta a Zelaya pidiéndole que de diez nombres, para elegir entre ellos los miembros del nuevo gobierno, lo cual implica que él tomará la decisión. Tom Shannon acaba de declarar que hay que respetar la decisión del Congreso, cualquiera que ésta sea, es decir, incluso si decide no reinstaurar a Zelaya,  y que incluso en ese caso, los EEUU reconocerán las elecciones del 29 de noviembre.

Así que desde el punto de vista de Zelaya y la resistencia no ha cambiado mucho. El presidente legítimo aún está en un refugio precario en la embajada brasileña, rodeado por policía antidisturbios y el ejército. La policía y el ejército continúan golpeando a los manifestantes pacíficos de la resistencia. Los golpistas siguen en el poder.

Mientras Washington presenta el acuerdo como una victoria de su estrategia diplomática, la oligarquía está más cerca de conseguir el reconocimiento internacional de sus elecciones del 29 de noviembre y Micheletti, el golpista, aún es presidente.

Es difícil predecir lo que sucederá en los próximos días y horas. Presión adicional por parte de Washington podría finalmente obligar a la restitución de Zelaya (amordazado, atado de pies y manos, y sólo durante un par de meses). Podría haber más artimañas por parte de la oligarquía para retrasar todavía más su restitución.

La única salida real a este callejón sin salida sería que las masas irrumpieran en escena de nuevo y tomaran en sus manos la situación. Sólo pueden confiar en sus propias fuerzas, en nadie más.