Felipe VI y la corrupción de la monarquía – ¡Por la III República y el socialismo!

La Casa Real española está entrando en una de las mayores crisis que ha tenido que afrontar desde la coronación de Juan Carlos I en noviembre de 1975. El hallazgo de la fiscalía suiza de cuentas y fundaciones irregulares en paraísos fiscales, que han movido más de 100 millones de dólares en la última década, a nombre de Juan Carlos I y Felipe VI, ha desatado la indignación popular.

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En las últimas semanas hemos conocido nuevos avances en la investigación en torno al dinero que el rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, transfirió en 2012 a su amante, Corinna Larsen, de unos 65 millones de euros, a una cuenta a nombre de la sociedad Solare Investors Corporation en el banco Gonet y Cie en Nassau (Bahamas). La fiscalía suiza está investigando la procedencia del dinero, debido a la posibilidad de lo que podría resultar ser un caso de cohecho internacional en las negociaciones, promovidas por el rey emérito, de la construcción del Ave a la Meca, en la que participaron varias empresas españolas. El último dato conocido, según el informe del fiscal Yves Bertossa (eldiario.es: https://bit.ly/3aTgz9X), es que la cuenta desde la que el rey emérito ordenó la trasferencia a Corinna, recibió en 2008 la cantidad de 100 millones de dólares procedentes de la Casa Real de Arabia Saudí. Dicha cuenta estaba en el banco suizo Mirabaud, a nombre de la fundación panameña Lucum (típica estructura pantalla para ocultar dinero y evadir impuestos), cuyo titular era Juan Carlos de Borbón y en cuyos estatutos aparece Felipe VI como segundo beneficiario. Eldiario.es publicó con precisión la cronología de los hechos (https://bit.ly/2RlXCoI).

Tras el conocimiento de estos datos, ERC y el Grupo Plural (JxCat, Compromís, Más País y BNG) registraron la solicitud de una comisión de investigación parlamentaria a Juan Carlos de Borbón. Poco después, Unidas Podemos se unió a la iniciativa presentando su propia comisión de investigación, alegando mejoras técnicas. Pues la formación morada ya tuvo en 2018 una experiencia similar en la que la mesa del congreso rechazó la petición por supuestos motivos técnicos.

Ante tal revuelo, la Casa Real española está moviendo sus peones para evitar a toda costa aparecer retratada (más si cabe) ante el pueblo, ya que la confirmación de un escándalo de estas características está acelerando un proceso de descrédito y decadencia que viene protagonizando desde hace más de una década y que podría concluir con su fin, lo que implicaría el fin de la monarquía parlamentaria española, es decir, el fin del régimen del 78. Dicho estado de decadencia ha venido dado por los escándalos de la cacería de elefantes en Botsuana, el caso Nóos, en el que el yerno del rey emérito, Urdangarín, fue condenado por corrupción y en el que Juan Carlos I también aparecía implicado; numerosos vídeos convertidos en virales, en los que Juan Carlos halagaba la figura de Franco; la jubilación de oro de cerca de 200.000 euros del rey emérito tras su abdicación a cargo de los presupuestos generales del Estado, así como los cerca de 8 millones de euros que nos cuesta toda la Casa Real; o, más recientemente, el torpe discurso del rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017, en el que animó a reprimir al pueblo catalán tras el referéndum de independencia del 1 de octubre; etc. Sin embargo, la confirmación de las sospechas de los 100 millones de euros como presunta comisión por el contrato del AVE a La Meca, sería el mayor escándalo al que tendría que hacer frente la Casa Real.

La implicación de Felipe VI

El actual rey reaccionó de manera rápida y emitió un comunicado desde la Casa Real. En dicho comunicado afirma que renuncia a la herencia de su padre y le retira la citada asignación de 200.000€ anuales provenientes de dinero público. También ha reconocido que en marzo de 2019 recibió una carta informativa sobre su mención en los estatutos de la fundación Lucum, como segundo beneficiario. Según el mismo comunicado, Felipe VI remitió “a las autoridades pertinentes” (sin aclarar cuáles fueron) una carta en la que afirmaba desconocer que fuera beneficiario y donde renunciaba a formar parte de la fundación de su padre. Recientemente y a raíz de esta información, ha sido descubierta la existencia de una segunda fundación, anterior a Lucum, llamada “Fondation Zagatka”, a nombre del primo de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans. Desde esta segunda fundación se financiaban viajes en jet privado de la Casa Real y entre sus beneficiarios también aparecen, desde 2006, tanto el rey padre como el rey hijo, según el diario El país (https://bit.ly/2XiyDXh). Sin embargo, Felipe VI no mencionó nada sobre esta segunda fundación en su comunicado.

Los acontecimientos están desbordando a la Casa Real que, cuando aún no ha podido explicar un escándalo, ya está inmersa en otro. El monarca ha rechazado dar explicaciones al diario que ha publicado su implicación, The Telegraph. No basta con publicar un comunicado. Si fuese mínimamente honrado se sometería a las preguntas de periodistas, diputados y del conjunto de la población.

El comunicado emitido por la Casa Real para desmarcarse del escándalo, deja claro que incluso Felipe VI tiene clara la corrupción de su padre, que nunca ha servido a los que pagamos su sueldo, sino que siempre ha servido a la burguesía de la que forma parte. Pero realmente, el comunicado tampoco salva al hijo. El periodista Ignacio Escolar afirma en su periódico que “el rey hijo mata al padre para intentar salvar la corona”. Pero es un burdo intento. Todo el país conoce el estrecho vínculo que han guardado ambos monarcas durante décadas. Felipe de Borbón fue educado día a día y preparado para el cargo por Juan Carlos I. Es obvio que el hijo, por muy refinado y culto que sea en comparación con su padre, forma parte de la misma calaña. Prueba de ello es que nunca ha renegado de su padre públicamente. Ni siquiera cuando dice haber recibido la carta informativa, hace un año, hizo público el escándalo, como tampoco renunció a su herencia ni hizo absolutamente ningún movimiento contundente. Por supuesto sí que ocultó a todo el país los acontecimientos. Sólo después de que estas informaciones hayan visto la luz Felipe VI ha reaccionado hipócritamente. Sobre los 200.000€ anuales de dinero público que cobra el rey emérito, tampoco se aclara en el comunicado si se descuentan del presupuesto total de la Casa Real (8 millones), o se los quita a su padre para repartirlos entre el resto de su familia.

Como explica Marx en El 18 brumario de Luis Bonaparte, es el contexto el que determina qué tipo de persona lidera cada acontecimiento histórico. Son innumerables los casos de corrupción publicados en España en la última década, muchos de ellos provenientes de décadas anteriores. El régimen del 78 ha necesitado como pilar central una monarquía necesariamente igual de corrupta, como a día de hoy sigue necesitando una monarquía corrupta, que no tire de la manta ante todo lo que aún no ha sido publicado ni descubierto. Por muy honesto que fuese Felipe VI (que ya vemos que no lo es), es el sistema capitalista español el que demanda de él lo peor de la condición humana, la mentira y la barbarie.

Todo esto se agrava porque la Constitución dice, en su artículo 56.3, que el Rey es inviolable y que no puede ser juzgado ni acusado aunque cometa delitos. ¿No es esto vergonzoso? Más allá de lo que dice la Constitución del 78, debemos decir que es inasumible que la Constitución de un país democrático deje el más mínimo margen de escapatoria al jefe del estado ante actos delictivos. Este es uno de los muchos aspectos en los que nuestra vigente Constitución muestra su carácter escandalosamente antidemocrático, por el cual debe ser cambiada por otra nueva que proteja a la clase trabajadora.

Para lavar su imagen, y aprovechando la crisis del coronavirus y el confinamiento de la población, el régimen programó un discurso del Rey al país el pasado miércoles, 18 de marzo. Mientras el rey Felipe VI daba un tenue discurso en la televisión pública (en el que eludió el asunto de la corrupción de la monarquía), y pese a que sólo hubo una breve convocatoria por las redes sociales, millares de personas salieron espontáneamente a los balcones en todas las ciudades del Estado para hacer una protesta contra la monarquía en forma de “cacerolada”. Esto indica las importantes bases que existen para luchar por la república en España.

Los poderes económicos y la derecha política

La burguesía, teme el fin de la monarquía como el fin de sí misma. Pues, la historia del Estado español enseña que, en nuestro país, la idea de República siempre ha ido aparejada a la idea de Revolución. Es por ello que temen la caída de la monarquía como núcleo sobre el que pivotan todo el régimen político del 78 y el capitalismo español. Los nexos entre la monarquía española y el poder económico, político, judicial y mediático son evidentes.

La Casa Real nunca comparece en entrevistas públicas, hecho que la mayor parte de los medios de comunicación no denuncian. No puede ser más descaradamente antidemocrático que un cargo público no se someta ni siquiera al más mínimo control de un medio de comunicación. No digamos ya al control de toda la población. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dejó hace varios años de preguntar si los españoles preferíamos la monarquía o la república como modelo de Estado. Quizás vieron que en esas encuestas podría salir el mismo resultado que en las encuestas hechas al comienzo de la Transición, donde salía una mayoría a favor de la República, y que el entonces gobierno de Adolfo Suárez ocultó a la opinión pública. Esto fue reconocido por el mismo Suárez, confidencialmente, a la periodista Victoria Prego, durante una entrevista de televisión que fue censurada durante años hasta que hace poco salió a la luz. En estos días, los medios de comunicación (salvo pocas excepciones) han cerrado filas tras Felipe VI, hablando únicamente de la implicación del padre, tratando así implícitamente de lavar la cara a la corona.

La investigación de las “mordidas” del AVE a La Meca, guarda relación con lo que se llama la ‘operación Tándem’, una investigación sobre comisiones petroleras tratadas con Guinea Ecuatorial. Esta operación está vinculada al ‘caso Villarejo’, en cuyas grabaciones aparece la propia Corinna. Recientemente, Corinna también ha anunciado una denuncia en los tribunales de Londres, adonde no llega la inviolabilidad del rey emérito, contra éste y el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, por amenazas contra su voluntad de romper su silencio. Esto es una muestra de cómo el aparato del Estado responde a una lógica de protección de la burguesía en contra de los intereses de las masas.

La caverna mediática de la derecha española, que controla los principales medios de masas del país, resta importancia al asunto, le dedica poco tiempo o miente descaradamente ocultando información de primer nivel al pueblo español. Ha sido publicado también que el empresario López Madrid, directivo de la constructora OHL, organizó una reunión a la que asistiría ‘el rey padre’ para tratar un contrato de OHL en Arabia Saudí. Fue también López Madrid, de quien se publicó una conversación en la que la reina Letizia lo trataba amistosamente de ‘compi yogui’. Otro personaje destacado del mundo empresarial, Juan Villalonga, exdirector de Telefónica, también aparece inmerso en toda la trama, habiendo jugado el papel de poner en contacto a “su amigo” Villarejo, con Corinna Larsen (El Economista: https://bit.ly/34l4ZC8).

Por su parte, el poder judicial protege todo cuanto puede a la Casa Real, por una parte, encerrando en la cárcel o poniendo multas desmesuradas a raperos y tuiteros por ‘injurias a la corona’, que evidencian una total falta de libertad de expresión en nuestro Estado cuando se trata de la Casa Real. Por otra parte, el poder judicial pone todo de su parte para bloquear toda investigación jurídica contra el rey emérito, como hizo el juez Diego Egea con las primeras investigaciones sobre la transferencia a la cuenta de Corinna.

No es de extrañar tampoco, que, de manera sistemática, los partidos que apuntalan el régimen hayan bloqueado las comisiones de investigación que se han tratado de poner en marcha en el Congreso hasta en cuatro ocasiones, en algunas de ellas con el beneplácito del poder judicial. Se muestran así también los vínculos entre el poder político, el judicial y la monarquía. Y así ha vuelto a suceder en esta ocasión. Lo que quizá sorprenda a algunos es que el aparentemente renovado PSOE de Pedro Sánchez también haya participado del bloqueo, uniendo sus tres votos en la mesa del Congreso a los dos del PP y uno de Vox, contra los tres votos que tiene en la mesa Unidas Podemos.

El papel del PSOE

El republicanismo del PSOE es un republicanismo de campaña electoral, de actos públicos por la Memoria Histórica (sin tampoco hacer mucho por la misma) y, en definitiva, un republicanismo declarado, pero no llevado a la práctica. Ya en la Transición española, las organizaciones obreras (PCE y PSOE entre ellas) tuvieron varias oportunidades para impulsar nuevamente una República española y no lo hicieron. Pero no hace falta que nos remontemos a entonces para encontrar muestras claras de apoyo a la monarquía por parte del PSOE. Por ejemplo, para la abdicación de Juan Carlos I, nuestra moderada Constitución de 1978, preveía para nuestra monarquía parlamentaria la necesidad de una ley orgánica de abdicación que debía ser aprobada en las Cortes Generales. La ley habría salido adelante puesto que en aquel momento el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso. No obstante, a excepción de dos diputados, el PSOE no tuvo el coraje de mostrar su voto en contra ni siquiera cuando su voto en contra no comprometía la abdicación.

Más recientemente, los de Sánchez han mostrado apoyo al monarca en todo lo que respecta a la crisis territorial en Cataluña, dando la espalda al pueblo catalán y su derecho de autodeterminación. Dos años antes, Pedro Sánchez presentó su candidatura para las elecciones generales de 2015 con una gigantesca bandera rojigualda a sus espaldas, contribuyendo a caldear los ánimos al norte del Ebro pero esperando tener un mayor rédito electoral en el resto del territorio. Así mismo, durante el gobierno en minoría de Pedro Sánchez (2018-2020), antes de la coalición con UP, surgieron discrepancias entre ambas formaciones por la eliminación de los aforamientos. Mientras que PSOE defendía la eliminación o reducción de los aforamientos sólo para cargos políticos, UP aseguraba que no apoyaría la ley si no incluía al rey. Recordemos que fue el PP quien, probablemente, a sabiendas de lo que podría ocurrir, reforzó el aforamiento del rey emérito tras su abdicación mediante una reforma de la ley del Poder Judicial.

En los cuatro intentos de comisiones de investigación contra la Casa Real, el PSOE ha votado en contra. La misma justificación estúpida que Rajoy utilizaba para su brutal actuación en Cataluña, ‘la ley es la ley’, es la que hoy utilizan los dirigentes del PSOE para tapar este caso de corrupción del rey Juan Carlos I durante su Jefatura del Estado. Ábalos dijo la pasada semana que se haría lo que dijeran los letrados del Congreso (asesores judiciales de la cámara baja). Sin embargo, los letrados del Congreso únicamente han desaconsejado la investigación parlamentaria, reconociendo que la última palabra la tienen los políticos.

El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, explica que la inviolabilidad del rey (durante sus años de Jefe del Estado) sólo afecta a las investigaciones jurídicas, no así a las investigaciones parlamentarias o, por ejemplo, las de los medios de comunicación. No obstante, eldiario.es ya ha publicado pesquisas posteriores a la abdicación de Juan Carlos I, como la mencionada sobre la reunión de López Madrid. Del mismo modo, el cuerpo de letrados del Congreso está dirigido por el Secretario General del Congreso, que es elegido por la mesa del Congreso, controlada por el PSOE. En el último intento de comisión de investigación, en 2018, la mesa estaba controlada por Ana Pastor (PP), pero no es excusa en esta ocasión, ya que ahora la preside Meritxel Batet (PSOE). Es decir, en última instancia, el PSOE sólo está levantando un espantapájaros para no afrontar lo que racionalmente debería anteponerse a cualquier ley, revelar a su pueblo la verdad sobre nuestro Jefe del Estado y la Casa Real. En la rueda de prensa de anuncio de declaración del Estado de Alarma, Pedro Sánchez fue preguntado por las últimas publicaciones sobre este asunto. El presidente dedicó menos de un minuto a la respuesta, en la que sólo dijo que apoya a Felipe VI.

Unidas Podemos

Por su parte, UP no ha hecho mucho más que mostrar de nuevo su impotencia ante una injusticia, por estar dentro del Gobierno. Mientras que el portavoz del grupo parlamentario, Echenique, decía tratando de aparentar gallardía que registrarían una comisión de investigación, aunque el PSOE no la fuese a apoyar, Irene Montero replicaba a su compañero diciendo de manera ambigua que apoyaba ‘la iniciativa de los partidos’ que la registraran, hablando en plural para evitar decir a las claras que Podemos debía ser punta de lanza contra la decrépita monarquía española. Acababa diciendo nuestra ministra que ‘en última instancia apoyarían lo que decidiese el gobierno’. Esta protesta con la boca pequeña no es el primer espaldarazo que dan nuestros ministros a la clase trabajadora. Muchos sentimos dolor y rabia cuando los vimos aplaudir al monarca en la apertura de la legislatura. No por sentimentalismo, sino porque representa una humillación evidente para nuestra clase.

Nuestros dirigentes estatales no han andado muy acertados en sus políticas republicanas hasta la fecha. Tras el rechazo de la comisión de investigación en verano de 2018, nuestros dirigentes tuvieron la brillante idea de enviar una carta pública al rey emérito pidiéndole que se sometiese voluntariamente a las preguntas de los parlamentarios. Este comportamiento es enormemente ingenuo e, incluso, es una muestra de debilidad y de actitud conciliadora con la burguesía. Mucho ha cambiado el discurso de tomar el cielo por asalto, hasta el punto de pedir a los amos del cielo que sean bondadosos con nosotros y nos lo entreguen. Es fácil imaginar al monarca desternillarse de risa mientras leía la carta. Igualmente ineficaces fueron las retiradas de bustos y cuadros del rey en los primeros días de gobiernos municipales de Podemos. El pueblo no se engaña quitando un busto, porque el monarca sigue en su trono. Quizá sería mejor articular una estrategia acertada para quitar al monarca de su trono y que después caigan automáticamente los bustos y los cuadros.

Construyamos una alternativa republicana y socialista

En los últimos años, el movimiento republicano ha cobrado fuerza. Mientras que hace años las manifestaciones por la República parecían cosa de “folclóricos” de la izquierda, hoy día cada vez más sectores de la población pierden el miedo a coger una tricolor para salir a la calle a manifestarse. Numerosas consultas auto-organizadas sobre monarquía o república han proliferado por los barrios obreros de las principales ciudades y las universidades públicas de todo el Estado.

El 9 de mayo hay convocada una jornada de consultas al unísono en todos los barrios, centros educativos y centros laborales que sea posible (esta fecha quizá sea aplazada por la crisis del coronavirus). Plataformas como Málaga Republicana organizarán dicha jornada, toda la campaña previa para lograr el máximo de participación popular y generando a su vez el necesario debate de cómo debe ser esa República por la que luchar, lo que puede dar un salto cualitativo al movimiento obrero en nuestro país.

Debemos exigir también la expropiación de las propiedades de la monarquía, que son una acumulación de robo al pueblo durante décadas y siglos, y del legado que la Casa Real recibió de Franco. Es necesario articular todo el hartazgo de la clase trabajadora con el régimen del 78 y canalizarlo, en positivo, ¡hacia la construcción de la III República, socialista y de los trabajadores!