El gobierno de Evo Morales atraviesa la mas profunda crisis de su gestión. En medio de duras confrontaciones parlamentarias y callejeras la Asamblea Constituyente quedó suspendida por un tiempo indefinido, paralizada por el debate sobre un tema absolutamente secundario: el de la capitalidad plena para la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca, actualmente capital política del Estado pero no administrativa. El paro convocado por las organizaciones cívicas ultra derechistas del oriente del país (la llamada "media luna") fue acatado por primera vez también en Cochabamba, histórica fortaleza del Movimiento al Socialismo, y en Chuquisaca. El prefecto masista de este último departamento - lugar de los peores enfrentamientos - renunció hace unos días (aunque después de una semana retiró su renuncia debido a las presiones de la ejecutiva del MAS) dejando claro que su partido y el oficialismo no tienen una salida clara a la situación. La manifestación convocada el día lunes 10 de septiembre en Sucre por las organizaciones cercanas al gobierno con el objetivo de defender la Asamblea fue más pequeña de lo esperado: de los 100.000 anunciados, llegaron en la ciudad algo como 15.000, en su totalidad campesinos, colonizadores y representantes de cocaleros y pueblos originarios radicalizados. Aun si los rumores de golpe denunciados a Altercom por el diputado del MAS Antonio Peredo fueran solo chismes, queda claro que en esta coyuntura el gobierno se juega toda su fortuna, y el movimiento popular boliviano se juega otra oportunidad de asestar el tiro de gracia a la derecha, a la oligarquía y al imperialismo.
El pasado mes de julio la derecha, después de haber logrado atar por meses los trabajos de la Asamblea al debate sobre el reglamento, encuentra la llave para llevarla al fracaso total: precisamente introduciendo en la discusión el tema de la capitalidad plena para la ciudad de Sucre, como decíamos antes capital política del Estado, mientras que La Paz es la capital administrativa, como resultado de una guerra civil declarada por la burguesía del altiplano después de la independencia. Con una resolución aprobada por mayoría, el MAS quita el tema del debate. En La Paz empresarios privados, la alcaldía y la prefectura departamental, con el apoyo de la Central Obrera Departamental organizan un cabildo popular en la Ceja (barrio de El Alto) al que asisten dos millones de ciudadanos, con la consigna "la sede no se mueve". La ciudad se llena de pancartas y murales que asignan a La Paz el papel de guardian de la unidad nacional. En la práctice - y a pesar de los llamamientos a la abstención hechos por muchas organizaciones - los trabajadores alteños y paceños acuden en masa, manifestando su voluntad de lucha contra las maniobras de la derecha y de la oligarquía de la "media luna", percibiendo claramente el peligro de la contra-revolución. Sin embargo, desde el palco sólo se hacen llamamientos a defender la paceñidad. La disposición de las masas a la lucha no encuentre propuestas, organización o puntos de referencias que la puedan canalizar. El cabildo acaba como una victoria de las instituciones que lo promovieron, y sobre todo como otra papa caliente en las manos del gobierno, porque si el asunto es la "paceñidad" la respuesta no puede que ser la "sucreñidad". En la ciudad de la Constituyente, Sucre, se desata una oleada de marchas y movilizaciones, con tal nivel de enfrentamientos con la policía que obligan el gobierno a enviar en Sucre otros uniformados de los demás departamentos, para permitir que la Asamblea sesione. Aquí también se movilizan la alcaldía, el Comité Cívico, los empresarios, los universitarios, mientras que - como decíamos - el prefecto masista del departamento se ve obligado a la renuncia, aunque temporal. Piden, y obtendrán, que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie sobre la posibilidad de debatir el tema de la capitalidad en la Constituyente.
...y el Parlamento se divide
Mientras tanto el gobierno abre otro frente de confrontación. Tal vez con el fin de intentar un desesperado salvamento de la Constituyente, tal vez con el objetivo declarado de liberarse de aquella parte del aparato del Estado que pertenece al viejo sistema político y que de manera consciente obstaculiza incluso las reformas más tibias, Morales y su gabinete deciden someter a proceso y sustituir cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional, acusándoles de prevaricación. La oposición se moviliza en defensa de los magistrados y por dos veces las sesiones parlamentarias acaban en caóticas peleas. El resultado es que el parlamento se divide en dos, con los diputados del MAS reunidos en la sede de la Vicepresidencia, donde aprueban la medida del gobierno, mientras que la oposición queda en el parlamento manifestandose en defensa de la "democracia" y del "Estado de derecho". Por unos días el país queda de hecho sin poder legislativo, y sin saber si tiene o no un Tribunal Constitucional, hasta que el Senado decide archivar el caso. El MAS vuelve a la carga con otras demandas de juicio en contra de los magistrados, como la formulada a través del Prefecto masista de Potosí, que los denuncia por haber empantanado el proceso en contra de la empresa brasilera Queiroz Galvao, culpable de la pésima ejecución de la carretera Potosí - Tarija. Hasta el día de hoy estos magistrados se niegan a declarar ante el Congreso, dejando otro vacío y confusión de poderes en la estructura estatal.
La ofensiva de la derecha....
En medio de tanta confusión política e institucional la derecha llama a un paro cívico nacional, acatado en seis de los nueve departamentos del país, con la excepción de La Paz, Oruro y Potosí. En el departamento de Cochabamba, como decíamos histórica fortaleza del MAS, el paro provoca duros enfrentamientos sociales con varios heridos, mientras que en Santa Cruz rondas de la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista le aseguran el éxito. Los representantes cívicos e institucionales de los seis departamentos conforman una supuesta "Junta Democrática", declarándose en estado de emergencia en defensa de la "democracia y del Estado de Derecho". Cada hora, y durante días, es televisado un pronunciamiento de Branko Marinkovic, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, en el cual pide al gobierno "que escuche la voz de los seis departamentos", que - en su decir - reivindica el "respecto de la ley, el consenso (tanto en la Constituyente como en parlamento), la democracia y la unidad". La hipocresía de la clase dirigente no tiene límites. Los que ahora hablan de "consenso, democracia y unidad" son los mismos que tenían, y todavía tienen guardado en sus cajones, los planes para dividir el país si fuera necesario para salvaguardar sus intereses de clase. Las palabras de Marinkovic dejan en claro la nueva estrategia de la derecha. Mientras que en la "media luna" se disfrazan de corderos, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia llama con insistencia a la concertación y la principal agrupación de la oposición, PODEMOS, invita el gobierno al dialogo nacional. El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa de NFR (Nueva Fuerza Republicana, una agrupación menor de la derecha) que pide la renuncia de Evo Morales es duramente reprochado por el jefe de PODEMOS, Jorge "Tuto" Quiroga.
...y sus intenciones
¿A qué apuntan la burguesía nacional, la derecha política y el imperialismo? Es claro que para ellos ninguna opción puede descartarse, ni la de recurrir nuevamente al tema de la Autonomía para dividir el país, ni tampoco la del golpe de Estado para liberarse definitivamente del MAS y de Evo Morales: son solo consideraciones de oportunidad y conveniencia las que le hacen inclinar a una u otra. Algunos sectores económicos del oriente no viven un buen momento: los grandes ganaderos aglutinados en la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) - que recordemos hace un año llamaban los demás sectores empresariales a defender sus predios en armas - ahora piden al gobierno "tomar acciones para socorrerlos" (La Razon 20/9/07), en otras palabras dinero para hacer frente a la sequía que afecta sus actividades. Los productores de soja - uno de los principales productos de exportación en el departamento y a nivel nacional - hacen lo mismo, a parte de seguir presionando para mantener las preferencias arancelarias con Estados Unidos.
El buen desempeño del sector minero - que ya analizamos en un precedente articulo La nacionalización del gas: ¿una victoria pírrica? - está revirtiendo la situación económica a favor del altiplano, donde una nueva capa de enriquecidos, con gran disponibilidad de efectivo, ahorra y compra bienes de lujo en Santa Cruz. Por razones como estas el discurso autonomista puede ser, por ahora, tranquilamente dejado de lado, considerando además que la Autonomía planteada por los cívicos cruceños nunca les había permitido lograr una verdadera y amplia base social en el país. Sin embargo, está claro que ni los planes secesionistas ni tampoco los de un golpe de Estado son abandonados definitivamente por la burguesía y el imperialismo. Para un golpe de Estado sería indispensable el apoyo de las Fuerzas Armadas, o por lo menos de una parte de estas. En el gobierno confían bastante que los 4 millones de dólares en equipamiento que fueron donados por el gobierno venezolano a las FFAA y a la policía bolivianas sean suficientes para garantizar su apoyo. La historia - véase el caso de Pinochet en Chile - demuestra lo contrario. En realidad solo una movilización masiva de obreros y campesinos en las calle, que haga también un llamamiento a la base proletaria del ejercito, puede obstaculizar cualquier plan golpista.
Burguesía, imperialismo y derecha persiguen por ahora bastante evidentemente el objetivo de construir un clima de unidad nacional, de co-gobierno (o mejor seria decir de manejo total) de la Constituyente y de la economía, al fin de prevenir y aguar cualquier intento reformador que choque con sus intereses, y cortar de una vez por todas los enlaces que unen el gobierno a su base social, sembrando en ésta la desmoralización, la desconfianza y la pasividad, para luego echar a un lado Morales y su movimiento sin esfuerzos. Por esto enarbolaron el tema de la capitalidad plena para Sucre: lograr a trasladar el gobierno fuera de la conflictividad del altiplano seria para ellos un logro importante pero secundario, como una cereza sobre la torta. Por esto por ejemplo este año invitaron a Evo Morales a la Feria de Santa Cruz, lo que no hicieron el año pasado. Y, justo mientras escribimos, el gobierno cae otra vez con ambos pies en la trampa. El acuerdo nacional suscrito con las fuerzas de oposiciones por el Vicepresidente Alvaro García Linera - el incansable tejedor del dialogo y de las peores concesiones a la derecha, siempre a la espalda de los movimientos sociales - hace solo volver atrás las manecillas empeorando y profundizando los problemas. El oficialismo, después de casi un año de lucha sobre el tema, se compromete al respecto de la Ley de Convocatoria de la Constituyente, la cual preveía que cada articulo de la nueva Constitución sea aprobado por una mayoría de los 2/3 de los asambleístas, y a la incorporación del tema de la capitalidad en el debate. Además, se conforma una comisión política nacional que se encargará de solucionar los problemas en la Asamblea: dicho sin otros términos nada mas que una mordaza al espíritu original de la Constituyente.
Las reacciones
Se puede decir sin duda alguna que la ofensiva de la derecha ya ha conseguido en parte sus objetivos: a la Constituyente que renacería de semejante "acuerdo nacional" ¡le hace falta solo una lápida! Para nosotros esto no es una sorpresa: en cada uno de los artículos que hemos escrito advertíamos como, en el proceso revolucionario que Bolivia vive, la Asamblea Constituyente no podía solucionar ninguno de los problemas reales del país, siendo solo útil a la burguesía para reorganizarse, encontrando pretextos para tumbar las expectativas de cambio, y apoyos en los elementos más derechistas de campo popular. En efecto, y por la misma política conciliadora del gobierno, la Constituyente se ha convertido en un instrumento para desviar la energía revolucionaria de los movimientos populares que derramaron sangre para que fuera convocada al pantano del constitucionalismo y la maraña legal. Esta convicción, a la luz de la experiencia, parece abrirse paso entre mucho de los luchadores sociales de estos años. Esta es la declaración al propósito del dirigente de las Juntas Vecinales del distrito 8 de El Alto Carlos Barrera: "cuando llegó el MAS al poder se dijo que habrá una revolución democrática y con la Asamblea Originaria esperábamos reformas estructurales profundas. Un cambio del modelo a nivel político, económico y social; lamentablemente eso no se está dando, por eso decimos que la Asamblea no resolverá los problemas de miseria y hambre de nuestra sociedad" (Alerta Laboral n.52, Agosto 2007 - revista mensual del Centro de Estudio para el Desarrollo Laboral y Agrícola CEDLA). Y este es el rasgo más sobresaliente de la actual coyuntura: hay todo tipo de indicios de que el MAS está perdiendo el apoyo del proletariado urbano, el que le permitió ganar con su aplastante mayoría en el diciembre del 2005. La manifestación de Sucre del 10 de septiembre es una prueba. No hubo movilizaciones en las ciudades, ni declaraciones de dirigentes sindicales o gremiales en defensa del gobierno, como en el pasado, sino solo pasividad. El hecho de haber presionado el prefecto dimisionario de Chuquisaca para que ratifique en su cargo, o sea el hecho de preferir mantener en el gobierno del departamento a una persona que claramente no comparte la misma trayectoria política, antes que convocar nuevas elecciones, prueba que hay en el mismo partido conciencia del fenómeno, y que se espera poder recuperar la situación. Las condiciones del país sugieren todo lo contrario.
La situación del país....
En nuestro articulo precedente citado antes, ya se esbozaba un análisis de la situación económica de Bolivia, y como ésta de ninguna manera estaba ayudando el país a liberarse de su atraso. Las cosas vistas desde la perspectiva de los trabajadores bolivianos son aun peores de lo que pueden decirnos las cifras macro económicas. Como decíamos, el auge de la minería está generando una nueva capa de enriquecidos cuya demanda contribuye al alza de los precios, y hace bloque social contra las reformas del gobierno. La actividad de los pequeños campesinos, del sistema cooperativo agropecuario, o sea la parte de la producción agrícola orientada al consumo interno, sufre por la falta de mecanización, de las ayudas del Estado, de la industria y de la química, así que muchos abandonan el campo hacia los centros mineros o las grandes ciudades, provocando ulterior escasez de alimentos. "En los últimos cinco años, la importación de alimentos se incrementó en 18,23%" (CEDLA), lo que contribuye al alza de los precios: suben el pan, los demás víveres, el transporte, el precio de las casas, mientras que el Plan Vivienda del gobierno yace hundido por los escándalos de corrupción que afectaron el ministerio correspondiente. La inflación registrada en el primer semestre del año fue del 6,43%, lo que engulló - exactamente como habíamos previsto hace un año - el aumento del 5% del salario básico, para los que lo obtuvieron. Una investigación realizada en Potosí demuestra por ejemplo que de las mas que 300 empresas de la ciudad, pequeñas y medianas, mas que la mitad no concedieron ningún aumento.
Nubarrones aún mas obscuros se perfilan al horizonte. La condonación de la deuda por unos organismo multilaterales "estaría reduciendo las fuentes de financiamiento de carácter concesional, situación que podría conducir al Gobierno a contratar créditos en condiciones más duras (tasas de interés más altas que las concesionales y plazos más cortos para el servicio)", mientras que estalla la deuda interna, contraída por las administraciones descentralizadas que son parte de la batalla política, que "se proyecta como un costo económico elevado, el mismo que se expresaría en un incremento del servicio y podría agudizarse a partir del 2012, cuando el Gobierno inicie el reembolso del capital de la deuda contraída con las Administradoras de Fondos de Pensiones", con posibles efectos alarmantes sobre las jubilaciones futuras (CEDLA).
La construcción del "capitalismo andino", el pacto entre socios que el gobierno quería impulsar con la burguesía nacional y las transnacionales para desarrollar el país, es un barco que hace agua por todos los costados. No hay inversión productiva interna y la única inversión extranjera persigue como siempre los objetivos del saqueo. Recordando la continua escasez de combustible en el país exportador de gas y sin dar otras cifras solo basta citar un ejemplo más: la construcción de la carretera Potosí - Tarija era ejecutada como decíamos por una empresa de Brasil, la Queiroz Galvao, con un crédito especial otorgado por el mismo país vecino (el Proex). El embajador de Brasil ha declarado que "el crédito Proex se va junto con Queiroz Galvao" (La Razon - 19/9/07). Como en Venezuela, la única inversión programada es por el Estado, precisamente con la ayuda del gobierno de Caracas.
Como el mismo Morales en su último discurso publico en Cochabamba tuvo que admitir "no hay plata para atender todas las justas demandas de las organizaciones sociales", o sea no hay plata para los jubilados que amenazan con entrar en huelga de hambre, no hay plata para los trabajadores de la empresa de Almacenes de la Aduana Nacional, que están en pie de lucha pidiendo la nacionalización de su empresa, no hay plata para adecuar los sueldos a la inflación. Pero era justamente por este motivo que surgió la Agenda de Octubre, cuyo significado era y es "la plata está en nuestros recursos naturales y en nuestras empresas capitalizadas".
La misma reforma agraria arriesga con quedarse en papel o simplemente no cumplir con los objetivo de la base social del MAS. En esta semana hubo un bloqueo en la carretera Oruro - La Paz protagonizado por organizaciones campesinas de gran tradición de lucha como la Federación Tupaj Katari y el Movimiento Sin Tierra. Estas son la declaraciones de sus dirigentes publicadas por La Razon del 19/9/07: "están dotando de tierras a muertos y a los bebes que recién van a nacer, hay corrupción en el saneamiento"; "solo dan titulación a las Tierras Comunitarias de Origen donde hay miles de hectáreas para pocas familias, lo que está ocasionando latifundistas indígenas". La postura de estas organizaciones se puede ver claramente en las declaraciones hechas a Radio Panamericana por sus dirigentes: exigiendo la renuncia de la Ministra del Desarrollo Rural, se dirigían a Evo pidiendo textualmente que se libere de toda la ala derecha de su gobierno, expresando no solo gran instinto de clase, sino también la confianza en la posibilidad de seguir presionando el gobierno.
Así en Potosí campesinos en la comunidad de Santa Lucia piden al Prefecto masista que les entregue 50 hectáreas de la hacienda La Cayara, mientras que en Santa Cruz un conflicto armado por tierra cerca de San Julián, ciudad gobernada por el MAS, dejó varios heridos. Lamentablemente ni el mismo proyecto de la nueva Constitución elaborado por el MAS ayuda a solucionar el problema de la tierra, en la medida que reconoce la propiedad privada que cumpla con "una función social", cosa que (como analizamos en un articulo del año pasado ¡Defender y profundizar la revolución en Bolivia!) significa simplemente mantener las cosas casi como están, mantener el déficit productivo de un país con grave insuficiencia alimenticia y una agricultura en su mayoría extensiva y orientada a la exportación. Por no hablar de la cuestión del control y de la participación social, que en la propuesta del MAS deviene un borrador de la Ley de Participación Popular, con la creación de un organismo, el Congreso Social Plurinacional, meramente consultivo y sin verdaderos poderes.
...y del movimiento obrero
Éstas son las razones objetivas de la decepción en el movimiento obrero y de la impaciencia en el campesinado. El único recurso para el gobierno para revertir la actual situación sería dar un poderoso giro a la izquierda, apoyarse en el movimiento de masas, acelerando la nacionalización de las capitalizadas como ENTEL, ENDE y ENFE (teléfonos, electricidad y ferrocarriles), los planes de industrialización programados con Venezuela, la reforma de las jubilaciones y la institución del seguro sanitario universal que garantice atención medica a todos y una verdadera reforma agraria, sacando plata y capacitación técnica de sus riquezas naturales (gas y minerales, como estaba planteado en la Agenda de Octubre), del ALBA y del ayuda de Venezuela y Cuba. Tendría que seguir el ejemplo de Huanuni para hacer renacer a COMIBOL e impedir que el auge de la minería se convierta en fuerza para la oposición y nuevo saqueo, a través de los contratos de riesgo compartido que muchas cooperativas mineras suscribieron con transnacionales del sector.
En caso contrario, como dijimos hace tiempo, el ciclo de lucha que encontró en el MAS su referente político no tiene otra alternativa que acabar, sea por las vía democráticas o mediante un golpe, con una derrota para todos los trabajadores de Bolivia, que tendrían primero que recuperarse de la derrota antes de poder volver a la carga. Por esto el movimiento obrero no puede mantenerse al margen, abstenerse de la actual batalla. Una movilización de masas de carácter nacional con reivindicaciones de carácter social podría revertir la situación, y quitarle a la derecha la escena y el apoyo de las capas medias de la sociedad, así como en pasado las movilizaciones de mayo-junio 2005 oscurecieron el cabildo autonomista de Santa Cruz.
El movimiento obrero organizado, la COB, o sus federaciones mas combativas, deberían dirigirse al gobierno, dirigirse a Evo Morales, proponer a él un frente para defender, cambiar y profundizar el rumbo de la revolución, con un programa que recupere el verdadero sentido de la Agenda de Octubre, pidiendo que se rompa con el ala derecha de su gabinete, y que la dirección política del proceso revolucionario vuelva a los trabajadores y campesinos, a las asambleas populares como única vía para cumplir con las expectativas de cambio que se ponían en la Constituyente, y de verdad unir el país mas allá del localismo fomentado por la derecha. Esto permitiría ganarse una audiencia y hacer palanca en la izquierda del MAS, en el malestar de los asambleístas, y ganarse la confianza de los movimientos indígenas y campesinos que son la última base social organizada del gobierno.
Un ejemplo interesante en este sentido es el ofrecido por los mineros asalariados, cuya organización (la gloriosa FSTMB) firmó un documento con las organizaciones campesinas cercanas al MAS que fueron a Sucre, en el cual se llama a conformar comités populares en todo el país en defensa de la Constituyente y de su espíritu. El documento en sí no ofrece un balance crítico de la política del MAS, pero si de verdad se trabajara para conformar estos comités eso sería un importante paso adelante. En efecto comités de obreros, campesinos, indígenas, que surgieran necesariamente en defensa no del contenedor sino del contenido, o sea de los cambios que todos se esperaban de la Constituyente (salud, tierra, trabajo, instrucción), podrían hacer superflua la misma Asamblea, sobrepasada por organismos de verdadero poder y democracia obrera, producto de la misma lucha contra la burguesía y al imperialismo.
Es posible que propuestas como esta se queden en nada, no solo por la política de los García Linera, sino también por la falta de una dirección consciente del proletariado, que nazca compartiendo plenamente análisis y perspectivas y sepa estar conectar con la conciencia y la expresión de la lucha de clases, para conducir con la mas gran flexibilidad táctica los asalariados a conquistar la confianza de la mayoría campesina y acabar con el capitalismo. Organizar los revolucionarios entorno a esta necesidad es el reto más importante ahora: la evolución de los acontecimiento solo demuestra que nuestro tiempo no es indefinido.