El Gobierno ha decretado por primera vez, desde el final de la dictadura, el estado de alarma ante el abandono de los puestos de trabajo de los controladores aéreos.

El decreto es un serio aviso ante huelgas futuras.

El decreto se justifica a sí mismo de la siguiente manera, aludiendo al derecho constitucional a la libre circulación:

“(…) la situación desencadenada por el abandono de sus obligaciones por parte de los controladores civiles de tránsito aéreo, impide el ejercicio del derecho fundamental mencionado y determinan la paralización de un servicio público esencial para la sociedad como lo es el Servicio de transporte aéreo. Todo ello constituye, sin duda, una calamidad pública de enorme magnitud por (...) la gravedad de los perjuicios causados.

“Para recuperar la normalidad  (...) y habiendo fracasado todos los Intentos para poner fin a la situación de catástrofe pública existente, es indispensable proceder a la declaración del Estado de Alarma.” (Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo.)

Independientemente de lo errores cometido por los controladores, independientemente de que ellos sean un sector de asalariados privilegiados por ahora en sus condiciones económicas en relación a la media de los trabajadores, esta es una argumentación  peligrosísima que se saca ahora en este contexto de recortes, para ser utilizada en el próximo periodo contra la clase trabajadora, en contra de cualquier huelga legítima, como ya amenazaron con hacer con la huelga del Metro de Madrid a principios del último verano.

El origen de este conflicto está en el acuerdo por el cual se fija un máximo de 1670 horas de Trabajo anual para los controladores, para impedir el abuso de horas extras.  Pero el hecho, es que muchos controladores, por ejemplo en Galicia, ya habían agotado este tope.

Ante esto, el Gobierno aprueba el decreto por el cual  se  excluyen del cálculo de horas trabajadas  anuales  las bajas por enfermedad, los permisos sindicales y familiares. Al mismo tiempo, y como amenaza, aprueba la posibilidad de  militarizar a los controladores, impidiéndoles el derecho a la huelga bajo pena de caer en el delito de sedición al imponerles el código militar.

Todo esto ocurre a pocas horas del anuncio de la privatización de los aeropuertos. Para que los aeropuertos sean apetecibles para alguna multinacional es necesario que sean rentables. Para ello, qué mejor manera de mandar el mensaje de que no se tolerarán ningún tipo de protestas en los aeropuertos. Además, no podemos olvidar el precedente del juicio contra los trabajadores de tierra que hace varios años ocuparon las pistas del aeropuerto del Prat de LLobregat. Nosotros preguntamos: ahora que van a ser privatizados estos aeropuertos, de el Prat y Barajas, ¿Qué sucede AHORA si CC.OO. y UGT convocan huelga en AENA contra la privatización de estos aeropuertos?

Durante años los controladores han sido un sector privilegiado. Los diferentes gobiernos les habían concedido muchas de sus reivindicaciones. Es un sindicato corporativo, aparte de los sindicatos con carácter de clase. Los dirigentes de este sindicato de controladores, nunca se han vinculado al conjunto de los trabajadores y ellos mismo se consideran un sector aparte.

¿Y por qué precisamente ahora, al inicio del Puente, donde se sabe que habrá muchísimo más tráfico aéreo, el Gobierno aprueba este decreto, que es una auténtica provocación para los controladores?

Precisamente por el hecho de que los controladores nunca han buscado el apoyo del resto de trabajadores, sabían que las medidas de mano dura, tendrían apoyo entre la población, incluido  el estado de alarma por primera vez desde la caída de la dictadura. Así el gobierno aparecería como defensor de los intereses de los ciudadanos y extendería una cortina de humo ante la privatización de los aeropuertos.

Los controladores simplemente abandonaron sus puestos de Trabajo, dejando atrapados a miles de viajeros, ante la provocación del gobierno.

No podemos caer en la trampa de la cortina de humo. Lo esencial es que el Gobierno ha anunciado la privatización de los aeropuertos, que tendrá que hacerlos rentables; ha aplicado unilateralmente un cálculo de las horas de Trabajo que excluye las bajas por enfermedad (¡es decir hay que recuperar las horas perdidas por enfermedad!) y las horas sindicales; han impuesto por decreto una modificación de un convenio; y por ultimo ha enviado a la policía y al ejército para acabar con una huelga.

Es un grave precedente. Ya, durante la huelga de trabajadores de metro, Rubalcaba amenazó con utilizar a la policía para acabar con la huelga. Se avecina un periodo en que los sindicatos se verán obligados a contestar a las contra reformas previstas por el gobierno.

¿Qué garantía tenemos que la misma argumentación no sea utilizada contra los trabajadores de metro o autobuses para garantizar el “derecho constitucional  a la libre circulación”? ¿O para prohibir una huelga de profesores para “garantizar el derecho a la educación”?

Si algún derecho reconocido en la Constitución se vulnera, es el derecho al Trabajo de  los millones de parados, o el derecho a la vivienda. El único estado de alarma que vivimos los trabajadores es el originado por hechos lamentables como los ocurridos a las 300.000 familias trabajadores que han sido desahuciadas; o los 1’6 millones de trabajadores que habrá en febrero de 2011 que se van a quedar sin NINGÚN tipo de ayuda con el reciente decreto aprobado por el Gobierno. Para garantizar el derecho al trabajo contra los despidos y cierres patronales sí que se necesitan leyes y decretos, que no deben ser de excepción, sino la política cotidiana que debe practicar un gobierno que se llama socialista.

Lo extremadamente peligroso de la situación estriba en que esto crea un precedente. Mañana el PP en el Gobierno, se basará en lo ya hecho por el gobierno del PSOE para amplificarlo contra el conjunto de la clase trabajadora.

Fuente: Corriente Marxista Internacional (Estado Español)