El Tribunal Supremo de Venezuela legitima un golpe en el partido Patria Para Todos

El 21 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) resolvió deponer la actual dirección de Patria Para Todos (PPT), otorgándole el control legal del partido a una facción minoritaria. Este es otro caso escandaloso de intervención estatal en los asuntos de las organizaciones de izquierda, que solo puede interpretarse como una respuesta a la formación de la Alternativa Popular Revolucionaria, que se va a presentar a las elecciones de diciembre a la Asamblea Nacional.

A principios de agosto, una serie de partidos y organizaciones de izquierda anunciaron la creación de la Alternativa Popular Revolucionaria, entre ellos se encontraban el Partido Comunista (PCV), Patria Para Todos (PPT), el Partido Revolucionario del Trabajo (PRT), la sección venezolana de la CMI Lucha de Clases y otros. El objetivo era disputar las elecciones a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre independientemente del PSUV y sobre la base de un programa de defensa de los intereses de los trabajadores y campesinos y contra el imperialismo. Tanto el PCV como el PPT habían estado previamente en alianza (GPP) con el PSUV y se presentaron conjuntamente a este en las elecciones, incluyendo en las presidenciales de 2018.

La decisión de lanzar la APR contaba con la oposición del ala de derechas del PPT, adaptada por completo a las políticas de la dirección del PSUV y el gobierno. Después de que ya el PPT había tomado la decisión de lanzar la APR, a finales de julio, este sector, liderado por Ileana Medina y William Rodríguez, mantuvo una reunión secreta con Jorge Rodríguez, de la cúpula del PSUV, para discutir un posible apoyo del PPT al PSUV en las elecciones de diciembre. La reunión fue un caso escandaloso de negociación por cargos. Cuando Jorge Rodríguez les preguntó qué pedían a cambio, los dos representantes de la derecha del PPT respondieron que ¡querían 18 postulaciones a diputado a la Asamblea Nacional con sus suplentes! Jorge Rodríguez respondió que eso significaba el 7% de los diputados bolivarianos de la AN y que eso era “mucho”. Pero luego, en una llamada posterior, Rodríguez le pidió a Ileana Medina “que enviara una lista de postulantes”. La discusión no era sobre política sino sobre diputados en la asamblea.

Posteriormente, el jueves 20 de agosto, la derecha del PPT presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo de Justicia. La alegación era que se había roto el proceso interno de toma de decisiones en el partido, dónde se supone que la dirección debe tomar decisiones por consenso, pero en este caso lo hicieron por mayoría. Lo cierto del caso es que esta oposición de derecha interna es minoría en la dirección nacional y en las filas del partido en su conjunto, que celebrará su asamblea nacional dentro de un mes.

Increíblemente, el TSJ dictaminó en 24 horas la suspensión de la Dirección Nacional del PPT y nombró una Junta Directiva Ad Hoc para hacerse cargo del partido. La Directiva ad hoc está integrada exclusivamente por quienes interpusieron la denuncia y tiene control de “la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores” del PPT. Ésta es la cuestión crucial. Para poder inscribir candidatos para las elecciones de diciembre, los partidos deben tener su tarjeta electoral vigente. Ahora los candidatos del PPT que se habían inscrito provisionalmente serán declarados nulos, impidiendo así que el PPT forme parte oficialmente de la Alternativa Popular Revolucionaria. Además, si no se revierte la situación, la derecha del PPT, ahora al mando, llegará a una alianza con el PSUV, y así todos los que voten por el PPT en las elecciones estarán dando sus votos a esa alianza y no a la dirección legítima del partido.

Este tipo de trucos legales ya se utilizaron contra candidatos revolucionarios de izquierda en las elecciones de concejos locales de diciembre de 2017.

Además de esto, en otros dos partidos de izquierda se han dado golpes a favor de fracciones minoritarias a través de la intervención del TSJ. El 18 de agosto, el TSJ destituyó a la dirección electa de Tupamaros (MRT), partido que forma parte del gobierno, y nombró una junta directiva ad-hoc bajo el control de un grupo rival. El conflicto en los Tupamaros se da entre los simpatizantes de Hipólito Abreu (ministro de Transportes) que favorecen una alianza más estrecha con el PSUV y apoyan las políticas del gobierno, y quienes tener una línea más crítica. La Dirección Nacional del partido en enero derrotó a los partidarios de Abreu. El TSJ ha depuesto ahora esa dirección y entregado el partido a Williams Benavides, diputado de la asamblea nacional por el PSUV y partidario del ministro Abreu. También ha habido intervención estatal en el caso de la UPV (el partido de la fallecida Lina Ron). En ambos casos, la dirección de estos partidos ha perdido el control de su tarjeta electoral. La UPV (ahora bajo el nombre de Somos Lina) se ha sumado a la APR, mientras que Tupamaros hasta ahora ha declinado pero estaba considerando presentar sus propios candidatos independientes.

Luego de que se tomaron estas decisiones judiciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que posponía el plazo del 19 de agosto para la inscripción de candidatos a las elecciones de diciembre hasta el 26 de agosto. Esto, por supuesto, permitirá a las Juntas Ad Hoc recién impuestas tanto del PPT y Tupamaros, inscribir a sus propios candidatos y llegar a acuerdos con el PSUV.

Además, el Partido Comunista emitió un comunicado público denunciando que el 18 de agosto la policía secreta SEBIN acudió a la sede del Partido Comunista en Puerto Cabello, en un operativo que calificó de “rutina”. El PCV advirtió que “no se dejarían intimidar”.

El 19 de agosto Rafael Uzcátegui, secretario general del PPT, había sido invitado a una entrevista en el canal de televisión Globovisión. La entrevista fue cancelada en el último minuto sin ninguna explicación.

Es difícil no sacar la conclusión de todo esto que el aparato estatal está actuando para evitar o dificultar que la APR se presente a las elecciones y que lo haga en pie de igualdad. Este es un escándalo total y una violación de las reglas democráticas básicas. En primer lugar, las organizaciones de izquierda y de la clase trabajadora deberían estar libres de la intervención estatal en sus asuntos internos. En segundo lugar, la intervención es completamente antidemocrática ya que depone a un liderazgo electo a favor de un grupo minoritario. Finalmente, la intervención tiene una clara motivación política, pues depone a quienes favorecen una línea crítica e independiente del PSUV y del gobierno.

La dirección nacional del PPT ha emitido un comunicado pidiendo el apoyo y la solidaridad de los partidos y organizaciones de izquierda a nivel internacional. La Corriente Marxista Internacional desea expresar nuestra más enérgica condena a las acciones del TSJ y exigimos la revocación inmediata de esta decisión antidemocrática. Enviamos un saludo solidario y revolucionario a la dirección nacional electa del PPT y a su secretario general Rafael Uzcátegui.

La lucha por construir una alternativa revolucionaria en Venezuela, para luchar en defensa de los derechos de los trabajadores, por la reforma agraria, por el socialismo y contra el imperialismo continúa, independientemente de las amenazas y la intervención estatal.