Entrevistamos a Nuria, representante sindical de LAB del sector de residencias de Araba – Las residencias de ancianos son uno de los puntos más dramáticos de expresión de la pandemia de coronavirus. Según algunos medios, 3.000 de los 10.000 fallecidos actualmente en todo el Estado son ancianos de residencias. Y en la Comunidad de Madrid lo son la mitad de los fallecidos, según los últimos datos publicados.

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Las residencias de ancianos son sin lugar a dudas uno de los puntos más dramáticos de expresión de la pandemia de coronavirus que estamos sufriendo. La situación en la comunidad de Madrid especialmente, muestra con total claridad la magnitud del problema, a día 26 de marzo, último día en que han hecho público datos, el 50% de los 2.090 muertos registrados en Madrid procedían de residencias de ancianos, llegando a ser necesaria la intervención del ejército que llegó a encontrar cadáveres abandonados. Hoy, La Sexta mencionó un informe estremecedor según el cual 3.000 de los 10.000 fallecidos a día de hoy en todo el Estado son ancianos procedentes de dichas residencias.

¿Por qué ocurre todo esto? Los residentes, es cierto, son seres más vulnerables, con edades avanzadas, dependientes en muchos casos, con enfermedades derivadas de una vida de trabajo en condiciones penosas. Me vienen a la memoria, por ejemplo, los trabajadores expuestos durante años sin protección al amianto o a otras sustancias en su vida profesional con problemas respiratorios. El contagio por el coronavirus será letal para ellos. Pero esta vulnerabilidad no es una respuesta suficiente para saber por qué se están diezmando las residencias de ancianos en esta pandemia.

Las residencias en todo el estado son la inmensa mayoría de propiedad privada ¿Tienes constancia de que eso sea así? Entiendo que sí, según los datos que da el IMSERSO, de las 5.457 residencias que hay en España, cerca del 75% son de titularidad privada, lo que viene a significar que hay más de 4.000 centros pertenecientes al sector privado y unas 1.400 el número de residencias públicas. Es también notorio el interés de las empresas del sector por invertir en residencias, hay varios grupos como Sanitas, Caser, Vitalitas, Colisee, Domus VI, -grupo francés que gestiona 198 residencias con 25.000 residentes-, que no hacen más que comprar centros. Según la consultora DBK, en 2019 el negocio de la atención a mayores movió 4.500 millones de euros y no deja de aumentar.

¿En Araba y en Euskadi la situación es parecida al resto del Estado? En Gipuzkoa y Bizkaia las residencias son más grandes, la mayoría están por encima de 100 usuarios, y mayoritariamente son privadas o concertadas. Estas también tienen mejores condiciones laborales, tienen 200 horas menos al año y cobran casi 500€ más al mes. En Araba hay varias residencias públicas y un montón de privadas, el 85% de las residencias privadas son menores de 50 plazas y de ese porcentaje la mitad tiene menos de 30 plazas, ahí están incluidas las viviendas comunitarias. Las residencias grandes están gestionadas por las empresas arriba citadas y las pequeñas o las viviendas comunitarias son pequeñas empresas o negocios familiares.

¿Cuáles son las condiciones de trabajo en las residencias públicas y especialmente en las privadas? En las residencias públicas existen todas las categorías profesionales, se exige titulación y cada categoría hace sus funciones y el salario de una gerocultora, trabajando a turnos, es de unos 2000 € mensuales.

En las residencias privadas hay que distinguir entre aquellas que tienen plazas concertadas o no. A las primeras la Diputación les exige titulación y a las segundas un certificado de profesionalidad que muchas veces ni lo piden.

Las residencias privadas de más de 50 residentes suelen tener todas las categorías profesionales tales como médico, fisio, trabajador social, enfermera; eso sí, con menos horas de contrato y más trabajo que la pública y eso tiene sus consecuencias. La auxiliar de enfermería por ejemplo es la que administra la medicación porque la enfermera no tiene tiempo por la ratio de enfermos.

En las residencias privadas con menos de 50 plazas, los servicios como médico, enfermería, si lo tienen, es por horas a la semana y las categorías están contratadas por menos horas, con lo que los servicios son peores, algunas no tienen ni servicio diario.

En las viviendas comunitarias, con un número de usuarios de 14 como máximo, los servicios son todavía menores, la enfermera suele venir del centro de salud más cercano.

Las personas trabajadoras de las residencias son la mayoría mujeres, en muchos casos mujeres inmigrantes, y sus contratos y condiciones rozan la ilegalidad, pero no pueden denunciar porque con ese dinero vive su familia aquí y ayudan a la de su país.

Los salarios de las trabajadoras del sector privado en Araba es de 997€ brutos al mes, en algunas se cobra más, pero no mucho más y la jornada laboral en la mayoría es de 1792 horas anuales.

¿Cómo se desarrolla la jornada de trabajo en la residencia? La jornada de trabajo es muy intensa, hay que levantar, asear, duchar, medicar, hacer las camas, llevar al usuario al baño, primer turno de comida con los no válidos, segundo turno de comida con los válidos, así seguimos por la tarde sin parar hasta la cena. Por la noche, en el 90% de los casos solo hay una persona, que pone lavadoras, plancha y limpia las zonas comunes, dos veces por turno hace rondas y cambios posturales a quien lo tenga pautado y prepara los desayunos para que solo haya que añadir la leche. Sobre el papel puede parecer poco, pero en muchas residencias privadas entran a trabajar a las 7 y empiezan a levantar a esa hora y solo están dos para 20 o incluso 30 residentes que levantar y asear. En comparación las residencias públicas para hacer el mismo trabajo, cuentan con 6 o 7 trabajadoras.

Ana Sastre, delegada de ELA describe a El Salto gráficamente su trabajo: “Nuestro trabajo diario empieza con estrés” –lamenta– “tenemos 15 minutos por persona, en ese tiempo tienes que levantar la persiana, darle los buenos días, ayudarle a despertarse, levantarla, llevarla al aseo, limpiarle, vestirle y en el caso de los hombres afeitarle, vamos siempre corriendo y la palabra mágica es: espera.”

¿Cómo os está afectando en vuestro trabajo la pandemia de coronavirus, tanto en las residencias como en el servicio de ayuda a domicilio? En ambos sectores ha quedado claro que la privatización por parte de las instituciones no ha hecho más que precarizar estos sectores, los ratios -número de residentes por trabajadora-, lo dejan muy claro. Los centros tienen más carga de trabajo ya que hay que extremar la precaución y la higiene, todo esto con el mismo personal o incluso con menos, ya que las trabajadoras están enfermando y en esta situación de pandemia no hay trabajadoras disponibles. Los protocolos son muy genéricos y no hay medios materiales para combatir el contagio. El ejemplo más claro es la residencia privada de Sanitas donde han fallecido 18 residentes y se han contagiado decenas de familiares y trabajadoras.

En cuanto al Servicio de Ayuda a Domicilio, SAD, es peor todavía ya que van de casa en casa y sólo tienen una o dos batas y un juego de zapatos para ir por todas las casas y unos guantes de vinilo, ayer una empresa repartió mascarillas de papel, unas ocho unidades de un solo uso, para que las usen y reutilicen, otras ni eso.

Si la situación de precariedad y sobrecarga desde hace años ha provocado movilizaciones para dignificar nuestras condiciones de trabajo y con ello la de los residentes, en esta situación de pandemia se pone de manifiesto que la precariedad, la ausencia de materiales de protección, tiene efectos letales sobre los ancianos, sobre las trabajadoras y nuestras familias.

¿Cómo afecta a las trabajadoras esta situación? Las trabajadoras de ambos sectores están asustadas, tienen miedo de contagiarse y de contagiar a otras personas, ya sean residentes o a sus familiares. Quiero subrayar la gran preocupación que transmiten debido a la responsabilidad que asumen al hacer el trabajo sin medios, de forma precaria.

Hay residentes que se han contagiado, incluso han muerto, pero cuando una persona está bien y esto ocurre, no tiene sentimiento de culpabilidad ya que las cosas las has hecho bien, tienen pena, pero no se sienten culpables de esa muerte. Pero en estos momentos, sobrepasadas de trabajo, sin medios, cansadas, cuando esas personas enferman o fallecen, se sienten culpables. Esto me están contando la última semana, me llaman llorando por el sentimiento de culpa que tienen. Están aguantando una gran carga mental.

La atención a los ancianos, más en situación de dependencia, es una necesidad social ¿Cuál es el precio que pagan los residentes al mes? En las concertadas el precio lo pone Diputación, las privadas pueden poner el precio que quieran.

Hay residencias desde los 2.000€ mensuales la habitación compartida, hasta los 3.000€ o más por una habitación individual.

Ejemplo de cómo se usa el dinero público para este fin: residencia Pablo Neruda, pública con gestión privada. La Diputación paga a la empresa 148,01€ más IVA por día y residente, resultando una cantidad mensual aproximada de 5.500€. Una residencia pública bien dotada de trabajadores y medios, le cuesta a la Diputación según su página web, 6.000€ mensuales por plaza; una diferencia de 500€/mes. Sin embargo, los salarios de las trabajadoras de las residencias de gestión privada como esta de Pablo Neruda, que atienden más ancianos y trabajan más horas que las de la pública, cobran 800€ menos al mes. Sobran los comentarios sobre cómo se extraen los beneficios y donde está el negocio.

Los defensores de la atención a la Dependencia como servicio público, afirman, que la Diputación, con plenas competencias en la materia, no ha creado ni una sola plaza en las residencias públicas, en los últimos 21 años ¿Es cierto? Sí, es verdad, lo que hacen es concertar plazas en residencias privadas. Incluso el Ayuntamiento ha reducido plazas, transformando la residencia de los Arquillos en un comedor social.

La carencia de plazas públicas y el coste elevado para las familias trabajadoras nos lleva a que, según el Observatorio de la Ley de Dependencia, el 30,7% del total de prestaciones que otorga el Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia son a la realización de cuidados en el entorno familiar, una ayuda que en ningún caso supera los 500€, frente al 18% que opta por el servicio de ayuda a domicilio y el 13% por residencias.

Esta pandemia y su impacto sobre las residencias ha sacado a la luz una situación anómala que las trabajadoras, el 90% mujeres, conocían perfectamente y luchaban por transformar con el apoyo de los familiares, del movimiento pensionista y de la sociedad. Los grupos económicos y empresas que mercantilizan esta necesidad social, manifiestan el desprecio al trabajo de cuidados, realizados tradicionalmente gratis en casa por las mujeres. Las luchas como la de las residencias de Bizkaia, después de una huelga larga, consiguieron dar un paso adelante y dignificaron sus condiciones, la larga huelga que sostienen las trabajadoras guipuzcoanas se ha suspendido por la pandemia, pero su determinación augura que conseguirán sus objetivos. Las trabajadoras de Araba también siguen el mismo camino de lucha.

Los ancianos muertos en esta pandemia, ponen en evidencia la consideración que el capital y sus representantes políticos tienen de los ancianos. Hemos escuchado declaraciones de representantes como Cristine Lagarde del Banco Central Europeo, que manifestaban que la tercera edad es un problema porque vivimos demasiado, cobramos pensiones, demandamos servicios públicos y somos un problema económico, gastamos recursos y no somos productivos.

Después de una vida de trabajo, la mayoría de las veces en malas condiciones, nos convertimos en seres dependientes, necesitados de ayuda. Un listón para medir el grado de civilización y desarrollo de una sociedad es cómo trata a los ancianos y a los niños. La garantía pública de un disfrute en condiciones dignas de la última etapa de la vida constituye un derecho social irrenunciable. Sin embargo, el capital, con la connivencia de sus representantes políticos ha hecho de esta necesidad social un negocio muy lucrativo que se basa en tres pilares: la explotación de las trabajadoras, el robo y maltrato a los ancianos, y el expolio de las arcas públicas. La pandemia ha hecho visible este siniestro negocio y sus terribles secuelas y señalado a sus responsables. Trabajadores y expertos advierten que, “las muertes en las residencias son la punta del iceberg de un sistema de cuidados que prioriza lo económico sobre los derechos de las personas hacia el final de sus vidas”.

Como afirma Raúl Camargo, diputado de Podemos en la Comunidad de Madrid en la anterior legislatura y estudioso del tema, en su entrevista a El Salto: “Todo lo que está saliendo a la luz ahora es dantesco, pero puede salir aún más”.

Intervención y pase a la red pública de todas las residencias que han recibido dinero público.

Equiparación de las condiciones de trabajo y salario con el sector público.

Cierre de todas las residencias privadas que no reúnan condiciones dignas indispensables ni laborales para las trabajadoras, e incorporación de residentes y trabajadoras a una instalación pública.

Creación de las plazas públicas suficientes para atender las necesidades sociales.