Cuando se amotina el sector decisivo del aparato represivo del Estado, el peligro que la situación precipite hacia escenarios golpistas está siempre presente, que lo quieran o no los centenares de policías de bases que en estas horas han protagonizado manifestaciones, huelgas, tomas de instituciones y recinto policiales. Ante esta situación es urgente que todas las organizaciones sindicales y sociales se declaren en estado de emergencia preparándose activamente a la movilización.

Declaración de la Corriente Marxista Internacional ante el motín policial en acto en el país.

Este conflicto se venía venir desde hace meses y semanas. Hay evidentemente molestia en sectores de la jerarquía policial que han fomentado y animado el conflicto, en respuesta a actos considerados lesivos de la institución verde olivo. Actos como la conformación del servicio civil de identificación personal, antes asignado a la policía, el nombramiento de un comandante, ex jefe de inteligencia del banzerismo, que no sale de la ANAPOL, el escándalo de los cadetes en esta misma institución y finalmente la presencia de oficiales de la policía al último Congreso del MAS, en violación a la misma norma disciplinaria dictada por el actual gobierno (Ley 101). Es una señal de alarma que debe alertar y mantener la vigilancia alta entre las organizaciones y movimientos sociales y sindicales.

La tropa se está movilizando por un tema económico salarial y por la abrogación de la Ley 101, promulgada en 2011, que dicta las normas disciplinarias internas a la institución. Como reconocido por el mismo gobierno, la reivindicación económica de los policías de base es absolutamente legitima. La cuestión salarial y del empleo digno es una bomba a tiempo que periódicamente vuelve a activarse en todos los sectores.

En un país donde la cuota mayor de la riqueza sigue siendo acaparada por multinacionales, bancos privados, terratenientes y empresarios nacionales, el terreno salarial y del empleo digno siguen siendo el flanco descubierto del proceso entre las masas. Es necesaria una política salarial que, agrediendo los privilegios de multinacionales, bancos y empresarios, se base en las necesidades reales del pueblo y un efectivo control de los precios, la producción y la comercialización de los bienes de consumo de la canasta básica.

Los policías amotinados exigen nivelación salarial a los militares. Este es otro nervio doliente. Como hemos señalado hace tiempo, la política del gobierno hacia las FFAA ha cultivado privilegios e impunidad, obteniendo a cambio un consenso oportunista que alimenta resentimientos en todos los demás sectores y de ninguna manera “estabiliza” las FFA a lado del proceso. Anteriormente ya mineros y otros sectores laborales habían denunciado los privilegios de que gozan los oficiales militares.

Los militares de profesión son entre los mejores pagados del país, los únicos que tienen el derecho de jubilarse con el 100% del salario. Solo el proceso promovido por los familiares de las victimas de Octubre tiene condenados entre las jerarquías militares. La historia de dictaduras y luchas del siglo pasado sigue siendo ocultada tras la protección mutua en las jerarquías militares. A cambio de todo esto hemos visto los altos mandos militares ordenar el acuartelamiento cuando el Presidente le pedía salir en defensa del pueblo y las instituciones públicas durante el intento de golpe de 2008 en el Oriente.

La misma Ley 101 del Régimen Disciplinario es una ley que defiende las jerarquías y sus abusos frente a la tropa, sin conceder a esta ultima ningún derecho de ninguna naturaleza. Esta es también la razón por la cual el acuerdo suscrito entre dirigentes de asociaciones de policías y de sus esposas, es rechazado en todo el país por los policías de base amotinados. No existe una verdadera representación democrática para ellos, lo cual inevitablemente fortalece a las jerarquías y debilita el proceso, cuya vitalidad es las bases de los diferentes sectores, exponiéndolo siempre a la eventualidad de escenarios golpistas.

La Ley 101 debe ser radicalmente modificada. La política del gobierno hacia las FFAA y la policía debe acabar de basarse en la concesión de privilegios a los oficiales de alto rango, para consolidar en cambio el apoyo y la participación de las tropas, reconociendo su posibilidad de organización democrática y sindical y fortaleciendo su capacidad de control sobre las jerarquías altas.

Es necesario reconocer a las tropas derechos democráticos y políticos como el derecho de Asamblea, sindicato, asociación, prensa y afiliación política; reducción salarial para los altos oficiales y reajuste salarial para la tropa y los oficiales de rango inferior; posibilidad de impugnar las sanciones antes de que estas sean cumplidas.

El gobierno, como ya ha declarado, debe reunirse con la comisión conformada por los policías de base amotinados y aceptar la mediación que le ofrece la Central Obrera Boliviana. A ellos debe ofrecer un cambio profundo, planificado y con la participación directa de los trabajadores, en las políticas salariales. A los policías de base además debe ofrecer la posibilidad de modificaciones profunda en el espíritu de la Ley 101 para que las tropas gocen de los derechos que esta ley le niega.

Source: El Militante (Bolivia)