Declaración de Lucha de Clases ante la sentencia del “Procés”

Lucha de Clases rechaza la sentencia del juicio al “Procés”, emitida por el Tribunal Supremo, que incluye penas de cárcel de 9 a 13 años e inhabilitación a ocupar cargo público, para los 9 presos políticos catalanes y otros 3 encausados. Esta sentencia muestra nuevamente el carácter autoritario del régimen monárquico del 78.

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Un juicio-farsa hasta el final

El juicio, como la instrucción previa, fue una farsa donde la condena ya estaba adoptada de antemano, y donde el Estado y su judicatura han retorcido sus propias leyes –comenzando por las propias acusaciones de rebelión y sedición, siguiendo por la filiación derechista y afín al PP tanto del juez instructor, Llarena, como del mismo presidente del tribunal, Marchena; continuando por el mantenimiento de la prisión provisional de los presos durante dos años; y terminando por el rechazo arbitrario de pruebas, vídeos y testimonios de testigos presentados por la defensa durante el juicio. De lo que se trataba era de asegurar una condena que fuera vista como ejemplarizante.

La misma difusión al público de esta sentencia ha sido una farsa, cuando 48 horas antes de su anuncio oficial fueron difundidos sus aspectos más relevantes, con una filtración operada desde las mismas filas del Tribunal Supremo –pues nadie más conocía, o debía conocer, su contenido– con un claro objetivo político: tratar de desactivar y desinflar la respuesta popular a la misma.

Los presos han sido condenados por sedición, figura delictiva heredada del código penal franquista y calcada a la letra en el actual código penal “democrático”. Este es un delito que implica un “levantamiento tumultuario”. Desde el punto de vista de los hechos juzgados para tal calificación: la movilización popular del 20 de septiembre y el día del referéndum 1 de Octubre, esto es completamente falso. El movimiento del 20 de septiembre fue una movilización popular desatada espontáneamente, tras semanas de provocaciones y abusos en las calles de las fuerzas policiales para impedir reuniones y difusión de propaganda sobre el referéndum. El 20 de septiembre la gente se agrupó alrededor de la Consellería de Economía para protestar y tratar de impedir el registro del edificio por la Guardia Civil, y no para ”tomar el poder” en Barcelona y proclamar la república catalana. Esa argumentación es producto de la mentalidad febril y policíaca de los magistrados del Supremo. Ambos Jordis (Sànchez y Cuixart) mostraron en todo momento una actitud pacífica y, de hecho, de apaciguamiento de la multitud. Y el 1-O simplemente hubo un referéndum popular ante los ojos policiales que no pudieron impedir por la masiva y ejemplar organización y participación que abarcó a más de 2 millones de personas que se enfrentaron con sus manos desnudas a una brutal represión policial.

Amenaza a los derechos democráticos en todo el Estado

En realidad, esta sentencia supone una grave amenaza para nuestros derechos democráticos en todo el Estado. Cualquier movilización de masas podría ser declarada mañana como “tumultuaria”, y cualquier juez derechista y reaccionario (la mayoría) podría acusar a sus convocantes de “sedición”, basándose en el precedente del juicio del Procés. Así, en la sentencia se dice expresamente que el 20 de septiembre se “desbordaron los límites constitucionales del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación”. Es ya un desatino hablar de “límites constitucionales” a unos derechos que, por definición constitucional son derechos fundamentales. Pero nos dice mucho de la mentalidad policíaca y represiva de los miembros del Tribunal Supremo.

La realidad es que no son estos políticos del Procés los que verdaderamente han sido juzgados, sino el referéndum del 1-O y la voluntad de todo un pueblo de querer ejercer el derecho a decidir su destino. El Estado necesita reafirmar su autoridad mediante un castigo ejemplar. No puede permitir ningún cuestionamiento a su supremacía y unidad. Y es que la “unidad nacional” forzosa es uno de los pilares del régimen del 78 y del capitalismo español. Históricamente, la débil y parasitaria clase dominante española sólo ha podido imponerse y asegurar la unidad de su Estado mediante la coacción y la violencia hacia las nacionalidades oprimidas, del mismo modo que sólo pudo defender su propiedad y privilegios sobre los explotados con el látigo de la represión y una dictadura sangrienta de 40 años. La clase dominante española sólo puede responder a las exigencias del derecho a la autodeterminación con un puño de hierro.

Por la unión voluntaria, no forzada

Nosotros, los marxistas, no estamos interesados en ninguna unión forzada entre los pueblos que componen el Estado español. Cada pueblo debería tener el derecho de decidir si quiere vivir en el mismo Estado que los demás, o hacerlo de manera independiente a través de un referéndum democrático. Justamente, ha sido la negación reiterada de ese derecho democrático básico, con amenazas de intervención del Ejército, lo que llevó a la única salida posible: que el pueblo catalán decidiera por sí mismo su futuro, y al margen del Estado.

Justamente, lo que divide y enfrenta es el sentimiento de opresión de un pueblo por otro y la unión forzada; lo que une y fortalece, es la decisión libremente adoptada de vivir juntos en pie de igualdad.

El 1-O nos parece una muestra maravillosa de desobediencia civil y de autoorganización popular que quedará como una de las grandes gestas populares de la historia española contemporánea. En su momento apoyamos incondicionalmente dicho referéndum – pues ningún otro era posible ante la oposición frontal del Estado– y también acatar su resultado: la independencia de Catalunya. Consideramos que una república catalana independiente sería un golpe decisivo al régimen monárquico del 78, nacido del pacto espurio entre la agonizante dictadura franquista y los entonces dirigentes del PCE y del PSOE, que entregaron la maravilla lucha revolucionaria de la clase obrera española contra el franquismo y sus sucesores, en aquellos años. No es baladí señalar que, hasta ese momento, PCE y PSOE defendían ambos el derecho de autodeterminación para las nacionalidades históricas del Estado español, que abandonaron desde entonces.

Una república catalana estimularía el desarrollo y avance de la lucha por una república española democrática, lo que empalmaría el movimiento republicano a ambas orillas del Ebro. En su momento apelamos, y lo seguimos haciendo, a que la clase obrera catalana se pusiera al frente del movimiento para otorgarle un carácter de clase y socialista a la república catalana que impulsara un desarrollo similar en el resto del Estado.

Las clases obreras catalana y española tienen una historia común de luchas y de organización libremente ejercidas, sin imposiciones. De hecho, durante décadas fueron los obreros catalanes quienes jugaron el papel rector y dirigente del conjunto de la clase obrera española. No nos cabe ninguna duda de que sobre una base socialista, sería posible establecer una federación voluntaria de repúblicas socialistas ibéricas que, para nosotros simplemente sería la antesala de una federación socialista europea y mundial.

El derecho de autodeterminación, como la república, una tarea revolucionaria

El aparato del Estado español nunca aceptará que el pueblo catalán pueda decidir libremente su destino. Como tampoco aceptará nunca un referéndum democrático sobre la monarquía, ni una depuración de fascistas y reaccionarios de dicho aparato (la judicatura, el Ejército, la policía y la Guardia Civil) que se ha mantenido, apenas sin cambios, desde los tiempos de la dictadura. De este corolario se deriva una conclusión crucial: en España el derecho a la autodeterminación, como los demás derechos democráticos nombrados, son tareas revolucionarias, que implican un enfrentamiento con un Estado imperialista y con el sistema capitalista sobre el que se sostiene.

Apelamos a los trabajadores españoles, a la juventud, a todos los sectores oprimidos y explotados por el capitalismo español y su reaccionario aparato de Estado neofranquista, y por supuesto a todas las organizaciones de izquierdas, sindicales y sociales, comenzando por Unidas Podemos, a salir a la calle y a defender a nuestros hermanos catalanes, por la libertad de los presos políticos, a oponernos a cualquier nuevo intento de represión, y a favor del derecho democrático de autodeterminación que le corresponde al pueblo catalán. Convirtamos la lucha solidaria por el derecho a decidir del pueblo catalán y por la libertad de los presos y la vuelta de los exiliados sin cargos, en la chispa que encienda la lucha general contra el régimen monárquico del 78 y por el inicio de la revolución ibérica.

¡Libertad de los presos políticos!

¡Movilización sostenida contra las sentencias!

¡Para conseguir la república hace falta una revolución!

¡Por la república socialista catalana, chispa de la revolución ibérica!