El gobierno del PP está impulsando en estos momentos varias leyes que intentan apuntalar en todos los ámbitos el modelo de sociedad que defiende la élite dominante. Pasamos a comentar algunas de ellas.
La LOMCE
La educativa LOMCE, contra la que nos estamos movilizando la comunidad educativa este Otoño, es la más conocida.
La ley legaliza la visión de la derecha en la enseñanza: como dice su articulado, “... la educación debe entenderse como motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país...” Esta filosofía se concreta en diferentes medidas, de las que detallamos algunas.
La LOMCE potencia aún más el que los institutos se empiecen a financiar gracias a la aportación privada. Separa tempranamente a los estudiantes en direcciones diferentes (“itinerarios”) antes de que acaben la Enseñanza Secundaria, sin dar opción en algunos casos a recibir el título de Secundaria. A los estudiantes que, con cada vez menos medios y profesores, fracasen tempranamente (en los barrios obreros el fracaso escolar más que duplica al de los barrios burgueses), se les orienta directamente al mercado laboral.
Se obliga a los centros públicos a llevar adelante las medidas que plantea la LOMCE a partir del próximo curso, entre las que se encuentran recortes de enseñanzas que ofertan. Mientras, los centros concertados no sufrirán ningún tipo de recorte en las unidades concertadas con la administración durante cuatro años (Secundaria) o seis (Primaria).
La reforma de la Administración Local
Una pata del proyecto del PP es la Reforma de la Administración local, que pretende hacer que desde el presente año se alcance el déficit 0 en los ayuntamientos, favoreciendo la privatización de los servicios municipales para alcanzar tan glorioso objetivo.
Para gastar menos, se liquida en la práctica la existencia de la estructura administrativa de las llamadas “entidades locales menores” (el engranaje administrativo de las pedanías pertenecientes a ayuntamientos más grandes), única forma en el medio rural de recibir una atención directa.
Se pretende también quitarles competencias a los ayuntamientos. Por ejemplo, se trasvasarán a las Diputaciones las prestaciones sociales propias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Otras competencias se traspasan a las comunidades autónomas, eso sí, sin incrementarle el presupuesto a estas otras administraciones, lo que va a conllevar una automática degradación del servicio prestado.
Ley del Aborto
El ministro Gallardón, ése que durante años se nos presentó como un “progre” por parte de medios como El País, juega un papel fundamental en algunos de los aspectos más retrógrados que prepara el PP. Uno de ellos es la Reforma de la Ley del Aborto.
Gallardón impulsa un proyecto que conlleva la desaparición de la Ley de Plazos del gobierno Zapatero, que posibilita ahora la interrupción del embarazo en las 14 primeras semanas (o de 22 semanas, en caso de peligro de malformación del feto), o que también permite el que puedan abortar las jóvenes desde los 16 años sin permiso paternal.
Se volvería a la “ley de supuestos”, que permite el aborto tan sólo en determinadas causas o “supuestos” reconocido. Pero ahora se elimina el derecho al aborto “en caso de malformación del feto”. No está tampoco claro que el supuesto “por causas socioeconómica” permanezca, con lo que solo se podría abortar en los otros dos supuestos siguientes: “en caso de violación” o de “riesgo para la salud física o psíquica de la madre”. Estamos hablando por tanto de la ley de aborto más restrictiva de toda la Democracia.
Reforma del Código Penal
Otra perla que prepara nuestro ministro de Justicia es la reforma del Código Penal.
La premisa sobre la que descansa dicha reforma consiste en ponerse al día con respecto a la situación actual, de agudización de la lucha de clases.
El sentido de la ley no es el de reinsertar al preso, sino el de reforzar el aspecto punitivo de las penas. Se establece el concepto de ‘prisión permanente revisable’, que no es más que una “cadena perpetua” enmascarada, que se puede revisar cada 20 o 30 años, según se valore si el reo está preparado o no para reinsertarse en la vida civil.
Se endurece la consideración de cualquier tipo de actitud que pueda ser interpretada por las fuerzas de orden público como “resistencia a la autoridad”, incluso en el caso de la resistencia pasiva. En este último aspecto, se iguala al personal de las empresas privadas al del Estado.
El anteproyecto señala la penalización de quienes “actúen sobre el grupo o sus miembros incitándolos a realizar actos violentos, o bien reforzándolos en su disposición a ello.”(el resaltado es nuestro).
¿Cómo puede ser interpretado “reforzar”? Casi de cualquier manera: si yo o el lector llamamos en nuestro Facebook a acudir a una manifestación, donde por causas ajenas a nuestra voluntad ocurre lo que la policía pueda juzgar como “cualquier” tipo de alteración del orden, podríamos ser acusados con esta ley.
Se crea un nuevo tipo de delito punible, con hasta dos años de prisión, aplicable a quienes “actuando individualmente, o mediante la acción concurrente de otros, interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones o de los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio”. Aquí, es demasiado evidente la intención del legislador de criminalizar las protestas sociales...
El anteproyecto, a imitación de las leyes de Berlusconi, también favorece la “penalización por acoger a un inmigrante”, aunque quizás este último apartado pueda ser maquillado tras el escándalo ocurrido en Lampedusa.
El sesgo clasista de la reforma también queda claro con el incremento de las tasas judiciales, así como en la elevación de lo que hoy está establecido como “faltas”, para subirlos a la categoría de “delitos leves”, al menos en 10 figuras actuales, que pasan a relacionarse con “lesiones leves”, sobre todo en los “delitos contra la propiedad”. Es decir, robar un pollo va a tener una consideración más punitiva. En cambio, los delitos contra la Hacienda Pública de los ricos siguen prescribiendo a los 4 años, lo que ha permitido recientemente la exculpación de los hermanos de la ministra Báñez, sin ni siquiera haber sido juzgados por la juez Alaya, muy ocupada persiguiendo a UGT y CCOO.
En el aspecto más ideológico, las simpatías franquistas del PP quedaron en evidencia cuando se opuso en el Congreso a que se incluyese en la ley como delito “el enaltecimiento del franquismo y el fascismo”.
El movimiento de lucha puede hacer cambiar los planes de los legisladores de la derecha. Pero aunque el gobierno se escude para aprobarlos en su mayoría absoluta, este intento del PP de hacer retroceder la rueda de la historia tiene los días contados. Los máximos representantes de la derecha españolista intentan aprovechar todo lo posible el tiempo que les queda, mirando cómo pasa el inexorable reloj del tiempo, que a su vez puede verse acelerado por los acontecimientos de la lucha de clases, que haga desplomarse todo su proyecto. La lucha contra cada una de estas leyes por parte de los trabajadores y del resto de sectores oprimidos de la sociedad, debe verse por tanto como una lucha global por acelerar lo antes posible la caída del gobierno del PP.