A septiembre la inflación acumulada llegó al 5,65% y se espera que el año cierre con un 7,13%, rebasando las perspectivas del gobierno. Más allá de fenómenos coyunturales, esto demuestra el corto alcance de las medidas eclécticas adoptadas para frenar el aumento de precios. Si no se interviene con una política de clases en los problemas estructurales de la economía boliviana, no será posible eliminar este fenómeno que afecta la economía popular.

El problema de la inflación no puede ser definitivamente resuelto en una economía capitalista, donde los productores privados persiguen intereses propios al lucro. La única manera para que no existan desequilibrios entre demanda y oferta que vayan a aumentar los precios es a través de la planificación democrática de la producción para que esta responda a las exigencias colectivas. A su vez esto solo es posible con la nacionalización de las principales palancas de la economía: los bancos, el latifundio, las grandes empresas productivas.

En nuestra historia económica hemos conocido diferentes ciclos de alza de precios, por el déficit permanente del Estado y el patrón primario exportador de nuestra economía, incapaz de hacer frente a una mayor demanda en los auges de precios de materias primas. Pero el aumento de precios de los últimos años es sobre todo por una verdadera “guerra económica”  de la burguesía nacional contra un gobierno que no responde orgánicamente a sus intereses, para debilitarlo y/o arrancarle concesiones. Así vimos como el aumento del precio de alimentos en los años pasados se debió principalmente al hecho que los empresarios modificaron el patrón productivo – por ejemplo produciendo bioetanol en vez de azúcar, soya en cambio de trigo etc. – o impulsaron la especulación y el contrabando para escabullar los controles de precios.

El gobierno ha utilizado métodos contradictorios para frenar la inflación. Por un lado ha cambiado de manera muy discutible su sistema de cálculo modificando el año referente y estableciendo de manera arbitraria que las familias obreras y populares gasten solo el 25% de sus ingresos en alimentos, pero al mismo tiempo ha concedido aumentos salariales por encima del índice oficial de inflación. Ha emitido títulos de débito del Banco Central para retirar dinero de la economía y así reducir la demanda, lo cual ha multiplicado de manera espectacular las ganancias de los bancos privados, pero al mismo tiempo ha impuesto un aumento del “encaje legal”, que es la reserva obligatoria para los bancos privados. Y así sucesivamente.

Como siempre venimos debatiendo desde las columnas de esta revista, estas medidas son de corto alcance económico, porque no inciden en la producción que es el verdadero problema, y son suicidas porque este intento de balancearse entre intereses sociales distintos – los de la burguesía nacional por un lado y las masas obreras y populares por el otro – acaban por permitir a los auténticos culpables de la inflación de especular políticamente contra el gobierno.

Desde 2007 el índice oficial de inflación se ha elevado del 46%, pero el encarecimiento de los alimentos es del 73%, del 48% la salud y del 30% la vivienda. Destaca que el aumento principal sea en los alimentos, el sector que más apoyo recibe del Estado, a través de EMAPA, de la subvención al precio del diésel o con medidas proteccionistas como fue el caso de la prohibición temporánea a la importación de papa. Pero por un lado el régimen de control de precios desincentiva la producción y por el otro la transferencia de dinero público que se hace al sector agroindustrial – nacional y extranjero – por la vía de la subvención al precio del diésel lo hace artificialmente competitivo en el mercado mundial, alentándolo a una agricultura de exportación (soya por ejemplo) en desmedro de la soberanía alimentaria.

Ante el inesperado aumento de la inflación el gobierno ha autorizado la importación de determinados alimentos (tomate, harina etc.) empezando negociaciones con sectores como azucareros y avicultores para permitirle elevar los precios. En enero se anuncian negociaciones con el transporte que hace tiempo exige un aumento de tarifas. Es decir que la tendencia alcista podría durar más allá de este año, independientemente de los intentos de moderar los precios.

En la medida que el gobierno no apunta el dedo contra los culpables de la inflación (grandes empresarios, latifundistas y agroindustriales que se benefician de políticas públicas) permite a estos recuperar hegemonía en la sociedad. El gremio nacional de los comerciantes, en ausencia de alternativas, propone liberar de aranceles todas las importaciones para abastecer el mercado interno. Estas propuestas de corte “neoliberal” permiten ocultar las verdaderas responsabilidades de la burguesía nacional, su orientación especuladora y agroexportadora, y generan corrientes de opinión pública contra los aumentos salariales, que la misma burguesía nacional utiliza para romper la unidad popular.

Como vimos ni el libre mercado ni el apoyo estatal permiten eliminar el fenómeno de la inflación. Es necesario en cambio combatir la escasez productiva y la inflación consecuente con una política audaz de transformaciones estructurales que se apoye en las masas obreras y populares movilizándolas contra los especuladores. Desde el movimiento obrero organizado debe proponerse un programa de reivindicaciones transitorias dirigido al gobierno y a fortalecer los lazos con el campesinado pobre y la clase media empobrecida por:

• Un plan osado de activación del aparato productivo público, por la producción de insumos (semillas, fertilizantes etc.) y la transformación de productos agrícolas;
• Incentivos (insumos, crédito, mercado, beneficios sociales) a la asociación entre pequeños campesinos y ayllus para la creación de empresas comunitarias de alimentos;
• Hacer  del Consejo Plurinacional Económico Productivo (COPEP) el organismo a través del cual delegados democráticamente elegidos de obreros, pequeños campesinos e indígenas  dirijan la transformación productiva del país para evitar la burocracia, nepotismo y corrupción que frenan los proyectos existentes e impulsar los nuevos;
• Eliminación de cualquier tipo de subvención a los grandes agroexportadores;
• Derogación de la Ley de Bosque que permite sanear grandes predios deforestados ilegalmente, persiguiendo un modelo extensivo y no intensivo de agricultura que favorece a los agroexportadores;
• Reforma constitucional para eliminar el artículo que establece la no retroactividad de la reforma agraria y permitir la reversión al Estado de grandes predios que sirvan a conformar empresas comunitarias de producción de alimentos;
• El control estatal del comercio: para que el pequeño productor, el minorista y el consumidor obtengan un verdadero “precio justo” y se eviten acaparamiento, especulación y contrabando.