El pasado jueves 11 de agosto el presidente chileno Sebastián Piñera promulgó una nueva Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación con un discurso engañoso y desafiante, dirigido al movimiento de estudiantes y trabajadores chilenos que desde hace nueve semanas sigue en pie exigiendo una educación gratuita y una país con igualdad y justicia social.
Esta enésima provocación, mientras se mantiene el calendario de movilizaciones y las ocupaciones de universidades y colegios, solo sirve para calentar más el ambiente en preparación de la huelga general proclamada por la CUT para el 24 y 25 de agosto, que se anuncia decisiva para el desarrollo futuro del movimiento.
La nueva Ley
La nueva Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación instituye dos entidades públicas – la Superintendencia y la Agencia para la Calidad de la Educación – que deberían fiscalizar la administración de todos los establecimientos educativos que reciben aportes estatales y evaluar la calidad de la educación ofrecida en base a estándares comunes. Estas entidades emplearían unos 800 funcionarios a nivel nacional y se instituirían al costo de unos 68 millones de dólares. Contrariamente a lo dicho por Piñera, la Ley no recoge ninguna de las instancias y reivindicaciones de los estudiantes, los profesores y los trabajadores que se movilizaron estos meses.
El discurso de Piñera al sancionar esta ley representa un torpe intento de contradecir al movimiento estudiantil con los más fracasados preceptos neoliberales. Según Piñera “todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos, pero quiero recordar que –al fin y al cabo- nada es gratis en la vida, alguien lo tiene que pagar… si le damos educación gratuita al 10% más favorecido de nuestra sociedad, lo que estaríamos haciendo es que el total de la sociedad, incluyendo a los más pobres, con sus impuestos, estarían financiando la educación de los más afortunados".
Así, según Piñera, para evitar de dar educación gratuita al 10% mas acomodado de la población lo que se tiene que hacer es impedir económicamente el acceso a la educación a la gran mayoría del pueblo y de los hijos de trabajadores, campesinos y clase media. Y olvida recordar el punto central de la cuestión: ya hoy “el total de la sociedad, incluyendo a los más pobres” de Chile tiene que hacerse cargo – endeudándose con los bancos – de más del 80% de los gastos de la educación superior a la cual se llega pasando años en hacinados establecimientos educativos fiscales. Este intento de mistificar el privilegio por justicia social es una de las cosas más irritantes del discurso de Piñera.
Educación: ¿derecho o bien de consumo?
Piñera se comprometió también a realizar nuevas acciones legislativas para reglamentar el tema de las tasas de intereses de los prestamos que los bancos otorgan a los estudiantes – que ahora rodean el 6%, siendo superiores incluso a los préstamos hipotecarios por vivienda – y para financiar la deuda de los más de 100.000 estudiantes morosos que han comprometido su futuro endeudándose con los bancos privados. Con este limosneo paternal el gobierno de derecha pretende tergiversar el tema demostrándose disponible a corregir los supuestos abusos del sistema.
La educación gratuita y de calidad representa un derecho elemental, como la salud, el trabajo, la vivienda etc. La educación es el más importante motor del progreso material y espiritual de la comunidad humana. Lo entendió bien la burguesía en su etapa revolucionaria, cuando financiaba la formación de escuelas laicas que le permitiesen adquirir nuevos conocimientos y tecnologías. La institución de la instrucción pública, conquista de la revolución burguesa que debía formar el nuevo civismo, permitió dar un salto enorme en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
La escuela pública, gratuita y para todos fue en cambio una conquista revolucionaria del movimiento obrero que – siendo productor material de la riqueza – reivindicaba justamente los mismos derechos a emanciparse y mejorar su condición social. Esta conquista social hoy en día es atacada en todo el mundo por los efectos de una crisis económica en la que especuladores y empresarios imponen a los gobiernos indemnizarlos de sus pérdidas financieras e implementar recortes a los gastos sociales.
¡Educación de calidad para el pueblo con igualdad!
La educación, o es un derecho y por lo tanto debe ser garantizada; o es un bien de consumo, como pretenden los economistas burgueses y el gobierno Piñera, cuya disponibilidad a intervenir a favor de los estudiantes más desfavorecidos no elimina de ninguna manera el carácter clasista de la educación en Chile. Los ofrecimientos de Piñera no evitarán que en una familia de trabajadores se siga teniendo que decidir cuál de los hijos podrán estudiar, mientras los más ricos sigan permitiéndose mejores universidades y colegios, así como se permiten mejores viviendas, autos, centro de salud etc.
Como, justamente, fue afirmado por Camila Vallejo, la dirigente de los universitarios chilenos, con su negativa a afrontar el tema de la gratuidad de la educación, Piñera solo está demostrando que gobierna para los empresarios y banqueros que especulan con el tema educativo. Los estudiantes y los trabajadores chilenos exigen, en cambio, educación de calidad para el pueblo y con igualdad de condiciones.
Piñera dice “alguien debe pagar”, y como todos los gobiernos burgueses pretende que quienes paguen sean los trabajadores y el pueblo. Los estudiantes y los trabajadores chilenos quieren que el Estado se haga cargo de la educación, renacionalizando el cobre y elevando impuestos a los bancos y empresas que en 2010 se llevaron un monto correspondiente al 80% del presupuesto de la nación, sin beneficiar mínimamente al pueblo e intensificando la explotación laboral. Este es el tema de fondo, esta es la misma lucha de clases que desde Chile hasta Europa, los países árabes e Israel, inflama el mundo capitalista en su decadencia.
Poca zanahoria y muchos palos
Además, los llamados al dialogo del gobierno de Piñera realmente no pueden engañar a nadie. La represión de los carabineros ha llegado a niveles de violencia tan desproporcionados que incluso un organismo internacional como la UNICEF tuvo que manifestar públicamente su preocupación y desaprobación. Cualquier tipo de concentración, incluso las más alejadas del movimiento estudiantil, es disuelta por los carabineros basándose en los más odiados resabios de la dictadura, como la Ley de Seguridad Interior.
En la noche del viernes 5 de agosto los carabineros intentaron ingresar a la fuerza en la sede del Partido Comunista Chileno en Santiago, alegando que la misma era utilizada como refugio por estudiantes (¡!). No satisfechos de esta gravísima provocación los carabineros lanzaron en la misma sede del PCCh bombas lacrimógenas. En todo el país la criminalización de dirigentes estudiantiles va de la mano con la represión de todas las marchas. Son ya casi 2000 los detenidos, y decenas y decenas los heridos en varios enfrentamientos.
El Ministro del Interior Hinzpeter – sobre el que pesa la acusación constitucional, avanzada por diputados socialistas y comunistas, por los incidentes en la sede del PCCh – convocó a los dirigentes de los pequeños comerciantes de Santiago para presentarles un proyecto de ley que endurece la represión policial y las penas para los “encapuchados”, mientras el alcalde de derecha de Santiago invocaba la intervención de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, el Ministro de Educación presentaba un “plan para salvar el año escolar” en el que se permite a los estudiantes de colegios tomados de pasar clase en otros ambientes, con el claro intento de provocar reacciones entre los padres de familia.
Todo esto indica de la manera más clara que el gobierno, frente al indómito movimiento estudiantil y al paro convocado por la CUT, está intentando jugar con el impasse en que está la movilización, y con una serie de pretextos está queriendo alertar a los sectores más reaccionarios de clase media para utilizarlos como base social de una represión aún más dura. Estudiantes y trabajadores deben prepararse frente a esta eventualidad.
La movilización y la violencia
Un especial en exclusiva de TeleSur demostró cómo entre los famosos “encapuchados” que provocarían la reacción de los carabineros, justificando sus abusos, estaban presentes agentes infiltrados de los mismos servicios de inteligencia de la policía chilena. Se trata de una práctica muy en boga entre los gobiernos que enfrentan la movilización popular, que no sorprende en lo más mínimo. Sin embargo este mismo tema así como la posibilidad muy concreta de que se prepare una escalada represiva en el país pone a todo el movimiento ante un problema político, la cuestión de cómo defenderse preservando su derecho a manifestarse.
Un documento firmado por unas 50 organizaciones sociales, sindicales y por la CUT declaraba “nos llama profundamente la atención que, a pesar de los trabajos de inteligencia al interior de las marchas, los grupos violentistas siguen actuando con entera impunidad”. Entendemos el carácter deliberadamente provocador y punzante de estas líneas, pero con estos temas no se pueden generar malentendidos. El movimiento no puede querer del Estado una represión “selectiva” de los violentos, sino que debe aislarlos, aislando a los infiltrados autónoma y políticamente, como parte de un necesario y ulterior salto de calidad que la lucha requiere en preparación y consolidación del paro nacional del próximo 24 y 25 de agosto.
El paro nacional del 24/25 de agosto
La CUT llega al paro nacional tras un congreso celebrado en abril en el que, analizando la situación de Chile, la intensificación de la explotación laboral y el incremento de las desigualdades, se proclamaba el 2011 como “año de la movilización social”. No cabe duda que el tener enfrente al primer gobierno de derecha desde las elecciones libres ha permitido a la dirigencia sindical comenzar a expresarse con la mayor libertad, reflejando aquellas tensiones acumuladas en las bases que el mismo congreso solo podía parcialmente representar, ya que los delegados fueron nombrados desde arriba y no elegidos por las bases.
El paro nacional, en un primer momento convocado para octubre, fue adelantado a agosto por la situación generada en el país por el movimiento estudiantil y la activa participación en el mismo de diferentes sectores laborales. En primer lugar, los mineros – sector estratégico de la economía chilena – como los de CODELCO que pararon el 11 de julio exigiendo la renacionalización del cobre, o de la mina La Escondida – la mayor mina de cobre del mundo, de propiedad de capital inglés – los cuales marcharon al lado de los estudiantes bajo el lema “nacionalizar el cobre por la educación gratuita”.
El paro fue convocado originariamente para frenar la oleada de despidos en los sectores públicos y privados, iniciada con el gobierno Piñera y sus recortes, y para exigir aumentos salariales del 10% frente al 5% ofrecido por el gabinete presidencial. Sin embargo, no cabe duda que el ambiente en el país da para mucho más que esto. Incluso en estos días previos hay huelgas de trabajadores de bancos, de empresas de transportes etc. Los sondeos de opinión indican que el gobierno Piñera está a un nivel histórico de desaprobación popular, algo que se puede demostrar fácilmente con la cantidad de marchas de padres de familia, trabajadores etc., contra la represión violenta del movimiento estudiantil.
Adelante, adelante, obreros y estudiantes
La dirección de la CUT debe abandonar cualquier cautela injustificada y utilizar en cambio estos días de preparación de la huelga, y el paro mismo, para consolidar y estructurar sus lazos con el movimiento estudiantil, lanzar un programa más avanzado de reivindicaciones, y plantear públicamente el objetivo de la caída de este gobierno. El tiempo que le dan al gobierno sirve solo para permitir a este ultimo buscar apoyo social a sus intentos represivos, y es tiempo perdido en la construcción de un gran frente que cuestione los preceptos de economía neoliberal y capitalista sobre los que se rige Chile desde el golpe de 1973.
Es necesario que la unidad obrero-estudiantil, que ya vive en las iniciativas de lucha autónomas de sindicatos mineros y estudiantes, o en la participación de sindicatos en marchas locales, se convierta de consigna en realidad, reflejada en Comités de Lucha, o asambleas obrero-estudiantiles. No es solo oportuno, es realmente posible dar ahora este paso vital para el movimiento como demuestran los hechos.
Estos Comités o Asambleas deberían tomar la dirección real del movimiento, discutiendo y asumiendo un programa avanzado de lucha por la educación, la salud y la vivienda gratuitas para las familias trabajadoras, la nacionalización del cobre, la abrogación de las leyes de la dictadura todavía vigentes, la reforma tributaria etc. Deberían encargarse también de aislar a los provocadores e infiltrados con cordones de seguridad y servicios de orden que son plenamente legítimos cuando están fundados en auténticos organismos de democracia participativa. El paro general de la CUT representa una ocasión importante para todo esto.
¿Qué soluciones hay al conflicto?
Lo más extraordinario de toda la movilización de los estudiantes chilenos es su capacidad de permanecer en pie de lucha por más de dos meses, ganándose un creciente apoyo en la población y la clase trabajadora, sin haber conseguido prácticamente hacer retroceder al gobierno. Piñera y la coalición que lo apoya han demostrado claramente a qué poderes e intereses sociales responden, a los de los empresarios y el capital extranjero, y al sector más privilegiado de la población. Esto es claro a los ojos de toda la población, como demuestran los sondeos de opinión que dan la aprobación a Piñera en caída vertical.
Desde la dirigencia estudiantil, la CUT y partidos como el Partido Socialista, particularmente, se propone un plebiscito para determinar la solución al conflicto educativo. Es una opción que incluso Piñera podría tomar en cuenta frente a una escalada incontrolable de las movilizaciones. Pero un plebiscito popular no daría aumentos salariales, no nacionalizaría el cobre, no realizaría una reforma tributaria con una imposición fuertemente progresiva a los réditos más altos. Su efecto más inmediato seria simplemente devolver la palabra a los partidos que intervendrían con todo su aparato en los debates de la consulta, desmovilizando y dividiendo el frente de lucha.
¡Hasta la caída del gobierno Piñera!
Los estudiantes y los trabajadores, la CUT, el PS y el PCCh a estas alturas deben necesariamente ponerse el objetivo de la caída del gobierno de Piñera y su sustitución por un gobierno de los partidos de la clase trabajadora, basado en un programa auténticamente socialista que recoja las múltiples reivindicaciones, de estudiantes, trabajadores y sociales, que se levantan en la movilización. Solo así el movimiento sería capaz de demostrar la madurez necesaria para dar una perspectiva real por la que luchar a todo el pueblo chileno y sus inquietudes por profundas transformaciones sociales.
Es otro objetivo totalmente al alcance del movimiento. Si Piñera sigue en el gobierno es solo porque mientras pierde apoyo en la sociedad lo está ganando en el Parlamento, en desmedro de la ficticia unidad de la oposición de la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición de partidos burgueses que junto al PS gobernó Chile durante los últimos 20 años. La Ley recién promulgada por Piñera fue votada en Parlamento con el voto contrario de comunistas, socialistas y radicales, mientras votó a favor el Partido Demócrata Cristiano y se abstuvo el Partido Por la Democracia. El PDC fue incluso más allá, reuniéndose separadamente con Piñera para tratar puntos de convergencia política.
La dirección del PS decidió erróneamente seguir al PDC en esta misma línea, proponiendo al gobierno una reunión en la que se plantearon algunas reformas para revitalizar la democracia chilena: un plebiscito, una reforma constitucional y la abrogación del sistema binominal particularmente. Realmente, más que dar una perspectiva al movimiento de los trabajadores y estudiantes el PS se la está quitando, ofreciendo una muleta al gobierno y legitimándolo por perseguir el objetivo de mantener una unidad en la Concertación en la que prevalece su ala más de derecha como el PDC. Estamos seguros de que, mientras la dirección del PS sigue al PDC en su terreno, los trabajadores y estudiantes socialistas ya se interrogan sobre el verdadero futuro de la Concertación. No puedes tener como aliado a alguien que es tu adversario en la lucha.
En fin, el movimiento de los estudiantes y trabajadores chilenos está teniendo grandes repercusiones sociales y políticas. El pueblo chileno tiene evidentemente sus ojos apuntados sobre los estudiantes y los trabajadores porque en su valentía, determinación y capacidad de lucha por las verdaderas necesidades por educación, salud, vivienda etc., el pueblo está viendo una alternativa real, tras años de decepción en los partidos. Esta es la gran fuerza de las movilizaciones y la gran responsabilidad que recae sobre los estudiantes y los trabajadores chilenos. La huelga de la próxima semana deberá convertirse rápidamente en huelga política para asumir plenamente esta responsabilidad y las posibilidades que conlleva.