El debate sobre el proyecto de ley de retiro del 10% de las pensiones, se da en un contexto en que la mayor parte de la población trabajadora está siendo golpeada por la pandemia del COVID 19 y los primeros pasos de la crisis capitalista. El pésimo manejo de la enfermedad ha llevado a la muerte de al menos 7000 personas y al colapso del sistema de salud. El gobierno parece ocupar esta tragedia como una oportunidad para hacer negocios y echarles manos a los recursos estatales.

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A esto se suma el evidente fracaso del sistema de pensiones chileno, que no es capaz de garantizar un mínimo de dinero para que los jubilados vivan dignamente. Por otro lado, sí es un sistema muy eficiente en financiar la expansión de empresas pertenecientes a los grupos económicos más ricos del país.

Una serie de manifestaciones y choques con carabineros se registraron anoche en decenas de comunas de Santiago, en medio del debate nacional por el proyecto de ley. Los enfrentamientos se dieron a continuación de la exitosa jornada de cacerolazos convocada a las 21 horas por el movimiento No + AFP. Con hechos registrados en decenas de comunas de la Región Metropolitana y en todo el país, se trata sin duda de las protestas más importantes en varios meses, durante la pandemia. Hubo barricadas, corte de ruta, saqueos y ataques a comisarías. Todo esto a pesar del toque de queda y la cuarentena general que rige en la Región Metropolitana.

El gobierno de los empresarios y su “clase media”

Precisamente ayer, el gobierno anunció un paquete de medidas en ayuda a la “clase media”, entre los que destaca un bono de 500 mil pesos destinado a un porcentaje ínfimo de la población. Esta es la tercera propuesta de este tipo, con ella espera cerrar filas con los sectores de derecha. Estas medidas van en paralelo con otro proyecto de ley, llamado Ley para perfeccionar el funcionamiento del mercado de capitales, que busca poder pasar fondos de pensiones a empresas que no cumplan con la clasificación mínima existente, es decir, que podrían tener serio riesgo de quiebra.

A pesar de los esfuerzos del gobierno, la división entre parlamentarios de la derecha ha permitido el avance del proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos individuales de pensión. Hay alarma en el sector empresarial. Esta preocupación quedó demostrada en la declaración firmada por los presidentes de las principales organizaciones empresariales, donde se llama a “enmendar el rumbo de manera de no propinarle un golpe, probablemente irreversible, al sistema de protección social y a la estabilidad fiscal de largo plazo de nuestro país”.

El gobierno, a través del ministro Blumel, se apresuró a criminalizar las manifestaciones diciendo que, no se relacionan con los problemas económicos ni el proyecto de retiro de fondos de AFP y solo se trata de «grupos organizados de violentistas». Además, agrega, “No hay ninguna causa que justifique estos niveles de violencia, que justifique el uso de métodos violentos. Estamos en democracia, vivimos en democracia, esta violencia es incompatible con la democracia”. En el mismo sentido el ministro de salud, Enrique Paris, señaló que los desórdenes y violencia son inmorales, llamó a conservar la paz y la unidad para enfrentar la pandemia.

El llamado a la “clase media” y las acusaciones de que las protestas son organizadas por “grupos violentistas”, son una estrategia completamente fracasada de este gobierno. En realidad, el movimiento insurreccional de octubre se rebeló contra el abismo que existe entre la clase trabajadora, y un puñado de empresarios parásitos que desprecia las vidas del pueblo.

Las AFP ¿ganancias para quién?

Las pensiones existen con la finalidad de garantizar una vejez digna para los trabajadores. No deberían ser el banco de los empresarios, ni fuente de beneficio para los administradores. Si esto es así, se debe a que este sistema de pensiones fue impuesto a sangre y a fuego durante la dictadura militar. Que se pasara de un sistema de reparto solidario a un sistema de capitalización individual, en función de los intereses del capital, se enmarca en la arremetida de conjunto del capital que se expresó en el neoliberalismo. El sistema de AFP implantado por el hermano mayor de José Piñera, ministro del Trabajo en dictadura, prometía que en 2020 los jubilados se pensionarían con el 100% de su sueldo, además de que los usuarios individuales serían propietarios de sus fondos.

A pesar del maquillaje al sistema y los mayores aportes del estado, los resultados hablan por sí solos: En promedio las pensiones de los trabajadores cotizantes activos alcanzan un 38% de los ingresos que obtenían en su vida activa. En el caso de las mujeres es más dramático, sus pensiones sólo alcanzarán en promedio a un 28% de los ingresos que recibían en su vida laboral.

Si bien, las administradoras de pensiones pueden aumentar los fondos individuales disponibles esto no está asegurado pues los fondos son invertidos en instrumentos financieros, instrumentos que tiene el riesgo de desvalorizarse cuando se separa del sector productivo que lo sostiene, como ocurrió en la crisis subprime y cómo puede ocurrir en la crisis del capital que se aproxima. Además, es bien conocido que uno de los fundamentos del modelo es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Es decir, las pérdidas son achacadas a las cuentas de ahorro personales mientras que las ganancias son apropiadas por los administradores de pensiones.

Entonces, aunque se suponga que la inversión de los fondos genere un rendimiento positivo, hay un aspecto que hace que el sistema no sea capaz de asegurar pensiones suficientes. Es que el aporte individual es variable y no tiene regularidad. Es decir, no está asegurado un flujo continuo de fondos a las aseguradoras y hay lagunas de cotizaciones. Los capitalistas culpan a los trabajadores porque no ahorran lo suficiente pero la realidad es que esto está más relacionado a la informalidad y el rol aleccionador que la desocupación tiene sobre la clase obrera. Es que la informalidad laboral, que está ligada a menores salarios, es de 40% de la población trabajadora, según datos 2018. Es decir, el sistema choca con la incertidumbre y precarización asociada al régimen de trabajo asalariado chileno impidiendo que el 40% de la población trabajadora pueda cotizar. El sistema capitalista necesita un ejército permanente de desocupados para funcionar y bajar los salarios de la clase trabajadora de conjunto. La población cesante, durante los últimos años se mantuvo cerca del 7%, pero en la actualidad ha alcanzado un 11,2%. Entonces gran parte de la población trabajadora no tiene la posibilidad de tener un aporte” voluntario” suficiente que le asegure una jubilación.

Cabe preguntarse ¿de dónde viene la ganancia que se apropian los administradores de pensiones y que las empresas utilizan para invertir?. La verdad es que todo el dinero que se canaliza a las AFPs viene del 10% del salario que los trabajadores imponen. Es decir, parte del salario que es reunida y puesta a disposición de las empresas por las AFPs. Entonces, ese valor se genera en el trabajo, donde el obrero además de generar el valor para pagar su propio salario produce el beneficio del empresario. Es así como el empresario además de apropiarse de trabajo no pago (beneficio), puede mediante el modelo de AFPs, ocupar una parte del salario del obrero y destinarlo a ampliar su capacidad productiva. En otras palabras, la burguesía se apropia de la parte del salario que el trabajador ha destinado históricamente a su vejez.

La demanda que permite el retiro del 10 % de los fondos de pensiones es una medida mínima que permitiría palear el difícil momento para los trabajadores. Pero advertimos que tiene una letra chica y que mientras el control económico siga en las manos de la burguesía nunca se podrá escapar de la lógica de la ganancia y la mercantilización de aspectos de la vida fundamentales, como la salud y las pensiones. Se debe poner fin a las AFP para avanzar a un sistema de reparto solidario o lo que los trabajadores decidan.

El camino para el segundo estallido

Si bien el proyecto de ley sigue avanzando en el parlamento debido a la división en Chile Vamos y el apoyo de la oposición, no se descarta que sea detenida o, incluso siendo aprobada en el parlamento, pase al TC o sea vetada por el presidente. En el caso de ser rechazada o vetada, es posible esperar aumento en las manifestaciones y mayor polarización.

En Chile se está dando una batalla entre el movimiento de las masas por un lado, y el gobierno de Piñera y los empresarios, por otro lado. Las masas ven el retiro de su 10% como un avance parcial. Entendiendo que recuperan un dinero producido por su trabajo, y que además es dinero mal habido por las empresas que especulan con las pensiones. Por su parte los grupos económicos más poderosos de Chile, los llamados “dueños de Chile”, lo ven como una amenaza a sus intereses, pues abre una ventanita para terminar con las AFP.
Independiente de cómo resulten las cosas en el parlamento, lo extraordinario es que las masas salen a luchar para lograr sus demandas. La Unión Portuaria de Chile, paralizó hoy miércoles desde las 13hrs. El vocero de la Unión Portuaria del Centro, Ricardo Rodríguez, comentó que “estamos trabajando a partir del segundo turno y esperaremos como se va dando este tema del 10% hasta la votación en el senado . Las AFP no son buenas y nunca lo serán, hay que cambiar este sistema que solo empobrece. Sacar el 10 % es legítimo porque es nuestro dinero. Desde octubre a la fecha, incluyendo la revuelta social y esta pandemia, muchos han perdido mas que el 10% de sus fondos, pero nadie dice nada”. Para conseguir todas nuestras demandas, se debe avanzar por este camino hacia la Huelga General, para que se diga fuerte y claro que en este país las riquezas la generan la clase trabajadora y no va permitirse más una minoría capitalista enriqueciéndose a costa de nuestras vidas y del medio ambiente.

Para financiar los derechos sociales del pueblo trabajador deben nacionalizarse el cobre, el litio, el mar y el agua para las comunidades. En cuarentena, podría asegurarse un ingreso mínimo vital de emergencia para quienes no puedan conseguir ingresos, además del pago íntegro de los salarios en lugares donde la pandemia impida operar. Si la clase obrera se organiza en sus barrios, en sus lugares de trabajo, y busca una coordinación regional y nacional, pueden administrarse las riquezas para beneficiar a la mayoría. Es necesario apoyarse en organismos como las ollas comunes y otras formas de autoorganización emanadas del octubre chileno. Los portuarios han mostrado un camino a seguir. La lucha no es sólo por el 10%, es por terminar con las AFP. Acabar de una vez por todas con este gobierno del empresario Sebastián Piñera.