El proceso independentista catalán se encuentra en un momento crítico. La disyuntiva es avanzar o retroceder. El Tribunal Constitucional ha prohibido la celebración del pleno del Parlament de Catalunya del lunes, que debía ratificar el resultado del Referéndum del 1-O y proclamar la República catalana. Desairando el discurso Real, han surgido iniciativas de diálogo por todas partes, con escasa probabilidad de salir adelante. Por su parte, la burguesía catalana se ha alineado abiertamente con el régimen español, y ha iniciado una guerra mediática de amenazas económicas contra su propio pueblo.

Una situación revolucionaria

Si el movimiento por la autodeterminación catalana ha llegado tan lejos, se debe única y exclusivamente a la determinación de la gran mayoría del pueblo catalán por decidir su destino. Por tanto, la tarea de los próximos días y semanas es mantener y profundizar la movilización y organización de masas en la calle contra la represión del Estado español y hacer cumplir el mandato emanado del referéndum del 1-O.

Por su parte, la tarea de la izquierda española es responder de la misma manera, llamar a movilizar contra todo intento de reprimir la voluntad democrática manifestada por el pueblo catalán, exigir la caída del gobierno de Rajoy y denunciar el papel cómplice de la monarquía con su política.

Si algo destaca de lo sucedido en Catalunya es el inmenso poder que descansa en las masas cuando se ponen en movimiento. Pese a la “ilegalidad” del Referéndum, millones impusieron la celebración de mítines, pegadas masivas de carteles y papeletas, la liberación de detenidos, y la apertura de los centros de votación; pusieron el cuerpo y el alma para que más de dos millones pudieran votar, y millones se movilizaron el día 3 de octubre para mostrar su repulsa por la represión policial. Si todo esto no revela una situación revolucionaria, no sabemos cómo podría denominarse. Un analista burgués perspicaz, como José Antonio Zarzalejos, exdirector de ABC y del grupo Vocento, es capaz de ver lo mismo que los marxistas. El 3 de octubre, escribió un artículo titulado: “Puigdemont ha perdido el control de Cataluña: es la revolución”, donde declara con dramatismo: “Sánchez y Cuixat, 'los Jordis', presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural respectivamente, son, con la CUP, los dueños de la situación revolucionaria en Cataluña”

Divisiones en el régimen español

Hasta ahora, la acción directa de las masas en la calle ha maniatado todo intento del Estado de aplastar el movimiento por la autodeterminación.

Ante un gobierno central desairado por todo un pueblo, y suspendido en el aire sin apoyos parlamentarios sólidos, el Rey ha acudido en ayuda de Rajoy y de Ciudadanos, en un intento agónico de disciplinar las filas “constitucionalistas” y de cortar cualquier vía de negociación con la Generalitat. Este es un peligroso precedente. Aparecer por encima del pueblo, exigiendo a los representantes populares lo que deben hacer, siendo constitucionalmente el jefe del Ejército, revela la tendencia innata de la monarquía evolucionar hacia el bonapartismo; es decir al autoritarismo y al gobierno de la espada. La monarquía española, de esa manera, ha atado su destino a lo que pase en Catalunya.

Pese al llamamiento de Felipe VI, importantes sectores de la clase dominante española y catalana están muy preocupados y les gustaría encontrar una solución negociada que detenga el movimiento popular desde abajo.Hay un grito ensordecedor para que haya conversaciones, mediación y negociación, procedentes de todas las capas de la opinión pública burguesa: abogados, arzobispos, organizaciones empresariales, etc.

Llamativamente, estos movimientos representan una desautorización expresa de la posición del propio Felipe VI, que ha quedado muy comprometido con el perfil “represivo” mostrado estos días.

En paralelo, la burguesía catalana – que nunca se ha rendido a las veleidades independentistas del PDeCAT– ha iniciado una campaña de terrorismo económico y mediático anunciando el traslado de sedes de empresas importantes fuera de Catalunya si se proclamara la independencia; entre otras: el Banco Sabadell, Oryzon, Catalana de Occidente, Caixabank o Freixenet. Su pretensión es ejercer presión en la opinión pública y el PDeCAT. Esto muestra una vez más la inexistencia de ninguna burguesía “progresista”, ni en Catalunya ni en ninguna otra parte, con la que aliarse para alcanzar la liberación nacional.

Precisamente, el PDeCAT está dividido sobre cómo proceder a partir de ahora y ha pedido la mediación internacional.Incluso, ha llegado a declarar que estaría dispuesto a suspender la declaración unilateral de independencia si Rajoy “hace un gesto”, como retirar las fuerzas policiales de ocupación. El problema del PDeCAT es que está atrapado.Por un lado, ha contribuido a desencadenar un movimiento de masas en Cataluña que ha adquirido su propia dinámica y que podría escapar a su control si apareciera dispuesto a traicionarlo.Por otro lado, el Estado español no le ofrece nada, ni siquiera conversaciones.

Por el contrario, el PP y todo el régimen español están intensificando la situación al emitir amenazas constantes.

Al mismo tiempo, el PP y sus aliados, en particular Ciudadanos, están promoviendo un movimiento nacionalista reaccionario español bajo las consignas de "defensa de la unidad de España", "defensa de las fuerzas de seguridad", etc., Hasta ahora sólo han atraído a una franja de extrema derecha, pero no puede descartarse que pueda crecer en los próximos días y semanas, también en Cataluña, como lo demuestra la manifestación españolista anunciada y convocada a bombo y platillo para este domingo 8 de octubre en Barcelona que, probablemente, podría tener un tamaño significativo.

Un momento crítico

Estamos en un momento crítico, si las vacilaciones de la dirección del Procés se prolongan, sin ofrecer una salida, reflejo de la inconsistencia y falta de decisión propias de políticos pequeñoburgueses que temen y desconfían del propio movimiento de masas generado, eso puede trasladarse a las capas más vacilantes de las masas y arrastrar en cascada a un sector significativo. Esa sería la señal para que la reacción neofranquista retomara la iniciativa. Una derrota del movimiento en Catalunya tendría también efectos reaccionarios en toda España, porque reforzaría el perfil represivo del Estado, al propio gobierno del PP y a la monarquía. Por eso nos parece muy negativo el papel de la dirección de Unidos Podemos y de los Comunes en Catalunya, tratando de deslegitimar el resultado del 1-O y de despertar ilusiones imposibles en una salida negociada con el régimen español.

El grueso del pueblo catalán ha asombrado en todo el mundo por su determinación, tenacidad y valentía en estas semanas, enfrentado a un aparato de Estado poderoso. Debe continuar adelante y no perderse en dilaciones.

Ahora bien, proclamar la independencia no basta para constituirse como país independiente. Aunque el movimiento tiene, sin duda, el apoyo de la mayoría de la población catalana, falta asegurar el apoyo incontestable de la mayoría decisiva de la clase obrera, sobre todo en la población castellano-parlante, que aglutina una parte importante del proletariado catalán, y que mira con desconfianza al ala burguesa del movimiento representada por el PDeCAT y sus políticas a favor de los ricos, los recortes y la austeridad. Lo que se necesita, por tanto, es que la izquierda del movimiento, donde la CUP y los sectores más a la izquierda de los Comunes y Podem tienen una posición significativa, luche por alcanzar la dirección del mismo, vinculando la república con un programa socialista de transformación, que arrastre al grueso de la clase obrera catalana.

Las tareas del movimiento en Catalunya

En lo inmediato, lo que se necesita es preparar la resistencia para responder con una nueva ofensiva en la calle ante cualquier eventualidad.

El parlamento catalán debe reunirse sin falta en desafío a las instrucciones antidemocráticas del Tribunal Constitucional y proclamar los resultados del 1-O, y la sesión debe ser protegida por las masas en las calles.

La principal tarea del momento es extender y fortalecer los Comités de Defensa hasta el último barrio y pueblo de Catalunya, con especial énfasis en los barrios obreros y zonas fabriles, no como núcleo de activistas sino como organizaciones de masas.

Debería convocarse una asamblea nacional de Comités de Defensa, para darse una dirección democrática que responda ante las bases, y decida las próximas etapas del movimiento.Estas deben incluir la preparación de una huelga general bien convocada, decidida y votada en asambleas de masas en los centros de trabajo y en los barrios, y debería ser utilizada como una plataforma de lanzamiento para declarar la República.

Ante la eventualidad de una intervención de la autonomía, esta asamblea nacional de comités de toda Catalunya debería asumir la verdadera representación del pueblo catalán, y formar un gobierno obrero y popular que, dotado de un programa amplio, recoja las demandas de todos los sectores populares, desde los campesinos, pequeños propietarios y profesionales, hasta las demandas obreras más inmediatas, vinculándolas con la nacionalización de las grandes empresas y bancos catalanes, que ya han manifestado su apoyo y solidaridad con sus hermanos de clase de la oligarquía de Madrid.

Llegada a esa eventualidad, habría que tomar el control de los Mossos, depurarlos de los elementos reaccionarios que también existen en su seno, y proclamar así una república socialista catalana que hiciera un llamamiento revolucionario a la clase obrera española para que se levante contra el podrido régimen capitalista español, e inaugurar así una oleada revolucionaria socialista por la península, y más allá.

Los acontecimientos de estas semanas confirman que, en el contexto del régimen de 1978, la tarea de la autodeterminación nacional tiene un carácter revolucionario y por lo tanto no puede ser completada por los políticos burgueses catalanes, sino que debe llevarse a cabo por métodos revolucionarios y conquistando a la clase obrera catalana en su conjunto.