El 4 de mayo ha representado un punto de inflexión importante en la crisis política de Bolivia, marcada por las vacilaciones del gobierno de Evo Morales, que han alentado, durante dos años, las osadías de la derecha y de la burguesía nacional, derrotadas en las elecciones del diciembre del 2005. Obviando todas las objecciones de naturaleza legal, el Comité Cívico Pro Santa Cruz de la Sierra, representante de los latifundistas y grandes industriales del Oriente boliviano, impuso en esta fecha el referéndum para la aprobación de su Estatuto Autonómico redactado en algo como 48 horas por un grupo de "sabios" politiqueros del viejo régimen, coadyuvados por docentes universitarios e industriales.
Igualmente se están impulsando Estatutos en los departamentos históricos de la Media Luna (Beni, Pando y Tarija), y hasta en Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Potosí, donde la propaganda del movimiento Autonomía Para Potosí sale con el sello de la Confederación Departamental de Empresarios Privados, dominada por el sector industrial minero. Un movimiento envolvente que quiere crear un cerco político y social al gobierno, debilitarlo para inducirlo nuevamente al diálogo y a la revisión de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) aprobada a final del año pasado en Oruro, pero cuya aprobación popular sigue postergada por la situación en el país.
El Estatuto Autonómico cruceño representa el libro de los sueños de la burguesía: establece el firme control de los latifundistas sobre la tierra y la coparticipación con el imperialismo en el saqueo de los recursos naturales, pone en manos de estructuras de corte fascista y corporativistas las relaciones industriales y sindicales, todo condimentado con demagógicas concesiones a la clase obrera y a los pueblos originarios del Oriente, como la promesa de un Salario Mínimo que sea siempre superior al nacional y mayores inversiones públicas en salud y educación. Así los cívicos de Santa Cruz -en ausencia de alternativas concretas en el mismo terreno- han logrado darle base social a su ofensiva y al intento de dividir el movimiento obrero y campesino. Sin embargo, el efecto obtenido ha sido exactamente el contrario.
Reacción contundente de las masas
Desde el altiplano paceño hasta las tierras bajas de la frontera con Brasil y en la misma Santa Cruz de la Sierra la reacción de la clase trabajadora, del campesinado y de los demás sectores populares ha sido rotunda y contundente. Un multitudinario cabildo en El Alto resolvía exigir la renuncia del Prefecto de La Paz por su complicidad con los cívicos de la Media Luna y la expropiación del latifundio y de las empresas de los separatistas. En Cochabamba no se veía una movilización así desde la ‘guerra del agua'. En Oruro decenas y decenas de millares de mineros, obreros, campesinos y estudiantes llenaron amenazadores las calles de la ciudad. Potosí fue invadida por campesinos llegando de todo los rincones del Departamento. En las provincias de Santa Cruz hubo enfrentamientos con los autonomistas, muchas mesas electorales fueron inhabilitadas, así como en los barrios populares de la capital cruceña. El resultado es que con un incremento del censo de 300.000 votantes la autonomía promovida por los oligarcas obtuvo 100.000 votos menos con respecto al 2006, cuando se votó en todo el país el referéndum sobre las autonomías departamentales. Además, estos datos son de la Corte Departamental Electoral, que avaló un fraude gigantesco, proclamando una mayoría aplastante del SÍ incluso donde los mismos medios de comunicación mostraron que no se votó.
El látigo de la contrarrevolución despertó una oleada revolucionaria en todo el país, de igual tamaño a las insurrecciones del 2003 y del 2005. Las reivindicaciones que salieron particularmente de El Alto, Cochabamba, Oruro y en distinta medida de Potosí, señalan la necesidad de que la revolución se complete. La realidad es que las condiciones de vida de los trabajadores y campesinos bolivianos han empeorado del tal manera que las reformas y los bonos del gobierno no son capaces de compensar el creciente deterioro de su situación. Todos los alimentos principales de la dieta boliviana (arroz, aceite, fideo, habas, papa, harina, pan, carne, etc.) han registrado en unos meses aumentos entre el 40 y el 70%, los transportes subieron un 30%, el precio de alquileres y viviendas ha subido por efecto de la bajada del dólar, como en Venezuela, el coste de los materiales de construcción ha aumentado en cuatro meses un 100%.
El papel parasitario de la Banca
El Banco Central, en su intento de enfriar la inflación creciente, ha hecho disparar la deuda interna. Con el lanzamiento de Operaciones de Mercado Abierto (venta de títulos públicos) ha beneficiado de lleno al sector agro financiero del capitalismo boliviano, dueño y copartícipe, con el imperialismo, de la totalidad del sistema bancario del país, sector que ha visto crecer sus utilidades el 83%. Los préstamos al Estado absorben la totalidad del crédito de los bancos bolivianos, una excusa más para no invertir en sectores productivos. La inversión de las multinacionales petroleras en el 2007 ha sido tan sólo de 50 millones de dólares, cifra absolutamente insuficiente tanto para garantizar la producción de 70 millones de metros cúbicos necesaria para cumplir con los compromisos de exportación, así como para generar el flujo de dinero con el que el gobierno contaba en su plan de industrialización del país. La combinación entre inflación creciente, salarios estancados y expectativas de una vida mejor decepcionadas, habían provocado en las masas bolivianas una mezcla explosiva de rabia y frustración que la arremetida de la derecha ha incendiado. Aunque los cívicos cruceños sigan haciendo gala de su victoria en el referéndum, lo que han ganado realmente es el miedo de suscitar una nueva insurrección, un temor compartido con parte de la dirección del MAS que ve las movilizaciones como una pesadilla porque radicalizan la polarización social y pueden imponer un giro a la izquierda en el gobierno.
Radicalización de la base del MAS y división de la derecha
Antes del 4 de mayo, desde el gobierno, se repetían llamamientos a dejar celebrar el referéndum y a detener la movilización anunciada por varios sectores sociales que querían marchar a Santa Cruz. A pesar de esto la base masista estuvo en primera fila de la movilización contra la reacción, tanto en Santa Cruz como en otras ciudades del país, principalmente Potosí y El Alto, con reivindicaciones que rebasan la postura del gobierno. El fracaso referendario ha surtido su primer efecto dividiendo la derecha. Mientras la oligarquía cruceña intenta utilizar su fraude para entablar una nueva mesa de diálogo, la derecha parlamentaria de PODEMOS ha aprobado en el Senado (donde gozan de una exigua mayoría) el proyecto de ley por la convocación de un referéndum revocatorio de presidente, vicepresidente y prefectos, propuesto por el MAS como salida democrática a la lucha del pueblo cochabambino en contra de su Prefecto, en el olvido durante casi un año. Las intenciones son evidentes: suponen mantener sus prefecturas, la Media Luna, calculan poder perder Cochabamba y La Paz, cuyos prefectos pertenecen a fuerzas no alineadas con la oposición oficial, mientras que esperan poder ganar las dos prefecturas masistas, Potosí y Oruro, reducir el apoyo al gobierno y, sobre todo, desviar totalmente la radicalización de las masas.
Este contexto general ha repercutido también en la acción del gobierno. Pese a la resistencia manifestada por la Unión Europea, se nacionalizó la empresa telefónica ENTEL y el gobierno emitió unos decretos que favorecen a los trabajadores y su sindicalización, e impone el 10% de aumento salarial en el sector privado. Respecto a las negociaciones con las multinacionales dueñas de las empresas privatizadas del gas (Chaco, Andina, Transredes y CHLB) Repsol, Shell y PAE mantienen derecho de veto en los consejos de administración de las empresas, pero ahora su capital accionarial es minoritario. El prefecto de Oruro, nada más anunciar el referéndum, ha proclamado la voluntad de nacionalizar la empresa eléctrica departamental, actualmente propiedad de la española Iberdrola.
En la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) el referéndum revocatorio es abordado con una mezcla de extremismo y oportunismo: por un lado se presenta como la prueba evidente del acuerdo entre gobierno y derecha para desviar las reivindicaciones de los trabajadores, por otro es utilizado por los dirigentes afines del oficialismo para intentar imponer el silencio del sindicato, evitando la crítica al gobierno de Evo Morales.
Perspectivas
Una victoria en el referéndum revocatorio por parte del MAS y de Morales, obtenida sobre la base de las recientes nacionalizaciones y de la movilización del 4 de mayo, daría al gobierno toda las armas para cumplir con lo que su base y la clase trabajadora piden a viva voz: arrinconar definitivamente la derecha para profundizar el camino de la revolución, en primer lugar realizando la reforma agraria en el Oriente, verdadero tema de la contienda entre un gobierno con base principalmente campesina y la burguesía nacional, principalmente agrario-financiera. La capacidad del gobierno de aprovechar esta oportunidad dependerá en larga medida de la capacidad del movimiento obrero de ponerse al frente de los acontecimientos futuros. Un ejemplo para entendernos: en Potosí la movilización del 4 de mayo fue principalmente campesina y la reivindicación fuerte fue la reforma agraria. En El Alto, Cochabamba y Oruro hubo, al contrario, una masiva y organizada participación obrera y minera, lo que condicionó el cariz de las reivindicaciones, que aquí incidían en la necesitad de expropiar a la burguesía nacional, completar las nacionalizaciones, acabar con la oligarquía y la derecha política. Los trabajadores y campesinos de Bolivia podemos, una vez más, torcer en contra de la reacción sus mismas maniobras.