La movilización de los trabajadores bolivianos crece en amplitud cada día más. Los principales reclamos por un salario superior al 10% decretado por el gobierno, la abrogación del DS 21060, la nacionalización de las minas y la defensa de la Caja Nacional de Salud, comienzan a ganar apoyo y simpatía de sectores populares golpeados por la crisis. Asimismo algunos dirigentes de la Coordinadora Nacional en Defensa del Cambio (CONALCAM), principalmente del sector campesino y cocalero, lanzaron beligerantes declaraciones contra la COB y los trabajadores, anunciando contramarchas y contrabloqueos en defensa del gobierno. ¿Cuál son entonces las perspectivas de esta lucha? ¿Qué posición deberían asumir los revolucionarios?
Las bases materiales de la huelga
Como escribió el periodista y ex Ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada el gasolinazo ha tenido el efecto de una “orden, más contraorden igual desorden”, destapando una espiral inflacionaria hasta ahora incontrolada. El aumento de precios acumulado en 12 meses es del 11,1% en marzo de 2011, haciendo ya objetivamente insuficiente el incremento salarial del 10% ofrecido por el gobierno. El aumento de precios de los alimentos es aún más alto, del 18,5%, superior incluso al 15% reclamado por la dirigencia de la COB.
Como escribimos muchas veces en pasado la casi totalidad del gobierno y de los dirigentes del MAS, excluyendo al solo Evo Morales, faltan totalmente de autoridad frente a los trabajadores y el pueblo boliviano como para pedirles “racionalidad” y “consciencia revolucionaria”, es decir de posponer sus reclamos a la realización de planes de reactivación de la producción, particularmente la producción agrícola. Incluso una resolución de ampliado juvenil del MAS en Santa Cruz de la Sierra exige un cambio en el gabinete ministerial. Es que mientras los trabajadores sufren las consecuencias de la crisis económica ven las extraordinarias ganancias de multinacionales y burguesía nacional saboteadora, corrupción a todos niveles del aparato estatal (Aduana, empresas estatales, la propia Caja Nacional de Salud etc.) y escuchan de sus ministros discursos dignos del FMI.
Los reclamos de los trabajadores
Y sin embargo a pesar de la urgencia del tema salarial los trabajadores no están reclamando solo aumentos salariales y a medida que la lucha avanza evolucionan también sus reivindicaciones. Por ejemplo frente a las denuncias de corrupción en la Caja Nacional de Salud que menguan la calidad de la atención médica de esta institución los salubristas ahora plantean el control de los trabajadores sobre la CNS, sus cuentas y su administración. Desde nuestro gobierno y el MAS – partido que planteaba en su programa que “los trabajadores deben tener participación y decisión en la administración y en las ganancias de las empresas, sean estas públicas o privadas” – debe apoyarse de manera resuelta este reclamo como base de la solución al conflicto con los salubristas.
El sector minero es el que con más énfasis está buscando incorporar el tema salarial en una visión política de lo que es y debe ser el llamado “proceso”. Los principales reclamos de la FSTMB no son tanto el salario sino las medidas que impidan que un aumento salarial se traduzca, en el marco de una economía capitalista, en inflación. Por ello exigen la abrogación del DS 21060 que abrió la época del libre mercado en Bolivia y la nacionalización de una serie de minas, principalmente las operadas por tres multinacionales en los departamentos de Potosí, Oruro, La Paz. El gobierno les está ofreciendo la re-estatización de algunas minas antes de COMIBOL y un decreto en que se plantee la modificación de todas las leyes derivadas del 21060 para luego proceder a su abrogación, algo considerado insuficiente.
Guido Mitma, dirigente de la FSTMB en una rueda de prensa ha exhortado nuevamente a Evo Morales a que escuche y atienda a los trabajadores precisando que “los mineros no estamos por el salario, este es un tema que lo arreglamos internamente [con el patrón] los trabajadores. Nuestra lucha es política porque plantea problemas generales del pueblo [haciendo referencia al 21060 y la nacionalización de las minas] y por esto el pueblo nos apoya”. Los mineros en los años pasados consensuaron una alianza con el MAS del que esperaban un productivo dialogo con el gobierno. Su firmeza y radicalidad ahora es porque, tras haber experimentado el fracaso y el agotamiento de las posibilidades de negociación con el gobierno, no les queda otro que la lucha. Sus declaraciones y actos manifiestan una vez más que la perspectiva de los mineros no es de antagonismo al proceso, sino por la verdadera defensa del mismo y por redireccionarlo.
La estrategia del gobierno
Desde el gobierno se ha suavizado los ataques a la clase trabajadora, particularmente al sector minero. De golpistas que no quieren las nacionalizaciones se reconoce ahora a los mineros sus reclamos, la abrogación del 21060 y la nacionalización de las minas. La artillería mediática de la Vicepresidencia ha modificado el discurso. La campaña ahora apunta a convencer a los mineros que el 21060 (que antes el Vice declaraba ya muerto) será abrogado, que este gobierno es el que está refundando la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
La intención es evidente; separar al sector minero de la movilización. Esto es lo que permitió la desarticulación del movimiento huelguístico por el salario del año pasado, cuando los mineros dejaron la marcha Caracollo-La Paz en medio camino, en la localidad de Panduro, tras haber sellado con el gobierno un acuerdo que consideraron satisfactorio por agilizar la Ley de Pensiones y otros temas. Esto permitió liquidar la huelga lanzando ataques a los otros sectores, al magisterio por ejemplo, en la forma de los descuentos sobre el sueldo como medida disuasoria a las movilizaciones y agresiones a sus sedes sindicales.
Es que la presencia de los mineros representa para el gobierno un problema de múltiple naturaleza. Económico, porque un prolongado paro minero es insostenible por su papel en la economía nacional. Aunque sean solo 12 mil, a los trabajadores de la mina privada y estatal no cooperativizada se les debe, nótese bien, un ¡48% de todas las exportaciones bolivianas! (Fuente IBCE). Político porque los mineros están hurgando en la herida de las contradicciones del proceso. Social porque aunque sectores del gobierno estén acariciando la idea movilizar al campesinado y la pequeña burguesía contra los trabajadores esto es más difícil cuando en campo están los mineros, por su determinación, por su combatividad, por su nivel organizativo y no último porque los mineros son Quispe, Choque, Colque, Mamani etc., es decir no es la oligarquía euro-descendiente, sino son los hijos de nuestras comunidades.
La amenazas de CONALCAM
Aunque como decimos hay indudablemente ministros muy activos en la preparación de una contraofensiva social a la movilización obrera, no podemos olvidar que en las filas mismas del sector campesino-originario y las demás organizaciones que conformaban la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) no hay la misma determinación que en anteriores ocasiones. Una cosa es luchar contra la oligarquía, otra cosa es una lucha fratricida. Sin olvidar el nivel de descontento que también hay dentro de las filas del campesinado originario que fue ilusionado con la promesa de un “gobierno de los movimientos sociales” para luego enfrentar una superior “razón de Estado” detrás de la cual están intereses ajenos a su lucha revolucionaria.
A diferencia de 2008, cuando hubo el intento golpista en la Media Luna, solo el dirigente de la CSUTCB salió anunciando la intención de salir a marchar. El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), organización de las comunidades originarias del Occidente, por boca de su dirigente Sergio Hinojosa ha declarado que no participarán de ninguna movilización contra la COB. La CIDOB está verticalmente dividida a su interior, producto de malestares en relación al trato que los indígenas de Oriente recibirían del gobierno. Otros sectores que conformaban la CONALCAM, como la propia COB, o están al otro lado o tienen sus propias cuentas pendientes con el gobierno, como los cooperativistas mineros. Y a medida que la amplitud de la movilización de los trabajadores crece, se aminora también la fuerza social capaz de contrarrestarla.
Esto no quiere decir que quede descartada una infausta lucha fratricida, particularmente si desde los sectores del gobierno que manejan esta hipótesis se lograra hacer pasar la idea que los trabajadores están movilizados en contra del gobierno. Es en este contexto que el extremismo de algunas corrientes políticas de la COB le da una objetiva mano a la burocracia de gobierno y podría incluso motivar una retirada de los mineros sobre la base de un acuerdo como el de Panduro, si los mineros – que aun manifestando de no tener miedo a ninguna agresión evidentemente no la quieren – se vieran cerrados en una morsa entre sectarismo y reformismo.
Perspectivas
El saboteo productivo y el paro de inversiones de la burguesía nacional y el imperialismo ha abierto las puertas a la crisis en el país. El gobierno tiene márgenes muy reducidos para hacer concesiones reales a la clase obrera en materia salarial y por la reactivación del aparato productivo sin plantear la cuestión de la propiedad de nuestros recursos, tierra, minas, fábricas, y de la especulación de bancos privados. Aunque tuvieran éxito los intentos de tratar por separado los diferentes reclamos desarticulando a la COB y principalmente separando al sector minero de su movilización, el problema quedaría solo postergado. Por esto cobra fuerza la hipótesis de la “contraofensiva social” a la huelga de los trabajadores.
Pero esta se mueve en miles dificultades internas y aminorada por la creciente movilización de trabajadores. Los mismos mineros, por declaración del dirigente de la COD de Oruro, no se irán sin su incremento del 15%. Es muy probable entonces que el gobierno tenga finalmente que ceder, ofreciendo algo más del 10% y manteniendo su posición sobre el 21060 y la nacionalización de algunas minas que fueron privatizadas con aquel decreto. Lo cual profundizaría una crisis solo parcialmente camuflada dentro del gabinete frente al creciente rechazo popular a las corrientes más abiertamente pro-capitalistas del gobierno, reflejadas en las políticas de corte monetarista y pro-imperialista del Ministro de Hacienda Luis Arce, del que hay que exigir nuevamente la renuncia. Y plantearía la necesidad de una ulterior profundización del proceso frente al paro productivo y de inversiones que acrecienta la inflación. Esto demostraría que solo la movilización puede reconducir el proceso y por esto es tan abiertamente resistido por sectores del gobierno y el MAS.
Los trabajadores y sus vanguardias pueden evitar una confrontación fratricida con el sector campesino o parte de él, ganando además su decisivo apoyo, solo incorporando sus reclamos a los reclamos de la clase obrera, defendiendo un programa que defienda también los intereses del campesinado y de la clase media empobrecida. Un programa por la expropiación y disolución del latifundio, el fortalecimiento de la producción agrícola de pequeños campesinos y comunidades agrarias, créditos baratos y abastecimiento de productos para los comerciantes. Lo cual es posible solo a partir del tomar el control de la economía nacional bajo el control obrero – campesino para industrializar el país.
Para ello es necesario dejar en claro que la perspectiva autentica de la clase obrera es la defensa y profundización de nuestra revolución, que está lucha no está dirigida en contra de Evo Morales sino de los que sabotean nuestra economía, imperialismo y burguesía nacional y sus defensores dentro del gobierno y el MAS. Y consolidar la lucha en el terreno político, organizándose para dar continuidad en todos los sectores a la batalla política por la profundización del proceso.
Fuente: El Militante (Bolivia)