Termina la campaña electoral y Jorge Fernández Díaz aun no ha dimitido. El recuento del 26J depende de un ministro del interior que, además haber reprimido con saña en la legislatura anterior a la clase trabajadora y a los movimienos sociales, ha fabricado presuntamente acusaciones falsas contra los partidos nacionalistas catalanes en contubernio con el director de la Oficina Antifraude catalana. Este nuevo escándalo, unido a los informes fantasma de unidades policiales contra PODEMOS, es una muestra de cómo el gobierno del PP ha recurrido a las cloacas del Estado y a las prácticas dictatoriales consolidadas en el mismo contra la oposición.

De Jorge Fernández Díaz, miembro del Opus Dei y fundador de Alianza Popular en Cataluña, los medios han creado una imagen de ministro estrambótico, un católico fundamentalista que condecora imágenes de la Virgen y hace declaraciones apenas inteligibles. Más allá de esta imagen tragicómica, Fernández Díaz es un perfecto representante de la tradición represiva y autoritaria de la derecha y del aparato del Estado español; un aparato heredado del franquismo y que no fue depurado debido al pacto de la Transición.

Cualquier activista conoce esas prácticas. Todos hemos visto a los policías infiltrados en manifestaciones, muchas veces para crear incidentes, o infiltrados en las organizaciones y asambleas, para identificar a los “líderes” y desestabilizarlas con provocaciones. Muchos también conocemos las “listas negras” de activistas, la mayoría sin ficha policial legal, usadas para controlar y sancionar a “elementos incómodos” a los que no se ha podido detener legalmente. Todas estas prácticas fueron heredadas de la vieja policía franquista y han sido asumidas por todos los gobiernos de PSOE y PP, y han alcanzado el paroxismo en la legislatura de Rajoy y Fernández Díaz como respuesta a la enorme movilización popular desde 2011.

Esto es lo que sufrimos en nuestra vida cotidiana como activistas. Lo que ha revelado el escándalo de las escuchas a Fernández Díaz es que la frontera entre las “altas esferas” y las “cloacas” del Estado es más bien difusa.

La legislatura de Rajoy ha visto coincidir el periodo de movilizaciones sociales más importante desde la transición y el auge de la cuestión nacional catalana con una serie interminable de casos de corrupción que afectaban a los partidos tradicionales “de orden” (PP, PSOE y CiU). El enfrentamiento entre el PP y CiU, hoy CDC, por la cuestión catalana se ha llevado al terreno de las cloacas del Estado. A la corrupción, sin duda existente, de CDC se han querido añadir escándalos fabricados por Interior y su prensa afín que afectaran a CDC y ERC. Un elemento particularmente escandaloso, desde el punto de vista institucional, es que en este empeño el ministro contara con la colaboración del director de la Agencia Antifraude catalana, un cargo de libre designación del Parlament de Catalunya que sólo debe dar cuentas al mismo. Dicho director de la Agencia Antifraude habría ofrecido también, presuntamente, información privilegiada al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, lo que de ser cierto revelaría que el interés por fabricar escándalos contra el independentismo catalán iría más allá del aparato del Estado; revelaría un interés de los sectores empresariales que están detrás de Ciudadanos.

Lo cierto es que, aunque ahora se disponga de grabaciones que prueban estas actuaciones, esto no es nuevo. En el último año, PODEMOS ha sido el objetivo predilecto de las cloacas del Estado. Los famosos informes de la UDEF (unidad de delincuencia económica y fiscal) con supuestas pruebas de financiación de PODEMOS por Venezuela o Irán, aireados con entusiasmo por la derecha mediática, han puesto en ridículo a la unidad policial encargada de investigar la corrupción y el fraude, lo que beneficia la impunidad de la corrupción del régimen.

Los nacionalistas catalanes, y toda la izquierda, han exigido la dimisión o el cese de Fernández Díaz, y el Parlament de Catalunya va a proceder a la destitución del director de la Agencia Antifraude. Hoy Pablo Iglesias ha expresado su preocupación por el hecho de que este ministro sea el encargado del recuento del 26J. Compartimos esta preocupación, y nos sumamos a la petición de dimisión que, seguramente, no se va a producir. Pero tenemos que ser conscientes de que, más allá de la actuación de tal o cual ministro o tal o cual cargo, lo que este escándalo ha puesto de manifiesto es el funcionamiento normal del aparato del Estado, su prensa afín y los sectores económicos, contra la oposición política, en cualquiera de sus formas, y contra la movilización de la clase trabajadora. No tendremos una democracia sana hasta que no extirpemos hasta el último resto de franquismo del aparato del Estado, depurando las fuerzas de seguridad y el Ejército de los elementos reaccionarios que todavía persisten. Un gobierno de Unidos Podemos debe encarar con decisión esa tarea.