El debate en torno al programa económico de PODEMOS es uno de los elementos más relevantes de la discusión política, dentro y fuera de la organización. Ese programa será sometido en las semanas y meses venideros a una discusión entre la militancia para su elaboración y aprobación, con vistas a las elecciones generales de noviembre.

Una crítica al documento de bases de Juan Torres y Vicenç Navarro

El debate en torno al programa económico de PODEMOS es uno de los elementos más relevantes de la discusión política, dentro y fuera de la organización. Ese programa será sometido en las semanas y meses venideros a una discusión entre la militancia para su elaboración y aprobación, con vistas a las elecciones generales de noviembre.

Para contribuir a este debate, la Comisión Ciudadana de PODEMOS encargó a fines del año pasado a los economistas Juan Torres y Vicenç Navarro la redacción de un Documento de Bases para centrar la discusión, que titularon: “Un proyecto económico para la gente”. Según Torres y Navarro, su objetivo es ofrecer un diagnóstico de la situación económica española acompañado de un conjunto de propuestas y medidas que, según su criterio, puedan ser aplicables en el plazo de la una legislatura de 4 años.

El documento se divide en los siguientes apartados: Presentación, Resumen del documento, Diagnóstico, Estrategia y objetivos de gobierno, Líneas de actuación y medidas concretas, y Modo de actuación.

El documento, además de presentar estadísticas exhaustivas sobre la economía española y los efectos sociales de la crisis en estos años, viene acompañado de datos igualmente interesantes sobre las injusticias y desigualdades sociales en España y en el mundo, provocadas por el capitalismo.

“No es verdad [escriben Torres y Navarro] que tanta gente sufre, está en la pobreza y carece de la más mínima satisfacción porque no haya recursos suficientes, sino por culpa de la desigualdad que origina el mercado que produce y reproduce una gran concentración de la renta y la riqueza . Según Oxfam, el 70% de la población mundial posee el 3%, y el 10% posee el 87% ... En España, el 1% de los más ricos tienen tanto como el 70% de la población”. Y añaden: “tan sólo 3 individuos duplican la riqueza del 20% más pobre de la población española, 9 millones” (Pág. 22).

Torres y Navarro aportan datos sorprendentes sobre la concentración de la riqueza y la propiedad en España:

“Quince familias controlan 23 de las 35 empresas más grandes de España y las 20 mayores fortunas de España tienen una riqueza equivalente a la del 20% de la población más pobre. Y según demostró el profesor Santos Castroviejo, cuando comenzaba la crisis, sólo 1.400 personas controlaban recursos que equivalían al 80,5% del PIB, una situación que hoy día posiblemente se haya agudizado” (Pág. 32).

Finalmente, destacamos la condena vigorosa que se hace del sistema capitalista y la necesidad de superarlo, cuando dicen:

“El capitalismo de nuestros días se ha convertido en una economía de la exclusión y la inequidad y creemos que es un imperativo categórico oponerse a ello y decir basta … Por eso creemos que la humanidad debe superar este sistema económico tan injusto e irracional para aspirar a otro mundo más equitativo, eficiente y humano” (Pág. 22).

Esta posición anticapitalista es de celebrar, y creemos que resume el sentimiento de la militancia de PODEMOS al respecto.

También celebramos que ambos economistas recuperen las referencias al Socialismo, incorporando esta palabra al centro del debate político dentro de PODEMOS –aun con su punto de vista particular– cuando dicen:

“Lo cierto es que en los países donde han gobernado durante más tiempo partidos políticos comprometidos con el socialismo (partidos socialdemócratas aliados a partidos comunistas o progresistas) tienen mejores indicadores de salud, igualdad y bienestar que aquellos gobernados por partidos conservadores o liberales”. (Pág. 23)

En cuanto a propuestas concretas, Torres y Navarro proponen un conjunto de medidas que, de ser aplicadas, transformarían sustancialmente la vida de millones de personas. Citamos las más relevantes:

a) Incremento del salario mínimo y de los salarios en general

b) Derogación de la reforma laboral del PP

c) Reforma en el sistema de pensiones públicas. Incrementar las cotizaciones sociales empresariales o impuesto alternativo, y revisar las bases de cotización para que paguen más quienes más ingresan,

d) Equiparación de las pensiones no contributivas con el mínimo de las pensiones contributivas de jubilación

e) Ley de 35 horas de jornada laboral semanal

g) Restablecer la edad de jubilación a los 65 años

h) Educación pública universal desde los 0 años y gratuidad de los comedores escolares

i) Cobertura universal de los servicios públicos a personas dependientes.

j) Permiso de nacimiento con el 100% del salario a cada progenitor, mínimo de 6 semanas

ll) Eliminar la reforma del artículo 135 de la Constitución que da prioridad absoluta al pago de la deuda pública sobre los gastos sociales.

m) Renta mínima garantizada a personas o familias sin ingresos o situación de pobreza extrema

o) Aumentar el gasto público social hasta la media europea

p) Empleo público en sectores como Dependencia, Reforestación, Infraestructuras básicas, detrayendo recursos de megaproyectos no esenciales.

Hay algunos aspectos ambiguos a despejar en la discusión, como dejar claro que la reducción de la jornada laboral debe hacerse sin reducción salarial y que la jubilación a los 65 años debe regir incondicionalmente para todos, y no “flexibilizando dicho criterio en función de la naturaleza del trabajo realizado” (Pág. 13), como se propone, lo que podría ser un coladero que en la práctica haga inviable la efectividad de la medida.

Tomando en cuenta estas salvedades, desde Lucha de Clases apoyamos incondicionalmente todas estas medidas. A diferencia de la crítica malévola de los socialdemócratas y la derecha, estamos convencidos de que son absolutamente aplicables por un futuro gobierno de PODEMOS y la izquierda, aceptando incluso el lapso de 4 años para su puesta en práctica. El debate debe girar entonces, en cómo conseguirlo.

Para Torres y Navarro, ello está supeditado a cinco factores:

1 - Incrementar los recursos del Estado, con el aumento de ingresos por impuestos a las grandes empresas y fortunas, y con una quita sustancial de la deuda pública (Págs. 14 a 17).

2 - Incrementar el crédito a las empresas para inversión (Págs. 10 y 11)

3 - Incremento del consumo interno, sustentado en el crecimiento de los salarios, del empleo público y de los gastos sociales (Págs. 12 y 13)

4 - Cambios estructurales en la Unión Europea (UE) y sus instituciones: Banco Central Europeo, moneda única, Parlamento Europeo, Comisión Europea, etc. (Págs. 11 y 12)

5 - Un crecimiento económico sustancial en la UE (Pág. 56)

Incrementar los recursos del Estado

Un eje central del documento es su insistencia en la necesidad de una ambiciosa reforma fiscal que incremente los recursos del Estado. Para ello, Torres y Navarro se apoyan en un estudio del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Ghesta) que propone conseguir 78.000 millones de euros adicionales del fraude fiscal, terminando con las deducciones impositivas a las grandes empresas, reduciendo un 10% la economía sumergida, y alcanzando la media de la presión fiscal de la UE (Pág. 52).

Llevar a cabo estas propuestas es absolutamente necesario y deberían abordarse con carácter prioritario.

Ahora bien, debemos ser muy conscientes de a lo que vamos a enfrentarnos. El objetivo declarado de todo empresario, particularmente de los grandes, es el lucro. Los balances de las empresas no están ahí a disposición de cualquier gobierno para que meta la mano y los maneje a su antojo, por medio de leyes o decretos. La evidencia histórica sugiere que, ante medidas como las que proponemos, las grandes empresas tratarán de falsear sus balances, evadir y esconder sus capitales a través de mil triquiñuelas legales y, si eso no fuera suficiente, boicotear la economía con huelgas de inversiones y cierres de empresas.

Torres y Navarro, reconocen expresamente esta eventualidad, cuando escriben:

“Hoy día existe plena libertad de movimientos para el capital en todo el planeta, las entidades financieras operan en un marco casi completamente liberalizado y en donde pueden llevar a cabo cualquier tipo de operaciones sin apenas control, aunque con ellas pongan en riesgo o lleven al desastre, como muchas veces ha pasado, a naciones enteras. Se permite la deslocalización y los estados han establecido normas para que las grandes empresas se desfiscalicen, es decir, para que puedan ubicar sus costes y ganancias no donde realmente se generan sino donde menos impuestos paguen, y se consiente la existencia de paraísos fiscales en donde las grandes fortunas y capitales se ponen a buen recaudo, no solo para eludir sus obligaciones fiscales sino para ocultarse de todo tipo de crímenes financieros” (Pág. 29)

Parece, entonces, que no bastaría con movilizar a un ejército de inspectores fiscales, entre los cuales habrá no pocos amigos de los patrones, para auditar y vigilar las cuentas de las medianas y grandes empresas. Los trabajadores, adiestrados durante años en producir y en registrar la administración cotidiana de sus empresas, tienen un conocimiento mil veces más exacto de la verdadera situación de las mismas que un puñado de inspectores mandados por el gobierno desde fuera. Por tanto, la medida más efectiva sería darle a los trabajadores poder para fiscalizar las cuentas de sus empresas –por ejemplo, en establecimientos a partir de 50 trabajadores– decretando el control obrero en las mismas.

Ante el previsible bramido de los medios de comunicación burgueses y de la patronal contra este “escandaloso asalto al derecho de propiedad” de los “emprendedores” hay que decir que las empresas de 50 o más trabajadores (es decir, las medianas y grandes empresas) sólo suponen el 0,7% de las empresas registradas en el país, unas 24.000 (www.actualidadpyme.es, 3/05/13). Es decir, estas empresas medianas y grandes representan sólo a una minoría exigua de los “emprendedores”. Sin embargo, concentran el 52,3% de los trabajadores asalariados del país –7,6 millones, según la misma fuente– y controlan las palancas fundamentales de la economía española. De manera que apenas 24.000 empresas son responsables directas del destino de millones de familias obreras del país y, en una gran medida, del conjunto de la sociedad.

Sería, por tanto, una irresponsabilidad dejar tamaño poder económico y social bajo el control irrestricto de unos pocos miles de individuos, en una época de aguda crisis económica y social cuyo peso está siendo soportado casi en exclusiva por millones de familias obreras con todo tipo de sacrificios y penalidades. Además, el objetivo de estas medidas de control obrero sería simplemente asegurar el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en materia de pago de impuestos.

No es necesario añadir que esta medida debe incluir el control obrero de las entidades financieras, los bancos y aseguradoras, para vigilar las transacciones financieras entre las empresas y estas entidades.

Todo intento denunciado y probado de fraude o evasión fiscal debe conllevar el pago íntegro de lo adeudado o la expropiación de la empresa por interés social.

Hay un punto en el que estamos en completo desacuerdo con Torres y Navarro, y es la propuesta planteada en el apartado “5.3.2. Aumento de la inversión empresarial sostenible” (Pág. 49), donde se dice:

“Es imprescindible una nueva política fiscal que dé un tratamiento favorable al beneficio productivo, a diferencia de lo que ahora sucede. Y, en particular, que penalice la no reinversión de los beneficios e incentive, por el contrario, su inversión en nuevas actividades productivas” (Íbidem).

No es cierto que no existan actualmente estímulos a la llamada “inversión productiva”. De hecho, si hay algo que debe reprocharse al actual sistema impositivo es la multitud de bonificaciones fiscales que hay establecidas por parte de los gobiernos central, autonómicos y municipales, y por las diputaciones provinciales. Estas bonificaciones fiscales dan tal “tratamiento favorable al beneficio productivo” que han conducido, en lo que se refiere solamente a las grandes empresas, a que el pago efectivo de impuestos sobre sus beneficios se haya reducido al 5% o 6% cuando la ley les obliga pagar el 30%. Y eso no ha redundado en la creación de empleo ni de riqueza.

Este tipo de “estímulos” son una trampa que aprovechan los empresarios para evadir sus obligaciones fiscales, con todo tipo de disfraces contables, a fin de incrementar su riqueza y privilegios.

Nuestra propuesta es que se elimine todo tipo de bonificación fiscal, comenzando por las grandes empresas, como se ha reclamado insistentemente desde la dirección de PODEMOS, y que paguen de forma efectiva, como mínimo, el tipo ya fijado actualmente del 30%. Solamente en el caso de pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores, supervisadas por un control obrero efectivo de sus empleados, junto a representantes de los sindicatos y de la administración, podría evaluarse la reducción de determinados impuestos bajo la condición de una inversión real de los beneficios, en proyectos productivos que supongan creación de empleo y riqueza que redunde en beneficio de la comunidad.

Control obrero y "cogestión"

Es interesante señalar que, en un apartado del documento, Torres y Navarro sugieren algún tipo de control y “cogestión” obrera en las empresas, cuando demandan:

“Democratización de las empresas con participación en los centros de decisión empresarial de sus empleados y trabajadores mediante sistemas de cogestión que han mostrado su superior eficacia y eficiencia gestora sobre las empresas sin tal tipo de participación”. (Pág. 16)

Hay que dejar claro que esto se plantea como una sugerencia a ser tomada en cuenta por empresarios y sindicatos, y no como una propuesta para que sea aplicada por un gobierno de PODEMOS vía decreto. Pero, más allá de esto, lo que aquí se plantea no tiene nada que ver con el control obrero genuino, y sí encierra en cambio algunos peligros.

El control obrero supone la creación de un organismo paralelo e independiente al consejo de administración de la empresa, que fiscalizaría las cuentas de la compañía para controlar la gestión e informar de la misma a los trabajadores de la empresa y a la sociedad. La “cogestión” –aunque su nombre sugiera lo contrario– no representa ninguna democratización de las empresas. Éstas seguirían siendo propiedad de sus dueños y la participación de los representantes obreros sería a modo de “vocales” sin poder de decisión real en la dirección de la empresa. Para peor, podría convertirse en una fuente de corrupción (como en Bankia, o en experiencias similares recientes en Alemania como en Siemens) que terminarían transformando a los representantes de los trabajadores en la correa de transmisión de los intereses patronales, “a fin de sacar la empresa adelante”.

La reestructuración (o quita) de la deuda pública

Otro eje central es el problema del endeudamiento público, que implicará pagos anuales de alrededor de 40.000 millones de euros en los años inmediatos.

Al respecto, Torres y Navarro plantean:

“… no hay posibilidad de salir de la situación en la que se encuentra la economía española … sin reducir la deuda, lo cual es imposible si no se generan los ingresos que proporcionan el consumo, la inversión y el gasto productivo y si al mismo tiempo no se llega a su reestructuración positiva y no traumática, con algún tipo de quita incluida” (Pág. 26).

Y añaden, más adelante:

“Y la cuestión, por tanto, no es si se desea o no llevarla a cabo [la quita o reestructuración de la deuda] sino en qué condiciones se va a dar porque es materialmente inevitable que antes o después se lleve a cabo, salvo que se quiera provocar una convulsión de consecuencias inimaginables en todo el continente” (Pág. 57)

Estamos de acuerdo con que la deuda actual es impagable. Pero a la hora de proponer una quita o reestructuración de la misma, se plantea una primera dificultad, y es: ¿cómo llevarlo a cabo? No es algo que esté exclusivamente en las manos de un futuro gobierno de PODEMOS. Obliga a un acuerdo con los acreedores, fundamentalmente bancos y fondos de inversión extranjeros y españoles, que concentran el 75% de la deuda española.

Este problema ha adquirido una gravedad particular, con la situación actual que vemos en Grecia, donde sus principales acreedores: la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) [lo que ha quedado en denominarse “la Troika” o “las instituciones”] están mostrándose implacables en su negativa a condonar un solo euro de la deuda pública externa griega.

Hay razones políticas que explican esta negativa, como sería evitar que un acuerdo exitoso favorable a Grecia fortaleciera a un gobierno, como el de SYRIZA, no controlado directamente por el gran capital europeo, y considerado por tanto un enemigo. Esto, además, beneficiaría también a las formaciones políticas de izquierda anti-austeridad del resto de Europa –principalmente a PODEMOS en España– con posiciones políticas similares a las de SYRIZA.

Pero también hay razones económicas. El problema que hay planteado aquí es que si la Troika aceptara quitas a Grecia y España, mañana Italia, Portugal o Irlanda exigirían lo mismo. Y pasado mañana, lo plantearía Francia. Sería una situación insostenible para el Banco Central Europeo (es decir Alemania, que aporta la mayoría de los fondos) y los grandes inversores financieros, que no están dispuestos a dejar de recibir un solo euro, aunque eso conduzca a la quiebra y cesación de pagos de estos países.

Algunos insinúan la posibilidad de reestructurar la deuda sin necesidad de recurrir a una quita, como sería reducir la carga de intereses, y alargar los plazos de vencimiento para que el monto anual a pagar fuera menor.

Esto es lo que sugieren Torres y Navarro, en la confianza en que dicha reestructuración vendrá a plantearse tarde o temprano:

“España debe estar preparada para una coyuntura europea de este tipo que sin lugar a dudas va a darse en los próximos años y tratar de llegar a ella con firmeza, inteligencia colectiva y decisión a la hora de poder defender los intereses nacionales en aspectos como la renegociación de tipos de interés, periodos de carencia, plazos de vencimiento y amortización o condiciones de quitas parciales que van a tener que plantearse” (Pág. 58)

Por lo pronto, la Troika tampoco quiere oír hablar de esto, por lo que queda dentro del marco de lo deseable. Y no podemos esperar a “los próximos años” aguardando una perspectiva hipotética. Pero, más allá de que esto sea hipotéticamente posible, tampoco resuelve el problema. La deuda es tan colosal que cualquier reestructuración obligaría a seguir pagando decenas de miles de millones de euros anualmente para honrar capital e intereses. Además, en ausencia de un crecimiento económico vigoroso en los años por venir –como luego veremos– no hay previsión de una disminución significativa de la deuda. Los ajustes se mantendrían para asegurar ese pago y evitar mayores aumentos de la deuda.

La situación está planteada en los siguientes términos: En España, como en todo el sur de Europa, el déficit presupuestario y la deuda pública se han convertido en elementos clave de la situación, al punto que el gobierno aplica recortes masivos para justificar su pago. Es imposible acometer un plan de inversiones en obras públicas sociales, en viviendas y hospitales, y restituir los gastos sociales eliminados, pagando al mismo tiempo esta deuda.

Desde 2008, la deuda pública española se incrementó en 650.000 millones de euros, pasando del 36% del PIB al 98% actual. La mayor parte está en manos de los bancos, del Banco Central Europeo y de grandes inversores nacionales y extranjeros. Gran parte de la deuda se generó para rescatar a los bancos y grandes empresas que transfirieron al Estado sus propias deudas. Es una deuda ilegítima y fraudulenta. Succiona la savia vital de la economía española, transfiriendo anualmente más de 35.000 millones de euros al pago de intereses, el verdadero negocio de la deuda pública, que va a los mismos bancos e inversores que fueron salvados con el dinero público.

Se mire por donde se mire, no hay más alternativa que declarar una moratoria unilateral de la deuda, exigir a los bancos la devolución íntegra de los 140.000 millones de euros de ayudas públicas recibidas por el sistema financiero, y garantizar solamente el pago a los pequeños ahorradores y depositantes.

Estamos de acuerdo, como proponen Torres y Navarro, con hacer una auditoría de la deuda que desentrañe su naturaleza y procedencia, y “que se depuren con claridad y objetividad las responsabilidades de todo tipo que hayan podido contribuir, por activa o pasiva, a provocar los daños inmensos que viene sufriendo la inmensa mayoría de la población”.

Ahora bien, falta por definir quiénes deben llevar adelante esta auditoría. Para nosotros, deberían ser representantes reconocidos de la clase trabajadora, de los sindicatos y de los movimientos sociales, y con una autoridad moral irreprochable. Y su fin debe ser exponer documentalmente las mentiras, corruptelas, desmanes y saqueos que implicó el negocio de la deuda pública en los últimos años, y así demostrar ante el conjunto de la población la necesidad de su repudio en las condiciones que antes planteamos.

El incremento del crédito

El problema de la falta de crédito no responde a la “falta de voluntad” de la banca privada. Es un problema del endeudamiento masivo de bancos y empresas, y de la escasa perspectiva de un crecimiento económico sólido en el horizonte en la UE y a nivel mundial. Esto se reconoce explícitamente:

“La mayoría de las familias, las empresas, los bancos e incluso el sector público van a utilizar gran parte de los recursos adicionales de los que pudieran disponer para reducir la deuda y no para generar gasto. Lo que implica que, incluso en el mejor de los casos, es decir, funcionando a la perfección los estímulos que hemos propuesto anteriormente, puede ser que no proporcionaran nuevos ingresos, que la economía entrase en una depresión permanente y que la deuda siguiera aumentando por muchos que fuesen los recortes que se siguieran haciendo” (Pág. 56).

Pedir, como plantea el documento, que la Constitución consagre el crédito como un servicio público esencial no resuelve mucho, ya que la Constitución también consagra el derecho a la vivienda y al trabajo y eso no garantiza ni una cosa ni la otra. En todo caso, su única utilidad sería dar un soporte legal a la intervención del Estado sobre la banca privada por incumplir un mandato básico.

Ante la inacción de la banca privada, el documento propone la creación de una banca pública que rivalice con aquélla (Pág. 11) y otorgue créditos baratos a las empresas. El problema es ¿con qué capital? Ya hay una enorme deuda pública que pagar. Los recursos del Estado son contingentes, fluyen continuamente como ingresos y gastos, no quedan inmovilizados por mucho tiempo y en cantidades relevantes para que puedan ser destinados al crédito. La banca privada ostenta el monopolio de los depósitos de empresas y particulares, y la tarea de disputarle la confianza de los depositantes, partiendo de cero, es difícil, larga e incierta.

En esta tesitura, si la banca privada no juega ningún papel progresista en hacer avanzar la sociedad, como es el caso, la única alternativa realista para disponer de una verdadera banca pública pasa por decretar la expropiación de los bancos –indemnizando a los pequeños accionistas y ahorradores– unificándolos en un sistema bancario público al servicio de la sociedad.

Torres y Navarro, completan su exigencia de una banca pública que rivalice con la privada, con el fortalecimiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO) al que demandan una actitud más activa ofreciendo crédito a las Pymes. Pero esto ya es algo que se hace, aún con sus recursos limitados. Pero incluso aunque el ICO dispusiera de más fondos y exigiera menos garantías a la Pymes para conceder los préstamos, no es ése el problema de fondo, porque el problema de la economía española e internacional no es la falta de liquidez, de dinero para invertir. Actualmente, el BCE está destinando decenas de miles de millones de euros en préstamos al 0% de interés, con resultados pobres. El problema ya lo señalaron antes Torres y Navarro, es el endeudamiento empresarial y la falta de un auge económico global significativo en el horizonte, que desestimulan las inversiones debido al estancamiento del mercado capitalista.

Vemos así que el desarrollo económico choca con los estrechos límites de la gran propiedad privada empresarial, que sólo produce para vender en el mercado a cambio de un beneficio, y no atiende las necesidades que demanda el conjunto de la sociedad. Por eso, la demanda de una banca pública, aunque se establezca expropiando la banca privada, sólo tiene sentido si va acompañada con la nacionalización de las palancas fundamentales de la economía, para planificar los recursos productivos de manera integral; y atienda, no la búsqueda egoísta, mezquina y bárbara, del lucro de una oligarquía de parásitos, sino el bienestar y el avance del conjunto de la sociedad. De lo que se trata, por tanto, es de movilizar el crédito acumulado por el conjunto de la sociedad en interés de un plan racional de producción que atienda esas necesidades sociales y productivas útiles, y las eleve indefinidamente.

El aumento del consumo

La clave para generar una reanimación económica, según Torres-Navarro, es un aumento del consumo. Para ello proponen un aumento general de salarios a través de un gran acuerdo social que involucre, como en el caso de la reducción de la jornada laboral, a empresarios y sindicatos.

Así, se plantea:

“PODEMOS debería proponer un gran Pacto a todos los sujetos y agentes económicos para hacer que la democracia llegue a la economía y para repartir con justicia los sacrificios y los beneficios de las medidas que haya que ir adoptando, a diferencia de lo que ha venido sucediendo hasta ahora --- [un] Pacto de rentas que lleve a aumentar la participación de los salarios en la renta a los niveles existente, por ejemplo, en los últimos años noventa” (Pág. 19).

El problema con esta propuesta es que la actitud de la patronal CEOE y demás organizaciones empresariales es la opuesta: exigen menos salario, más empleo a tiempo parcial y peores condiciones laborales, profundizando la senda emprendida desde el inicio de la crisis.

Nos encontramos nuevamente con el problema de cómo obligar a las empresas que acepten mejorar sustancialmente las condiciones de los trabajadores o traten de responder con el chantaje económico de cerrar sus negocios. En el documento no se menciona esta eventualidad.

Un gobierno de PODEMOS, con el apoyo de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, no debería dejarse amedrentar por posibles amenazas y chantajes, y debería plantear como primera medida la restitución del poder adquisitivo de las familias obreras perdido durante la crisis. Si la patronal no accede voluntariamente, un gobierno de PODEMOS debería aprobar un decreto para hacer cumplir este punto.

Al mismo tiempo, debería decretarse un control obrero efectivo en las empresas que evalúe la capacidad financiera de las mismas para elevar los salarios y su cuantía. Las pequeñas empresas con dificultades reales, podrían ser ayudadas con reducciones de impuestos, pero aquellas empresas que se nieguen a subir salarios, reducir la jornada y contratar trabajadores, aunque estén en condiciones de hacerlo, y amenacen con cerrarlas o trasladarlas al extranjero, deberían ser expropiadas sin indemnización, bajo el control de sus trabajadores.

Si el empresario ha dejado de jugar un papel social progresista en hacer avanzar la sociedad, y sólo busca su enriquecimiento personal a costa del hambre de decenas o de cientos de familias, deben ser los trabajadores quienes tomemos el control de lo que producimos, sustituyendo la búsqueda del lucro, por el fin social de la producción.

Crecimiento económico

Sin duda, el elemento clave es el crecimiento económico ¿Cómo generarlo? A este respecto, en la parte final de su trabajo, los profesores Torres y Navarro lanzan un mensaje poco tranquilizador:

“Somos conscientes de que las posibilidades de reactivar la economía española mediante estas medidas [las que se proponen en el documento. Nota de LdC] son, incluso en el caso en que se puedan implementar en toda su intensidad, realmente limitadas si no encuentran un entorno mínimamente favorable en la Eurozona y eso no ha sido casi nunca el caso ni lo es en estos años de crisis.” (Pág. 56)

Ellos depositan la principal responsabilidad de este estancamiento económico a las políticas de austeridad impulsadas por la Unión Europea, a las que denominan austericidio. Aunque es cierto que las políticas de ajuste han tenido el efecto de reducir el consumo general y profundizar la crisis, ésta tiene causas más profundas y no se debe solamente, ni principalmente, a un problema de demanda, de falta de dinero para consumir.

La crisis global ha durado ya 6 años, y no hay perspectivas de crecimiento sólido a la vista. Pese a que los intereses de los préstamos que ofrece el BCE a los bancos privados están próximos a cero no hay un incremento significativo del crédito ni del consumo en ninguna parte. Ningún economista burgués serio espera un crecimiento robusto de la economía mundial en los próximos años, y algunos pronostican austeridad y crecimiento raquítico durante 20 años o más. Hay dos razones que explican esto: el enorme endeudamiento de gobiernos, empresas y familias, y la crisis de sobreproducción existente en la economía global.

El problema del endeudamiento es colosal. Actualmente, el endeudamiento global de familias, empresas y Estados alcanza el equivalente al 385% del Producto Interno Bruto Mundial (http://www.bbc.com/news/business-30300633), una cifra insólita e insostenible. Esto demuestra que el sistema capitalista ha ido más allá de sus límites. De esta manera, en las próximas décadas una parte significativa del crecimiento de la economía debe destinarse a devolver deudas, a costa del consumo y de la inversión.

El otro gran problema es la sobreproducción. La Gran Recesión que se inició en 2008 ha dejado una capacidad productiva ociosa (sobreproducción) que no puede dar salida a toda la producción inherente a ella. Las perspectivas para China son de una reducción paulatina de su crecimiento. Esto está arrastrando a las llamadas economías emergentes a la crisis, ya que dependían de China para la exportación de materias primas y productos semielaborados. Europa está estancada, con un crecimiento que, ahora mismo, oscila alrededor del 1% anual. EEUU tiene un crecimiento mayor, alrededor del 2,4%, pero es muy inestable y sin un entorno internacional con un crecimiento significativo, es difícil que lo pueda mantener; y en cualquier caso es muy insuficiente como para tirar de la economía mundial como solía hacer 30 o 40 años atrás.

Dado que el pronóstico de Torres y Navarro es que las medidas que proponen van a tener poco efecto sin un crecimiento económico significativo, a nivel europeo al menos –y dado, también, que las políticas de austeridad aplicadas hasta ahora tampoco han funcionado– la única conclusión posible a sacar es que no existe alternativa a la pobreza, el desempleo de masas, y a la precarización creciente de las condiciones de vida … sobre bases capitalistas.

El problema de la Unión Europea

Ante las limitaciones para conseguir una solución a los ardientes problemas que acosan a la economía española, dentro de nuestras fronteras nacionales, el documento plantea, para contrarrestarlas, la necesidad de hacer cambios profundos en la estructura de la UE.

En general, se plantean propuestas que también defienden algunos gobiernos del sur de Europa, como transferir al conjunto de la UE la deuda pública de todos los países (“mancomunidad de la deuda pública”), que el BCE (cuyo aportante principal es Alemania) preste directamente a los Estados a bajo interés, y no sólo a los bancos privados, etc. También se plantean otras propuestas un tanto difíciles de llevar a cabo sin borrar las fronteras políticas interiores de la UE, como una política fiscal común, y una unión política plena (Págs. 44 y 45). Pero conseguir esto último –en caso de que fuera posible como hipótesis– significaría unificar Europa bajo la bota del capitalismo alemán, haciendo desaparecer completamente cualquier tipo de “autonomía” nacional en materia económica y social.

En rigor, estas propuestas no tienen asidero en la realidad, pues implicarían que Alemania y otros países ricos del norte europeo se hicieran cargo de la deuda y de los problemas de los países con más dificultades. Merkel ya ha dejado claro que jamás aceptará esto. El objetivo del capitalismo alemán, como el de cualquier otro país, es desarrollarse a costa de los demás, no hacer filantropía.

La “expansión cuantitativa”

Lo más cercano a estas propuestas que se ha conseguido, es la reciente puesta en funcionamiento de la llamada “expansión cuantitativa”.

La “expansión cuantitativa” (EC) consiste en la compra masiva por parte de los bancos centrales de títulos de deuda pública y otros activos financieros a bancos y grandes empresas, para que vuelquen el dinero recibido al crédito y a la inversión productiva, para relanzar la actividad económica.

Tras su aplicación en EEUU, Gran Bretaña y Japón –con resultados poco convincentes, en el mejor de los casos– el Banco Central Europeo (BCE) inició el 9 de marzo su puesta en marcha en la zona euro. Comprará mensualmente 65.000 millones de euros de bonos de deuda de diversos países europeos y deudas empresariales de alta calidad crediticia (no amenazadas de impago). Estas compras podrían prolongarse hasta septiembre de 2016, invirtiendo alrededor de 1,14 billones de euros.

Como piden Torres y Navarro, la EC se trata en apariencia de un mecanismo que mancomuna la deuda pública de los países de la UE. Sin embargo, no es del todo cierto. Alemania ha mostrado abiertamente sus recelos a este plan. Por eso ha impuesto que el 80% de la deuda pública comprada a cada país sea avalada por los bancos centrales de dichos países, y no por el BCE, para no tener que responder con su dinero –siendo el mayor aportador del BCE– en caso de un eventual impago. Además, la compra de deuda pública queda excluida de países, como Grecia, sometidos a un plan de rescate.

Los efectos de estas medidas en EEUU –ya abandonadas– son discutibles. Aunque su economía creció en 2014 un 2,4%, frente al 0,9% de la zona euro, no está claro que se debiera a la EC. Las empresas y bancos destinaron lo fundamental del dinero recibido, no a la inversión productiva, sino a desendeudarse y a comprar sus propias acciones para incrementar su valor y obtener beneficios con la compra-venta de las mismas. Ciertamente, hubo una oleada de inversiones en negocios como la explotación de petróleo a través del “fracking”. Pero ahora este sector está en crisis por la bajada histórica del precio del petróleo, amenazando con la quiebra a multitud de empresas. Y aunque el desempleo en EEUU bajó al 5,8% oficialmente, en eso influyó que la población trabajadora descendiera al 62,7% de la población activa, el nivel más bajo en 37 años. Aparte, hay 6,7 millones de empleados forzados a trabajar a tiempo parcial, a los que se suman 2,1 millones que desisten de buscar empleo de forma activa. El empleo producido se ha degradado, con salarios bajos y precarios.

Ahora bien, ¿cómo podrá EEUU sostener su crecimiento económico? Europa y Japón están estancados –en este último país, la EC no tuvo ningún efecto– y las llamadas economías emergentes (China, Brasil, India, etc.) están reduciendo su crecimiento o en crisis.

El programa de EC en Europa puede crearle problemas adicionales a la economía norteamericana. El valor de las monedas oscila con su oferta y demanda. Al cancelar el banco central estadounidense –la Reserva Federal– la EC, y dejar de emitir dólares, éste lleva meses apreciándose con respecto al euro. En paralelo, la puesta en marcha de la EC en la eurozona, poniendo en circulación cientos de miles de millones de euros, está profundizando la devaluación del euro con el dólar. Así, las exportaciones estadounidenses se encarecen y los productos importados de Europa se abaratan, afectando negativamente a las empresas norteamericanas. Ya en marzo, se redujo bruscamente la actividad en EEUU, creándose la mitad de los empleos previstos.

EEUU tampoco puede retomar la EC, porque la Reserva Federal ya le destinó 4,8 billones de dólares anteriormente. Un endeudamiento suplementario de la Reserva Federal amenazaría su estabilidad, al poseer ya cerca del 30% de la deuda pública estadounidense. Además, en un entorno económico de estancamiento mundial, ese dinero volcado al mercado no iría a la actividad productiva, sino a la compra-venta de acciones de empresas y bancos, inflando artificialmente sus precios todavía más, que podrían desplomarse una vez que nadie quisiera comprar acciones a empresas con beneficios declinantes y ventas disminuidas.

Para la Eurozona, la amenaza es similar. El mercado bursátil ha experimentado la mayor subida desde 1998 con incrementos del 15%-22% en el precio de las acciones. Este dinero suplementario, que no va a la inversión productiva, tendrá como destino la economía especulativa, hinchando artificialmente los valores de productos (burbujas) que mañana estallarán por su falta de base económica real, como vimos en 2008.

Aunque puede haber un respiro en la zona euro con el aumento de las exportaciones, sumado al ahorro de costes por la caída del precio de los combustibles, el entorno económico global es muy volátil ¿Esperarán EEUU y China impasiblemente agravarse sus problemas internos, con sus mercados inundados de mercancías europeas baratas?

El problema de fondo, como ya explicamos en apartados anteriores, no es la falta de dinero para invertir –de ahí las limitaciones de la EC– sino la crisis de sobreproducción existente, que hace innecesarias inversiones significativas para abastecer a un mercado declinante. Esta crisis se ve agravada por el enorme peso de las deudas públicas que absorben una parte sustancial de la riqueza creada, que se escamotea al consumo y a la inversión. Ambos problemas están ligados al dominio de los grandes bancos y monopolios y, por tanto, son insolubles en la etapa actual de crisis orgánica del capitalismo.

Aliados en Europa

Torres y Navarro insisten a lo largo de su documento en la necesidad de encontrar aliados en la Unión Europea para enfrentarse a las políticas de ajuste de los demás gobiernos conservadores y socialdemócratas.

Así, plantean:

“En particular, y al más corto plazo es necesario apostar y encontrar aliados para conseguir medidas como el establecimiento de un salario mínimo europeo, por la coordinación y homogeneización de las políticas fiscales, por la supresión de los paraísos fiscales para establecer un combate continental contra el fraude y la elusión fiscal y por la utilización del Banco Europeo de Inversiones como fuente de un amplio plan de inversiones y estímulo en Europa” (Pág. 56).

“Y, sobre todo, [España] debe acumular fuerzas y encontrar alianzas en Europa para que esos procesos se resuelvan en beneficio de los pueblos y no de los grandes grupos oligárquicos (Pág. 58).

Ciertamente, un futuro gobierno de PODEMOS podría encontrar un aliado incondicional en un gobierno como el de SYRIZA en Grecia. Pero no hay posibilidad a corto plazo de gobiernos similares en el resto de Europa. Gobiernos socialdemócratas, como los de Francia, y hasta cierto punto Italia, apenas han expresado una queja por el acoso implacable al que ha sido sometida Grecia. No parece probable que gobiernos socialdemócratas en Portugal o Gran Bretaña vayan a mantener una actitud diferente si, como es probable, ganan las próximas elecciones en estos países. Lo que esto expresa es algo ya sabido, que la socialdemocracia no es actualmente otra cosa que la bota izquierda del gran capital, de ahí su desprestigio creciente en España, Grecia, Francia y otros países. En todo caso, lo que la experiencia ha demostrado es que mientras Alemania siga al frente del timón económico europeo, nada sensible cambiará; y no es probable la llegada a corto ni a medio plazo de gobiernos del tipo PODEMOS o SYRIZA a Alemania; donde, por cierto, los conservadores gobiernan en coalición con los socialdemócratas.

En cualquier caso, no es una alternativa esperar a que haya una mayoría suficiente de gobiernos progresistas en Europa para hacer cambios radicales en la UE ¿Cuánto debemos esperar hasta que haya una SYRIZA o un PODEMOS al frente del gobierno de Berlín? ¿Es viable esa perspectiva, y en qué estaría basada? ¿Y mientras tanto, qué hacemos en nuestros países con la deuda, el desempleo, la pobreza?

Estamos de acuerdo con la conclusión de Torres y Navarro de que no hay una salida nacional a la crisis, sino que debe darse, cuanto menos, en el marco europeo. Pero no es sobre bases capitalistas como podremos conseguirlo.

Contradicciones inquietantes

Con todos sus aspectos y análisis positivos, aun con las reservas que estamos manifestando, también hay algunos aspectos inquietantes en el documento de Torres y Navarro que contradicen el espíritu general de no resignarse y plantear una alternativa a las políticas de ajuste y austeridad.

Así, hay declaraciones y posiciones que nos generan algunas dudas preocupantes. Por ejemplo, cuando se dice:

“PODEMOS debe garantizar la mayor estabilidad política generando la máxima certidumbre y confianza en la gestión que llevaría a cabo” (Página 17).

Aquí no queda claro a quién debería PODEMOS inspirar tal certidumbre y confianza: si a los trabajadores y demás sectores populares que padecen la crisis, o al gran capital nacional y extranjero. Estaríamos de acuerdo con Torres y Navarro si quieren decir que un futuro gobierno de PODEMOS debería comprometerse firmemente a aplicar su programa sin ceder a las inevitables presiones e intentos de chantaje que vendrán de los ricos y grandes empresas. Lo que sí es imposible –y el ejemplo actual de Grecia es ilustrativo al respecto– es pretender contentar al mismo tiempo a las familias trabajadoras y a los banqueros. Generar “la máxima certidumbre y confianza” en el gran capital y la señora Merkel sería hacer la política más favorable a sus intereses, lo que sólo podría hacerse a costa de generar “la máxima incertidumbre y desconfianza” en los trabajadores y la mayoría de la sociedad. Esto conduciría al desprestigio de PODEMOS y de sus dirigentes, y a la frustración de las expectativas depositadas por millones en un cambio real de la sociedad.

Hay otras afirmaciones a lo largo del documento que alertan de las dificultades, y se matiza el alcance de las transformaciones que son posibles. Reproducimos algunas de ellas:

“Los españoles deben ser conscientes de que es materialmente imposible que se puedan llevar a cabo políticas que satisfagan el interés nacional, el de la inmensa mayoría de la población, en el marco del euro tal y como está diseñado” (Pág. 9).

“Pero, también por esa misma razón, es imprescindible que la sociedad española conozca a la perfección los orígenes del problema de la deuda, las condiciones en que se ha resuelto en otros momentos históricos y países y, sobre todo, que sea consciente de los costes y sacrificios que quedan por delante como consecuencia de las políticas que se han venido realizando en los últimos años o de decisiones anteriores no suficientemente meditadas y debatidas, como la entrada en el euro o la aceptación del Tratado de Maastricht y otros sucesivos y de los que nació una buena puerta de la deuda actual y nuestra casi nula capacidad de maniobra frente a ella.” (Pág. 17)

“Debe tener en cuenta que para “llevar a cabo medidas de transformación económica … la globalización neoliberal en la que nos encontramos supone dificultades, en algunos casos insalvables a corto y medio plazo, para la aplicación de determinadas políticas”. (Pág. 29)

Leyendo estas lamentaciones de Torres y Navarro, así como las lagunas y debilidades en sus análisis y propuestas que hemos señalado a lo largo de este artículo, llegamos a la conclusión de que ambos economistas –aunque progresistas y sinceros en sus intenciones– sólo creen posible producir cambios sustanciales en las políticas de ajuste, dentro del estrechísimo margen que les permitan desarrollar para sus políticas las oligarquías y los gobiernos antiobreros y antipopulares que dominan la escena europea.

Como consolación nos queda un futuro hipotético –que nadie puede atisbar cómo ni cuándo llegará– en el que haya una mayoría de gobiernos progresistas anti-austeridad en Europa que puedan propiciar un cambio global de políticas a favor de “los de abajo”. Esto no parece muy esperanzador.

De la misma manera, aunque Torres y Navarro son muy enfáticos en su denuncia del capitalismo, e insisten en la necesidad a medio y largo plazo de transformar el sistema de raíz, no proponen sobre qué escenario tal perspectiva podría tener lugar. Los mismos obstáculos que hoy se esgrimen como excusa para no poder avanzar seguirán existiendo dentro de 5, 10 o 20 años: la UE, la crisis, el poder monopólico de un puñado de corporaciones, la globalización, etc. Cuáles serán las condiciones para poner fin al capitalismo y cómo se alcanzarán, nada de eso se nos dice.

Este punto de vista es el resultado necesario de una concepción político-económica por la cual, si bien se rechaza teóricamente el orden social y económico existente, no alcanza a atisbar las medidas políticas y económicas prácticas que puedan terminar con él. Y el problema no es sólo la aceptación fatalista de tener que convivir a corto y mediano plazo con este sistema injusto, sino que hasta las reformas progresistas que podrían aliviar las injusticias y desigualdades sociales que se proponen están supeditadas a multitud de condicionantes. Esta es la parte más débil del documento de Torres y Navarro.

El segundo capítulo del documento, Torres y Navarro lo titulan: “Diagnóstico: actuar con realismo sin renunciar a los sueños”. Es una frase conmovedora. Se supone que “los sueños” se mencionan aquí como sinónimo de una sociedad justa, igualitaria y feliz para la inmensa mayoría, con pleno empleo, democracia y servicios sociales, con un avance tecnológico y cultural muy desarrollado compatible con un desarrollo armónico y respetuoso con el medioambiente. Pero, hablemos claro, “los sueños” son etéreos, vaporosos, meros pensamientos sin contenido material sólido, irreales; a diferencia del duro, pétreo y áspero “realismo” que Torres y Navarro también mencionan en el título de este capítulo y que nos recomiendan con cierta fatalidad. Pues no queremos ni aspiramos a sueños. Aspiramos a una realidad tangible que se pueda ver, tocar, oler y disfrutar.

No somos ultraizquierdistas ni doctrinarios. No criticamos a Torres y Navarro por conformarse con unas pocas reformas y no defender una revolución completa en el sistema capitalista. El problema es que –en la etapa actual de crisis orgánica del sistema capitalista– no es posible conseguir las reformas modestas que ellos han propuesto: una quita sustancial de la deuda, aumento de salarios, pensiones dignas, terminar con la evasión fiscal, o un empleo para la mayoría de la gente, sin que la sociedad se apropie de las palancas fundamentales de la economía (bancos, grandes empresas y latifundios) y planifique la producción de manera colectiva y democrática en interés de la inmensa mayoría de la población.

Qué alternativa hay

Reafirmamos nuestro apoyo a las propuestas progresistas que el documento plantea. Pero consideramos que son imposibles de aplicar plenamente sobre la base del dominio asfixiante que ejercen sobre la economía y la sociedad una oligarquía de grandes empresarios riquísimos que ejercen, literalmente, el derecho sobre la vida y la muerte de millones de personas.

La principal debilidad que vemos en el trabajo de Navarro y Torres es que en su afán de aparecer “realistas” tratan de amoldar las posibilidades de cambio al statu quo, sin alterar éste. Parten de la premisa de: no tocar la propiedad de los grandes monopolios, de esas 20 personas que tienen tanta riqueza como 9 millones de españoles, de esas 23 familias que controlan las 35 empresas más grandes del país, o de los 1.400 individuos que dominan el 80% de la riqueza nacional; o supeditar el sacudirse el yugo de la deuda pública a que la Troika acepte una quita y su cuantía.

¿Debemos condenar a todo un país a permanecer de rodillas, a desperdiciar el potencial creativo de toda una generación de jóvenes condenada a la ociosidad forzosa, o aceptar mansamente la degradación de nuestras condiciones de vida, sólo porque debemos guardar un respeto reverencial al derecho de propiedad de un puñado de parásitos privilegiados? ¿Pueden seguir ostentando el verdadero poder de la sociedad 15 familias de oligarcas, las 20 mayores fortunas del país, y 1.400 individuos que se dan la gran vida a costa de decenas de millones que trabajan duro, sufren y se desesperan?

No se puede controlar lo que no se posee. Abordar un cambio de transformación social sin tocar la propiedad de la oligarquía económica que nos domina es imposible.

Un futuro gobierno de PODEMOS debe llevar a la práctica las medidas planteadas por Torres y Navarro en su documento, y otras ya popularizadas por los compañeros de la dirección, y que hemos mencionado en este artículo.

Cualquier intento de sabotear al gobierno con una fuga de capitales por parte de los grandes empresarios debe ser respondido con la expropiación. En la lucha contra el poder de los banqueros y capitalistas PODEMOS y las fuerzas de izquierda afines no pueden descansar meramente sobre los poderes formales del Parlamento, sino en el poder de los trabajadores y demás sectores populares.

La única manera de revertir la pérdida del poder adquisitivo y los bajos salarios, así como los recortes al gasto público, y de dar trabajo a los desempleados, es tomar el control del verdadero poder económico. La única manera de resistir las presiones de los grandes empresarios ricachones y de la Troika, y de frenar la salida de capitales, sería expropiando los bancos y las grandes empresas bajo el control y la gestión democráticos de los trabajadores, apelando a los trabajadores a ocupar las fábricas y a salir a las calles para apoyar al gobierno.

Esta medida audaz provocaría un apoyo masivo, no sólo en el Estado español, sino en toda Europa. Los trabajadores de cada país, que se lamentan por la falta de una dirección combativa, considerarán a sus propios gobiernos como su enemigo Un verdadero gobierno socialista en España, como en Grecia, sería una fuente de inspiración para millones de personas desesperadas con la situación actual. Tendría una resonancia mucho mayor que incluso la revolución rusa de 1917. Las bases estarían dadas para construir la Europa de los Pueblos y poner fin a la Europa de los mercaderes.

La cadena siempre se rompe por los eslabones más débiles. Es utópico esperar a que los cambios sustanciales en Europa comiencen por países como Alemania, Holanda y Gran Bretaña con gobiernos que lleven a cabo un programa similar al que proponen los compañeros Torres y Navarro. Está en la naturaleza de las cosas que el proceso de cambio sólo pueden iniciarlo los llamados países de la periferia donde los problemas son más acuciantes –los eslabones más débiles de la cadena del capitalismo– con una acción de gobierno enérgica. Y será a través de su ejemplo cómo ese proceso se trasladará al resto de países de la zona.

Las circunstancias históricas han colocado a Grecia y al Estado español –dos de los eslabones débiles de la economía europea– en la vanguardia de la lucha por la transformación social en Europa.

De la misma manera que la emergencia de SYRIZA y PODEMOS está galvanizando a los trabajadores, a la juventud y a las capas populares desfavorecidas de toda Europa, y acelerando procesos de maduración política en todo el continente, bastaría el ejemplo de uno o dos países que llevaran a la práctica un programa genuinamente socialista para acercar esa perspectiva al resto de los países.

Esta es la responsabilidad que la historia ha colocado sobre nuestros hombros y debemos sacar todas las conclusiones teóricas y prácticas para llevarla hasta su culminación.