“Como revolucionario hizo lo que se tenía que hacer”: el elogio fúnebre de la hija del difunto compañero Carlos Nuñez del Prado resume perfectamente el estado de animo de muchos militantes y defensores del proceso de cambio frente a cada nueva revelación sobre el caso terrorismo. Las revoluciones no pueden renunciar a defenderse con los medios que sean necesarios, pero las revoluciones se defienden en primer lugar realizándolas.
Terrorismo en los medios
Todo el caso terrorismo habría sido un montaje del gobierno y para la precisión de un equipo dependiente de la Vicepresidencia en que destaca el papel del hermano del vicepresidente Raúl García Linera, de Carlos Nuñez del Prado y de Luis Clavijo: ésta es la reconstrucción impulsada por los medios acreditada con las declaraciones de los que fueron los acusadores en el caso, como los abogados del Ministerio de Gobierno Boris Villegas, Fernando Rivera y Dennis Rodas además del propio ex fiscal asignado al caso Marcelo Soza, hoy refugiado en Brasil.
Este equipo habría individuado en el húngaro-boliviano Eduardo Rosza, ex combatiente con las milicias croatas en la guerra que desintegró Yugoslavia, la figura ideal para hacer “pisar el palito” a los sectores más reacios y cavernarios de la derecha, además de la propia embajada de EEUU entonces representada por el mismo diplomático que estuvo en Yugoslavia antes de la guerra, Philip Goldberg. Cuando algunos de estos cayeron en la trampa empezando a tomar contacto con el grupo de mercenarios de Rosza, este equipo habría organizado y coordinado una matanza en el Hotel Las Américas para acallar a los principales testigos.
La pugna interna al gobierno
Toda esta manipulación habría permitido al gobierno de decapitar los liderazgos cívicos y políticos regionales de la oposición, extendiendo sus manos hacia esferas de poder que le eran alejadas. Las denuncias según las cuales las multinacionales españolas PRISA y REPSOL habrían financiado al grupo de Rosza habría permitido al gobierno de hacerse con el control virtual de medios como La Razón y ATB. Y mientras el Vicepresidente se jacta de ser “el último jacobino”, afirmación que hoy le cuesta ser identificado con las guillotinas más que los ideales democráticos, todo el plan urdido para criminalizar a la oposición empieza a derrumbarse con la misteriosa publicación de vídeos, grabaciones de audio, e-mail etc.
Según revelaciones de Soza confirmadas por Villegas a proporcionar a los medios y la oposición este material acusatorio sería el mismo Ministerio de Gobierno, un sector de inteligencia de la policía que el mismo Evo Morales denunció de estar grabando conversaciones reservadas del Presidente y que ahora respondería al viceministro Pérez y el ministro Romero. La fuente de los escándalos sería entonces la pugna interna al gobierno y el propio Movimiento Al Socialismo, pugna para el poder de hoy y para el de pasado mañana, cuando se abrirá la carrera a la sucesión al liderazgo hoy indiscutido de Evo Morales.
Seis años no son siglos: el 2008
Soza y los abogados del Ministerio de Gobierno son acusados de haber extorsionados a los acusados del caso terrorismo. Sin embargo el haber sido los funcionarios públicos que llevaron adelante todo la acusación, gozando de la confianza del gobierno, hace creíbles ante la opinión pública sus revelaciones. Hay incluso corriente de izquierda que, en nombre de la defensa de las “libertades democráticas”, contribuyen con sus pincelazos a la imagen del gobierno maquiavélico para el cual el poder es el único fin real. Por no hablar de los llamados “resentidos” y “libre pensantes” para los cuales el desmoronamiento del caso terrorismo es la prueba final de que el gobierno se ha convertido en los verdugos que pretendía combatir.
Conviene a este punto recordar la coyuntura política de hace solo seis años atrás. A marzo de 2008 – cuando el gobierno introduce el truco del cambio del cálculo – la inflación se ha disparado a casi el 15%, del 4% de 2006. Es el resultado de un saboteo económico descarado que incluye un desabastecimiento ficticio y una fuga de capitales que alcanza la cifra record de 1900 millones de dólares en 2008. Mientras pone contra las cuerdas al gobierno con esta presión económica, la burguesía nacional y la derecha atacan también en el frente político.
Los atentados de la Unión Juvenil Cruceñista se intensifican y se extienden a Sucre y Cochabamba (véase algunos vídeos aquí). El referéndum autonómico inconstitucionalmente organizado el 4 de mayo de 2008 en Santa Cruz provoca batallas y la resistencia popular en el Plan 3000, donde los unionistas pretenden imponerlo a palos. El Estatuto, redactado por la cúpula masónica de Santa Cruz, atribuye a las gobernaciones competencias en materia económica, de política agraria y laboral, de migración, educación hasta crea una policía departamental: es el prólogo de una declaración de independencia.
¿Debíamos defendernos?
¿Tenía el pueblo el derecho a defenderse frente a esta ofensiva oligárquica? La respuesta es obvia y es obviamente sí. ¿Quiere esto decir que en nombre de la defensa del gobierno democrático los marxistas estaríamos dispuestos a aprobar incluso el montaje del caso terrorismo si este fuera comprobado? “El fin justifica los medios” dice el lema jesuítico erróneamente atribuido al Maquiavelo. Pero, como añadía Trotsky, el mismo fin debe ser a su vez justificado.
En 2008 el gobierno frenó una amplia y extensa movilización popular que se proponía marchar hacia Santa Cruz para expropiar tierra y fábricas de la oligarquía. Con el cuchillo en sus manos el gobierno logró descabezar al movimiento separatista y empezó a acoger en sus filas a tránsfugas políticos y la misma UJC, obteniendo como resultado infiltraciones en el MAS y pugnas internas al partido que ni un proceso de reinscripción cuyos resultados parecen muy por debajo de las expectativas, han logrado frenar. La burguesía nacional que parecía haber sido desarmada hoy tiene tanta fuerza como para imponer las normas que defienden el latifundio, benefician las inversiones y provocan malestar en las bases auténticas del proceso. La ilusión de poder utilizar la maquinaria estatal creada para defender privilegios y meterla a servicio de las mayorías ha provocado la explosión de escándalos, alimentados por sectores del mismo aparato estatal tal vez en contubernio con servicios de inteligencia extranjeros, y las pugnas por poder.
Las ilusiones democráticas
La debilidad de quienes ayer estuvieron con el oficialismo y hoy utilizan el bombardeo mediático sobre el caso terrorismo para desenmascarar el carácter antidemocrático del gobierno está justamente en el no saber – ni poder desde su perspectiva – plantear alternativas reales. “El pueblo debía defenderse pero en democracia. Bolivia no puede prescindir de la presencia de las multinacionales y su correlato de empresarios y latifundistas nacionales, pero había la posibilidad de negociar con ellos condiciones más ventajosas para ambos”: esto dicen y esta visión romántica de la política es aún más peligrosa que la supuesta dictadura que pretende combatir. ¿Cómo se frena el corralito? ¿Cómo se combaten las hordas fascistas?
La revolución se defiende realizándola. El camino que en 2008 habían emprendido las masas populares, de la expropiación de la oligarquía y las multinacionales junto a la sustitución del Estado burgués con organismos auténticos de democracia obrera, era y sigue siendo el único acertado para desarmar a la burguesía golpista. Esta lección no está dirigida al pasado sino al futuro, a cuando la contradicción entre un gobierno que se proclama popular y que hoy hace concesiones siempre más significativas a nuestros enemigos de clases, a banqueros, latifundistas, empresarios y multinacionales, se volverá insoportable y será necesario dar un curso nuevo al proceso de cambio.